Nacionales
94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador
Fernando Medina (I)
Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.
La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.
La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.
La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niños, adolescentes y jóvenes en el país.
La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.
A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.
En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.
La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.
El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.
Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.
El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.
Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.
De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.
Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.
Los crímenes de menores y niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.
Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio
El juez de la Corte Constitucional, Raúl Llasag Fernández, renunció a su puesto en medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría sobre el patrimonio de los magistrados en Ecuador. La decisión se conoció este 8 de abril de 2026, según fuentes del organismo.
La renuncia del juez Raúl Llasag Fernández -quien argumentó motivos de salud- debe ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, de acuerdo con el art. 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su reglamento.
Raúl Llasag Fernández se desempeña como juez titular de la Corte Constitucional del Ecuador desde julio de 2025, cuando fue posesionado para el periodo 2025-2028.
Para que su renuncia sea aceptada se requiere de mayoría calificada (2/3 de votos) en el Pleno de la Corte, en un procedimiento similar al que siguió el organismo cuando renunció la jueza Teresa Núques Martínez y fue reemplazada por Llasag.
Su salida ocurre en en momentos que la Fiscalía General del Estado adelanta una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
El 2 de abril, el contralor Mauricio Torres reveló que son examinados por este organismo seis jueces de la Corte Constitucional: tres ya completaron su revisión, tres están en proceso y tres más comenzarán en los próximos días.
El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito, en alusión al caso de Terán y Lozada.
A su vez, la Corte Constitucional emitió un comunicado el 1 de abril, en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial. Fuente: Primicias
Nacionales
La pareja de ‘Fito’, la ‘influencer vacunadora’ y la matricida: estas son las reclusas más peligrosas enviadas a La Roca
La pareja sentimental de alias ‘Fito’, Verónica Briones, la denominada ‘influencer vacunadora’ de Machala, Diana Carolina G., y Andreína L., la mujer acusada del asesinato y desmembramiento de su madre, figuran entre las privadas de libertad de alta peligrosidad trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Estas mujeres cumplen condenas por diversos delitos, entre ellos matricidio, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, sicariato e incluso casos de delincuencia de cuello blanco. Entre las internas también figura ‘La Barbie del Sur’.
“Una extensa lista de delitos que no entrarían en este post si los enumero”, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, quien difundió los rostros de las mujeres incluidas en este grupo.
Reimberg informó este miércoles 8 de abril que un total de 61 mujeres fueron reubicadas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3, mejor conocido como La Roca, como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario.
El traslado se ejecutó entre el martes 7 y miércoles 8 de abril desde nueve centros penitenciarios del país.
“Bienvenidas a La Roca”, escribió Reimberg en sus redes sociales, en alusión al centro de máxima seguridad, cuyo uso para albergar a reclusas de alto perfil ya había sido anunciado días atrás.
Pareja de alias ‘Fito’
Verónica Narcisa Briones Z., conocida como pareja sentimental de alias ‘Fito’, fue llamada a juicio dentro del caso ‘Blanqueo Fito’, que investiga una presunta red de lavado de activos que operaba como un “clan familiar”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, esta estructura habría estado liderada por alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, quien actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, en Estados Unidos.
Según las autoridades, Inda Peñarrieta Tuárez, esposa de ‘Fito’, quien permanece prófuga de la justicia, junto con Verónica Briones habrían ingresado presuntamente alrededor de 2,4 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano.
La ‘influencer’ acusada de vacunar en Machala
La influencer Diana Carolina G. es acusada de formar parte de una red de extorsión o ‘vacunas’ relacionada con la banda criminal ‘Los Lobos’, según la Policía. La joven mostraba su vida cotidiana en Machala, pero en los últimos años sus publicaciones dieron un giro radical: viajes y lujos comenzaron a ser más frecuentes.
Su nombre salió a la luz luego de su captura en un operativo. “Los servidores policiales recibieron la denuncia por parte de una comerciante quien indicó que empezó a recibir mensajes y llamadas de carácter extorsivo. Los antisociales exigían la cantidad de 6.000 dólares, a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia”, dice el informe de la entidad.
La matricida de Sauces 9
Una pena máxima agravada de 40 años de prisión cumple Andreina L. S. por el asesinato de su madre, Marta Solís Cruz, en un caso que conmocionó al norte de Guayaquil por la forma en que el crimen fue cometido.
El hecho ocurrió en octubre de 2025 en una vivienda del sector Sauces 9, donde fue hallado el cadáver de la víctima, en estado de descomposición, oculto en una lavadora.
El crimen, en el que se determinó que Andreína L. S. actuó con alevosía y ensañameinto, fue reconstruído por la Fiscalía a partir de la denuncia por la desaparición de Marta Cecilia Solís Cruz, reportada el 5 de octubre de ese año.
La ‘Barbie del sur’ de Guayaquil
Simuy L. S., conocida por su alias como ‘Barbie del sur‘, cumple una pena privativa de libertad de 23 años 11 meses por la tentativa de asesinato cometida en contra de la modelo de televisión Angie Silva, el 28 de junio de 2015, a las afueras de una discoteca ubicada en la zona rosa en el centro de Guayaquil.
Además, durante su permanencia en prisión, fue nuevamente sentenciada por las lesiones causadas a una compañera de celda, en un hecho registrado el 3 de septiembre de 2018.
De acuerdo con las autoridades, esta medida busca concentrar a las internas consideradas más peligrosas en un solo recinto, con el fin de fortalecer el control estatal y la seguridad del sistema penitenciario. Fuente: Vistazo
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.
De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.
Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.
Cambio de fecha no altera periodos ni funciones
El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:
- Sufragio es el momento de la expresión popular en las urnas.
- Elección es el proceso integral, que abarca desde la convocatoria a elecciones hasta la investidura de las autoridades electas.
«Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027″, señala la sentencia del juez Maldonado.
Juez dice que el CNE es «garante» de la democracia
En ese sentido, el magistrado concluyó que «el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional».
El origen del conflicto y procesos pendientes
El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.
Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Fuente: Expreso.ec
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica2 años ago‘No soy contratista del Estado’, asegura Topic con certificado de Sercop en mano
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud