El 7 de septiembre de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026 para suprimir las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito, alegando, entre otras cosas, una baja carga procesal en sus despachos.
Sin embargo, la revisión de la base de datos oficial refleja una realidad distinta. En los tres años y ocho meses que existieron, las unidades anticorrupción abrieron un total de 658 casos, de los cuales 464 avanzaron y, de ellos, 357 expedientes continuaban en trámite en distintas etapas judiciales, antes de la supresión de esas dependencias.
Demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional para frenar la supresión citan reportes oficiales que contabilizaban 484 causas en trámite y cerca de 400 procesos pendientes de ser redistribuidos a las judicaturas penales ordinarias.
Entre los folios en trámite constan expedientes abiertos contra redes de narcotráfico transnacional, extorsiones a comercios, secuestros con mutilaciones, atentados terroristas y desfalcos millonarios al Estado, que ahora enfrentan la amenaza de nulidades procesales.
La radiografía procesal
PRIMICIAS descargó del sistema de la Función Judicial todas las causas de la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, de Quito, con las actuaciones de cada una de sus instancias, hasta el 23 de septiembre de 2026.
El resultado fue un universo de 658 casos. De ese total se excluyeron 194 archivos de investigación previa, de modo que el análisis abarca 464 procesos.
La revisión confirma que 357 procesos estaban en trámite antes de la decisión del Consejo de la Judicatura. Dentro de estos expedientes están 37 procesos que se quedaron en instrucción fiscal, etapa en la que la Fiscalía recopila indicios de la presunta infracción.
En este grupo, por ejemplo, consta el proceso por presunto terrorismo en el que se investiga el atentado del 26 de septiembre de 2025 frente a la cárcel La Roca en Guayaquil, donde una camioneta con explosivos fue detonada por presuntos miembros de Los Lobos.
Asimismo, aparece la causa por presunto lavado de activos contra Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, y la firma BBC Golden S.A., acusados de mover USD 5,7 millones en oro de origen ilegal y comprar explosivos por USD 1,4 millones que terminaron en hechos delictivos.
Otras 42 causas en trámite se quedaron en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, donde los jueces debían calificar la validez del proceso y decidir si los procesados van a juicio o son sobreseídos.
Junto a este expediente consta el proceso por el presunto lavado de USD 1,5 millones atribuido a Danny Naula González, alias ‘Odín’, operador logístico del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan mediante la empresa Petro&Logic S.A.
También figuran causas que alcanzaron la etapa de juicio, pero se quedaron sin sentencia antes de la disolución de la Unidad. Uno de ellos es el proceso por presunto reclutamiento de niños y adolescentes en Atucucho, Quito, liderado por alias ‘Silvia’, alias ‘Pablo’ y alias ‘La China’ para la red de microtráfico de Los Lobos. 114 procesos se quedaron en esta etapa.
Otros casos pendientes de juicio son por un secuestro extorsivo con muerte en Napo, la causa por el secuestro y mutilación de un dedo a Kenia B. en Sangolquí, el proceso contra 22 integrantes de Los Tiguerones por tiroteos en Guayaquil, el expediente contra la abogada Bibian Hernández Velastegui por el supuesto blanqueo de USD 22,4 millones y la causa por lavado de dinero vinculado a los Comandos de la Frontera a través de Transchul S.A.
En contraste, una porción de las causas logró avanzar hasta dictar sentencia de primera instancia (14) o ingresar a recursos de impugnación (96). Constan sentencias condenatorias en primera instancia como la resolución por el tráfico de 364 kilos de cocaína en El Aromo, Manta, o como el dictamen contra Rorys M. por el transporte marítimo de 2.163 kilos de cocaína o el proceso contra Fabricio Colón Pico, cabecilla de Los Lobos, por tráfico de armas.
El registro contabiliza 69 casos con sentencia firme y ejecutoriada (solo el 15%), como la condena por asociación ilícita a los ciudadanos chinos Xu Jingbin y Gu Xikang por las extorsiones del Cartel de Jalisco Nueva Generación desde el call center LKL Call S.A.S. en Quito y la pena por el atentado del ‘Hombre Bomba’ de Los Tiguerones en Guayaquil.
A la par hay 38 procesos concluidos sin sentencia, entre ellos las causas cerradas por sobreseimiento (14), extinción de la acción penal (tres) y archivo (21).
