En una nueva edición de La Tertulia Jurídica, el abogado y docente universitario Miguel Angulo desarrolló una conferencia especializada sobre «La atribución de responsabilidad en el Derecho Penal», abordando uno de los temas más relevantes y complejos de la dogmática penal contemporánea. Durante su intervención, explicó la evolución doctrinaria de las formas de autoría y participación, su aplicación en el sistema penal ecuatoriano y los desafíos que enfrenta la administración de justicia en la correcta imputación de responsabilidades.

Al inicio de su exposición, Angulo compartió su trayectoria profesional, señalando que ejerce la abogacía en libre ejercicio desde su graduación en la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España), una estancia de investigación en la Universidad de Göttingen (Alemania) y especializaciones en terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, compliance penal, Derecho Penal Económico y dogmática penal. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Internacional SEK.

Durante la conferencia, explicó que la denominada atribución de responsabilidad ha sido conocida tradicionalmente como autoría y participación, conceptos que permiten determinar quiénes son autores y quiénes son partícipes dentro de un hecho delictivo. Indicó que la teoría predominante en la actualidad es la teoría del dominio del hecho, desarrollada por el jurista alemán Claus Roxin en 1963, la cual fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014.

El expositor manifestó que, aunque la autoría y participación han sido temas históricamente poco desarrollados en la jurisprudencia ecuatoriana, esta situación comenzó a cambiar entre 2019 y 2020 debido al procesamiento de casos de alta relevancia nacional con múltiples procesados, donde resultó indispensable diferenciar correctamente las distintas formas de intervención penal. Según indicó, una imputación errónea de la forma de participación puede generar importantes consecuencias procesales y convertirse en un elemento fundamental para la defensa jurídica.

Angulo explicó que, conforme a la teoría del dominio del hecho, es autor quien mantiene el control del curso causal del delito y tiene la capacidad de interrumpir o detener su ejecución. Sobre esta base desarrolló las principales formas de autoría reconocidas por la doctrina: autoría directa, autoría mediata, coautoría y autoría mediata por aparatos organizados de poder, detallando las características y requisitos jurídicos que distinguen cada una de ellas.

Respecto de la coautoría, sostuvo que no basta la existencia de varias personas involucradas en un proceso penal, sino que deben concurrir elementos como un plan común, una división funcional del hecho, un aporte esencial de cada interviniente y la participación durante la fase de ejecución del delito. Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Nacional ha señalado que no resulta jurídicamente correcto imputar simultáneamente a una persona como autor y a otra como coautor dentro del mismo hecho delictivo cuando no se cumplen estos presupuestos dogmáticos.

Finalmente, el jurista formuló una crítica a la redacción vigente del COIP, al considerar que la regulación sobre autoría y participación presenta inconsistencias conceptuales. Explicó que los partícipes carecen del dominio del hecho, por lo que no deberían ser equiparados a los autores, y señaló que existen proyectos de reforma orientados a corregir estas disposiciones y fortalecer la seguridad jurídica en la aplicación del Derecho Penal ecuatoriano.

China Railway había iniciado acciones legales por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

Juez rompe el silencio

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial a escala nacional, mediante la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026.

La medida establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25% sobre la estructura de costos operativos y reemplaza el cuadro tarifario que se mantenía vigente desde 2021.

Sin embargo, aunque la resolución ya entró en vigor, representantes del sector transportista señalaron que las nuevas tarifas todavía no se están cobrando, debido a que el incremento aún no ha sido socializado oficialmente con los usuarios.

Estas son las nuevas tarifas

De acuerdo con el cuadro tarifario publicado por la ANT, los nuevos valores para algunas de las principales rutas del país son:

• Quito – Guayaquil: USD 14,66 (tarifa preferencial: USD 7,33).
• Tulcán – Quito: USD 8,77 (preferencial: USD 4,38).
• Quito – Cuenca: USD 17,25 (preferencial: USD 8,63).
• Guayaquil – Cuenca: USD 11,50 (preferencial: USD 5,75).
• Santo Domingo – Guayaquil: USD 9,92 (preferencial: USD 4,96).
• Manta – Guayaquil: USD 7,19 (preferencial: USD 3,59).
• Esmeraldas – Quito: USD 11,07 (preferencial: USD 5,53).
• Esmeraldas – Guayaquil: USD 16,39 (preferencial: USD 8,19).

La ANT recordó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad seguirán pagando el 50% del valor del pasaje, tal como establece la normativa vigente.

¿Por qué suben los pasajes?

Según el informe técnico de la ANT, el incremento responde al Índice de Variación de Costos Operativos y al Factor de Equilibrio Económico y Social, parámetros utilizados para actualizar las tarifas.

Además, el ajuste coincide con el fin del esquema de compensación económica que el Gobierno entregaba a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el presidente Daniel Noboa extendió por nueve meses las transferencias directas a los propietarios de buses interprovinciales e intraprovinciales, mecanismo que concluyó con el pago correspondiente a julio de 2026.

El objetivo de esa compensación era evitar un aumento inmediato en el precio de los pasajes tras el incremento del costo del combustible.

Un ajuste temporal

La ANT aclaró que este incremento no constituye la metodología tarifaria definitiva.

La entidad explicó que el ajuste del 25% funcionará como una medida transitoria mientras se desarrolla e implementa un nuevo sistema técnico para la fijación de tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial.

Nuevas condiciones para las cooperativas

El aumento también estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las operadoras.

Entre ellos constan la instalación de botones de pánico y contadores de pasajeros en las unidades de transporte, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.

Asimismo, la ANT anunció que realizará controles periódicos en las terminales terrestres para verificar que las cooperativas respeten las tarifas autorizadas y evitar cobros indebidos o especulativos. Las operadoras que incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones conforme a la ley.

El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento generalizado de los pasajes, sino de una regularización de las tarifas en cerca de 8.000 rutas interprovinciales e intraprovinciales, de las cuales alrededor de 2.000 ya fueron regularizadas. Según las autoridades, esta medida busca transparentar los valores del servicio y frenar los cobros irregulares que algunas operadoras venían aplicando.

Luque aseguró que la regularización no necesariamente implicará que los usuarios paguen más en todas las rutas, ya que muchas operadoras ya cobraban valores por encima de los autorizados. «En muchos de esos casos las empresas cobraban mucho más. El valor que pagaba el ciudadano se mantiene porque ya se estaban cobrando montos adicionales que no estaban siendo controlados», sostuvo.