Nacionales
Asesinato de Villavicencio: Testigo protegido habla de USD 1 millón pagado, autorizado y financiado por figuras del correísmo
La investigación para encontrar a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio continúa de manera reservada. Sin embargo, los abogados de los mismos sospechosos han filtrado información que proviene, aparentemente, del expediente fiscal.
Tras la publicación de un documento en el que se señala a cinco presuntos sospechosos, entre los que están el exvicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo, Sonia Vera -abogada del primero- publicó la supuesta versión de un testigo que sería la base con la que la Fiscalía está investigando a estas personas.
Otro montaje más en construcción: el nuevo falso positivo contra Jorge Glas y otros líderes políticos
La fiscal Diana Salazar montó un falso positivo para usar su venganza personal contra el correísmo a través del crimen de Fernando, y él merece mucho más que eso", denunció… pic.twitter.com/I82538jhes
— Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) May 15, 2025
Según Vera, la versión corresponde a Lenin Vimos, abogado sentenciado por el caso Plaga. En este proceso, que es uno de los desprendidos de la trama conocida como Metástasis, se juzga a los abogados que sirvieron a las mafias para conseguir libertades irregulares comprando jueces.
Vimos fue detenido en enero de 2024, luego de que había estallado el caso Metástasis. Y luego confesó su cercanía con Christian Romero, exabogado de Jorge Glas, Daniel Salcedo, la familia Bucaram y Leandro Norero. Durante su estadía en prisión, este sujeto habría conocido los detalles del crimen de Villavicencio.
Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a la salida de un evento político de su campaña para la Presidencia de la República. En 2024, cinco sicarios fueron sentenciados. Sin embargo, aún no se ha logrado establecer quién dio la orden y financió el homicidio.
La versión de Vimos
Sonia Vera publicó en su cuenta X la versión completa de Vimos en el caso Villavicencio. Su objetivo, escribió la abogada, es que «la ciudadanía, la prensa y los organismos internacionales constaten por sí mismos el nivel de manipulación al que se ha llegado».
Según ese documento, Vimos dio esa versión el 4 de abril de 2024, en Quito. Relató que, a finales de julio de 2023, cuando todavía estaba en libertad y Villavicencio seguía vivo, Jorge Robinson Chonillo Mendoza, alias ‘Negro Yorkis’, se comunicó con él desde la Cárcel de Riobamba.
‘Negro Yorkis’ es cercano a Fabricio Colón Pico, quien fue sentenciado por preparar un atentado contra la fiscal Diana Salazar. Para esa época, Chonillo estaba buscando su libertad y contó a Vimos que tras salir de prisión se iría a Cali (Colombia) «en busca de un camello grande».
Justamente, semanas después Chonillo salió de la cárcel. Y en los chats encontrados en los teléfonos de Norero, que son la base del caso Metástasis, Christian Romero alardeaba de que «uno de mis socios sacó libre a Chonillo, socio de Colón Pico».
El relato de Vimos continúa el 4 de enero de 2024, días antes de su detención y después de haberse consumado el asesinato de Villavicencio, cuando nuevamente ‘Negro Yorkis’ lo llamó. Le dijo que tenía miedo de que lo vinculen al caso Villavicencio, ya que la fiscal Salazar ya había dicho públicamente que quien quería atentar en su contra era Colón Pico, quien era su socio.
«¿Tienes algún vínculo político con alguien cercano a ellos?», le habría preguntado Vimos a Chonillo. A lo que este sujeto le respondió que en julio de 2023 se había reunido, en Cali, con gente de Los Lobos y había establecido un vínculo con ‘Pipo’ y ‘Menor’, cabecillas de esa agrupación criminal.
En esa reunión, según le contó Chonillo a Vimos, «hubo una videollamada de parte de un señor Ronny Aliaga (sic), a través de la aplicación Silent, el cual mencionó que el pago del dinero, es decir, USD 1 millón sería en Ecuador y que de eso se encargaría una gente del extranjero».
Además, Vimos contó que en esa reunión se habló de USD 1 millón «era el valor por dos personas». Y agregó que «Jorge Chonillo Mendoza al establecer que alias Ronny era el encargado de coordinar el asesinato me cuenta lo siguiente: que Jorge Glas conocía del acto de atentar contra la vida del candidato (Villavicencio), que él fue quien dio la orden superior a José Serrano Salgado (…)».
También, Vimos relató que cuando fue detenido, en la Cárcel 4 de Quito conoció a alias ‘Invisible’, uno de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, así como a Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción hospitalaria y judicial.
