En el marco del espacio académico Tertulia Jurídica, se desarrolló un importante análisis sobre el Recurso de Casación en Materia Penal, con la participación del jurista Eduardo Alfredo Rodríguez Ramos, reconocido experto litigante ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, quien compartió su experiencia y conocimientos sobre este mecanismo extraordinario de impugnación dentro del sistema procesal penal ecuatoriano.

Durante su intervención, Rodríguez Ramos destacó que el recurso de casación constituye uno de los instrumentos jurídicos más complejos y técnicos del derecho procesal penal, al ser el mecanismo que permite revisar la correcta interpretación y aplicación de la ley en las sentencias emitidas en segunda instancia. Según explicó, este recurso se presenta una vez agotadas las etapas ordinarias del proceso judicial.

El jurista señaló que el procedimiento penal se estructura en dos grandes escenarios: el trámite ordinario y el trámite extraordinario. En el primero se desarrollan las fases de primera instancia y apelación, donde se analizan los hechos, las pruebas y la responsabilidad penal del procesado. Una vez concluida la apelación, se da paso al escenario extraordinario, en el cual se puede interponer el recurso de casación.

Rodríguez Ramos explicó que la casación no permite volver a debatir los hechos ni los elementos probatorios del proceso, ya que estos fueron analizados en las instancias anteriores. Su finalidad es exclusivamente controlar la legalidad de la sentencia, verificando si los jueces incurrieron en errores al interpretar o aplicar la norma jurídica.

En este contexto, mencionó que el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal establece tres formas de vulneración de la ley que pueden fundamentar un recurso de casación:
• Contravención expresa al texto de la ley, cuando el juzgador omite aplicar una norma esencial para resolver el caso.
• Indebida aplicación de la ley, cuando se utiliza una norma incorrecta o impertinente para resolver la controversia.
• Errónea interpretación de la ley, cuando la norma aplicada es correcta, pero se le otorga un alcance o significado distinto al previsto por el legislador.

Asimismo, el especialista indicó que el recurso de casación persigue tres objetivos fundamentales dentro del sistema judicial: la unificación de la jurisprudencia, la protección de la ley (normofilaxis) y la corrección de los errores jurídicos presentes en una sentencia, lo que permite garantizar una adecuada administración de justicia.

En el ámbito práctico, Rodríguez Ramos explicó que la correcta estructuración de un recurso de casación requiere el cumplimiento de tres principios fundamentales: taxatividad, autonomía y trascendencia.

El principio de taxatividad exige que el recurrente identifique con precisión la causal de casación y la norma jurídica que considera vulnerada. El principio de autonomía implica confrontar directamente el razonamiento jurídico del tribunal de apelación con la norma que se considera incorrectamente aplicada o interpretada. Finalmente, el principio de trascendencia establece que el error jurídico debe tener una incidencia relevante en la decisión final del proceso.

Durante su exposición, el jurista también enfatizó que la Corte Nacional, como órgano de cierre del sistema judicial, cumple un rol fundamental al emitir sentencias de casación que establecen criterios interpretativos que posteriormente deben ser aplicados por los jueces de instancias inferiores.

Finalmente, Rodríguez Ramos resaltó que el recurso de casación requiere una alta técnica jurídica y rigurosidad argumentativa, ya que su correcta fundamentación demanda claridad conceptual, dominio de la dogmática penal y precisión en la argumentación jurídica.

El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de reflexión académica y debate especializado, orientado a fortalecer el conocimiento jurídico y promover el análisis técnico de los principales mecanismos del sistema de justicia ecuatoriano.

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Las consecuencias

La Función Judicial de Ecuador está en crisis, en parte, por las presiones políticas. Esa es la conclusión más clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garantía de derechos’, presentado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

En sus páginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.

Como parte del reporte, la FCD mostró cómo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años.

Esta caída, según el análisis del Informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedió del puesto 77 en 2020 al 108.

A escala regional, asimismo, el país ocupa el escalón 23 de 32 en América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobarómetro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos confía en su sistema de justicia.

A la par, el índice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiografía, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico.

Los casos de la crisis
El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexión que supuso el denominado Caso Metástasis, a finales de 2023, que destapó una profunda infiltración al revelar presuntos vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán.

Además de Terán, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.

A esta cooptación institucional, según el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado.

La investigación cita ejemplos como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, forzado a abandonar el país sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dramática, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.

Las presiones políticas
Pero las balas y los sobornos no son las únicas formas de coacción. Según FCD, el poder político también ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calificó públicamente a la Corte Constitucional como «enemiga del pueblo».

Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campaña de estigmatización.

La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administración de justicia en un «botín de mayorías coyunturales».

Y esa politización ya tiene consecuencias: debido a la parálisis y la corrupción en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deberían integrarla.

Frente a este panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garantía material más básica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder.

La organización propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo técnico, litigio estratégico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa pública que le explique al ciudadano común por qué le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. Fuente: Primicias