Nacionales
La ágil repatriación de los privados de la libertad se sale de las manos de Ecuador
Corchado. El proceso de repatriación de extranjeros privados de libertad inició y para que se concrete depende de la respuesta de otros Estados. Esta alternativa pretende acabar con el 30 % del hacinamiento en las cárceles de país.
El pasado 27 de agosto, Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), firmó la repatriación de seis mexicanos y un panameño para que terminen de cumplir la condena en sus países de origen.
Cuatro de los seis mexicanos fueron sentenciados por narcotráfico en este país.
Pero “aún no se cuenta con respuesta de los Estados para ejecutar los traslados”, enfatizó el SNAI en un requerimiento de información realizado por Diario EXPRESO.
De acuerdo con el SNAI, el proceso de repatriación inicia con una solicitud dirigida al director del centro carcelario por parte del interno, siempre y cuando cumpla con un perfil determinado.
El área de trabajo social verifica que el reo no tenga recursos o sentencias pendientes y que haya cancelado la multa y reparación integral impuesta en la sentencia. Y se contemplan exoneraciones, en caso de justificarse debidamente ante el juez de Garantías Penitenciarias. Luego de cumplir con estos pasos, se levanta la comunicación al país de origen de las Personas Privadas de Libertad (PPL) a través de las cancillerías.
Desde ese momento, se espera la respuesta al pedido de repatriación y el informe del ciudadano a trasladar. “Cuando el Estado de la nacionalidad de la PPL analice y apruebe el traslado, se realizarán reuniones de cooperación a fin de ejecutar efectivamente el pedido”, puntualizó el SNAI en el escrito a este periódico.
La meta del Gobierno es que 3.532 extranjeros sentenciados regresen a su país a terminar su condena. De ellos, 1.935 son colombianos, 1.225 de Venezuela, 135 de Perú, 59 de México y 178 de otras naciones.
Sin embargo, el abogado penalista Julio César Cueva señala variantes a tomar en cuenta en el requerimiento voluntario. “Primero asumamos que son más de 3.000. Hay que ver cuántos piden irse a su país, porque a la final las cárceles a las que van son peores, o puede que corra peligro de muerte, o que aquí maneje una banda y allá no sea nadie. Le aseguro que los 3.000 no van a pedir irse”, analiza.
Desde el SNAI no se proporciona una cifra de cuántos PPL aplicarán a este proceso, porque han desplegado una socialización de la medida en los centros de privación de libertad de todo el país y aún no termina.
Además, señalan que mantienen conversaciones con Colombia, Perú y Venezuela “con la finalidad de establecer cuántas PPL podrían ser trasladadas”.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, cuestiona que se haya dado una cifra sin antes conocer quiénes sí estarían dispuestos a participar en la repatriación.
Parece ser que es un anuncio precipitado de la cifra, porque aún se les está preguntando a los internos, y también creo que no es la solución al hacinamiento, porque serían porcentajes muy pequeños frente al total del hacinamiento, sin contar que se puede sobresaltar el tema de la inseguridad al fenómeno migratorio”, considera Navarrete.
Plantea también que Ecuador debe responder por estos ciudadanos en caso de que el país de origen de los internos a trasladar no atienda los requerimientos realizados. “Porque los derechos humanos deben ser garantizados independientemente de la nacionalidad. Lo dice la Constitución”.
Mientras que Joan Paúl Egred, también abogado penalista, explica que la verdadera potestad de traslado radica en la resolución del juez de Garantías Penitenciarias, porque cuenta con el informe del SNAI y el informe del país receptor, en los que verifican el cumplimiento de los requisitos planteados en la ley y acuerdos.Traslado. Siete extranjeros esperan la respuesta de sus naciones para cumplir la condena en ese territorio.
“No es que la oposición del PPL es una negación simple. Tiene que decir por qué se niega a ser trasladado, que de pronto se fundamente en que corre peligro su vida, o por alguna enfermedad de la que aquí sí recibe tratamiento. Con ese tipo de garantías se puede considerar no ordenar el traslado”.
Egred sostiene que el informe previo del SNAI ya justifica la repatriación, porque además de cumplir con requisitos previos se determina que el hacinamiento no es una condición para su rehabilitación social. Pero estima también que la colaboración de las otras naciones no será la más eficiente con Ecuador.
“El Estado y sus informes serán rápidos por su emergencia, pero el otro Estado no se sujeta a los tiempos o las necesidades del Ecuador. Y si bien en algunos casos podrá contestar rápido, en otros podrá tardar muchísimo tiempo. No creo que sea en seis meses, porque estamos sujetos a los informes de esos países, con su aceptación y las condiciones que plantean los tratados y leyes” (I) .TAGS
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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