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$ 800 millones recibirá Ecuador tras la ratificación del acuerdo técnico por parte del directorio del FMI

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El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y el representante del FMI en Ecuador, Julien Reynaud, anunciaron hace pocos minutos en una rueda de prensa que el FMI y las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre las políticas económicas dentro de la segunda y tercera revisión combinadas del programa SAF (Servicio Ampliado de Financiamiento) de 27 meses (que fue firmado por el Gobierno anterior).

Con el acuerdo técnico, que debe ser ratificado en pocas semanas por el directorio ejecutivo (board) del FMI, Ecuador tendría acceso a financiamiento por unos $ 800 millones (correspondientes a las revisiones de abril y agosto). Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas también explicó que para diciembre Ecuador recibiría unos $ 700 millones más en este año. Esos recursos son distintos a los que ya ha recibido

Adicionalmente, este acuerdo y la posterior ratificación desbloquean otros recursos por parte de organismos multilaterales como BID, CAF, Banco Mundial que llegarían a unos $ 4.500 millones entre este y el año próximo. Además, el próximo año, dijo Cueva, Ecuador recibiría los últimos $ 1.000 millones que son parte del acuerdo de 27 meses.

No se dieron más detalles del acuerdo, como los horizontes para cerrar el déficit, pues explicaron que deberá primero ratificarse por parte del directorio ejecutivo del multilateral. Varios analistas han opinado que revisar los números de las metas, del déficit, entre otros, es importante para hacer más creíble el proceso y la confianza de los mercados.

“Se trata de una buena noticia que confirma que el país, por el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, sigue contando con el respaldo de la comunidad internacional, a quien agradecemos por la apertura y apoyo a las prioridades del Gobierno”, enfatizó el ministro Cueva.

“Acogemos con satisfacción el compromiso de la nueva administración de continuar con el programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El programa económico de las autoridades respaldado por el FMI tiene como objetivo apoyar la recuperación de Ecuador de la pandemia, ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad y promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad”, dijo sobre el tema Reynaud.

El ministro Cueva dijo que se espera que el esfuerzo fiscal sea algo menor, porque han mejorado las perspectivas económicas. Adicionalmente, precisó que habrá un mayor énfasis en la reducción del gasto público y se requerirá, en menor medida, un esfuerzo de quienes más tienen para aumentar los ingresos, así como esfuerzos permanentes de combate a la evasión fiscal.

En este sentido, prefirió no hablar del contenido de una megaley que se presentaría, según ya anunció el presidente Guillermo Lasso, hasta finales de septiembre y en la cual se establecerían una serie de cambios tributarios y para el área petrolera, minera y obra pública, a fin de facilitar la relación público-privada y atraer mayores inversiones. Sin embargo, ratificó que podría haber una contribución y revisión de exenciones tributarias.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Ceyda Oner llevó a cabo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades ecuatorianas entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, con el fin de discutir las políticas para completar la segunda y tercera revisión del programa financiero y llevar a cabo la consulta del Artículo IV de 2021. Oner se había referido a los principales hallazgos en estas revisiones, destacando la rapidez con la que se han obtenido y administrado las vacunas a 9 millones de ecuatorianos (más de la mitad de la población) en los primeros cien días de la nueva administración.

El FMI considera que a pesar del rápido proceso de vacunación, los efectos de la pandemia se siguen notando en la economía. La desaceleración en 2020 fue una de las mayores de la historia del país, con el 7,8 %, y se prevé que la economía se expanda el 2,75 % en 2021 y el 3,5 % en 2022, dijo el multilateral.

El ente explicó que las cuentas fiscales para diciembre de 2020 y abril de 2021 fueron mejores de lo previsto en el momento de la primera revisión. El aumento de los ingresos, la contención del gasto y precios del petróleo más altos de lo previsto contribuyeron a este resultado. Sin embargo, dijo el FMI que se cumplieron la mayoría de las metas, excepto la correspondiente a abril de 2021 sobre los depósitos del sector público no financiero (SPNF), que se incumplió por un pequeño margen.

Destacó que las autoridades modificaron el 3 de mayo de 2021 el marco jurídico del Banco Central del Ecuador (BCE) dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), las cuales fortalecen significativamente las bases para la dolarización y la autonomía técnica del BCE.

El FMI dijo que de cara al futuro, las autoridades ecuatorianas se han comprometido a seguir mejorando la administración de las finanzas públicas, aumentando la transparencia en la gestión de los recursos públicos -incluyendo el gasto de COVID y las operaciones de las empresas públicas- y avanzando en el programa de lucha contra la corrupción, lo que reforzaría la confianza en las instituciones públicas e impulsaría la actividad del sector privado. Las autoridades también tienen previsto reformar su marco de asociación público-privada, los mercados de capitales y de trabajo, y mejorar el entorno empresarial para catalizar la inversión privada nacional y atraer la inversión extranjera directa, dijo. (I) Fuente El Universo

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Derecho a la defensa en casos mediáticos: abogado Maxwell Camacho analiza los riesgos de la “condena pública”

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El programa La Tertulia Jurídica contó con la participación del abogado Maxwell Andrés Camacho Balseca, quien abordó el tema “El derecho a la defensa del procesado en casos mediáticos”, durante su intervención, Camacho Balseca explicó que los procesos penales de alta exposición pública enfrentan un desafío adicional: la construcción de una percepción social de culpabilidad antes de que exista una decisión judicial definitiva. A su criterio, la expansión de las redes sociales y la difusión inmediata de información han provocado que una investigación penal pueda convertirse rápidamente en titulares, tendencias y debates públicos.

Una trayectoria vinculada al litigio penal
Maxwell Andrés Camacho señaló que es magíster en Derecho Penal y cuenta además con formación en Derecho Financiero y de Seguridad en España, así como estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar.

En su trayectoria profesional mencionó su experiencia como abogado litigante y en libre ejercicio, además de su paso por la Fiscalía General del Estado, específicamente en FEDOTI 9. También indicó haber ejercido en unidades judiciales penales y de familia, así como durante más de 17 años en un estudio jurídico. Su experiencia incluye asesoría a instituciones públicas y privadas y participación en procesos relacionados con juzgamiento, seguridad, derecho bursátil, investigaciones previas y etapas preparatorias y de juzgamiento.

El proceso penal no debe convertirse en un espectáculo
Al referirse a la mediatización de los procesos judiciales, Camacho recordó una reflexión atribuida a Francesco Carnelutti, relacionada con la necesidad de no confundir un proceso penal con un espectáculo destinado a generar emociones.

El jurista sostuvo que esta reflexión mantiene vigencia en la actualidad, especialmente en un contexto marcado por las transmisiones en tiempo real, TikTok, Instagram, X y otras plataformas digitales. Según explicó, un proceso penal puede abandonar rápidamente el ámbito estrictamente judicial y transformarse en un fenómeno comunicacional incluso antes de que concluya la investigación o exista una sentencia.

Camacho enfatizó que esta situación puede generar una especie de “subproceso comunicacional”, en el que tanto la acusación como la defensa buscan posicionar sus respectivas versiones ante la opinión pública. Esto puede generar presión y afectar la percepción sobre la situación jurídica de una persona procesada.

Diferenciar investigación, acusación y condena
Uno de los puntos centrales de la exposición fue la necesidad de diferenciar conceptos que, según el abogado, suelen confundirse en el ámbito comunicacional: sospecha, aprehensión, procesamiento, acusación y condena.

Camacho recordó que la formulación de cargos constituye una imputación contra una persona, pero no equivale a una declaración de culpabilidad. Por ello, sostuvo que la cobertura periodística debe evitar presentar como hechos comprobados aquellas hipótesis que todavía se encuentran sometidas a investigación y valoración judicial.

En este contexto, señaló que el derecho a la defensa no implica desconocer los derechos de las víctimas ni impedir que los medios informen sobre asuntos de interés público. Por el contrario, implica exigir que la responsabilidad penal sea determinada mediante un proceso válido, con investigación objetiva, acusación sustentada, posibilidad efectiva de contradicción y una decisión judicial debidamente motivada.

“Un caso puede volverse mediático, pero sus garantías constitucionales no pueden volverse opcionales”, sostuvo durante la exposición. La “criminología mediática” y la construcción de una culpabilidad anticipada

Otro de los conceptos abordados fue el de criminología mediática, relacionado por el expositor con los planteamientos de Eugenio Raúl Zaffaroni.

Camacho explicó que la ciudadanía construye buena parte de su percepción sobre el delito y sus presuntos responsables a partir de las noticias, imágenes, palabras y explicaciones que recibe diariamente. El riesgo, señaló, aparece cuando la información deja de presentar un hecho que debe ser investigado y comienza a construir una identidad pública de culpabilidad mediante estereotipos, información incompleta o contenidos descontextualizados.

En este escenario, una persona puede llegar a ser percibida socialmente como culpable mucho antes de que un tribunal determine su responsabilidad, generándose una especie de “juicio de opinión” paralelo al proceso judicial.

Presunción de inocencia y límites al poder punitivo
El abogado también destacó la importancia de la presunción de inocencia como una garantía frente al poder punitivo del Estado. Según la exposición, esta garantía exige que una persona sea tratada como inocente mientras su responsabilidad no haya sido desvirtuada mediante prueba lícita y una sentencia.

