Nacionales
94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador
Fernando Medina (I)
Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.
La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.
La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.
La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niños, adolescentes y jóvenes en el país.
La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.
A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.
En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.
La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.
El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.
Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.
El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.
Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.
De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.
Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.
Los crímenes de menores y niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.
Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio
Nacionales
Pachakutik en Zamora Chinchipe convoca a consejo político ampliado para definir temas estratégicos
A través de un video difundido en sus redes sociales, el coordinador provincial del Movimiento Pachakutik en Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, convocó a un Consejo Político Provincial Ampliado, previsto para este sábado a las 10:00, en la cancha cubierta del barrio El Prado, de la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor.
La convocatoria está dirigida a las autoridades de elección popular del movimiento que actualmente se encuentran en funciones, entre ellas presidentes y vocales de juntas parroquiales, alcaldes y concejales, así como a dirigentes, coordinadores, candidatos y representantes de organizaciones sociales vinculadas a Pachakutik, entre ellas Zamaskijat y FEMNASH.
Durante su mensaje, Quishpe explicó que el encuentro tiene como objetivo analizar y resolver varios temas pendientes dentro de la organización política. Entre los principales puntos del orden del día figura la definición de la candidatura a la Viceprefectura de Zamora Chinchipe, proceso que, según indicó, aún se encuentra pendiente de resolución pese a que ya existen diversas propuestas e iniciativas planteadas por la militancia.
Asimismo, hizo un llamado a la participación de quienes fueron candidatos a gobiernos parroquiales, concejalías urbanas y rurales, alcaldías y demás dignidades de elección popular, señalando que el consejo político será un espacio de diálogo y toma de decisiones colectivas para fortalecer la organización de cara al proceso electoral.
En otro momento de su intervención, el coordinador provincial se refirió a la información relacionada con la convocatoria realizada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para una audiencia prevista el 19 de agosto, situación que ha generado inquietud entre algunos simpatizantes del movimiento.
Sobre este tema, Quishpe manifestó que, a su criterio, no existe motivo de preocupación, al considerar que se trataría de un asunto menor y que el proceso deberá desarrollarse con estricto apego al debido proceso y a la normativa vigente. Añadió que la organización informará oportunamente sobre cualquier novedad relacionada con este procedimiento.
Finalmente, exhortó a la militancia a concentrar sus esfuerzos en la preparación del consejo político y en el cumplimiento del calendario electoral, recordando que el período oficial para la inscripción de candidaturas se desarrollará del 2 al 17 de agosto, por lo que instó a avanzar en la elaboración de los planes de trabajo y demás requisitos exigidos por la normativa electoral.
Quishpe concluyó su mensaje con un llamado a fortalecer la unidad del movimiento, incrementar el trabajo organizativo y afrontar con entusiasmo el proceso electoral.
Nacionales
Exalcalde de Camilo Ponce Enríquez habría financiado a Los Lobos: así movió USD 3,2 millones, según el Gobierno
El ministro del Interior, John Reimberg, reveló nuevos detalles sobre la captura del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, alias «B.B.», a quien el Gobierno identifica como uno de los principales financistas de la organización criminal Los Lobos.
La detención se produjo durante un operativo ejecutado de madrugada en las provincias de Azuay y El Oro, en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia.
Así habría operado la estructura, según John Reimberg
De acuerdo con el ministro, la organización obtenía recursos principalmente a través de la minería ilegal, aunque también utilizaba concesiones mineras legales para ocultar el origen del material extraído.
Posteriormente, el grupo explotaba esas concesiones y mezclaba el oro obtenido ilegalmente con la producción de empresas formalmente registradas para aparentar un origen lícito.
Según Reimberg, los millones obtenidos mediante este esquema permitían fortalecer la capacidad operativa de la organización criminal.
«La minería ilegal no solo destruye nuestros recursos naturales; financia organizaciones criminales, compra armas, paga sicarios, corrompe instituciones y amenaza la seguridad nacional», sostuvo.
Explosivos utilizados en atentados
Otro de los datos fue la presunta vinculación entre una empresa minera relacionada con Bermeo Cabrera y los explosivos utilizados en varios ataques registrados, principalmente, en la provincia de El Oro.
Según Reimberg, las investigaciones permitieron establecer la trazabilidad de los explosivos empleados en atentados que durante meses sembraron temor en varias comunidades.
«Los explosivos utilizados en varias detonaciones pertenecen a la compañía minera de la persona detenida. Eso permitió reconstruir la ruta de esos ataques terroristas», aseguró.
El ministro sostuvo que estas acciones intimidaban a poblaciones enteras, cuyos habitantes incluso evitaban salir de sus viviendas por miedo a nuevos atentados.
Seis detenidos y más de USD 245.000 incautados
La operación, que tomó más de cuatro horas, dejó como resultado:
- Seis personas detenidas.
- Cuatro empresas allanadas.
- Más de USD 245.000 en efectivo decomisados.
- Dos vehículos incautados.
- Once teléfonos celulares.
- Siete computadoras.
- Armas de fuego y municiones.
- Dispositivos electrónicos de almacenamiento.
- Joyas.
- Equipos de videovigilancia y radios de comunicación.
Entre los objetos hallados también figuró una placa de oro con la imagen de Pablo Escobar.
Asimismo, Reimberg confirmó que entre los detenidos están varios integrantes del núcleo familiar del exalcalde.
«El Estado ecuatoriano irá por cada uno de ellos, por su dinero, sus bienes, sus redes y sus estructuras. Que les quede claro: no descansaremos hasta desmantelarlos por completo», concluyó. Fuente: Vistazo
Nacionales
Estados Unidos pone bajo llave el expediente de ‘Patucho Celso’ para cuidar a sus testigos
El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.
El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.
Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.
El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.
Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.
La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.
Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.
La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.
Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.
Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.
Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer
Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.
La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.
El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.
El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.
Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.
Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.
El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.
Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg
Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias
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