Nacionales
$ 800 millones recibirá Ecuador tras la ratificación del acuerdo técnico por parte del directorio del FMI
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el representante del FMI en Ecuador, Julien Reynaud, anunciaron hace pocos minutos en una rueda de prensa que el FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas dentro de la segunda y tercera revisión combinadas del programa SAF (Servicio Ampliado de Financiamiento) de 27 meses (que fue firmado por el Gobierno anterior).
Con el acuerdo técnico, que debe ser ratificado en pocas semanas por el directorio ejecutivo (board) del FMI, Ecuador tendría acceso a financiamiento por unos $ 800 millones (correspondientes a las revisiones de abril y agosto). Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas también explicó que para diciembre Ecuador recibiría unos $ 700 millones más en este año. Esos recursos son distintos a los que ya ha recibido
Adicionalmente, este acuerdo y la posterior ratificación desbloquean otros recursos por parte de organismos multilaterales como BID, CAF, Banco Mundial que llegarían a unos $ 4.500 millones entre este y el año próximo. Además, el próximo año, dijo Cueva, Ecuador recibiría los últimos $ 1.000 millones que son parte del acuerdo de 27 meses.
No se dieron más detalles del acuerdo, como los horizontes para cerrar el déficit, pues explicaron que deberá primero ratificarse por parte del directorio ejecutivo del multilateral. Varios analistas han opinado que revisar los números de las metas, del déficit, entre otros, es importante para hacer más creíble el proceso y la confianza de los mercados.
“Se trata de una buena noticia que confirma que el país, por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, sigue contando con el respaldo de la comunidad internacional, a quien agradecemos por la apertura y apoyo a las prioridades del Gobierno”, enfatizó el ministro Cueva.
“Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa económico de las autoridades respaldado por el FMI tiene como objetivo apoyar la recuperación de Ecuador de la pandemia, ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad y promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad”, dijo sobre el tema Reynaud.
El ministro Cueva dijo que se espera que el esfuerzo fiscal sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas. Adicionalmente, precisó que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.
En este sentido, prefirió no hablar del contenido de una megaley que se presentaría, según ya anunció el presidente Guillermo Lasso, hasta finales de septiembre y en la cual se establecerían una serie de cambios tributarios y para el área petrolera, minera y obra pública, a fin de facilitar la relación público-privada y atraer mayores inversiones. Sin embargo, ratificó que podría haber una contribución y revisión de exenciones tributarias.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Ceyda Oner llevó a cabo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, con el fin de discutir las políticas para completar la segunda y tercera revisión del programa financiero y llevar a cabo la consulta del Artículo IV de 2021. Oner se había referido a los principales hallazgos en estas revisiones, destacando la rapidez con la que se han obtenido y administrado las vacunas a 9 millones de ecuatorianos (más de la mitad de la población) en los primeros cien días de la nueva administración.
El FMI considera que a pesar del rápido proceso de vacunación, los efectos de la pandemia se siguen notando en la economía. La desaceleración en 2020 fue una de las mayores de la historia del país, con el 7,8 %, y se prevé que la economía se expanda el 2,75 % en 2021 y el 3,5 % en 2022, dijo el multilateral.
El ente explicó que las cuentas fiscales para diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron mejores de lo previsto en el momento de la primera revisión. El aumento de los ingresos, la contención del gasto y precios del petróleo más altos de lo previsto contribuyeron a este resultado. Sin embargo, dijo el FMI que se cumplieron la mayoría de las metas, excepto la correspondiente a abril de 2021 sobre los depósitos del sector público no financiero (SPNF), que se incumplió por un pequeño margen.
Destacó que las autoridades modificaron el 3 de mayo de 2021 el marco jurídico del Banco Central del Ecuador (BCE) dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), las cuales fortalecen significativamente las bases para la dolarización y la autonomía técnica del BCE.
El FMI dijo que de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos -incluyendo el gasto de COVID y las operaciones de las empresas públicas- y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo. (I) Fuente El Universo
Nacionales
Extradición y detención de José Serrano genera reacciones
La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.
Amanda Villavicencio: «Una gran victoria para el país»
Amanda Villavicencio, hija del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio, calificó la llegada de Serrano como un paso histórico. A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, donde recordó las denuncias de su padre contra el correísmo, se mostró firme frente al exfuncionario:
La Fiscalía General del Estado ha vinculado formalmente a Serrano como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que su retorno judicial al país representa la oportunidad clave para que responda directamente ante los tribunales por este crimen.
