Nacionales
Dejar el petróleo en el subsuelo, significaría una reducción del 12% de la producción total
El costo real que se invierte en la producción es de $17.00 por barril para mantenerlo por un año, y el año pasado fue vendido a $80.00. Al ganar el Sí en la consulta popular, se dejaría de generar esos ingresos que corresponde a las utilidades del 30% del Presupuesto General del Estado. Es una decisión irreversible, sin opción a cambios futuros.
Así lo explicó, David Almeida, secretario general de la Asociación de Empresas de Energía y Petróleo a un medio de comunicación de la provincia de Zamora Chinchipe que, después de 10 años, la Corte Constitucional emitió un fallo a favor del colectivo Yasunidos, quienes han pedido que el petróleo del bloque 43 del Yasuní Ishpingo, Tiputini, Tambococha se quede bajo el subsuelo.
Aquí se produce cada día alrededor de 55 mil barriles de petróleo, que representa cerca del 12% de la producción del petróleo en Ecuador. El bloque es explotado por una empresa estatal, más no por una empresa privada. Por lo tanto, las utilidades y recursos quedan en manos de la empresa estatal. “Como ecuatorianos hemos hecho una inversión de $1.800 millones de dólares”, expuso el secretario general de la Asociación de Empresas de Energía y Petróleo.
Del 2017 al 2022, han recibido utilidades, descontando costos, por $4.700 millones de dólares y solo el año 2022, percibieron utilidades de $1.200 millones de dólares. El ITT sería rentable, por lo que no comparte los criterios contrarios a su rentabilidad. Dejar de producir en este bloque, sería no percibir cerca del 12% de producción anual petrolera, tomando en cuenta que las utilidades representan el 30% del presupuesto General del Estado.
Consulta Popular
En caso de que gane el Sí, en un año se debe retirar toda la infraestructura. A lo cual consideran imposible físicamente porque existen alrededor de 230 pozos y en cada pozo se debe hacer un procedimiento de abandono, que puede tomar entre 15 y 20 días. Han hecho un estimado que, para retirar la infraestructura con todos los recursos, les tardaría más de 5 años por que este procedimiento puede llegar a costar cerca de $2 mil millones de dólares.
Comunidades
Aducen que cuando llegaron al ITT, encontraron comunidades y pueblos contactados, porque ya existen comunidades ahí y son celosos con sus territorios que se benefician y están a favor de la explotación minera. Son más de mil familias las que están siendo beneficiadas directamente de la explotación petrolera en el ITT y 5.000 familias que tienen beneficios indirectos. En el área de extracción minera, se dinamiza la economía con la contratación de productos y servicios.
Nacionales
¿Tannya Varela se queda sola? Coronel fue declarado testigo protegido y dará su testimonio anticipado
El coronel José Luis Erazo fue declarado testigo protegido y el miércoles, primero de abril, rendirá su testimonio anticipado dentro de la investigación por presunta filtración de información reservada, causa en la que también es procesada la excomandante Tannya Varela.
Hace unos días, la Fiscalía informó a la Corte Provincial de Pichincha que Erazo forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Por lo cual, solicitó que se fijara el día y hora para conocer su testimonio anticipado.
La Corte dispuso que la diligencia se lleve a cabo el miércoles, primero de abril del 2026, a las 15:30, a través de la cámara de Gesell.
Además, se dispuso que un psicólogo de turno esté presente y se autorizó la grabación de la pericia, conforme a los protocolos establecidos en la ley.
Esta audiencia llega luego de que el pasado 19 de marzo terminó la instrucción fiscal dentro de la causa, que investiga un presunto delito de difusión de información de circulación restringida.
Aparte del coronel Erazo, son procesados el exteniente Rodney Rengel y la excomandante de la Policía, Tannya Varela. Los tres cuentan con medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
Rengel también es testigo protegido y el pasado martes, 24 de marzo, dio su testimonio anticipado.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO?
Según la Fiscalía, los tres sospechosos habrían filtrado un informe reservado de una investigación previa por un caso de narcotráfico denominado ‘León de Troya’.
La difusión de los datos habría sucedido en tres momentos entre 2021 y 2023:
- El 7 de julio de 2021: cuando altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Esos datos tenían que ver con su cuñado, Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro.
