Zamora Chinchipe.– El ex-prefecto por Zamora Chinchipe Alonzo Cueva Rojas se pronunció sobre la aprobación de la reforma a la Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aprobada el pasado viernes con 77 votos en la Asamblea Nacional, calificándola como “un retroceso histórico en materia de autonomía y financiamiento”.
Durante una entrevista, Cueva sostuvo que la reforma no responde a criterios de eficiencia administrativa, sino que, a su juicio, consolida un recorte presupuestario que ya se estaría aplicando a los gobiernos autónomos descentralizados (municipios, prefecturas y juntas parroquiales rurales).
Deuda acumulada y recorte implícito
El analista indicó que, según información de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), existiría una deuda aproximada de 550 millones de dólares por parte del Gobierno Central hacia los GAD. En ese contexto, consideró que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) buscaría legitimar dicha reducción presupuestaria.
“No se trata de una advertencia futura, sino de una afectación concreta”, manifestó, señalando que la disminución de recursos impactaría directamente en la ejecución de competencias constitucionales de los gobiernos subnacionales.
Debate sobre constitucionalidad y autonomía
Desde su análisis, Cueva argumentó que la reforma podría contravenir el principio constitucional de autonomía política, administrativa y financiera de los GADs, así como el principio de progresividad de derechos, al modificar la categorización de ciertos programas sociales que anteriormente eran considerados inversión y que ahora pasarían a clasificarse como gasto corriente.
Explicó que esta modificación podría poner en riesgo programas dirigidos a sectores vulnerables, tales como atención a personas con adicciones, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia y personas con enfermedades catastróficas, especialmente en provincias con presupuestos limitados como Zamora Chinchipe.
Asimismo, cuestionó el esquema que establece una distribución del 70% para inversión en obra pública y 30% para gasto corriente, señalando que en municipios pequeños la ejecución directa de obras implica contratación de personal técnico y operativo, lo cual sería ahora considerado gasto corriente, restringiendo su capacidad operativa.
Impacto diferenciado en municipios pequeños
El exviceprefecto advirtió que la reforma tendría un impacto más severo en municipios y gobiernos parroquiales rurales con baja densidad poblacional y limitada capacidad financiera, en comparación con grandes ciudades como Quito o Guayaquil.
Indicó que estos gobiernos requieren personal técnico para formular proyectos y gestionar recursos ante otras instancias, y que la nueva categorización presupuestaria podría limitar su margen de acción.
Falta de socialización y acciones legales
Cueva también cuestionó la falta de socialización del proyecto con autoridades locales y organizaciones territoriales, señalando que la iniciativa fue tramitada con carácter económico urgente, lo que redujo los tiempos de debate.
En este contexto, consideró que corresponde a prefecturas, alcaldías y organizaciones sociales impulsar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, una vez que la reforma sea publicada en el Registro Oficial.
“Quienes finalmente sentirán la afectación no son las autoridades de turno, sino la ciudadanía, particularmente los sectores vulnerables”, afirmó.
Centralización y escenario futuro
La ex-autoridad, calificó la medida como de carácter centralista, al concentrar decisiones financieras en el Gobierno Central y limitar la autonomía presupuestaria de los gobiernos seccionales.
Advirtió además que, en un escenario de debilitamiento financiero sostenido, podrían generarse procesos de fusión o desaparición de municipios pequeños, lo que, a su criterio, configuraría una reestructuración territorial impulsada desde el Ejecutivo.
Contexto provincial
Respecto a la votación de los asambleístas de Zamora Chinchipe, Cueva señaló que corresponde a cada legislador explicar su posición ante la ciudadanía. Indicó que el debate debe centrarse en los efectos concretos que la normativa tendrá en la provincia, especialmente en materia social y presupuestaria.
Finalmente, subrayó que el desenlace jurídico dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En caso de que la reforma sea ratificada, sostuvo que se consolidaría una reducción estructural en el financiamiento de los GADs, con implicaciones directas en la prestación de servicios y programas sociales en territorios con menor capacidad económica.
