Nacionales
4 claves para entender la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador
Las relaciones entre México y Ecuador han tocado fondo.
El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió este viernes romper relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que un grupo de policías ecuatorianos treparan las paredes y vallas de la embajada mexicana en Quito para ingresar al recinto.
El operativo buscaba capturar al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre.
Se trata de un acontecimiento sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera de Ecuador, pero que el gobierno del presidente Daniel Noboa justifica asegurando que es en defensa de la soberanía nacional y para evitar intervención extranjera en los asuntos internos de su país.
«Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad», aseguró su gobierno en un comunicado.
BBC Mundo resume la crisis diplomática que enfrenta a los dos países latinoamericanos:
1. El aumento de tensiones
Las tensiones aumentaron rápidamente luego de unas polémicas declaraciones ofrecidas el miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las que sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio había influido en las intenciones de voto.
En plena campaña electoral, el pasado mes de agosto Villavicencio fue asesinado a balazos a la salida de un mitin en Quito por un grupo de hombres fuertemente armados.
Como respuesta a los comentarios de AMLO, el gobierno ecuatoriano declaró el jueves persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, y le dio un «breve plazo» para que abandonara el país.
El viernes, México publicó un comunicado en el que calificó como «desproporcionada» la respuesta ecuatoriana e informó que Roberto Canseco -jefe de la misión consular mexicana en Ecuador-, quedaría a cargo de la embajada que continuaría «operando con normalidad».
En el mismo comunicado afirmaba que «luego de un análisis exhaustivo» de la situación, el gobierno de México había decidido otorgar asilo político al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado.
2. Asalto a la embajada mexicana
En pleno impasse diplomático, militares y policías de Ecuador comenzaron a rodear la embajada de México en Quito el viernes por la tarde.
El gobierno de López Obrador rechazó inmediatamente el incremento de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su embajada y exigió a Ecuador respetar su soberanía y cumplir con sus obligaciones internacionales.
Durante la noche, un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en las instalaciones y capturó al exvicepresidente Jorge Glas.
“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, informó el presidente mexicano en su cuenta en X.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, añadió el mandatario.
El jefe de la misión consular mexicana en Ecuador, Roberto Canseco se hallaba en la embajada cuando policías ecuatorianos fuertemente armados intentaban trepar las paredes del recinto.
En declaraciones a la prensa, dijo que se golpeó la cabeza contra el suelo y trató de impedir la entrada de agentes a la embajada.
“A riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, aseguró a los medios.
“Estoy muy preocupado porque puedan matarlo (a Jorge Glas). No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada”, añadió.
3. Quién es Jorge Glas
La trayectoria política del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel -el hombre en el centro de la ruptura de relaciones de México con Quito-, está estrechamente asociada a un nombre: el del expresidente Rafael Correa.
Glas Espinel nació en 1969 en la ciudad de Guayaquil, la segunda más importante del país. Se graduó de ingeniero eléctrico y aunque a lo largo de los años estuvo vinculado a Correa en distintas campañas políticas, no ejercía cargos públicos.
Pero eso cambió en enero de 2007, cuando Correa se convirtió en presidente de Ecuador, y de inmediato llamó a Glas para que lo ayudara a administrar el Fondo de la Solidaridad del país, una institución que buscaba invertir las ganancias generadas por varias empresas públicas de telefonía y electricidad en proyectos sociales.
Ese fondo fue liquidado por el propio Glas en 2010.
Pronto, tanto su cercanía con el presidente y su gestión lo fueron llevando a otros cargos públicos relevantes como el ministerio de Telecomunicaciones.
Desde su primer cargo oficial en 2007 como jefe del Fondo de Solidaridad de la primera administración de Correa, Glas -de 54 años e ingeniero de profesión- inició una carrera meteórica dentro del gobierno y los círculos del exmandatario, que lo llevaron a acompañarlo en la fórmula presidencial en la campaña de 2013.
Pero también fue con su incursión como vicepresidente de Correa que comenzaron sus problemas con la justicia.
Tras cuatro años en el cargo, en diciembre de 2017 Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebretch, en un caso que golpeó a varios gobiernos en América Latina.
En ese momento Glas actuaba como vicepresidente de Lenín Moreno, que había sido elegido en mayo de ese año para suceder a Correa.
Fue el propio Moreno quien confirmó, tras una votación en el parlamento ecuatoriano en enero de 2018, que Glas ya no ocuparía el cargo de vicepresidente en su gestión.
En ese momento se entregó a las autoridades.
Pero tras varios fallos judiciales y gracias a un recurso de habeas corpus, Glas consiguió la libertad condicional el 28 de noviembre de 2022, cuando había cumplido la mitad de su condena.
Sin embargo, los procesos judiciales continuaron su marcha y el político fue citado por la justicia a finales de 2023 para responder por otro caso de corrupción asociado al manejo de fondos tras el terremoto que había ocurrido en la provincia de Manabí siete años antes.
Glas buscó entonces el refugio diplomático en la embajada de México.
4. Reacciones
Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la embajada de México «con el objetivo de secuestrar» a Glas «constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo”.
Castro repudió lo que considera como una «violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también rechazó este sábado las acciones del gobierno ecuatoriano.
«Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente», escribió el mandatario en X.
Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que: “Lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana”.
“Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras”, añadió en la red social X.
También responsabilizó a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica de Glas.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó lo sucedido como «inaceptable» y «una vergüenza mundial».
Pero el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie intervenga en los asuntos internos del país.
Nacionales
Mundial 2026: Él es Udi Neco, el que se roba las cámaras en los partidos de Turquía
Udi Neco es uno de los hinchas más nombrados en el Mundial 2026. Es seguidor de Turquía y resalta en los graderíos gracias a su rostro pintado de negro y una barba blanca muy extensa.
Su verdadero nombre es Necdet Olcerman. Es hincha del Besiktas y empezó a hacerse conocido en la barra de ese equipo. Después trasladó su pasión al seleccionado nacional.
Él ya es un personaje muy conocido en Turquía, pero durante el Mundial se volvió viral. En los ‘fan fest’ es uno de los más fotografiados.
En su país trabajo como gendarme y joyero. Pocas veces se lo ha visto sin interpretar a su personaje.
Turquía y Paraguay se enfrentarán este viernes, 19 de junio de 2026, desde las 22:00. El que pierda empezará a despedirse del Mundial.
Nacionales
Peculado, falsificación o minería ilegal: los procesos penales contra alcaldes y prefectos de Ecuador
Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.
Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador.
De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría.
Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje.
Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.
Autoridades acumulan varios procesos
Entre los casos que no han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo.
La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra.
Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026.


Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas.
Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial.
Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 2023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.


Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía.
Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios.

Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos.

Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.
Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano. Ambos fueron electos por la alianza RC-ID-PSE.
El alcalde de Riobamba, John Vinueza, y dos concejales fueron llamados a juicio en abril pasado porque habrían conformado una estructura para cometer delitos, como tráfico de influencias y cohecho relacionado con la asignaciones irregulares de 255 cupos de taxis, entre otros. Electo por la alianza Vecinos en Acción, conformada por Centro Democrático y RETO, Vinueza fue asambleísta antes de llegar a la Alcaldía.

Hace pocas semanas, el alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo, fue sentenciado en primera instancia por registrar un título falso de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Él se acogió al silencio, pero su defensa anunció que apelará. Orellana, que ganó su reelección por la alianza Pachakutik-CREO, también ha registrado saltos patrimoniales importantes desde 2019 que ocupa ese cargo. En 2019 registró un patrimonio de USD 6.000 y para 2025, en la declaración periódica de su segundo mandato, el valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%.

Finalmente, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por la Unión por la Revolución Ciudadana, fue detenido la madrugada del 3 de junio señalado por presunto lavado de activos. El abogado y empresario ha pedido quedarse en la cárcel de Latacunga para preparar su defensa. La Fiscalía indicó que el caso llamado Blindaje nació a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Procesos archivados
Con respecto a los 221 procesos que fueron archivados sin formulación de cargos, 44 tuvieron un origen administrativo por incumplimiento de decisión de autoridad competente y retención ilegal de aportaciones al IESS. Este incumplimiento por parte de los alcaldes generalmente está relacionado con órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y a veces provienen de administraciones anteriores.
Por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, el caso más conocido es contra la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A. Por este contrato, el Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Jan Topic, quien no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025. El Consorcio fue contratado para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, pero provocó críticas porque recibía más de la mitad de lo recaudado. El proceso no está archivado.
Posibles razones
Esta cantidad de procesos que en su mayoría resultan archivados le plantea dos hipótesis al politólogo de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde, a un prefecto, sin los argumentos de peso necesarios, y por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir”.
Medina hace una comparación con el sistema anglosajón, en el que muchos casos se resuelven porque los jueces consideran que no hay lugar a la demanda y no se continúa el proceso; e incluso a veces el demandante tiene que cubrir con los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía pero que no llegó a una acusación?, se preguntó.
Nacionales
Jóvenes en Acción: se abren 150.000 nuevos cupos para chicos en Ecuador ¿Cómo inscribirse?
El Gobierno de Ecuador anunció una nueva fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad que ampliará significativamente su cobertura a nivel nacional.
Con esta expansión, el número de beneficiarios pasará de 80.000 a 150.000 jóvenes, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano. El objetivo es fortalecer las oportunidades de inclusión social, capacitación y acceso a herramientas que faciliten la inserción laboral y el desarrollo personal de este segmento de la población.
Las inscripciones están habilitadas desde las 19:00 de este 16 de junio a través de la plataforma oficial del programa.
El presidente Daniel Noboa se pronunció acerca del tema y mostró que su gobierno tiene un compromiso con los jóvenes ecuatorianos. «Hemos entregado becas, impulsado capacitaciones internacionales, creado pasantías pagadas y ampliado los cupos de educación superior en institutos públicos».
También reafirmó que «abrimos 150.000 nuevos cupos de Jóvenes en Acción, que iniciarán el 1 de julio y durará tres meses. Esta es una inversión de USD 180 millones en nuestros jóvenes, para que se capaciten e inicien actividades laborales.
Finalmente, el Primer Mandatario señaló que las inscripciones están abiertas.
¿Quiénes pueden postular?
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.
Entre los requisitos establecidos se encuentran no recibir transferencias monetarias periódicas administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano, no registrar aportaciones vigentes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), además de contar con una cuenta bancaria personal para recibir los pagos.
Transferencias de hasta USD 1.200
Los jóvenes seleccionados recibirán tres transferencias de USD 400 cada una, distribuidas durante tres meses, lo que representa un total de USD 1.200 por beneficiario.
Sin embargo, los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de actividades relacionadas con capacitación, fortalecimiento de habilidades, participación comunitaria, empleabilidad y desarrollo de competencias para la vida.
Estas acciones serán coordinadas con varias instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Los pagos serán realizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, una vez que se verifique el cumplimiento de las actividades asignadas a cada participante.
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