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$ 800 millones recibirá Ecuador tras la ratificación del acuerdo técnico por parte del directorio del FMI

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El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el representante del FMI en Ecuador, Julien Reynaud, anunciaron hace pocos minutos en una rueda de prensa que el FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas dentro de la segunda y tercera revisión combinadas del programa SAF (Servicio Ampliado de Financiamiento) de 27 meses (que fue firmado por el Gobierno anterior).

Con el acuerdo técnico, que debe ser ratificado en pocas semanas por el directorio ejecutivo (board) del FMI, Ecuador tendría acceso a financiamiento por unos $ 800 millones (correspondientes a las revisiones de abril y agosto). Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas también explicó que para diciembre Ecuador recibiría unos $ 700 millones más en este año. Esos recursos son distintos a los que ya ha recibido

Adicionalmente, este acuerdo y la posterior ratificación desbloquean otros recursos por parte de organismos multilaterales como BID, CAF, Banco Mundial que llegarían a unos $ 4.500 millones entre este y el año próximo. Además, el próximo año, dijo Cueva, Ecuador recibiría los últimos $ 1.000 millones que son parte del acuerdo de 27 meses.

No se dieron más detalles del acuerdo, como los horizontes para cerrar el déficit, pues explicaron que deberá primero ratificarse por parte del directorio ejecutivo del multilateral. Varios analistas han opinado que revisar los números de las metas, del déficit, entre otros, es importante para hacer más creíble el proceso y la confianza de los mercados.

“Se trata de una buena noticia que confirma que el país, por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, sigue contando con el respaldo de la comunidad internacional, a quien agradecemos por la apertura y apoyo a las prioridades del Gobierno”, enfatizó el ministro Cueva.

“Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa económico de las autoridades respaldado por el FMI tiene como objetivo apoyar la recuperación de Ecuador de la pandemia, ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad y promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad”, dijo sobre el tema Reynaud.

El ministro Cueva dijo que se espera que el esfuerzo fiscal sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas. Adicionalmente, precisó que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.

En este sentido, prefirió no hablar del contenido de una megaley que se presentaría, según ya anunció el presidente Guillermo Lasso, hasta finales de septiembre y en la cual se establecerían una serie de cambios tributarios y para el área petrolera, minera y obra pública, a fin de facilitar la relación público-privada y atraer mayores inversiones. Sin embargo, ratificó que podría haber una contribución y revisión de exenciones tributarias.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Ceyda Oner llevó a cabo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, con el fin de discutir las políticas para completar la segunda y tercera revisión del programa financiero y llevar a cabo la consulta del Artículo IV de 2021. Oner se había referido a los principales hallazgos en estas revisiones, destacando la rapidez con la que se han obtenido y administrado las vacunas a 9 millones de ecuatorianos (más de la mitad de la población) en los primeros cien días de la nueva administración.

El FMI considera que a pesar del rápido proceso de vacunación, los efectos de la pandemia se siguen notando en la economía. La desaceleración en 2020 fue una de las mayores de la historia del país, con el 7,8 %, y se prevé que la economía se expanda el 2,75 % en 2021 y el 3,5 % en 2022, dijo el multilateral.

El ente explicó que las cuentas fiscales para diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron mejores de lo previsto en el momento de la primera revisión. El aumento de los ingresos, la contención del gasto y precios del petróleo más altos de lo previsto contribuyeron a este resultado. Sin embargo, dijo el FMI que se cumplieron la mayoría de las metas, excepto la correspondiente a abril de 2021 sobre los depósitos del sector público no financiero (SPNF), que se incumplió por un pequeño margen.

Destacó que las autoridades modificaron el 3 de mayo de 2021 el marco jurídico del Banco Central del Ecuador (BCE) dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), las cuales fortalecen significativamente las bases para la dolarización y la autonomía técnica del BCE.

El FMI dijo que de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos -incluyendo el gasto de COVID y las operaciones de las empresas públicas- y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo. (I) Fuente El Universo

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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EE.UU. pide la extradición del narco ecuatoriano ‘Pipo’ a la justicia española

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.

La petición de extradición, formulada ante el titular de la Plaza 3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional española y a la que ha tenido acceso EFE, se basa en la acusación presentada contra Chavarría el 4 de febrero por un gran jurado del tribunal federal del Distrito Sur de California y sustentada por un informe de un fiscal auxiliar elaborado a partir de las pruebas presentadas por agentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).

Esta petición se realiza después que ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Chavarría, encarcelado en la prisión de Zuera (Zaragoza), hizo esta acusación en una comparecencia en la capital aragonesa a petición de la fiscalía ecuatoriana, en el marco de la petición de extradición formulada por el país andino.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025, y señaló que ambos responsables gubernamentales tenían como objetivo «engañar» a las autoridades españoles para que accedieran a extraditarle a Ecuador o a Estados Unidos.

En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera «incompleta» la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a ‘Pipo’ al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.

Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.

Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría «refuerza la sospecha» de un «interés político» del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.

Una negativa contra la que cargó recientemente el propio Reimberg, en unas declaraciones en las que lamentó la negativa de las autoridades españoles a conceder tanto la extradición de el ‘Pipo’ como la del ‘Negro Willy’, otro de los narcotraficantes más significados del país.

Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español», advierte el abogado en su escrito de oposición.

Unos días después de la declaración del narco ‘Pipo’ en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.

Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos merece una investigación». EFE

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Correísmo expulsa de su bancada a la legisladora Annie Muñoz

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La Bancada correísta Revolución Ciudadana indicó la expulsión inmediata de la asambleísta Annie Muñoz de sus filas, relacionado a su negativa de principalización de la legisladora titular Priscila Schettini, esposa de el exdefendor del Pueblo, Freddy Carrión quien fue sentenciado a tres años de prisión por delitos de abuso sexual.

La organización política señaló que la decisión se tomó porque las actuaciones de Muñoz vulneran de forma grave los supuestos principios «éticos, políticos y democráticos» del bloque correísta.

Asimismo, la bancada de RC indicó que no tolerará que, desde su propia estructura, se desconozca el mandato popular expresado en las urnas ni que se atente contra las reglas de la democracia. Según el pronunciamiento, lo ocurrido no solo contradice sus principios, sino que también constituye una falta que debilita la institucionalidad y la representación legítima del pueblo, expresó el correísmo.

El impedimento de Schettini

Priscila Schettini fue elegida como asambleísta nacional por la RC, pero debido a que tenía suspendidos sus derechos políticos por parte del TCE por una denuncia de la entonces fiscal Diana Salazar, no pudo asumir el cargo.

En su lugar, la reemplazó su alterno, Santiago Díaz. Pero este fue detenido por un caso de presunta violación a una menor de edad y lo sustituyó Annie Muñoz Aroca. Luego, Schettini recuperó sus derechos políticos y pidió principalizarse.

Sin embargo, la Contraloría General del Estado (CGE) respondió al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen que «Cuando se ha producido la principalización permanente o definitiva de una o un asambleísta suplente o alterno, este asume la titularidad del cargo y ejerce plenamente los derechos, deberes, atribuciones, restricciones e incompatibilidades aplicables a las y los asambleístas principales, debiendo desempeñar el cargo hasta la culminación del período para el cual fue electo», precisó el organismo.

Por ello, una vez que Díaz también perdió su curul, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) con mayoría de ADN, principalizó a su vez a Annie Muñoz. (I)

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