Nacionales
94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador
Fernando Medina (I)
Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.
La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.
La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.
La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niños, adolescentes y jóvenes en el país.
La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.
A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.
En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.
La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.
El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.
Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.
El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.
Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.
De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.
Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.
Los crímenes de menores y niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.
Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio
Nacionales
Ejército incauta 11.300 litros de combustible utilizado para minería ilegal en Zamora Chinchipe
El Ejército de Ecuador incautó 3.000 galones de combustible (más de 11.300 litros) utilizados para actividades de minería ilegal en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una de las más afectadas por esta práctica, según detalló el Ministerio de Defensa este miércoles.
Los militares además desmantelaron dos campamentos clandestinos e inhabilitaron maquinaria pesada que presuntamente se empleaban para las mismas actividades ilícitas.
«Las mafias de la minería son atacadas en todo el territorio nacional (…) seguimos actuando con firmeza», continuó el Ministerio en un comunicado.
Durante la intervención, ejecutada en el municipio de El Pangui, fueron destruidas excavadoras, motores de succión y clasificadoras tipo Z.
El Ministerio señaló que el operativo afectó directamente a las economías ilícitas que operan en la frontera sur del país.
Combate contra el crimen organizado
Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.
Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.
Las organizaciones delictivas buscan extraer oro aprovechando los precios récord que registra este metal en los mercados internacionales.
El proceso es altamente contaminante: arrasa con la cobertura forestal y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. Fuente: Vistazo
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este miércoles sobre la muerte de una persona privada de libertad en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.
A través de un comunicado, la entidad indicó que, de forma preliminar, el fallecimiento no estaría relacionado con una enfermedad infectocontagiosa y que las primeras evaluaciones apuntarían a una muerte natural.
Sin embargo, el organismo precisó que la causa exacta deberá establecerse mediante autopsia e informes técnico-forenses, dentro de los procedimientos correspondientes.
El SNAI aseguró además que facilitó el levantamiento de información y mantiene coordinación con las instituciones competentes para esclarecer el caso.
Segundo fallecimiento en menos de dos semanas
El fallecimiento se produce menos de dos semanas después de otra muerte registrada en el centro penitenciario de máxima seguridad, construido durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El pasado 15 de mayo, un privado de libertad fue hallado sin vida en ese complejo. El caso habría estado asociado a una enfermedad respiratoria.
El reciente deceso ocurrió un día después de que la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, confirmó recientemente el traslado preventivo un grupo de privados de libertad desde ese centro hacia cárceles de Guayaquil.
La funcionaria negó que exista en la Cárcel del Encuentro un brote de tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las cárceles del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.
Morillo sostuvo que la decisión respondió a un caso puntual, además de afirmar que el centro penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para albergar a las personas privadas de libertad. Fuente: Vistazo
Nacionales
El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”
La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.
En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.
“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada
El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.
En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.
Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.
Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.
“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada
El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.
Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.
Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.
El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.
“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada
Caso Progen
En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.
“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias
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