La Policía Nacional encontró cinco cuerpos en avanzado estado de descomposición en el sector El Triunfo, una zona rural del cantón Puerto López, provincia de Manabí. Según información preliminar, los cadáveres pertenecerían a jóvenes oriundos de Manta, que desaparecieron hace 10 días.

Medios locales reportan que moradores de la comuna El Pital percibieron un fuerte olor y la presencia de gallinazos. Al hurgar en el sitio, encontraron los cuerpos sin vida: estaban maniatados y algunos mutilados en una fosa.

Agentes policiales avanzaron al lugar la noche del pasado martes y procedieron con el levantamiento de los cadáveres e indicios.

Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, pero ya se habría confirmado que las víctimas eran los cinco jóvenes del barrio La Pradera de Manta, que desaparecieron el 6 de julio tras salir a la playa.

Los cuerpos arribaron al Instituto de Ciencias Forenses de Manta la mañana de este miércoles 16 de julio. Familiares arribaron al sitio para ejecutar los protocolos correspondientes.

Además, de manera preliminar se sabe que habría una mujer más entre los fallecidos, lo que elevaría a seis el número de víctimas.

La Policía investiga si los jóvenes fueron asesinados en esa comunidad rural o simplemente los dejaron tirados allí.

Los cinco jóvenes, entre 19 y 26 años, habrían asegurado que iban a viajar a una playa en un auto suzuki gris, pero al poco tiempo, los familiares perdieron contacto con ellos.

Lo último que se supo es que, el día de la desaparición, una de las víctimas subió un estado de WhatsApp indicando que estaban en Puerto López.

Al ver que no llegaban, los familiares acudieron a esa localidad y hallaron prendas de vestir de uno de los muchachos. “Ellos no han tenido ninguna amenaza”, recalcó una pariente de los desaparecidos. Fuente: Ecuavisa

Ante las dudas alrededor de la Ley de Integridad Pública, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó cómo se realizarán las evaluaciones a los servidores públicos y aclaró que se continuará pagando la compensación para las personas que se jubilan a partir de los 60 años de edad.

La nueva norma, catalogada como urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea, entró en vigencia el pasado 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial.

Algunas organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE) o el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han expresado su rechazo a la ley porque a su juicio viola diversos derechos constitucionales y propicia los despidos masivos bajo la excusa de las evaluaciones.

“El Ministerio de Trabajo registra muy pocas evaluaciones a menos de 140 instituciones del sector público y los resultados de aquellas personas que dejan sus puestos por concepto de no pasar las pruebas en las dos fases que establece la ley es mínima”, apuntó la funcionaria en entrevista con Teleamazonas.

Agregó que “no hay que tener miedo a la evaluación” porque en las entidades públicas debe existir eficiencia administrativa, ya que el Estado invierte no solo recursos económicos a través de los pagos mensuales, sino también en tecnología para una “atención al público más ágil y transparente”.

Núñez detalló que la evaluación se realizará cada seis meses y que todas las instituciones públicas deberán acatar la disposición a excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura, que tienen procesos diferentes.

Finalmente, dijo que no cree que haya una inconstitucionalidad en la propuesta y que más bien las evaluaciones surgen con base en normas de la Carta Magna.

En cuanto a las compensaciones para la jubilación, la ministra subrayó que se continuará accediendo a este beneficio con 480 aportaciones sin límite de edad y con 360 aportaciones a partir de los 60 años de edad.

Calificó como “confusión deliberada” los señalamientos de organizaciones sociales sobre el aumento de la edad de jubilación y apuntó que el Gobierno sigue pagando las compensaciones.

A la fecha se han cancelado 95 millones de dólares. Fuente: Vistazo

Las Fuerzas Armadas de Ecuador recibieron este martes 35 vehículos tácticos para reforzar las operaciones en el combate a las bandas de crimen organizado, vinculadas especialmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Estos vehículos -33 modelo David y dos modelo Mbombe- se suman a una flota de 137 blindados tácticos multipropósito de fabricación israelí y sudafricana que el Gobierno ya entregó a las fuerzas de seguridad entre agosto y diciembre pasados como parte de un plan de modernización del equipamiento militar.

Los Mbombe 6×6 y los David 4×4 tienen protección balística y, por sus características, equipamiento y resistencia, son inmunes a ataques de diferente tipo, según el Ministerio de Defensa.

El mandatario señaló que en el país no puede haber seguridad real si los militares «siguen combatiendo con lo mínimo».

«La guerra que libramos no se ganará con discursos, se ganará con decisiones firmes, con blindados y con valentía, pero también con un marco jurídico que la respalde, como la Ley de Solidaridad recientemente aprobada en la que se establecen incentivos tributarios para las empresas que realicen donaciones a las fuerzas de seguridad», añadió Noboa.

Destacó recientes operativos realizados por las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad nacional, como el que permitió el pasado fin de semana tomar el control de tres zonas de minería ilegal denominadas como críticas en la localidad andina de Buenos Aires, de la provincia de Imbabura, al norte del país.

En esta operación participaron 1.500 soldados del Ejército con la ayuda de vehículos blindados tipo Cobra, helicópteros y aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea.

«Este no es un acto simbólico, es ante todo una advertencia para los criminales. No vamos a retroceder, no vamos a negociar con el miedo y no vamos a dejar solos a quienes defienden este país», subrayó Noboa.

Por su parte, el comandante general del Ejército, Henry Delgado, indicó que los vehículos entregados son necesarios para proteger al personal militar en el marco de «guerras asimétricas» y «distintas amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada, el crimen transnacional o la minería ilegal«, según señaló el Gobierno en un comunicado.

Ecuador vive desde inicios de 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado, a las que desde entonces cataloga como «terroristas».

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años y que lo llevó en 2023 a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos.

Una situación que empeoró a inicios de 2025, pues el país ha registrado en los primeros meses cifras de violencia criminal sin precedentes, contabilizando un promedio de un homicidio por hora. Fuente: Vistazo