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94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador

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Fernando Medina (I)

Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.

La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.

La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.

La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niñosadolescentes jóvenes en el país.

La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.

A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.

En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.

La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.

El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.

Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.

El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.

Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.

De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.

Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.

Los crímenes de menores niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.

Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio

Nacionales

Puerto Bolívar concentra el 11% de la droga incautada en terminales portuarias | Violencia desplazó a 300 familias

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Decenas de viviendas abandonadas, sin puertas ni ventanas, casas con fachadas y muros derrumbados o domicilios con los accesos clausurados con bloque y cemento. Ese fue el panorama que halló la Policía a finales de marzo pasado en la parroquia urbana de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro). El escenario de desolación y captación criminal motivó una nueva intervención del Bloque de Seguridad, este jueves 14 de mayo de 2026, en una apuesta por «presencia militar permanente» en la población.

Pasajes y callejones de barrios como El Pampón, 5 de Diciembre y 4 de Abril, hasta hace dos años marcados por el dinamismo del comercio de mariscos y por la pesca artesanal, ahora lucen desiertos.

Los barrios más afectados se ubican cerca a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar y al puerto marítimo que le da nombre a la población o a las orillas del estero Huaylá, en la parte posterior de la población (riberas sur y sur-este de la parroquia).

Se trata de sitios estratégicos para el narcotráfico, pues ofrecen facilidades para ingreso y salida de embarcaciones de pesca artesanal, vinculadas a labores de contaminación con droga de contenedores marítimos y de los propios buques internacionales que recalan en los cercanos muelles portuarios. El estero con salida al archipiélago de Jambelí -y al mar abierto- ofrece también un punto de recalada a lanchas usadas para transportar armas y ejecutar delitos como piratería, según fuentes militares.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que con la intervención se ha militarizado “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande del país”. En 2025, antinarcóticos reportó incautaciones de 10,8 toneladas de droga con la terminal machaleña como puerto de origen, lo que representa el 11,24% de la droga decomisada en todas las terminales marítimas de Ecuador.

Puerto Bolívar es la cuarta terminal con el mayor número de incautaciones de cocaína de Ecuador, solo superada por tres puertos de Guayaquil -y su parroquia rural, Posorja-, según datos de antinarcóticos.

*Revise en este mapa la ubicación de la parroquia de Puerto Bolívar en relación a Machala y a su terminal marítima:

300 familias desplazadas, hasta 500 casas tomadas
La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 300 familias en Puerto Bolívar, en medio de amenazas, ataques armados, cuerpos desmembrados, crímenes múltiples y explosiones contra casas o negocios en los últimos dos años.

El número de viviendas tomadas por la banda criminal Los Lobos en la parroquia podría ascender a 500, según las autoridades. Por lo que en los próximos cuatro días, más de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía prevén revisar 85 manzanas y 1.642 viviendas, de acuerdo a Loffredo.

El poblado, de cerca de 75.000 habitantes, otrora enclave de familias dedicadas a la pesca y al negocio gastronómico, se convirtió en territorio de violentas disputas criminales tras el fraccionamiento del grupo armado Los Lobos, que se dividió en Sao Box y Espejos en 2024.

El general de Ejército, Henry Delgado, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló que se trata de facciones que cuentan con vínculos transaccionales como el Cártel Nueva Generación de México y grupos ilegales armados de Colombia.

Con la nueva intervención se busca ejercer control permanente en tierra y agua en Puerto Bolívar y realizar un censo sobre la propiedad de unas 2.000 embarcaciones, que atracan sobre muelles irregulares -extensiones desde las casas- a lo largo de casi cuatro kilómetros sobre el estero Huaylá.

El plan contempla regresar inmuebles a familias víctimas de desplazamiento forzado y derribar viviendas sin propietarios identificados, ocupadas por grupos criminales como escondites o centros de operación delictiva. El pasado 28 de marzo, en una primera incursión la Policía, detonó cinco casas.

Detienen a alias ‘Chupete’, «jefe» de los sicarios de Mafia Glen que opera en Guayaquil

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Tres factores que convirtieron a Puerto Bolívar en un enclave criminal:
La parroquia urbana de Puerto Bolívar, cuya economía depende principalmente de la pesca, el comercio y el turismo en un sector aledaño al archipiélago de Jambelí, se convirtió en un enclave criminal por al menos tres razones clave que aprovechan las organizaciones criminales para su logística y operación:

1.- La cercanía al puerto y la conexión terrestre de Machala  
La terminal marítima de Puerto Bolívar, vecina a los barrios afectados por la violencia, se ubica a solo cuatro millas de mar abierto, un punto clave para el comercio internacional y el narcotráfico. Se trata de un puerto especializado en la exportación de banano y camarón. Los grupos armados usan rutas por tierra y mar, además de embarcaciones pesqueras y contenedores en puertos para el trafico de cargamentos ilegales. Además, la parroquia urbana está solo a seis kilómetros del centro de Machala, la capital de la provincia de El Oro, que, según informes de inteligencia militar, cumple una función de «paso, conexión y proyección logística» hacia la frontera sur y las rutas marítimas. El eje vial Machala–Puerto Bolívar y la avenida 25 de Junio son usadas por grupos criminales como ruta logística hacia cantones aledaños como Pasaje, Santa Rosa y El Guabo, agregan los informes. La zona de cuatro cantones también goza de conexión terrestre con Loja (Loja), Cuenca (Azuay), Guayaquil (Guayas) y la frontera con Perú.

