Nacionales
94 niños y adolescentes fueron asesinados en 10 meses en Ecuador
Fernando Medina (I)
Apenas tenía 5 años cuando el pequeño Dorian recibió un disparo en la cabeza. Sucedió hace 10 días, en la Cooperativa Voluntad de Dios de Guayaquil. Su familia hasta ahora no entiende cómo los dos sicarios dispararon sin contemplación al niño, que estaba en compañía de su tía y de una prima de 7 años. Ellas también recibieron disparos pero se recuperan de las heridas del atentado.
La Policía aún rastrea a los sospechosos que huyeron en una motocicleta. Lo único que se ha confirmado es que el ataque estaba direccionado a la tía del menor y que el móvil sería la venta de estupefacientes.
La disputa de bandas delictivas por los territorios este año se ha cobrado la vida de más de 600 personas en Guayas. A escala nacional ya suman más de 1 300 muertes violentas.
La violencia de las calles no solo involucra a personas ligadas a organizaciones criminales. Los reportes oficiales indican que, entre enero y octubre de este 2021, han perdido la vida 94 niños, adolescentes y jóvenes en el país.
La cifra parcial está próxima a superar los 98 que se registraron en todo el año 2020 y en 2019 hubo otros 100. Esto sin tener en cuenta a los niños que han resultado víctimas colaterales de violencia en noviembre, cuando se produjo un repunte de casos en ciudades como Guayaquil.
A inicios de noviembre pasado, una adolescente de 15 años falleció tras recibir un disparo en el cuello. Su familia manifestó que la bala la alcanzó cuando caminaba por el bloque 10 de Bastión Popular, norte del Puerto Principal. La joven fue víctima de una balacera entre bandas delictivas.
En las estadísticas está también el caso de un pequeño de 2 años. Él falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Dos sicarios, que iban en una moto, dispararon al padre del menor el pasado 7 de noviembre. Los informes policiales señalaron que los desconocidos descargaron cuatro disparos sobre el padre del pequeño, quien iba manejando un vehículo por Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.
La noche del jueves 23 de diciembre, antes de la celebración de la Nochebuena, un ataque de sicarios en moto a un grupo de personas que se encontraban en un inmueble dejó como saldo a un niño asesinado y a tres menores heridas.
El hecho se produjo también en Bastión Popular, la víctima tenía 13 años. En la vivienda a la que iba dirigida el ataque los agentes decomisaron droga y la madre de las menores heridas registra antecedentes por tenencia de sustancias, informó la Policía.
Una de las muertes de menores que más conmocionó al país fue la ocurrida en octubre pasado. Sebastián Obando tenía 11 años cuando falleció dentro de una heladería del sur de Guayaquil. Él fue impactado por una bala cuando se producía un robo al local en el que estaba junto a su padre.
El crimen del pequeño provocó que el presidente Guillermo Lasso emitiera un estado excepción para reforzar los controles en las calles. Militares y policías se adentraron a zonas populares como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Pascuales o Durán.
Los padres de familia han comenzado a prohibir la salida de sus hijos a parques o canchas, porque en lo que va del año se han registrado al menos 17 balaceras en estas zonas.
De hecho, la mayoría de víctimas inocentes tienen entre 10 y 19 años. Los datos de la Policía también confirman que el 61% de todos los niños, adolescentes y jóvenes fallecieron por heridas de armas de fuego. El 39% murió por armas blancas u otras.
Guayas es la provincia más afectada, con 33 casos; le siguen Esmeraldas y Los Ríos con nueve, Pichincha con ocho y El Oro con siete.
Los crímenes de menores y niños han sido rechazados por organismos de derechos humanos. El Comité Permanente de Guayaquil ha hecho un llamado al Gobierno que frene las muertes violentas. Han advertido que cada vez los crímenes son más atroces y con alto grado de violencia.
Uno de estos casos fue el asesinato de una menor de 2 años golpeada y degollada junto a su familia, en marzo pasado, en el Guasmo Sur. La Policía detalló que el crimen fue ordenado por una banda criminal que se dedica a la venta de estupefacientes. (I) Fuente: El Comercio
Resolver conflictos mediante el diálogo y sin recurrir necesariamente a un proceso judicial es una de las alternativas que ofrece el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CENARC) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), mediante servicios de mediación orientados a facilitar acuerdos voluntarios entre las partes.
El CENARC cuenta con atención en Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca, y brinda mecanismos alternativos de solución de controversias en diferentes áreas, entre ellas familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social o vecinal, tránsito y asuntos tributarios, entre otros.
El proceso se desarrolla con el acompañamiento de un mediador neutral e imparcial, quien facilita el diálogo entre las partes para que sean ellas mismas quienes construyan una solución acorde con sus necesidades e intereses.