‘Invisible’ le habría confirmado a Vimos el «vínculo existente en el asesinato de Fernando Villavicencio por parte del señor Daniel Salcedo (quien es coordinador y el enlace entre los políticos y el GDO Los Lobos y también tiene vínculos con otros GDO) y Jordán (quien es el financista económico)».
«Jorge Glas Espinel da la orden directa a Ronnie Aleaga, financiado por José Serrano Salgado. Jorge Chonillo presta las armas a través de Colon Pico y este último tenía varias visitas de las chicas Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato» Versión de Lenin Vimos
Así, Vimos resumió la planificación del asesinato de Villavicencio:
«La estructura de asesinato al candidato a la Presidencia de la Republica, Fernando Villavicencio, está conformada desde la parte de arriba de la siguiente manera: Intelectual.- Jorge Glas Espinel y José Serrano Salgado. Financista.- Xavier Jordan. Coordinador.- Ronnie Alega Santos. Respecto a Daniel Salcedo Bonilla (fue el) vínculo con Los Lobos. Quien prestó las armas fue Jorge Robinson Chonillo Mendoza, quien tiene el nexo con Fabricio Colon Pico».
Además, reveló que Víctor Flores, otro de los sicarios sentenciados por el caso Villavicencio, le contó en la Cárcel 4 que el precio de USD 1 millón fue pagado para el asesinato de Villavicencio y de la fiscal Diana Salazar.
Glas y Salcedo rendirán su versión en la Fiscalía el próximo 29 de mayo. Fuente: Primicias
Nacionales
Acuerdo que flexibiliza la jornada laboral en Ecuador tendrá tres cambios, anuncia el Ministro de Trabajo
El acuerdo ministerial con el que se flexibiliza la jornada laboral sigue en revisión por parte del Ministerio del Trabajo y hasta ahora lleva tres cambios, con relación al documento entregado inicialmente a los inspectores de trabajo y que se hizo público el 19 de febrero de 2026.
Así lo explicó el Ministro de Trabajo, Harold Burbano, a PRIMICIAS, en una entrevista realizada el 26 de febrero de 2026. Se espera la publicación del documento final en el Registro Oficial para los próximos días.
Burbano también aclaró que aún está prevista la publicación de los nuevos salarios mínimos sectoriales para 2026, con incrementos acorde al comportamiento de cada sector.
El acuerdo MDT-2026-046 fue firmado por usted el 18 de febrero y en su disposición final dice que «entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial». ¿Por qué dijo que no está vigente?
La Corte Constitucional y el artículo 5 del Código Civil establece que un acto normativo, como lo es un acuerdo ministerial, no entra en vigencia si no se sigue el procedimiento adecuado de publicación en el Registro Oficial, en cumplimiento del principio de publicidad. Esto lo ha dicho la Corte en muchas de sus sentencias.
Y esta muletilla que, no solo la pone el Ministerio de Trabajo sino toda la institucionalidad, en realidad no surte ningún efecto, hasta tenerlo publicado. Entonces, si la pregunta es si está en vigencia, la respuesta es no.
Entonces, ¿por qué hay un documento donde está su firma?
Porque el primer paso que acordamos para poder tener una discusión final sobre esta propuesta es que exista una borrador formal, que es el que yo procesé y puse a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
«El pronunciamiento oficial de la autoridad es que no está en vigencia, no estamos haciendo ninguna actuación judicial ni administrativa con el documento».
Harold Burbano, ministro de Trabajo.
Entrará en vigencia cuando se lo publique en el Registro Oficial. Estamos teniendo las últimas reuniones de socialización. Además, hemos hecho adecuación al texto.
¿Qué tipo de adecuaciones han hecho a este documento?
Hemos hecho tres adecuaciones en esta última semana. La primera, aclarar de manera puntual que cuando existan contratos colectivos en las empresa donde se quiera adecuar la jornada especial, tiene que evidenciarse el acuerdo entre las partes dentro de ese contrato colectivo; no puede hacerse de manera individual con los agremiados.
La segunda es poner de manera expresa cuál va a ser el horario tanto continuo como discontinuo que podrán acordar empleadores y trabajadores, para evitar que se confunda esto con las críticas constantes que se han hecho de que es un banco de horas.
No es que un empleador dispone de las 40 horas de su trabajador de manera arbitraria, el acuerdo tiene que estar de manera expresa en el contrato de trabajo o en la adenda al contrato.
El rango de horas puede establecerse durante todo el día con los recargos establecidos. Si un trabajador pacta, por ejemplo, un horario nocturno de 10 horas, va a trabajar cuatro días a la semana, con los recargos establecidos en la ley para el pago de hora nocturna.
