Nacionales
$ 800 millones recibirá Ecuador tras la ratificación del acuerdo técnico por parte del directorio del FMI
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el representante del FMI en Ecuador, Julien Reynaud, anunciaron hace pocos minutos en una rueda de prensa que el FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas dentro de la segunda y tercera revisión combinadas del programa SAF (Servicio Ampliado de Financiamiento) de 27 meses (que fue firmado por el Gobierno anterior).
Con el acuerdo técnico, que debe ser ratificado en pocas semanas por el directorio ejecutivo (board) del FMI, Ecuador tendría acceso a financiamiento por unos $ 800 millones (correspondientes a las revisiones de abril y agosto). Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas también explicó que para diciembre Ecuador recibiría unos $ 700 millones más en este año. Esos recursos son distintos a los que ya ha recibido
Adicionalmente, este acuerdo y la posterior ratificación desbloquean otros recursos por parte de organismos multilaterales como BID, CAF, Banco Mundial que llegarían a unos $ 4.500 millones entre este y el año próximo. Además, el próximo año, dijo Cueva, Ecuador recibiría los últimos $ 1.000 millones que son parte del acuerdo de 27 meses.
No se dieron más detalles del acuerdo, como los horizontes para cerrar el déficit, pues explicaron que deberá primero ratificarse por parte del directorio ejecutivo del multilateral. Varios analistas han opinado que revisar los números de las metas, del déficit, entre otros, es importante para hacer más creíble el proceso y la confianza de los mercados.
“Se trata de una buena noticia que confirma que el país, por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, sigue contando con el respaldo de la comunidad internacional, a quien agradecemos por la apertura y apoyo a las prioridades del Gobierno”, enfatizó el ministro Cueva.
“Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa económico de las autoridades respaldado por el FMI tiene como objetivo apoyar la recuperación de Ecuador de la pandemia, ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad y promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad”, dijo sobre el tema Reynaud.
El ministro Cueva dijo que se espera que el esfuerzo fiscal sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas. Adicionalmente, precisó que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.
En este sentido, prefirió no hablar del contenido de una megaley que se presentaría, según ya anunció el presidente Guillermo Lasso, hasta finales de septiembre y en la cual se establecerían una serie de cambios tributarios y para el área petrolera, minera y obra pública, a fin de facilitar la relación público-privada y atraer mayores inversiones. Sin embargo, ratificó que podría haber una contribución y revisión de exenciones tributarias.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Ceyda Oner llevó a cabo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, con el fin de discutir las políticas para completar la segunda y tercera revisión del programa financiero y llevar a cabo la consulta del Artículo IV de 2021. Oner se había referido a los principales hallazgos en estas revisiones, destacando la rapidez con la que se han obtenido y administrado las vacunas a 9 millones de ecuatorianos (más de la mitad de la población) en los primeros cien días de la nueva administración.
El FMI considera que a pesar del rápido proceso de vacunación, los efectos de la pandemia se siguen notando en la economía. La desaceleración en 2020 fue una de las mayores de la historia del país, con el 7,8 %, y se prevé que la economía se expanda el 2,75 % en 2021 y el 3,5 % en 2022, dijo el multilateral.
El ente explicó que las cuentas fiscales para diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron mejores de lo previsto en el momento de la primera revisión. El aumento de los ingresos, la contención del gasto y precios del petróleo más altos de lo previsto contribuyeron a este resultado. Sin embargo, dijo el FMI que se cumplieron la mayoría de las metas, excepto la correspondiente a abril de 2021 sobre los depósitos del sector público no financiero (SPNF), que se incumplió por un pequeño margen.
Destacó que las autoridades modificaron el 3 de mayo de 2021 el marco jurídico del Banco Central del Ecuador (BCE) dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), las cuales fortalecen significativamente las bases para la dolarización y la autonomía técnica del BCE.
El FMI dijo que de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos -incluyendo el gasto de COVID y las operaciones de las empresas públicas- y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo. (I) Fuente El Universo
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
Nacionales
La penalista María Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
Nacionales
Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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