Patricia Ochoa: «Que pague por el daño que ocasionó»
Por su parte, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela —excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asesinado en 2010—, reaccionó de forma tajante ante el traslado del exministro:
«Que pague por el daño que ocasionó a muchos con su maldad», aseveró Ochoa, en una clara alusión a la gestión de Serrano y el manejo institucional que se le dio al caso de su esposo durante los años del correísmo.
Ochoa ha sostenido una batalla legal de más de una década para esclarecer el asesinato de su cónyuge, un crimen estrechamente ligado a las denuncias de corrupción sobre la adquisición de los helicópteros Dhruv.
La captura y posterior reclusión de José Serrano marca un hito para las familias de las víctimas del poder político en Ecuador. Activistas y defensores de derechos humanos han respaldado la postura de ambas mujeres, señalando que el proceso judicial que ahora enfrenta el exministro en suelo ecuatoriano determinará si las instituciones del Estado están listas para cerrar de forma transparente capítulos oscuros de la historia nacional reciente. (I)
Nacionales
Familias de niños con autismo viven un calvario para conseguir cupos en escuelas privadas
Mientras la mayoría de los padres y sus hijos se preparan para el inicio del año escolar, previsto para el 1 de septiembre de 2026, en el régimen Sierra-Amazonía, las familias de niños con autismo enfrentan una realidad muy dura. El regreso a clases es un verdadero calvario debido a las dificultades para encontrar un plantel que ofrezca las condiciones, el acompañamiento y las estrategias educativas que sus chicos necesitan.
Así lo vivió la riobambeña Bruna, de 32 años. Su hijo, Matías, fue diagnosticado con autismo grado 1 y enfrentó dificultades. Relata que los docentes de inicial y primero de básica sí fueron empáticos con el pequeño, hoy de siete años. El problema comenzó cuando llegó a segundo y tuvo una nueva profesora.
Durante ese año, Matías tenía dificultades para permanecer sentado durante toda la jornada, se levantaba de su puesto, se acercaba a las ventanas para observar las actividades de los estudiantes mayores y presentaba sensibilidad ante determinados sonidos, principalmente fuertes.
La madre sostiene que la docente no manejó adecuadamente estas situaciones y que, en lugar de aplicar estrategias de refuerzo positivo, recurría a llamados de atención y castigos. Ante eso, Bruna decidió buscar otra institución educativa. Desde abril comenzó a consultar opciones y llegó a cuatro colegios privados, pero ninguno aceptó a Joaquín.
Es muy difícil encontrar un plantel especializado. Muchos dicen que trabajan en inclusión, pero no saben lo que eso significa verdaderamente. Agrega que, durante los procesos de admisión, una de las primeras preguntas que recibe es si el niño tiene alguna condición.
“Automáticamente, cuando usted dice que sí la tiene, comienzan a ponerle todos los peros (en las escuelas)”.
Ecuavisa.com recopiló más de 20 casos en el perfil Padres de Niños con Autismo Ecuador en Facebook, cuyos testimonios coinciden en que conseguir un colegio se convierte en un calvario. “La educación es un derecho de todos los niños, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces siento que ese derecho se va rompiendo poco a poco entre la falta de recursos, preparación, acompañamiento y comprensión”, escribió una de las madres.
Un papá indicó que viven un viacrucis. Existen instituciones educativas en las que, desde que se les menciona TEA o autismo, automáticamente cambian la forma de brindar la información. Al final, terminan diciendo que no es posible porque los cupos están llenos. “Lo más penoso es que en sus estados de redes sociales y en sus propagandas se llenan y mencionan ser instituciones inclusivas”.
Para Vladimir Andocilla, director de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada), las familias de niñas, niños y adolescentes con esa condición enfrentan barreras desde el momento en que buscan un cupo. Aunque la Constitución y la legislación ecuatoriana garantizan una educación inclusiva, todavía hay instituciones que seleccionan a sus estudiantes y excluyen a quienes consideran que van a necesitar más apoyos, adaptaciones curriculares o ajustes razonables.
La negativa casi nunca es directa, porque las autoridades saben que rechazar a un estudiante por su condición es discriminación. Por eso recurren a frases como “no tenemos cupos”, “nuestros docentes no están capacitados”, “el aula tiene demasiados estudiantes”, “aquí no va a poder adaptarse” o “es mejor buscar una institución especializada”. En otros casos, condicionan la matrícula a que la familia contrate y pague, de su bolsillo, un maestro sombra o acompañante.
