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$ 800 millones recibirá Ecuador tras la ratificación del acuerdo técnico por parte del directorio del FMI

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El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el representante del FMI en Ecuador, Julien Reynaud, anunciaron hace pocos minutos en una rueda de prensa que el FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas dentro de la segunda y tercera revisión combinadas del programa SAF (Servicio Ampliado de Financiamiento) de 27 meses (que fue firmado por el Gobierno anterior).

Con el acuerdo técnico, que debe ser ratificado en pocas semanas por el directorio ejecutivo (board) del FMI, Ecuador tendría acceso a financiamiento por unos $ 800 millones (correspondientes a las revisiones de abril y agosto). Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas también explicó que para diciembre Ecuador recibiría unos $ 700 millones más en este año. Esos recursos son distintos a los que ya ha recibido

Adicionalmente, este acuerdo y la posterior ratificación desbloquean otros recursos por parte de organismos multilaterales como BID, CAF, Banco Mundial que llegarían a unos $ 4.500 millones entre este y el año próximo. Además, el próximo año, dijo Cueva, Ecuador recibiría los últimos $ 1.000 millones que son parte del acuerdo de 27 meses.

No se dieron más detalles del acuerdo, como los horizontes para cerrar el déficit, pues explicaron que deberá primero ratificarse por parte del directorio ejecutivo del multilateral. Varios analistas han opinado que revisar los números de las metas, del déficit, entre otros, es importante para hacer más creíble el proceso y la confianza de los mercados.

“Se trata de una buena noticia que confirma que el país, por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, sigue contando con el respaldo de la comunidad internacional, a quien agradecemos por la apertura y apoyo a las prioridades del Gobierno”, enfatizó el ministro Cueva.

“Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa económico de las autoridades respaldado por el FMI tiene como objetivo apoyar la recuperación de Ecuador de la pandemia, ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad y promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad”, dijo sobre el tema Reynaud.

El ministro Cueva dijo que se espera que el esfuerzo fiscal sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas. Adicionalmente, precisó que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.

En este sentido, prefirió no hablar del contenido de una megaley que se presentaría, según ya anunció el presidente Guillermo Lasso, hasta finales de septiembre y en la cual se establecerían una serie de cambios tributarios y para el área petrolera, minera y obra pública, a fin de facilitar la relación público-privada y atraer mayores inversiones. Sin embargo, ratificó que podría haber una contribución y revisión de exenciones tributarias.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Ceyda Oner llevó a cabo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, con el fin de discutir las políticas para completar la segunda y tercera revisión del programa financiero y llevar a cabo la consulta del Artículo IV de 2021. Oner se había referido a los principales hallazgos en estas revisiones, destacando la rapidez con la que se han obtenido y administrado las vacunas a 9 millones de ecuatorianos (más de la mitad de la población) en los primeros cien días de la nueva administración.

El FMI considera que a pesar del rápido proceso de vacunación, los efectos de la pandemia se siguen notando en la economía. La desaceleración en 2020 fue una de las mayores de la historia del país, con el 7,8 %, y se prevé que la economía se expanda el 2,75 % en 2021 y el 3,5 % en 2022, dijo el multilateral.

El ente explicó que las cuentas fiscales para diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron mejores de lo previsto en el momento de la primera revisión. El aumento de los ingresos, la contención del gasto y precios del petróleo más altos de lo previsto contribuyeron a este resultado. Sin embargo, dijo el FMI que se cumplieron la mayoría de las metas, excepto la correspondiente a abril de 2021 sobre los depósitos del sector público no financiero (SPNF), que se incumplió por un pequeño margen.

Destacó que las autoridades modificaron el 3 de mayo de 2021 el marco jurídico del Banco Central del Ecuador (BCE) dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), las cuales fortalecen significativamente las bases para la dolarización y la autonomía técnica del BCE.

El FMI dijo que de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos -incluyendo el gasto de COVID y las operaciones de las empresas públicas- y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo. (I) Fuente El Universo

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Hallan ocho cabezas humanas en Naranjal: víctimas eran de Manabí y Guayas

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La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.

Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.

El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.

Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.

La principal hipótesis policial apunta a que el hecho estaría relacionado con un conflicto entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial y la venta de drogas. De acuerdo con los primeros indicios, el acto violento tendría como finalidad enviar un mensaje de intimidación a organizaciones rivales.

Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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