Entre las principales ventajas de la mediación se encuentran la posibilidad de alcanzar acuerdos de manera ágil, voluntaria y menos confrontativa que un proceso judicial. Además, el procedimiento tiene carácter confidencial y, cuando las partes llegan a un acuerdo, el acta de mediación adquiere validez jurídica.
¿Cómo acceder al servicio?
Para iniciar un proceso, primero se verifica que la controversia pueda ser sometida a mediación. Posteriormente, el solicitante presenta el formulario correspondiente junto con los documentos habilitantes y cancela la tasa establecida.
Una vez cumplidos estos requisitos, se notifica a la parte invitada y se fija la audiencia de mediación, espacio en el que las partes, con el acompañamiento del mediador, buscan alcanzar una solución mediante el diálogo.
97 procesos atendidos en Loja durante 2026
Las cifras evidencian el alcance de este mecanismo. En lo que va de 2026, el CENARC Loja ha atendido 97 procesos, de los cuales 66 han concluido con acuerdo total, equivalente aproximadamente al 68 % de los casos atendidos.
Pedro Puertas, responsable del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la UTPL, destaca la mediación como una alternativa efectiva para la solución de controversias y como una herramienta que contribuye a fortalecer una cultura basada en el diálogo y la construcción de paz.
A este trabajo se suma el respaldo institucional a los servicios jurídicos de la UTPL, cuya calidad ha sido reflejada en una calificación de acreditación de 99 sobre 100 ante la Defensoría Pública, indicador relacionado con el cumplimiento de estándares para la prestación de servicios jurídicos.
El costo de la mediación es de USD 25, lo que permite acceder a este mecanismo alternativo para la atención de conflictos susceptibles de ser resueltos mediante acuerdo.
Para conocer los requisitos y el procedimiento de acceso, los interesados pueden consultar la plataforma de servicios jurídicos de la UTPL: Servicios Jurídicos UTPL.
Nacionales
Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador se aplicará desde el 17 al 30 de septiembre
Un nuevo toque de queda se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias afectadas por la violencia criminal en Ecuador, anunció este viernes, 11 de septiembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, mientras continúa vigente el estado de excepción.
El funcionario precisó que esta medida se aplicará desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.
El toque de queda «será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad. Esta medida responde a una necesidad concreta de seguridad», dijo Reimberg en su cuenta de X y advirtió que no habrá salvoconductos.
El anuncio se da un día después de que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad para tratar nuevas acciones en contra de las organizaciones criminales en Ecuador.
Reimberg explicó que, durante ese tiempo, se intensificarán las operaciones «contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado».
Por ello, el ministro señaló que se ejecutarán operaciones que requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas.
«No es una medida contra los ciudadanos»
Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.
En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden.
«No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos.
Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado.
«Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad», insistió.
«A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: El Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobre todo, no habrá impunidad. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y objetivo final». John Reimberg, ministro del Interior
«Juntos, como Bloque de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, así como nuestros aliados internacionales, vamos a ganar esta batalla», concluyó el Ministro.
La medida se anuncia dos días después de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cual ambos gobiernos anunciaron la continuidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Noboa dispone un toque de queda focalizado y temporal. En mayo de 2026, la misma medida se aplicó en nueve provincias y cuatro cantones. En esa ocasión, la restricción incluyó a Quito.
Como parte de la política de seguridad, en julio pasado, el presidente Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, ofreciendo inmunidad a personal extranjero e indultos a policías, militares y civiles ecuatorianos.
A mediados de año también decretó un estado de excepción, que fue renovado el 14 de agosto y está vigente por 30 días desde esa fecha. Fuente: Vistazo
Nacionales
A 25 años del 11-S: Las 10 transformaciones que reescribieron la seguridad mundial y su huella en Ecuador
¿Cuántas veces ha tenido que quitarse los zapatos al pasar los filtros de seguridad de un aeropuerto? Eso sucede porque desde el martes 11 de septiembre de 2001, todo cambió. “Gran parte de nuestra realidad actual se deriva directamente del 11-S”, lo recuerda Charles Homans, reportero político de The Times Magazine.
La reconfiguración de la seguridad que siguió a esos atentados no se detuvo en las fronteras de los Estados Unidos: sus efectos llegaron también a Ecuador y al resto de América Latina, donde se combinaron con problemas de seguridad, migración y narcotráfico ya existentes en la región.
A continuación, un repaso de 10 de las transformaciones globales que se desprendieron del 11-S y su vínculo en la realidad nacional y regional.
Estados Unidos reestructuró su seguridad interior en 2002 con la creación del Department of Homeland Security y la figura del Director of National Intelligence, en un esfuerzo por coordinar a sus agencias de inteligencia y evitar fallas como las que precedieron a los atentados.
