La tranquilidad nocturna de la parroquia Guadalupe se vio desgarrada la noche del 4 de junio, cuando un grito rasgó el silencio y un hombre cayó herido al pie del parque central, víctima de una violenta riña que terminó en sangre. Lo que parecía una disputa pasajera escaló en segundos hasta convertirse en un intento de homicidio que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

Eran las 23h15 cuando el ECU 911 recibió la alerta desesperada: un ciudadano yacía en el suelo, ensangrentado, tras haber sido atacado con un arma blanca. En cuestión de minutos, los servidores policiales del circuito Guadalupe activaron un operativo de búsqueda que no dio tregua.

Como salidos de las sombras, los uniformados siguieron el rastro del agresor hasta las puertas del cantón Yacuambi, donde lo interceptaron y redujeron, devolviendo así un respiro de justicia a la comunidad. El detenido, un joven de 27 años, fue entregado a la autoridad competente para enfrentar el peso de la ley.

Mientras tanto, la víctima, un hombre de 43 años, lucha por su vida en el hospital Julius Doefhner de Zamora, con un pronóstico aún reservado. Cada hora cuenta, cada latido es una esperanza, y toda una familia aguarda con el alma en vilo el milagro de su recuperación.

Este hecho, dramático y crudo, nos recuerda que la violencia puede emerger en cualquier rincón, pero también que hay guardianes listos para enfrentarla con valor. La Policía Nacional del Ecuador, con sus botas firmes y principios intactos, ha demostrado una vez más que la seguridad ciudadana no es una promesa: es una acción concreta, decidida, urgente.

“Actuamos sin dudar. No permitiremos que la violencia se apodere de nuestros barrios. La ley está viva, y nosotros somos su brazo”, expresó un oficial interviniente, mientras las luces de la patrulla aún iluminaban la escena del crimen.

Con profunda preocupación y sentido de urgencia, representantes de las organizaciones mineras de la provincia de Zamora Chinchipe, incluidos los perjudicados del Caso Cumbaratza, han decidido autoconvocarse a una gran asamblea provincial este lunes 10 de junio a las 10h00, en las instalaciones de la Cámara de Minería de Zamora.

El motivo de esta convocatoria es claro y contundente: defender la permanencia y legalidad de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), frente a la inminente reapertura del catastro minero y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cobro de nuevas tasas de fiscalización que podrían significar un golpe letal para cientos de familias que viven de esta actividad histórica y productiva.

Entre los principales temas que se abordarán en esta asamblea se encuentran:

• La búsqueda de consenso entre los actores del sector afectados por el fallo judicial que involucra a la empresa Cumbaratza, para retomar el proceso de mediación y evitar la pérdida de títulos y territorios mineros ya asignados.

• El análisis técnico y jurídico de los impactos que la reapertura del catastro podría ocasionar sobre la MAPE, incluyendo el riesgo de exclusión y desplazamiento por parte de grandes concesiones.

• La discusión sobre las altas tasas de fiscalización anunciadas por el Gobierno, consideradas inalcanzables para los pequeños mineros que trabajan en condiciones de subsistencia.

“El Estado no puede seguir excluyendo a los mineros artesanales, que han sostenido la economía de nuestras comunidades. No vamos a permitir que se nos imponga una normativa que favorezca a los grandes grupos económicos”, sostuvo con firmeza James Salcedo, dirigente del sector.

Por su parte, Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, manifestó su preocupación por el futuro del sector:

“Si se imponen tasas que no podemos pagar, nos veríamos obligados a desistir de nuestra actividad. Es una decisión injusta que contradice los principios de equidad territorial y desarrollo sustentable”.

Desde distintos frentes mineros y sociales se ha denunciado que la política minera nacional carece de mecanismos de inclusión real para los trabajadores de la MAPE, quienes han sido históricamente marginados del diseño de la normativa. En ese sentido, esta asamblea busca establecer una posición unificada y propositiva para exigir al Estado ecuatoriano políticas diferenciadas, justas y sostenibles.

Los organizadores hacen un llamado urgente a todos los mineros artesanales, pequeños productores, asociaciones y colectivos ciudadanos involucrados en la actividad minera responsable, para que asistan de forma masiva a esta asamblea y contribuyan con su voz y experiencia en la construcción de una agenda común.

La paciencia se agota y la indignación crece. Diecinueve guardias de seguridad, hombres y mujeres trabajadores de la provincia de Zamora Chinchipe, levantan su voz frente a una situación que consideran un atropello a su dignidad laboral. Denuncian que la empresa ARMILET, anteriormente contratada para brindar seguridad a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), les adeuda entre tres y cinco meses de sueldo, poniendo en jaque la economía de familias enteras.

Según los testimonios recogidos de manera anónima —por temor a represalias—, cinco de los trabajadores se vieron obligados a renunciar tras meses de incumplimientos. Otros catorce aún siguen laborando bajo la sombra de la incertidumbre y el silencio cómplice de la empresa, esperando que se les reconozca lo que por ley y justicia les corresponde.

“No me importa que no me paguen la liquidación, pero que me paguen mi sueldo. Esa es la realidad”, expresó con pesar uno de los trabajadores afectados, quien asegura que ARMILET le adeuda alrededor de 2.000 dólares.

Además del retraso salarial, los denunciantes relatan haber enfrentado maltrato laboral, explotación mediante turnos extras no reconocidos, y una total ausencia de canales de diálogo con los supervisores regionales. Intentaron dialogar con el coordinador regional en Loja, pero afirman que sus reclamos fueron ignorados.

El hecho cobra una gravedad aún mayor al conocerse que ARMILET podría volver a ofrecer servicios de seguridad a entidades públicas como CNT, sin haber cumplido con sus obligaciones anteriores. “Nos preocupa que se premie a empresas que incumplen y maltratan a sus trabajadores. No es justo, ni legal, ni moral”, enfatizó uno de los afectados.

Frente a este escándalo, los trabajadores demandan de forma categórica:

El pago inmediato de los salarios pendientes.

La intervención firme y urgente del Ministerio de Trabajo y otras autoridades de control.

La prohibición de contratos públicos con empresas que han vulnerado los derechos laborales.

Este caso no solo revela una crisis de carácter local, sino que también expone las grietas del sistema nacional de control y regulación de contratistas privados, especialmente aquellos que operan en instituciones públicas. En un país que proclama justicia y derechos, no puede permitirse que los guardianes del orden y la seguridad vivan en condiciones de abuso y precariedad.

La deuda no es solo económica: es moral, es institucional y es profundamente humana.

Este medio de comunicación buscó dialogar con delegados del CNT en esta provincia, pero un guardia de seguridad dijo que luego de las 16:30 no atienden a los clientes. Nos trasladamos al edificio donde funciona la planta administrativa tampoco se pudo obtener la entrevista, pese a haber intentado comunicarse la guardia de seguridad internamente por el call center de la institución.