Los expedientes contra el crimen organizado
Las unidades suprimidas tenían en sus manos dos grandes ejes de delincuencia. Por un lado, el crimen organizado, apuntando a las bandas por las cuales el Gobierno declaró un conflicto armado interno desde inicios de 2024.
Sin embargo, los datos exponen que solo el 29% de los casos apuntaron a estas estructuras. De los 464 procesos examinados, 135 tuvieron menciones a grupos de delincuencia organizada.
Los Lobos, con 66 causas, es la agrupación criminal que más procesos acumuló en múltiples provincias.
Por ejemplo, el grupo figura en los procesos por el amotinamiento con cinco muertos en la cárcel de Machala, por los atentados con bombas molotov al local Salsa Bolón en Quito y por las redes de expendio de droga en Cuenca.
Respecto a la organización Los Choneros y sus facciones, la justicia especializada atendió 34 casos. La principal causa es el lavado de activos en contra de Verónica Briones e Inda Peñarrieta, parejas sentimentales de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. La Fiscalía rastreó más de USD 2,4 millones ingresados sin justificación.
Nueve procesos también apuntaron a organizaciones internacionales que operan en Ecuador. Por ejemplo, el caso por presunto lavado de dinero de la red del albanés Dritan Gjika mediante exportadoras como Damascoswett.
Asimismo, la causa que sigue el tráfico de armas de la familia Tomaselli para disidencias de las FARC y el caso que aborda un ataque armado con cinco muertos del grupo peruano Los Pulpos en Zamora Chinchipe.
La corrupción pública
El otro eje de estas dependencias judiciales era el combate a la corrupción. En los tres años y ocho meses de funcionamiento se abrieron 37 casos de este tipo que exponen un abanico de desfalcos en sectores estratégicos, contratos estatales y minería.
Los casos contra el alcalde Alvarez de Guayaquil son dos de los principales, así como el proceso contra Baldor Bermeo, exalcalde de Ponce Enríquez, en Azuay.
A estos se suma, por ejemplo, el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), donde se investiga por peculado al exdirector general Enrique Espinosa de los Monteros, entre otros.
La corrupción salpica además a exministros, cargos de la Vicepresidencia de la República y a concursos del Poder Judicial. Resalta el proceso por lavado de activos contra Pedro Merizalde, exministro de Energía y exgerente de Petroecuador y de la Refinería del Pacífico, por constituir en Panamá la firma offshore Horgan Investment Inc. en octubre de 2012 sin declarar a la Contraloría, con el objetivo de recibir pagos ilícitos atribuidos a Odebrecht.
Entre los procesos con sentencia está una causa por oferta de realizar tráfico de influencias contra Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, acusado de exigir diezmos de USD 1.700 mensuales de un sueldo de USD 3.200 a Rommel P. a cambio de un nombramiento como coordinador general en la Vicepresidencia.
En el ámbito municipal y descentralizado se registran casos por supuestos desfalcos directos a las arcas locales y cobro de diezmos a ciudadanos. Se investigó por concusión a Francisco Andramuño, alcalde de Morona y exdirector administrativo del Gobierno Provincial de Morona Santiago, por exigir USD 20.000 y materiales de construcción a un contratista.
También figuran procesos que involucran a funcionarios de gobiernos autónomos descentralizados como los municipios de San Vicente y Palora; las parroquias Huasaga y San Pablo del Lago, entre otros.
Dentro de la Fuerza Pública, miembros de los cuerpos de tránsito y las Fuerzas Armadas constan en casos por presuntos cobros ilícitos y sabotajes a la seguridad nacional. Por ejemplo, se investiga una red en la Comandancia de la Policía Nacional, donde agentes supuestamente cobraban USD 550 por direccionar pases y traslados.
Nota metodológica: El equipo de PRIMICIAS utilizó Claude, el modelo de Anthropic, para sistematizar la información, con cinco tareas: asignar el estado procesal con reglas explícitas basadas en el tipo de cada actuación (sentencias, autos, convocatorias a audiencia); determinar si fiscales, policías o jueces atribuyen a los procesados pertenencia a una banda; resumir cada causa a partir de lo que sostienen la Fiscalía o la Policía; extraer las cantidades de droga y dinero; e identificar a los procesados. Los datos citados en la nota fueron verificados por PRIMICIAS en cada expediente. Fuente: Primicias
