Después de seis años de refugiarse en México, Gabriela Rivadeneira regresó a Ecuador, en enero de 2026, con el objetivo político de reestructurar a la Revolución Ciudadana y enfrentar las próximas elecciones seccionales de febrero de 2027.

El correísmo apostó por una de sus figuras icónicas, que ha estado alejada de la tarima nacional, y la escogió como su presidenta nacional, para recuperar la organización golpeada por los casos de corrupción, las pugnas internas y tres derrotas presidenciales consecutivas.

En entrevista con PRIMICIAS, la también expresidenta de la Asamblea Nacional analizó la situación de la lista 5, sus retos internos, objetivos partidistas y preocupaciones externas, como la posibilidad de que una sentencia electoral les arrebate la posibilidad de participar en las elecciones.

¿Por qué volvió a Ecuador después de seis años, no solo lejos del país, sino de la política partidista?
La verdad era algo que no estaba previsto. Todavía tengo un proceso por instigación que no se archiva, lo cual se convierte, como para muchos de los dirigentes de este país, en un tema de complicación y seguridad jurídica.

Pero más allá de eso y de un tema personal, es la necesidad de reconectar la organización política más importante que tiene este país, con la sociedad, con la gente. La necesidad de volver a ser una organización política territorial, mirando a mediano y largo plazo. El país ya no nos da tregua para bajar los brazos o para mantenernos al margen de lo que está pasando.

El objetivo, entonces, de este regreso es netamente político, partidista, electoral.
Totalmente. Partidista, dejemos ahí. No sé si electoral, aunque estamos próximos a elecciones de gobiernos locales. Pero yo estoy convencida de que el movimiento debe fortalecerse para presentarse a un proceso electoral. No es un tema solo de la Revolución Ciudadana, lo hemos visto en varias organizaciones políticas de Ecuador y de la región.

Las organizaciones políticas tienen que volver a ser el espacio de confluencia de los intereses y de las causas de la sociedad. Ahora que estamos luchando por los temas de salud, educación, laborales, hay muchas necesidades de la sociedad, pero también hay un estado de terror implementado.

La única forma de romper con el temor y el miedo social y ciudadano es aterrizando y buscando espacios de confluencia, de diálogo, de reflexión política, el por qué el país ha llegado a este punto y por qué no podemos continuar sosteniendo un país con la propuesta de gobierno de (Daniel) Noboa, que no termina de aterrizar y realmente ha causado mucha incertidumbre.

Un mes tal vez es poco tiempo, pero ¿cómo recibió el partido? La estructura, la parte administrativa, financiera, ¿en qué estado está la casa por dentro?
El movimiento se ha sostenido durante estos ocho años a pesar de la campaña sistemática de, no solamente desprestigio, sino de ‘lawfare’ o de guerra judicial, una persecución incesante que ha llegado a diferentes niveles.

No solamente es la dirigencia, ni quienes nos acogimos al exilio, quienes somos asilados políticos o fuimos en su momento, sino además son muchos ciudadanos y ciudadanas que en territorio también han sentido ese peso de la judicialización.

¿Cómo encuentro a la organización? Presente en todos los territorios, como debe ser una organización viva. Encuentro un debate muy fuerte a la interna, sobre qué tipo de estructura debemos tener. Hoy estamos en planteando una metodología de reestructuración nacional. Es un mandato de la Convención de Manabí.

Tenemos 60 días para una reestructuración nacional de toda la fuerza política y para redireccionar hacia donde van nuestros esfuerzos: formación, organización y movilización.

¿Cuáles son los principales puntos de esta reestructuración?
Primero, tener un plan estratégico, saber hacia dónde vamos, tenemos secretarías actuando. Para mí hay dos secretarías a las que tenemos que ponerle mucho énfasis por la realidad nacional: la de las Juventudes y la de las Mujeres. Creo que ahí hay mucho por hacer.

Hay una gran oportunidad de trabajo territorial y organizativo alrededor del tema de mujeres, más en un país como el nuestro donde se han disparado los indicadores de violencia.

Vamos a cambiar las directivas provinciales para empatar con el momento que está viviendo el movimiento y que nos permita identificar cuadros políticos territoriales con los que podamos participar en el próximo periodo electoral.

Quienes nos dedicamos a hacer partido, estamos llamados a hacer partido. Quienes pinten, se presenten o tengan capacidades para ser candidatos, pues tendrán que hacer lo suyo.