No es que se están vulnerando derechos establecidos en el Código del Trabajo, básicamente es un mecanismo para poder redistribuir las horas de trabajo y adecuar la ley a la realidad actual.

¿Cuál sería el tercer cambio que están estableciendo?
El tercer cambio es especificar cuándo se pueden dar las 12 horas de trabajo, porque esa también ha sido una crítica. Las 12 horas son una excepción para un sector en particular, que es el del transporte, que además tiene su norma particular.
Esto se está haciendo junto con otras aclaraciones particulares de jornadas con rango de horario menor, por ejemplo, la de los radiólogos o personas que trabajan en subsuelos. Existe una norma legal que señala que no se puede aumentar este tiempo a más de 6 horas y una hora suplementaria extra.
Entonces, con respecto al artículo 4, ¿ya no se podrá incrementar las horas de trabajo a cambio de días de descanso para todos los trabajadores, únicamente para transportistas?
Así es, se va a dejar claro para qué sector aplica la extensión de las 12 horas, e igualmente las horas disminuidas.
«La regla general va a ser 40 horas semanales y hasta 10 horas diarias, con los recargos pertinentes». Harold Burbano, ministro de Trabajo
¿Y la extensión de la jornada para los transportistas, a cambio de días de descanso, incluirá también los recargos de ley por horas extras o nocturnas?
No está cambiando nada, solo el procedimiento de registro. Por ejemplo, si es que quiere plantear tres o cuatro turnos de 12 horas para el tema del transporte, ya no va a trabajar 40 horas semanales, sino 48 horas.
Esas 8 horas extras, de las 40 horas, se pagan conforme a los recargos establecidos en la ley. Eso ya pasa con la aprobación del Ministerio de Trabajo, se llama jornada extraordinaria.
Entonces, vamos a seguir aprobando esas jornadas extraordinarias, pero ahora con una diferenciación, porque no había un tiempo perentorio para que se aprueben esas jornadas, y muchas veces ya rayaban en la ilegalidad, porque se implementaban sin tener la resolución del Ministerio de Trabajo.
Ahora, nos hemos dado 10 días para aprobar esa jornada; de no existir la aprobación, vamos a sancionar al funcionario que debía emitir la aprobación y se va a aprobar de manera tácita esta jornada especial. Además, se implementará un mecanismo de control a la empresa o al empleador que está pidiendo la aprobación de esta jornada.
En cuanto a la distribución de la jornada de 40 horas, ¿si una persona labora 10 horas, se le pagarán los recargos nocturnas, aunque al siguiente día trabaje 6 horas?
Si el trabajador tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese tiempo que está dentro de la hora nocturna tiene que ser pagado con el recargo de la hora nocturna, aunque al día siguiente trabaje menos horas. El recargo se lo hace en la hora trabajada.
Al cierre del mes de febrero aún no se había publicado la tabla con los salarios mínimos sectoriales para 2026. ¿No habrá aumentos para este año?
No se puede dar por entendido eso. Estamos actualizando los representantes de los comités sectoriales, tanto de empleadores como de trabajadores. No podíamos sentarnos a discutir con alguien que ya no tenga representatividad. Se están rearmando los consejos.
Pero lo que sí se planteó en el marco del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es que el salario sectorial tiene que ser discutido dentro de los comités sectoriales. No lo voy a hacer de manera impositiva como se ha venido haciendo en los últimos años.
Entonces, ¿aún se puede esperar un incremento de esos salarios?
Así es, si es que el sector así lo requiere; el incremento puede ser porcentualmente mayor o menor al del salario básico unificado, porque hay sectores que han tenido mayor crecimiento económico que otros. Entonces, sería irresponsable de parte del Ministerio hacer una equiparación. En eso están de acuerdo tanto empleadores como trabajadores.
En el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordamos no subir los salarios mínimos sectoriales hasta que no haya un análisis en cada uno de los comités sobre el crecimiento de cada sector, porque si no puede haber distorsiones. Hay que hacerlo de manera técnica.
¿Y cuánto puede tomarles ese análisis? Hay mucha expectativa entre los trabajadores sobre este tema.
Tomará una o dos reuniones por sector. Entonces, creería que en el primer trimestre del año ya estará resuelto.
Tampoco lo veo como algo contrario a los derechos de los trabajadores, hemos conversado con los sindicatos y están completamente de acuerdo en que es necesario hacer este análisis.
¿En qué consiste el Acuerdo por la Empleabilidad al que ha hecho mención el Presidente en los últimos días?, ¿en qué se diferencia de la Ruta de la Empleabilidad?