2.- Tres kilómetros de riberas y muelles en el Estero Huaylá
Este cuerpo de agua, ubicado en la orilla sur y sureste de la parroquia, es una ruta vital de recalado para embarcaciones de pesca artesanal, que los grupos criminales se tomaron por su conexión fluvial con el archipiélago de Jambelí,  con los muelles del puerto vecino y con la salida a mar abierto . El estero, que conecta con camaroneras y con el mar cuenta con decenas de muelles improvisados irregulares, que en un tiempo fueron utilizados por los pescadores como extensiones de sus propias casas,  pero que luego fueron aprovechados por los delincuentes de forma estratégica para actividades criminales. En marzo pasado la Policía Nacional inició la destrucción de muelles ilegales sobre el estero Huaylá y se contempla la destrucción progresiva de estas estructuras.

3.- Capacidad de control territorial sobre un sector marginal 
Los grupos armados organizados relacionados al tráfico internacional de drogas y al microtráfico de sustancias encontraron en un sector marginal, olvidado y empobrecido el caldo de cultivo ideal para reclutar a jóvenes y pescadores, y para convertir a Puerto Bolívar en enclave criminal. En la provincia de El Oro las organizaciones criminales mantienen el control de zonas importantes mediante extorsiones y cobros ilegales (tipo vacunas extorsivas), utilizando amenazas, ataques armados y con explosivos. Al Estado le ha tomado tres años proponer un plan de intervención permanente en la zona luego de que se disparara la violencia a niveles históricos desde 2023. La disputa por el territorio se evidencia en homicidios por encargo, cometidos principalmente por sicarios que se movilizan en motocicletas o vehículos robados. Estos grupos participan en el contrabando de mercancías, combustible y armas por pasos fronterizos legales e ilegales, y usan el secuestro extorsivo como una forma de obtener dinero.

Lobos y Choneros, dos GAO operando en El Oro
En El Oro, el Grupo Armado Organizado (GAO) Los Choneros mantiene posicionamiento en Machala, Pasaje, Santa Rosa y Huaquillas, según la caracterización de inteligencia militar. Pero su accionar delictivo abarca principalmente el narcotráfico y el sicariato.

El GAO Lobos tiene incluso mayor prominencia en la provincia y se dedica a actividades como sicariato, tráfico internacional y microtráfico de drogas, minería ilegal, robo de vehículos y extorsión.

Los Lobos mantienen una pugna territorial con el Grupo de Delincuencia Común (GDC) Sao Box -en Machala y Puerto Bolívar-,  «disponiendo para los enfrentamientos de armamento de corto y largo alcance, incluyendo pistolas, revólveres, metralletas, granadas, explosivos improvisados y fusiles». Fuente: Primicias

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Liberan a empresario ecuatoriano acusado de ‘terrorismo’ en Venezuela, según ONG

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Luis Landázuri, empresario ecuatoriano de 43 años, fue excarcelado este jueves luego de casi 20 meses de detención en Venezuela, acusado de terrorismo por estar presuntamente vinculado a una página web de recolección de fondos para que Estados Unidos «invadiera» el país caribeño, informó la ONG Foro Penal.

«Excarcelado el preso político Luis Oswaldo Landázuri León, empresario ecuatoriano de 43 años, quien fuera detenido arbitrariamente el 25 de septiembre de 2024″, dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en un mensaje en X.

Se encontraba en la cárcel de Yare II, estado Miranda (norte), y los delitos que le imputaron fueron «terrorismo, financiamiento del terrorismo y promoción o incitación al odio por estar presuntamente vinculado con la operación ‘Ya casi Venezuela'», dijo a EFE Gonzalo Himiob, también director y vicepresidente de la ONG.

‘Ya casi Venezuela’ era una página impulsada, entre otros, por el empresario militar estadounidense Erik Prince y buscaba reunir USD 10 millones para «el restablecimiento de la democracia» en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto en los comicios del 28 de julio de 2024 sin que el árbitro electoral publicara los resultados desagregados de la elección.

Landázuri vivía desde 2022 en Venezuela, donde trabajaba prestando servicios de agua y energía a mineros de la población de Guasipati en el estado Bolívar, según una nota de la ONG en su web.

Su caso, entre muchos otros, comenzó a saltar a la palestra este año en medio de los anuncios de liberaciones del Gobierno y la Ley de Amnistía para presos políticos.

«Cinco días bajo custodia del Sebin»

El pasado enero, la politóloga Betzabeth Jaramillo, presidenta de la fundación ‘Yo te apoyo Venezuela’ en Ecuador y miembro del partido político Voluntad Popular, contó a EFE desde una actividad en Quito, que Landázuri «estuvo cinco días bajo custodia directa» del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia).

En ese periodo, prosiguió, «fue presionado para firmar un documento falso en el que se le atribuía haber sido enviado desde Ecuador para financiar actividades terroristas y conspirativas, acusaciones que él negó y se negó a firmar».

Posteriormente fue imputado por terrorismo y conspiración, sin que se conozcan pruebas, sin que haya un proceso judicial regular, ni acceso efectivo a abogado, añadió Jaramillo. Fuente: Vistazo

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Fiscalía pide condena contra Abdalá Bucaram, acusado de delincuencia organizada

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La Fiscalía pidió este jueves que se condene al expresidente Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo y a otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de pruebas para detectar la Covid-19 y otros insumos médicos en 2020.

En su alegato final, el Ministerio Público acusó a los procesados de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la Covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».

Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia de juicio coincidieron en que esta supuesta organización movilizó incluso bienes y servidores públicos de la oficina de tránsito de Quito, la capital del país, para el traslado de las pruebas, según señaló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo a la teoría fiscal, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».

El hijo del expresidente, Jacobo Bucaram, «pagó USD 321.600 en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía.

Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse, según la investigación.

Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado», de acuerdo al Ministerio Público.

Varios diferimientos desde el 2022

En total, 50 personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022 y está previsto que el tribunal anuncie su decisión en los próximos días.

El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.

Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados. Fuente: Vistazo

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