¿Cómo ve el cierre del periodo de Luisa González? ¿Hacía falta un cambio de orden interno?
Yo respeto mucho a Andrés Arauz y a Luisa González, que en sus dos periodos asumieron no solamente la representación del partido, sino la representación de la candidatura nacional y presidencial.

Eso requería otras condiciones de participación y del partido. Ahora, al no estar hablando de una persona candidata, estamos hablando de la posibilidad del fortalecimiento más a la interna. Son momentos diferentes, en los que nuestros compañeros han asumido tareas sumamente complejas.

Ahora, Luisa y Andrés están bajo la lupa del TCE (Tribunal Contencioso Electoral), con allanamientos televisados, como ha llegado a ser una parte de la normalidad de la justicia del país.

Hay muchas cosas por hacer en realidad, hay muchas áreas que abordar. Pero creo que hemos dado pasos importantes en estas poca pocas semanas. Tenemos una articulación directa con prefecturas, con alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, con nuestros directores provinciales actuales. Estamos en contacto directo con los colectivos.

Entonces sí, viene un momento de mayor diálogo interno.

Pero, sobre todo, empezamos las visitas territoriales, tuvimos una primera en Guayas. Por supuesto, sin dejar de lado también una disputa que es importante: la defensa de nuestros presos políticos, de nuestros compañeros y compañeras que están pasando procesos de judicialización y también la defensa de la población.

Ese diálogo y debate interno ha dado mucho que hablar en la Revolución Ciudadana, con la carta de las autoridades locales a Rafael Correa, ¿qué sucederá con esas quejas en esta nueva etapa?
No, yo creo que el espacio de diálogo ha sido siempre permanente. Recuerdo que, incluso, cuando presidí la Asamblea Nacional decían que las tres mujeres que dirigimos el poder legislativo éramos las sumisas de Correa.

Yo siempre decía que hay mecanismos, que sí hay espacios internos de diálogo y de debate, donde se toman decisiones, donde había discusiones fuertes. Pero adentro tomamos una decisión y hacia afuera íbamos con esa decisión. Eso es parte de la organicidad y disciplina de una organización política.

Todo es perfectible, por supuesto. Y mi postura muy particular frente a esa carta emitida por algunos compañeros y compañeras es que no fue la forma correcta. En política el fondo es tan importante como la forma y hay formas de hacer la política y de ejercer la política.

Pero también hay una cosa que es real, hay líneas sobre las cuales militamos. Hay líneas rojas que las hemos aceptado para militar en esta organización política. Y creo que también el movimiento ha servido, en los últimos años, para muchos oportunismos, para la traición que, además, ha sido ya un tema ya naturalizado.

Lastimosamente, eso es algo que estamos haciendo una práctica política en las organizaciones de nuestro país y eso es algo que tendríamos que revisar también a la interna. Generar mejores espacios significa también mayores líneas de conducción y una suerte de disciplina, de organicidad.

Gustavo Jalk va a presidir el consejo de disciplina y está generando varios mecanismos para que podamos canalizar de mejor manera los conflictos que puedan presentarse.

Y valga la pena decir que la directiva que fue electa hace un mes todavía no estamos formalizados por el CNE (Consejo Nacional Electoral). Así que hacemos un llamado gentil al CNE para la formalización, así como para la canalización de los recursos que nos corresponde como organización política.

Usted mencionaba que ya se están organizando con mira a las seccionales de febrero de 2027, ¿cómo avanza ese proceso?
En junio tenemos que arrancar los partidos políticos, así que el tiempo está encima. Creo que, si hacemos las cosas en orden, van a funcionar de mejor manera.

Hoy se les ha dicho, y he sido absolutamente categórica, que ninguna persona de la organización política está autorizada para hablar de candidaturas en este momento, cuando estamos en un proceso de reestructuración.

Después el tema será el procedimiento para las candidaturas. Yo creo que tenemos que ser aún más rigurosos con quienes estamos poniendo en la lista, especialmente cuando el movimiento representa estas líneas éticas y de principios.

Así que todo eso pues vamos a hacerlo de la manera más transparente. Tenemos además una app del movimiento que está fortaleciéndose, para democratizar las decisiones a la interna, como una herramienta que llegue a territorios donde los compañeros no necesariamente están acudiendo físicamente a una asamblea.

Aunque sea pronto, ¿qué va a pasar con las autoridades locales que han tenido algún alejamiento, sea con el partido o con el expresidente Rafael Correa? ¿Tienen todavía la oportunidad de ser candidatos de la Revolución Ciudadana?
Todas son autoridades y todas tienen el derecho de reelección.