En ese sentido, aclaró que la presunción de inocencia no significa que el Estado deba permanecer inactivo. La Fiscalía puede investigar, solicitar medidas y formular una acusación cuando existan fundamentos; sin embargo, no debería anticipar comunicacionalmente un resultado que todavía debe ser demostrado dentro del proceso penal.

La importancia de una defensa técnica de confianza
Durante la exposición también se abordó el derecho de una persona procesada a contar con una defensa técnica de su confianza. Camacho sostuvo que el vínculo entre abogado y defendido resulta fundamental para garantizar una adecuada estrategia de defensa.

Asimismo, señaló que una persona puede cambiar de abogado y que esta posibilidad debe ejercerse bajo parámetros de buena fe y lealtad procesal, sin que la defensa pueda ser descalificada simplemente por ejercer los derechos que corresponden al procesado. También destacó garantías como el derecho a guardar silencio y la prohibición de autoincriminación.

Información pública, libertad de expresión y derecho a la honra
El expositor también se refirió al papel de los medios de comunicación y a la necesidad de equilibrar el derecho ciudadano a conocer asuntos de interés público con la protección de derechos individuales.

En particular, mencionó la protección de la honra, imagen, intimidad y datos personales, señalando que existen circunstancias concretas en las que la publicidad de determinada información puede estar limitada por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, Camacho insistió en que la publicidad de los procesos puede contribuir al control democrático y a la fiscalización del sistema de justicia, pero advirtió que el problema surge cuando informar se transforma en una atribución anticipada de culpabilidad, cuando hipótesis son presentadas como hechos comprobados o cuando fragmentos de un expediente son difundidos sin su debido contexto.

Un debate vigente para la justicia y el periodismo
La participación de Maxwell Andrés Camacho en La Tertulia Jurídica planteó así un debate de especial relevancia para el sistema de justicia y para los medios de comunicación: cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sin convertir la exposición mediática de un proceso penal en una sentencia anticipada.

El eje de su intervención fue la necesidad de preservar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, aun cuando un caso alcance altos niveles de exposición pública. En su análisis, la responsabilidad penal debe determinarse dentro de los mecanismos establecidos por la justicia y con base en la prueba actuada en el proceso, no en la presión, percepción o narrativa construida en redes sociales y medios de comunicación.

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Las ventas crecieron 16,7% en julio de este año

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que en julio pasado las ventas registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron los USD 25.607,3 millones, lo que representa un crecimiento del 16,7% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron USD 21.939,8 millones.

La entidad indicó que dichas cifras evidencian el dinamismo de la actividad productiva y el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la inversión, fomentar la generación de empleo y consolidar un entorno de mayor estabilidad.

El SRI señaló que el crecimiento de julio también se vio reflejado en sectores estratégicos de la economía, como la construcción, que lideró el desempeño con un incremento del 38,1%, seguida por las actividades de salud, que crecieron 33,8%, y el sector de transporte y almacenamiento, con un aumento del 26,9%.

A escala territorial, el comportamiento de las ventas también fue positivo en varias provincias. Orellana registró el mayor crecimiento, con un 42%, seguida de Zamora Chinchipe, con 27%; Santa Elena, con 25,6%; y Chimborazo, con 24,6%, consolidándose como las jurisdicciones con mayor dinamismo económico durante el mes.

En términos de volumen de ventas, Pichincha y Guayas concentraron el 72% del total registrado en julio, al alcanzar USD 9.516,2 millones y USD 8.933,3 millones, respectivamente, lo que refleja el peso de ambas provincias en la actividad económica nacional.

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Hasta dos minutos de sismo que se sintieron eternos: cuánto duró el terremoto en Colombia

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El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.

¿Cuánto duró?

El Servicio Geológico Colombiano, explicó en su cuenta de X, que no hay una sola respuesta. “Cuando hablamos de la duración de un sismo podemos estar hablando de tres cosas diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran nuestros instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina”, indica.

La institución señala que, para monitorear la actividad sísmica, se usan sismómetros que son capaces de registrar movimientos del suelo que nosotros no alcanzamos a percibir.

“Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. De hecho, en Colombia todos los días ocurren sismos que nuestros instrumentos detectan, pero que nosotros no sentimos”, asegura.

¿ ́ ? Eso puede cambiar de una persona a otra. Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos.

En el caso del ́ , ́ de movimiento significativo. Sin embargo, algunos ciudadanos contaron que lo sintieron durante mucho tiempo y otros, por menos tiempo. “Esto es posible porque nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”, apunta. (I) El Universo

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