Como padre de un adolescente autista, conozco de primera mano el dolor y la impotencia que dejan esas respuestas.
El problema no está en los hijos ni en su manera distinta de comunicarse, aprender o relacionarse, indica Andocilla. Está en un sistema que sigue esperando que sea el estudiante quien se adapte a un único modelo educativo, cuando debería ser la escuela la que se transforme para responder a la diversidad humana.
Dominic, un niño con autismo, no conseguía cupo en Napo
A Rocío se le hizo complicado conseguir escuela para su hijo, Dominic, de siete años, en Tena, la capital de la provincia del Napo. En una entrevista con Ecuavisa.com, contó que tenía la esperanza de encontrar una escuela particular, pero en la Amazonía no hay opciones para elegir. Buscó en tres planteles particulares y no obtuvo respuesta. “En la fiscal, por el simple hecho de que es parte principal de la educación, parte del Estado, creo que a regañadientes nos pudieron aceptar. Generalmente, no nos reciben”.
En un plantel particular le dijeron que era imposible aceptar a Dominic porque el cupo de niños ya estaba lleno y que solo trabajaban con un número específico de estudiantes, y que tener a otro infante iba a ser muy difícil.
En el otro, cuando hicimos la entrevista, nos dijeron que no podían aceptar porque los padres consideran que el autismo es una enfermedad contagiosa (…) Dentro de la particularidad se maneja una enseñanza como más personalizada y, aun así, no cumplió las expectativas para ellos, según nuestro hijo.
Ahora que Dominic está en una escuela pública, sigue las instrucciones y está al pendiente de las directrices del Ministerio de Educación.En ese contexto, en Ecuador, una nueva normativa de esa Cartera de Estado regula el ingreso del personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como profesor sombra por la de docente de apoyo externo. Con esto, los padres de niños con autismo no podrán ser los maestros sombra de sus hijos.
Educación aclaró que ningún padre de familia está obligado a contratar o pagar un acompañante y que ninguna institución educativa puede imponer un proveedor. Sin embargo, si una familia considera que su hijo necesita este apoyo individual, el costo del acompañante deberá ser asumido por esta.
En una publicación del noticiero de Televistazo, los colectivos de padres de niños con autismo cuestionaron esta situación y sostuvieron que, en el sistema fiscal, el Estado debe garantizar este tipo de acompañamiento. El Ministerio respondió que en las instituciones fiscales ya existen las Unidades Distritales de Apoyo.
No obstante, los progenitores aseguraron que estos servicios no sustituyen al profesor sombra, que acompaña de manera individual y permanente a un estudiante dentro del aula.
¿Qué deben hacer las familias cuando hay trabas?
Andocilla explica que primero hay que tener claro que la matrícula, los ajustes razonables y los apoyos educativos no son favores que una institución concede, sino derechos exigibles. Es fundamental presentar las solicitudes por escrito, exigir una respuesta motivada y conservar correos, mensajes, documentos y cualquier otro elemento que permita probar la negativa, el condicionamiento o la falta de atención.
Número de estudiantes con discapacidad por sexo y según tipo de discapacidad. Año lectivo 2025-2026
| Tipo de discapacidad | Masculino | Femenino | Total |
| Auditiva | 1.006 | 22.004 | 2.163 |
| Autismo | 1.257 | 4.824 | 6.081 |
| Intelectual | 6.092 | 8.994 | 15.086 |
| Motriz | 2.369 | 3.123 | 5.492 |
| Otras | 412 | 863 | 1.275 |
| Por síndromes | 193 | 312 | 505 |
| Retos múltiples-multidiscapacidades | 549 | 830 | 1.379 |
| Síndrome de Down | 982 | 971 | 1.953 |
| Sordo-ceguera | 7 | 9 | 16 |
| Visual | 711 | 921 | 1.632 |
Fuente: Ministerio de Educación.
Si la institución insiste en mantener las barreras, corresponde presentar una denuncia ante el Distrito de Educación y pedir tanto la asignación del cupo como la adopción inmediata de los apoyos que el estudiante necesita. Y si aun así no hay una respuesta efectiva, la familia puede acudir a las autoridades zonales y nacionales del Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y, cuando la vulneración sea grave o urgente, plantear una acción de protección.
Pero también es importante que las familias no enfrenten esto solas. El acompañamiento de organizaciones como Apada del Ecuador ayuda a entender la normativa, a documentar la vulneración y a sostener, emocionalmente, una lucha que suele ser agotadora. Defender los derechos de los hijos también significa organizarse, acompañar y convertir lo que vive cada familia por su lado en una causa colectiva.