Y ante la ausencia y el vaciamiento del Gobierno central en territorio, han sido nuestras autoridades locales las que han estado en primera línea de atención y eso lo hemos evidenciado en estas últimas semanas, con el debate del Cootad.

Por lo tanto, tenemos excelentes cuadros de hombres y mujeres, tanto de los que están ejerciendo ahora como los que vamos a presentar en el próximo periodo electoral.

¿La prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, ya no es una carta para la Prefectura de Guayas?
Las personas eligen dónde quieren estar. Yo he sido muy clara, espero y aspiro que la Revolución Ciudadana cierre filas. Pero la decisión de estar, de quedarse o de irse es de las personas y pues nosotros seguimos nuestro trabajo.

En el escenario electoral hay varios procesos en contra de las figuras de la Revolución Ciudadana y la misma organización, ¿hay alguna preocupación sobre una futura sentencia del TCE?
Hace dos semanas que tuvimos un diálogo interpartidista, estuvimos 11 de las 17 organizaciones a escala nacional y debatíamos justamente la preocupación que tenemos sobre la ruptura del estado de derecho y de los espacios de democracia. Hay preocupación sobre la transparencia electoral.

Nos regalaron un nuevo calendario electoral, con el que se prorrogan las autoridades electorales un año y medio más. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por supuesto, hay desconfianza sobre el sistema electoral.

Es el mismo sistema en el que tenemos sanciones, sobre el que tenemos cuatro procesos abiertos en el TCE, que además muchos de ellos estarían relacionados al interés de quitarnos el casillero nuevamente como organización política. Aunque desde 2022 tampoco tenemos las asignaciones presupuestarias que nos corresponden.

Estamos bajo la lupa y bajo la mira y bajo el riesgo también de volver a perder ese casillero electoral.

Si esa preocupación se hiciese realidad, ¿cuál sería la opción para seguir en la contienda electoral sin la lista 5?
En 2017 ya lo pasamos y las condiciones eran más complejas porque, en ese momento, había muchas tesis alrededor, como que se trataba de un acuerdo entre Correa y Moreno, para mostrar una disputa y generar capital político propio hacia Moreno.

¿Qué hacer ahora si nos corresponde? Esperamos que no. Porque hay un junior jugando a ser presidente que se jacta de ser demócrata y las autoridades del órgano electoral aparentan una cierta transparencia.

Esperamos entonces que, con base en ese derecho democrático que tenemos de organizarnos, mantengan el casillero, porque además no hay razón para quitarlo. Los cuatro casos, y los he revisado personalmente, que tenemos abiertos en el TCE, no tienen nada que ver con la pérdida casillero, pero sabemos que todo puede pasar.

Sin embargo, tenemos plan A, B, C, D. Tenemos el abecedario completo de planes y no exagero. Hay una necesidad urgente de muchos sectores sociales y políticos de marcar una hoja de ruta común de un proyecto para el país.

Eso ha provocado que organizaciones políticas, incluso con las que hemos tenido nuestros roces en la historia reciente, estemos dialogando y conversando sobre qué vamos a hacer con el país. Y eso nos permite saber que siempre hay alternativas.

¿En ese plan A, B o C entra su aliado de las elecciones anteriores, el movimiento Reto?
Bueno, con Reto mantenemos una alianza vigente en Guayaquil. Eso es absolutamente clave.

Hemos rechazado el proceso ilegal en contra del alcalde de la ciudad más poblada de este país, Aquiles Alvarez, que además ha sido una de las autoridades locales y protagonistas políticos más importantes de oposición al Gobierno. Fuente: Primicias

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido el 22 de febrero durante un operativo con fuerzas federales de México, ha dejado sin líder al poderoso y cruel Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización delictiva que expandió sus tentáculos en Ecuador.

La relación entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y Ecuador es de carácter estratégico y transnacional, y opera principalmente a través de alianzas con bandas criminales locales para el control del tráfico de drogas y otras economías ilícitas.

El CJNG no suele operar con una estructura propia masiva de ciudadanos mexicanos en Ecuador, sino que actúa como un «socio» o proveedor de logística y financiamiento para grupos ecuatorianos.

Los Lobos son identificados como el principal brazo operativo y aliado del CJNG en el país. También se han reportado vínculos con grupos como Los Tiguerones y Chone Killers, quienes se unieron originalmente bajo la coalición de «Nueva Generación» para disputar el control de los territorios a Los Choneros.