- Repercusión en la región: La centralización se tradujo en un intercambio de inteligencia más estrecho y en la cooperación directa de agencias como la DEA y la CIA con los países andinos, incluido Ecuador, en el combate al narcotráfico y el control fronterizo
2. La «Guerra contra el Terrorismo»: Afganistán e Irak
Bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 e Irak en 2003, y reorientó su política de seguridad nacional hacia la lucha antiterrorista durante las dos décadas siguientes.
- Repercusión en la región: Ese marco doctrinal —la «guerra contra el terror»— se trasladó al Plan Colombia, que dejó de ser una iniciativa antidrogas para convertirse en un respaldo militar directo contra organizaciones catalogadas como «narcoterroristas», entre ellas las FARC.
3. Expansión de la vigilancia masiva y el Patriot Act
El Congreso estadounidense aprobó el Patriot Act semanas después de los atentados, ampliando las facultades de vigilancia electrónica, intervención de comunicaciones e interceptación financiera del Estado.
- Repercusión en la región: Las nuevas reglas contra el lavado de activos -protocolos de «conozca a su cliente» y reportes obligatorios de transacciones sospechosas- encarecieron el envío de remesas hacia economías dolarizadas como la nuestra, una fuente de ingresos de la que dependen muchos miles de hogares.
4. El nuevo estándar de seguridad aeroportuaria (TSA)
En 2001 se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que impuso controles más exhaustivos, entre otros: revisión estricta de equipajes, restricciones a líquidos y escáneres corporales antes de cada vuelo.
- Repercusión en la región: Los controles migratorios y biométricos para viajar a Estados Unidos se volvieron más rigurosos, lo que modificó los trámites de visado e incentivó rutas migratorias ilegales para la diáspora ecuatoriana hacia ese país.
5. Guantánamo y el debate sobre «combatientes enemigos»
Estados Unidos abrió en enero de 2002 la prisión de la base naval de Guantánamo y creó la categoría legal de «combatiente enemigo» para detener sin cargos ni plazos definidos a sospechosos de terrorismo, originando tensión con el derecho internacional humanitario.
- Repercusión en la región: El precedente sirvió de referencia para que distintos gobiernos latinoamericanos usaran marcos legales de corte «antiterrorista» en la criminalización de la protesta social. Sucedió en el Ecuador y en países vecinos con la movilización indígena y sindical, siempre bajo el argumento de una amenaza a la seguridad del Estado.
6. Endurecimiento migratorio y blindaje fronterizo
La seguridad en fronteras pasó de ser un asunto aduanero a una cuestión de seguridad nacional, con bases de datos biométricas compartidas entre agencias y perfilamiento de viajeros.
- Repercusión en la región: En la región aparecieron políticas como la «seguridad democrática» de Colombia, que redefinió el conflicto interno bajo la clave del terrorismo y coincidió con un incremento de la asistencia militar de Washington: de un promedio de 260 millones de dólares anuales subió a 400 millones entre 2001 y 2016.
7. La primera invocación del Artículo 5 de la OTAN
El 12 de septiembre de 2001, la Organización del Tratado del Atlántico Norte invocó por primera vez en su historia la cláusula de defensa colectiva escrita en el Artículo 5, que llevó a varios de sus miembros a sumarse a la campaña militar en Afganistán.
- Repercusión en la región: La misma lógica de cooperación militar con Washington tuvo su expresión local en la base de Manta, un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) para el monitoreo antinarcóticos. Su cierre en 2009 quedó consagrado en la Constitución de Montecristi, que prohibió expresamente las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
8. Estigmatización, sentimiento antimusulmán y securitización global
Los atentados motivaron la vigilancia diferenciada por origen, raza y religión, particularmente hacia comunidades musulmanas y de Medio Oriente, en aeropuertos, fronteras y sistemas financieros de Estados Unidos y Europa.
- Repercusión en la región: La misma lógica de perfilamiento se extendió a los migrantes latinoamericanos y a sus remesas dentro de los sistemas financiero y migratorio.
9. La modernización de la inteligencia estadounidense (DNI y NCTC)
Las fallas de coordinación identificadas tras el 11-S llevaron a la creación en 2004 del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC) y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que centralizaron la recopilación de datos entre agencias.
- Repercusión en la región: El Comando Sur (SOUTHCOM) ganó peso como actor en la formulación de políticas de defensa para los países andinos y en la vigilancia de la frontera norte de Ecuador frente a riesgos transnacionales.
10. El actual debate sobre bases extranjeras
Veinticinco años después, la discusión sobre la presencia militar extranjera en el Ecuador ha vuelto al centro de la agenda nacional.
- Repercusión en la región y Ecuador: El 16 de noviembre de 2025, casi 14 millones de ecuatorianos rechazaron, con el 61% de votos, la eliminación de la prohibición constitucional a las bases militares extranjeras vigente desde 2008. A 25 años del 11-S, ese resultado confirma que la tensión entre soberanía y cooperación militar con Washington -uno de los legados de aquel día- sigue sin resolverse en el Ecuador. Fuente: Vistazo
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