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93 socavones en 22 provincias de Ecuador se registraron en el 2021

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Redacción el Comercio

Las imágenes fueron captadas por vecinos y se volvieron virales en las redes sociales. Los episodios ocurrieron recientemente en Chimbo (Chimborazo) y en Zaruma (El Oro). El miedo se apoderó de esas poblaciones por los socavamientos que dejaron viviendas afectadas y damnificados.

En lo que va del 2021, han ocurrido 93 de esos eventos. La cifra es superior a los 59 del año anterior y a los 74 suscitados en 2019. 

Las autoridades están alertas, pues este año se han registrado socavamientos en 22 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Manabí, Los Ríos, Loja, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pichincha, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe. 

Apenas dos provincias del país, Galápagos y Santa Elena, son las únicas donde estos incidentes no se han registrado.

En Chimbo, el socavón destruyó cinco viviendas, una casa comunal, una cancha deportiva y parte de la vía de acceso. El evento se registró la madrugada del miércoles 22 de diciembre del 2021, pero desde al sábado anterior se evidenciaron grietas en el terreno. 

Mientras que en Zaruma la emergencia se registró el pasado 15 de diciembre. Ese día se hundió una vivienda en el casco céntrico de la ciudad. 

El presidente Guillermo Lasso explicó recientemente que hay dos huecos bajo la ciudad. Uno es visible desde el exterior y otro está 50 metros más abajo de la superficie. Agregó que los técnicos están analizando las salidas al problema y que la “potencial solución” es poner material residual de las minas al socavón del fondo, que es el más grande. 

¿Cómo se originan los socavones? 

Maurizio Mulas, profesor de Geología en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Espol, indicó que existen dos causas: naturales antrópicas. 

“Las causas naturales, por ejemplo, se generan por la presencia de cuevas en calizas en el subsuelo donde, a lo largo del tiempo, el techo de estas cuevas puede colapsar. Las que tienen causas antrópicas se generan, por ejemplo, por falta de mantenimiento del sistema de tuberías urbano. Esta es la génesis de los socavones más comunes en las ciudades de Ecuador”. 

Sin embargo, especificó que en el caso de Zaruma la causa está relacionada con la actividad de minería ilegal. “En estos casos los huecos en el subsuelo son generados por los mineros ilegales que crean galerías en sectores donde no está permitido por ley, sin preocuparse de estabilizarlas y acercándose a la superficie”. 

El alcalde de esa localidad, Jhansy López, dijo que bajo el casco urbano existirían unos 50 kilómetros de túneles para la actividad minera. “Esa es la presunción que hemos denunciado a las autoridades competentes de control. Existen mineros ilegales que han creado entradas clandestinas”. 

Desde Gestión de Riesgos se elabora un estudio para zonificar el área de riesgo. Virgilio Benavides, subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, añadió que en esa área se limitará la libre circulación de personas. Hasta el momento hay 4 viviendas y otras 49 catalogadas con riesgo eminente. 

Otros eventos han sucedido en Pichincha. En el sector de La Ofelia (norte de Quito), los vecinos tuvieron que convivir por casi ocho días con un socavón que se formó en la calle Chuquisaca y Destacamento Panupali. Bajo la calzada se formó un hueco y los moradores colocaron una cinta y ramas de árboles para anticipar sobre el peligro de circular por ahí.  

Ximena Chalco tiene una tienda justo frente al hueco. Comentó que el miércoles 22 de diciembre, el Municipio intervino. En el lugar ahora hay un montículo de tierra que deben sortear los vehículos mientras se espera que la parte afectada sea repavimentada.  

Según el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Quito, durante 2021 se registraron 18 alertas por socavamientos. Diego Jurado, director de esa entidad, informó que la mayoría ocurrió por problemas relacionados con las lluvias y las tuberías.  

En Azuay, en cambio, se han reportado 694 amenazas naturales en lo que va de este 2021, cifra mayor que a las de los últimos dos años. Los socavones graves más recientes se ubican en los cantones de Nabón y Cuenca.  Siete casas colapsaron este año y más de un centenar están cuarteadas y en grave riesgo de caer por un hundimiento del suelo que afecta a 34 hectáreas en los barrios Rosas, Tamboloma y Bellavista.  

Julio González, presidente del Comité Pro-Mejoras de Rosas, dice que por la gravedad del problema el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia (Sngre) ha declarado en alerta naranja a la zona, pero que ninguna institución interviene. (I) Fuente: El Comercio

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia

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La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.

Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.

La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.

Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.

Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.

Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.

Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.

También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.

A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo

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Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales

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Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.

Según el director de UP, Geovanny Atarihuana, la candidata no ha cometido ninguna infracción electoral que justifique su exclusión.

“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.

Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.

El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.

UP se pronuncia sobre Luisa González

Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.

“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.

El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.

“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.

Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita

“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.

Acusa al Gobierno de entrega de dádivas

El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.

“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.

UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo

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