De hecho, la presencia del CJNG ha intensificado la violencia en Ecuador debido a su guerra frontal contra el Cartel de Sinaloa, que opera precisamente a través de Los Choneros.

Uno de los capos ecuatorianos aliados del CJNG fue Leandro ‘El Patrón’, Norero, quien controlaba la salida de cocaína desde Posorja (Guayaquil) a Centroamérica México y Estados Unidos por el corredor del Pacífico.

Otro capo aliado fue Simón Marmolejo Zambrano, alias ‘El Tunco’, arrestado el 24 de octubre de 2025, en Portoviejo (Manabí) y considerado otro de los enlaces del Cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador.

El CJNG y sus aliados tienen una fuerte presencia en provincias costeras estratégicas para la salida de droga, como Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos. El Cartel utiliza las rutas ecuatorianas para el transporte y almacenamiento de cargamentos que llegan desde la frontera con Colombia.

Pero también se ha identificado que sus aliados locales, como Los Lobos, han expandido sus operaciones hacia la minería ilegal de oro en provincias como Azuay y la Amazonía para diversificar sus ingresos.

El Gobierno de Ecuador ha identificado a los aliados locales del CJNG como organizaciones terroristas en el marco del llamado «conflicto armado interno». En septiembre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos también designó a bandas socias del CJNG en Ecuador como terroristas para bloquear sus redes financieras.

Se verá si la muerte de alias ‘El Mencho’ causará una reconfiguración de las operaciones internacionales del Cartel Jalisco Nueva Generación, incluidas las de Ecuador. Fuente: Primicias

Aunque fue restituido en su cargo por el nuevo pleno del Consejo de la Judicatura, el juez anticorrupción Christian Fierro, quien sentenció al serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024, se excusó de integrar la sala que maneja el caso Triple ‘A’, que juzga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el delito de comercialización ilegal de combustible en la frontera norte.

El 4 de diciembre del 2025, Christian Fierro había sido suspendido de sus funciones como juez del Tribunal Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, luego de que 48 horas antes el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, presentara una queja disciplinaria en su contra.

Alarcón pedía su destitución argumentando el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala esta sanción cuando un servidor público incurre en “responsabilidad por demora”. Según el fiscal, el expediente del caso Triple ‘A’ llegó al despacho del tribunal el 24 de julo del 2025 y que recién en septiembre se dictó la providencia que fijaba la audiencia de juicio para el 21 de enero del 2026.

No obstante, la queja de Alarcón no se produjo tras la providencia que señalaba la demora sino diez días después de que Fierro sentenciara el 21 de noviembre al narcotraficante serbio, quien tenía en su equipo de abogados a la  esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura.

Fierro fue suspendido sin sueldo, por 90 días, plazo que se cumplía el 4 de marzo de 2026. La Judicatura adujo entonces que “la medida se adoptó con el fin de salvaguardar el debido proceso y evitar perjuicios en un proceso penal”.

Godoy fue destituido por la Asamblea el 18 de febrero y al día siguiente el nuevo pleno de la Judicatura restituyó al juez Fierro, argumentando que “mantener la suspensión podría genera un vacío que entorpece la lucha contra la corrupción”.

Prevenir ‘nulidades’
Fierro fue notificado el 19 de febrero con la revocatoria de la medida de suspensión preventiva, mediante la cual se le restituye en sus funciones. Pese a ello, el juez anticorrupción se rehusó a integrar el tribunal que trata el caso del alcalde de Guayaquil.

El juez señaló entre las razones para su excusa el hecho de que el proceso disciplinario iniciado en su contra se mantiene activo y que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla como causal de excusa el tener juicio abierto con alguna de las partes del proceso, refiriéndose al fiscal Alarcón, quien le inició la causa disciplinaria.

Fierro argumentó esta razón, aunque en su escrito señala que el COIP “se refiere expresamente a juicio, sin efectuar a una mención directa a procedimientos administrativos sancionadores”.

“Por todo lo expuesto, con el objeto de prevenir eventuales nulidades y en atención a que la imparcialidad del juez debe apreciarse también desde la perspectiva externa, el compareciente se excusa de continuar conociendo la presente causa”. Christian Fierro, juez

El escrito judicial de Fierro está dirigido a los jueces Gabriela Lara y Carlos Serrano, miembros del tribunal del caso ‘Triple A’, proceso cuya fecha de audiencia de juicio ha sido fijada para marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. Fuente: Primicias