- El 12 de febrero de 2023: mediante la presunta remisión de contenidos técnicos reservados por parte de un agente investigador a un tercero.
- El 13 de febrero de 2023: cuando dicha información fue divulgada públicamente a través del medio digital La Posta ampliando su exposición y alcance.
Durante la audiencia de formulación de cargos, se explicó que Varela y los otros dos sujetos habrían puesto en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Análisis jurídico aborda los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas en Ecuador
En el espacio académico Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la abogada constitucionalista Tanya Torres Castillo, quien desarrolló el tema “Los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas”, generando un análisis profundo sobre el estado actual del sistema de justicia en el país y los desafíos estructurales que enfrenta.
Durante su intervención, Torres Castillo, con más de 10 años de experiencia en el sector público, expuso su trayectoria profesional, que incluye funciones como asesora en la Corte Constitucional, directora del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la ex Secretaría de Derechos Humanos, y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Actualmente, se desempeña en el ámbito académico en programas de pregrado y posgrado, además de ejercer la litigación en Derecho Constitucional.
En su exposición, la especialista contextualizó la importancia del sistema de justicia como mecanismo fundamental para la protección de derechos, especialmente en un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, establecido a partir de la Constitución de 2008. En este marco, abordó la evolución y los desafíos de las garantías jurisdiccionales, tales como la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data, señalando que su uso indebido y la falta de control por parte de los operadores de justicia han generado procesos de desnaturalización.
Torres Castillo explicó que, como respuesta a estas problemáticas, se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. No obstante, advirtió que esta reforma no constituye una solución estructural por sí sola, debido a la persistencia de problemas como la corrupción, la sobrecarga procesal y la debilidad institucional del sistema judicial.
Según el análisis presentado, el Consejo de la Judicatura ha determinado la necesidad de implementar 259 jueces especializados a nivel nacional, distribuidos en 184 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia. Sin embargo, solo una parte de estos cargos será cubierta mediante concurso público, mientras que el resto corresponderá a jueces ya en funciones que asumirán esta especialización mediante procesos de capacitación.
Entre los principales retos identificados, la constitucionalista destacó el fortalecimiento del sistema oral en los procesos judiciales, en concordancia con lo establecido en la Constitución, así como la necesidad de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para optimizar la ejecución de sentencias y garantizar mayor celeridad y eficacia.
Asimismo, subrayó la preocupación respecto a la falta de un adecuado dimensionamiento de la carga procesal, lo que podría generar una saturación del sistema y afectar la naturaleza ágil de la justicia constitucional. En este sentido, advirtió que existe el riesgo de que estos procesos adopten dinámicas similares a otras jurisdicciones más lentas, como la contencioso-administrativa.
Otro de los aspectos críticos abordados fue la situación institucional del Consejo de la Judicatura, cuya inestabilidad podría afectar la implementación efectiva de las judicaturas especializadas, especialmente en lo referente a los concursos de méritos y oposición necesarios para la designación de nuevos jueces.
Finalmente, Torres Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un rol activo en los procesos de selección de jueces, resaltando la importancia de garantizar transparencia, idoneidad y probidad en los operadores de justicia, dado que su labor implica la protección directa de los derechos fundamentales.
El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de análisis y debate académico sobre temas de relevancia nacional, promoviendo la reflexión crítica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa se va de viaje a Estados Unidos por ‘asuntos personales’ durante el feriado de Semana Santa
El Presidente de la República, Daniel Noboa, se va de viaje por «asuntos personales» a los Estados Unidos de América, durante el feriado de Semana Santa.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 349 suscrito en Cuenca, el primer mandatario dio a conocer la noticia este 31 de marzo de 2026.
En el documento se detalla la siguiente disposición: «Declarar en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que acompañará al Presidente Constitucional de la República a los Estados Unidos de América, del 2 al 6 de abril de 2026, con ocasión de un viaje de carácter personal».
Además, el mandatario dispuso que la comitiva de seguridad será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.
En cuanto a los viáticos y demás gastos que genere este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.
Por último, el presidente Noboa cumplió con comunicar a la Asamblea Nacional respecto del viaje a realizarse, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 44 de la Constitución de la República. Fuente: Vistazo
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