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94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador

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Fernando Medina (I)

Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.

La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.

La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.

La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niñosadolescentes jóvenes en el país.

La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.

A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.

En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.

La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.

El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.

Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.

El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.

Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.

De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.

Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.

Los crímenes de menores niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.

Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio

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USD 270.000 se invirtió para poner en funcionamiento tomógrafo en el Hospital Isidro Ayora de Loja

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El tomógrafo de 128 cortes del Hospital General Isidro Ayora de Loja se encuentra nuevamente operativo, tras una inversión destinada a su mantenimiento y reposición de repuestos, lo que permitirá fortalecer el diagnóstico oportuno con tecnología de alta resolución en beneficio de pacientes de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

La reactivación del equipo se concretó por decisión del presidente Daniel Noboa, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y con el acompañamiento de la Vicepresidencia de la República, liderada por María José Pinto, como parte de la estrategia para reforzar la atención en salud con tecnología de punta.

Para este proceso se invirtieron USD 270 mil, recursos que permitieron la adquisición del tubo de repuesto y la ejecución del mantenimiento integral que requería el equipo biomédico. Con ello, el hospital podrá realizar estudios de alta resolución, garantizando resultados precisos, eficientes y de calidad para los pacientes.

En el sector privado, una tomografía simple tiene un costo aproximado de entre USD 45 y USD 80, mientras que una tomografía contrastada puede oscilar entre USD 100 y USD 300. En el sistema público de salud, estos estudios se realizan de manera gratuita.

Atención progresiva y articulación regional

Verónica Morocho, responsable del área de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, explicó que, mediante un plan de contingencia, el servicio de imagenología atenderá de forma progresiva los requerimientos de emergencia, hospitalización y consulta externa.

Además, señaló que los casos provenientes de hospitales básicos de la región serán canalizados a través de los sistemas de referencia y contrarreferencia, lo que permitirá una atención articulada entre las casas de salud del sur del país.

Pacientes ya se benefician del servicio

Uno de los primeros beneficiarios fue Beiker Rubén Mulla Jumbo, de 23 años, oriundo del cantón Yantzaza, quien requería tres estudios de tomografía en sus extremidades inferiores para determinar la complejidad de las lesiones y fracturas provocadas por un accidente de tránsito. El paciente expresó su agradecimiento al personal médico y hospitalario por la atención recibida.

Actualmente, el servicio de imagenología del hospital cuenta con siete médicos especialistas en imagenología y 12 licenciados y tecnólogos en radiología. En casos emergentes, el área opera las 24 horas, garantizando atención continua a los pacientes que lo requieran.

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Rosa Torres: “Se ha orquestado una campaña para intentar deslegitimarme”

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La asambleísta por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) Rosa Torres calificó como “una campaña cuidadosamente planificada” la difusión de videos, fotografías y otros contenidos que, según explicó, han sido manipulados o sacados de contexto con el objetivo de afectar su imagen pública.

“Rechazo estas prácticas y aclaro que no tengo ningún vínculo con hechos que puedan estar relacionados con actividades ilícitas. Yo no soy responsable por los actos que puedan cometer terceras personas. Yo respondo por mis acciones, mis principios y mi trayectoria académica me han llevado a trabajar en el servicio público desde distintos espacios donde la honestidad ha sido la guía de mis actos”, afirmó la legisladora.

Torres sostuvo que estos ataques coinciden con su trabajo en la Asamblea Nacional, donde ha impulsado reformas orientadas a transparentar los procesos de selección de jueces, fiscales y notarios, así como a eliminar conflictos de interés dentro del sistema judicial.

“Si creen que me van a amedrentar, están equivocados”, señaló.

La asambleísta también hizo un llamado a no desviar la atención de los temas prioritarios para el país y a elevar el nivel del debate público. “No caigamos en el juego de los cobardes que hoy intentan desviar la atención de los temas realmente importantes para defender sus intereses”, expresó.

Torres mencionó que las imágenes que circularon en redes sociales la relacionan de manera indirecta con personas vinculadas a hechos violentos ocurridos recientemente, entre ellos el caso de Stalin O., conocido como alias “Marino”, asesinado en una incursión armada en la isla Mocolí. Sin embargo, reiteró que no mantiene relación alguna con esos acontecimientos.

En días pasados, Torres habló sobre una campaña de «trolls» pagadas por el correísmo que han querido involucrarla en este caso. “Es lamentable como ponen estas falsas acusaciones. No es un video actual. No es coincidencia que hoy cuando vamos a tratar reformas profundas al sistema de administración de justicia”, señaló la también presidenta de la Comisión de Justicia.

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Ecuador pondrá fin al arbitraje por Coca Codo Sinclair y se encamina a entregar su administración a PowerChina

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Luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) resolviera el pasado 31 de diciembre poner fin al arbitraje que mantenía con la empresa china Sinohydro por deficiencias en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el Estado ecuatoriano se encamina a ceder la administración del complejo a la filial de la compañía asiática.

A través de esa acción, Ecuador reclamaba una compensación de USD 580 millones, tras haberse identificado más de 13.000 fisuras en los distribuidores del complejo, ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Tras su entrega, la obra nunca alcanzó la capacidad de generación de 1.500 megavatios que había sido ofrecida en el contrato.

Según reportó el portal de noticias Ecuavisa este lunes, el Gobierno habría aceptado recibir un pago de USD 400 millones, la mitad en efectivo y la otra en crédito de proveedor. Aquello coincide con declaraciones emitidas en diciembre del año pasado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien dijo que Ecuador recibiría una compensación por dicha cifra, resuelta por medio de un acuerdo global de conciliación.

El proceso continuará con la definición de un acuerdo conciliatorio por parte de la Procuraduría General del Estado y la Corporación Eléctrica del Ecuador, documento que establecerá las condiciones para cerrar oficialmente la disputa legal. Dichos términos deberán ser notificados al Centro de Arbitraje de Madrid, instancia que trata la disputa y que debe emitir la resolución que deje sin efecto el arbitraje.

Incertidumbre en torno a cómo será operada la central

Hasta ahora se ha confirmado que PowerChina asumirá la gestión de la infraestructura, aunque persisten interrogantes sobre el modelo de operación, las tareas de mantenimiento y las medidas que se adoptarán para enfrentar los riesgos técnicos existentes.

Además de los problemas ya identificados, la obra, cuya construcción costó USD 1.011 millones, se ve amenazada por la erosión regresiva del río Coca, que avanza a pocos kilómetros de distancia, así como por el deterioro de los desarenadores, cuya acumulación de sedimentos compromete el funcionamiento.

Estos factores ponen en jaque la estabilidad de una instalación que aporta cerca de un cuarto de la energía eléctrica que consume el país. Fuente: Vistazo

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