El sistema educativo para niños con autismo
Desde la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2021 han existido avances normativos importantes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes autistas, entre ellos el Instructivo de Atención Educativa a Estudiantes dentro del Espectro Autista y el establecimiento obligatorio del Plan de Ambientación para la Inclusión. “Son instrumentos que reconocen algo que las familias sabemos desde hace tiempo: que hay que preparar progresivamente al estudiante, a la familia, a los docentes, a los compañeros y al entorno educativo para que la inclusión funcione de verdad”, precisa Andocilla.
El problema es que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas de clase, acota el activista.
En la educación particular, una de las principales barreras sigue siendo el acceso: negativas de matrícula, supuesta inexistencia de cupos o exigencias económicas adicionales.
En la educación fiscal y municipal, en cambio, el problema se concentra en la permanencia, por la sobrecarga de estudiantes en las aulas, la insuficiente capacitación docente, la falta de equipos de apoyo y la ausencia de infraestructura que garantice accesibilidad física, comunicacional y sensorial. “Lo he visto de cerca, tanto en mi propia familia como acompañando a otras. Esa distancia entre la norma y la práctica se termina midiendo en años escolares perdidos”.
Educación debe controlar que sus propias normas se cumplan, particularmente en las instituciones privadas, y aplicar las medidas administrativas correspondientes cuando se niegue o se condicione el derecho a la educación. No basta con expedir instructivos y acuerdos ministeriales. Se necesita presupuesto, formación docente permanente, equipos multidisciplinarios suficientes, menos estudiantes por aula y entornos sensorialmente accesibles. La inclusión será real cuando el sistema deje de exigirle al estudiante autista que se adapte solo a la escuela, y sea el establecimiento educativo el que se transforme para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y desarrollo integral.
En ese contexto, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) son equipos especializados del Ministerio de Educación que ofrecen acompañamiento psicopedagógico y pedagógico gratuito para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como el autismo. Asimismo, los profesores de Apoyo a la Inclusión (DAI) del sistema educativo se encargan de hacer acompañamiento psicopedagógico y pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Nacionales
SENAE alerta sobre nueva estafa con documentos falsos que exigen pagos a nombre de la Aduana
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza documentos falsificados, logotipos y elementos de su imagen institucional para aparentar comunicaciones oficiales y solicitar pagos indebidos.
La advertencia fue emitida el sábado 29 de agosto de 2026, ante la circulación de notificaciones fraudulentas que podrían llegar a personas relacionadas o no con trámites aduaneros, encomiendas o compras de productos del exterior.
Según el Senae, los documentos fraudulentos utilizan el nombre y la imagen de la institución para generar confianza en las víctimas. De esta manera, los ciudadanos podrían creer que se trata de un cobro legítimo y realizar depósitos o transferencias.
La entidad aclaró que la utilización de logotipos o elementos gráficos de la Aduana no garantiza que una notificación sea auténtica. Por ello, recomendó desconfiar de mensajes que soliciten pagos mediante correos electrónicos, números telefónicos u otros medios que no correspondan a sus canales oficiales.
El riesgo puede alcanzar a quienes esperan paquetes, adquieren productos provenientes del extranjero o realizan trámites relacionados con mercancías ingresadas al país.
Esta no es la primera vez que la institución alerta sobre casos de suplantación. El pasado 9 de julio, el Senae informó sobre personas que utilizaban WhatsApp para hacerse pasar por funcionarios y ofrecer vehículos u otras mercancías mediante supuestas compras, subastas o remates.
En aquella modalidad, los estafadores solicitaban depósitos a cuentas particulares y también buscaban obtener documentos personales, información bancaria y otros datos de las víctimas.
El Senae recomienda comprobar directamente cualquier notificación antes de efectuar un pago. Para ello, los ciudadanos deben utilizar los canales oficiales de la institución y no los enlaces, números telefónicos o datos incluidos únicamente en el mensaje recibido.
La entidad ha señalado que los pagos correspondientes a liquidaciones o multas se realizan mediante instituciones del sistema financiero y utilizando el número de liquidación emitido por la autoridad aduanera. Los valores deben dirigirse a cuentas institucionales y no a cuentas personales.
Ante cualquier solicitud de dinero o información personal, especialmente si se exige actuar con rapidez, la recomendación es verificar primero su autenticidad y reportar los intentos de estafa a las autoridades correspondientes.
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