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94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador

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Fernando Medina (I)

Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.

La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.

La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.

La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niñosadolescentes jóvenes en el país.

La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.

A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.

En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.

La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.

El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.

Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.

El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.

Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.

De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.

Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.

Los crímenes de menores niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.

Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio

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Noboa lanza portal ‘Ecuayapa’ para emprendedores

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El presidente Daniel Noboa presentó oficialmente el Portal Ecuayapa que es una plataforma digital creada para visibilizar y promover a escala nacional los productos y servicios de emprendedores, especialmente de aquellos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

El acto se desarrolló este miércoles 15 de abril en el Auditorio de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El Gobierno plantea a esta errramiento como estrategia para fortalecer la economía popular y solidaria.

«Esto lo creamos pensando en ustedes, basado en el diálogo y en el interés real de este gobierno de que les vaya bien a los emprendedores. Una cosa es darles crédito y apoyar, pero lo que más nos preocupa es que ese apoyo florezca y se vuelva algo sostenible en el tiempo, para que puedan tener un ingreso regular en beneficio de su familia», dijo Noboa durante su intervención.

Ecuayapa forma parte del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI) y permite ampliar el acceso de los emprendedores a canales de promoción y comercialización en todo el país.

De su lado, la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, indicó que la plataforma ya registra 12.000 personas inscritas, quienes pueden promocionar hasta cinco productos cada uno, lo que representa una oferta aproximada de 60.000 productos disponibles para toda la ciudadanía.

Rovira destacó que los emprendedores de esta iniciativa son principalmente los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que también han accedido al Crédito de Desarrollo Humano (CDH). Por ello, la funcionaria destacó ese respaldo económico, el acompañamiento del MDH y las capacitaciones continuas han logrado sacar adelante negocios que crecen día a día. «Hemos entregado en este gobierno 122.129 CDH con una inversión de USD 111 millones. El 94 % de esos créditos se han entregado a mujeres cabezas de hogar».

Finalmente, Noboa hizo un llamado a la ciudadanía: «Quiero invitar a todos a que abran sus puertas a esta nueva oportunidad, que consuman también lo de nuestra gente, lo de los productores pequeños. Ahora es más fácil y les hacen un grandísimo beneficio a las personas que verdaderamente lo necesitan, que la pelean todos los días para salir adelante», dijo. (I)

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Se cumplen diez años del terremoto en Manabí

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Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.

El epicentro fue Pedernales, en el norte de la provincia de Manabí, aunque golpeó con fuerza al menos a diez ciudades cercanas y también a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Dejó daños por alrededor de 3.600 millones de dólares, según cifras oficiales.

El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.

Lo que queda de un hotel en Pedernales, tras el terremoto 7.8 del 16 de abril de 2016. API/
Casos de corrupción

Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.

Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.

«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.

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Con malestar, Sandra Figueroa, asambleísta de la RC5 renunció a comisión por pedido de su bancada

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La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5)Sandra Figueroa, manifestó que al interior de su bancada la obligaron a renunciar a la Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa denominada Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.

En sun intervención en el Pleno, la legisladora expresó su malestar durante su discurso: “Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…) Comprendamos, por amor a Dios, la gente afuera se muere, se los he dicho más de una vez”.

Con esas palabras indicó que la obligaron a renunciar a esa Comisión, pese a que no tenía previsto hacerlo.

El pasado 31 de marzo, con 86 votos afirmativos, en el Órgano Legislativo se conformó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad, que, entre otros aspectos, prevé la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.

En un boletín, el Parlamento indicó que esa comisión está integrada por los legisladores Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (IND), y será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa presentada por la organización Acuerdo por la Seguridad, que busca contribuir, desde la sociedad civil, a los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social.

La propuesta legal pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos; promover la participación ciudadana y la confianza institucional, y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad.

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