Es un procedimiento de mejora de la anterior Ruta de la Empleabilidad, en donde estamos estableciendo una obligatoriedad a todas las instituciones del sector privado de canalizar sus ofertas laborales para personas de entre 18 y 29 años, a través de la plataforma Encuentra Empleo.
Paralelamente a eso, hemos invitado a la ciudadanía, especialmente a este rango etario, a que se pueda inscribir en esta plataforma y generar su hoja de vida. Vamos a hacer los’ match’ pertinentes.
Además, se van a generar diferentes beneficios, como aprobaciones mucho más expeditas de estas jornadas laborales (establecidas en el acuerdo 046), a aquellos que contraten mayor cantidad de jóvenes en sus empresas, pero deben cumplir con unos pasos específicos para que sea solo en ese rango.
Nosotros tenemos la expectativa de que con este Acuerdo por la Empleabilidad vamos a llegar a 160.000 empleos nuevos de jóvenes a diciembre de 2026. En este momento, hay 851 empresas, de un universo de casi 90.000. Esperamos que la mayor cantidad de empresas se junten a este acuerdo nacional. Fuente: Primicias
Nacionales
Exministros de Ecuador y Colombia piden un diálogo urgente para evitar una guerra comercial
Desde este 1 de marzo de 2026 rige el alza del 30 al 50% del arancel o tasa de seguridad impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, en medio de una guerra comercial entre ambos países vecinos.
Para evitar una escalada de esta tensión comercial, 13 exministros de Ecuador y Colombia emitieron un comunicado conjunto este domingo, con el fin de llamar al diálogo a los gobiernos, y así desmontar este arancel, cuya resolución ya fue publicada por el Senae.
«Hacemos un llamado a los gobiernos de ambos países a restablecer de manera urgente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel», dice el comunicado, firmado por seis exministros ecuatorianos de Comercio de distintos gobiernos, como Daniel Legarda e Iván Ontaneda.
Según los firmantes del comunicado, a través de este diálogo diplomático se podrá no solo desmontar los aranceles recíprocos impuestos, sino también establecer acciones prioritarias de seguridad fronteriza y eliminar otras medidas como la prohibición del ingreso de mercancía vía terrestre hacia Colombia, o el aumento en la tarifa de transporte de crudo.
«Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones», agregó el comunicado de los exministros, quienes destacan que el comercio bilateral de Ecuador y Colombia asciende a casi USD 3.000 millones e involucra a más de 200.000 empleos.
El nuevo porcentaje entró en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30%, dispuesto por el presidente Daniel Noboa en respuesta a la falta de control de la frontera desde Colombia.
En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30% a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre a varios productos agrícolas. Fuente: Primicias
https://twitter.com/dlegarda/status/2028093259659001857
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Gobierno ratifica que no habrá minería en Galápagos
La nueva ley minera encendió alertas en redes sociales y colectivos ambientales. ¿Habrá minería en Galápagos? La respuesta oficial es tajante: no.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el Parque Nacional Galápagos (PNG) mantiene su condición de área protegida y no puede ser intervenido para actividades mineras.
Parque Nacional Galápagos mantiene prohibición total
La entidad aclaró que dentro del Parque Nacional Galápagos no se permite minería metálica ni no metálica, sin excepción.
La normativa vigente y la Constitución protegen el área. No existen autorizaciones para explotación industrial ni para proyectos comerciales dentro del parque.
Extracción limitada solo fuera del parque
La ley contempla una excepción técnica y delimitada: fuera del PNG y únicamente en zonas definidas como Zonas de Aprovechamiento Sustentable, se podrán autorizar permisos para extracción de áridos (arena, grava, piedra) destinados exclusivamente a obra pública local.
No se trata de minería comercial ni de exportación. La autorización requerirá informes ambientales y control administrativo.
También se permitirá, bajo regulación, aprovechamiento artesanal de áridos y pétreos en áreas específicas fuera del parque.
La ley no amplía derechos mineros en Galápagos
El Ministerio sostuvo que la norma no crea nuevas competencias ni abre la puerta a minería a gran escala en el archipiélago.
Según la explicación oficial, el objetivo es ordenar actividades existentes y establecer reglas claras para frenar la extracción ilegal, que es la que genera mayores daños ambientales.
Galápagos bajo protección constitucional
Galápagos es Patrimonio Natural de la Humanidad y una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. La Constitución ecuatoriana reconoce derechos de la naturaleza y establece protección reforzada para áreas protegidas.
La aclaración oficial busca frenar interpretaciones que vinculaban la nueva ley con una posible apertura minera en el archipiélago.
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