La proximidad de los procesos electorales suele revelar una dinámica recurrente y profundamente preocupante en la cultura política local y nacional: la aparición súbita de actores políticos que, fuera del calendario electoral, permanecen ausentes de la vida social, especialmente del mundo rural y comunitario. En campaña, muchos reaparecen recorriendo comunidades, participando en mingas, vistiendo sombrero, botas, lenguaje popular, incluso, no importa si huele a trabajo— como parte de una estrategia cuidadosamente calculada.

Este fenómeno, ampliamente estudiado desde la ciencia política y la sociología electoral, puede definirse como instrumentalización del territorio y de la identidad popular, donde el “ser pueblo” deja de ser una convicción ética y se convierte en un recurso narrativo para captar votos. Resulta evidente la contradicción entre estas conductas coyunturales y las prácticas cotidianas de muchos de estos actores, que ya se ven haciendo lo que nuca hicieron, solo se acuerdan en campaña y contextos urbanos suelen reproducir lógicas de exclusión, elitismo y desprecio hacia los sectores populares, a los que solo reconocen cuando necesitan legitimidad electoral.

Más grave aún es lo que ocurre tras la victoria. Una vez alcanzado el cargo público, estos mismos personajes rompen el vínculo social construido artificialmente, se distancian de la ciudadanía, desconocen a quienes trabajaron en sus campañas y adoptan actitudes de prepotencia, silencio cómplice o comodidad burocrática, convirtiéndose en meros consumidores del Estado, antes que en servidores públicos comprometidos con la defensa de los intereses colectivos.

En territorios como Zamora Chinchipe, esta práctica no es nueva ni aislada. Ya se ven figuras que han vivido durante años de los recursos públicos, sin generar transformaciones estructurales, tampoco un buen servicio, ni asumir una defensa real de la población frente a las problemáticas actuales, y que hoy buscan perpetuarse en el poder apelando al voto ciudadano. Esta realidad interpela directamente a la conciencia democrática de la sociedad.

En consecuencia, el desafío no recae únicamente en quienes aspiran al poder, sino también en una ciudadanía llamada a ejercer un voto crítico, informado y con memoria histórica, capaz de diferenciar entre la cercanía auténtica y la actuación oportunista. La democracia se debilita cuando se normaliza la simulación política; se fortalece, en cambio, cuando el pueblo exige coherencia, ética pública y presencia permanente, no solo en tiempos de campaña.

En una entrevista pública concedida a Diario El Amazónico, el arquitecto Luis Zaruma, del cantón Zamora, expresó su profunda preocupación ante la ocupación progresiva de los terrenos destinados a la construcción del nuevo Hospital Julius Doepfner, infraestructura considerada estratégica para la atención de salud no solo de la ciudad de Zamora, sino de toda la provincia de Zamora Chinchipe e incluso del sur del país.

Durante su intervención, el profesional recurrió a una metáfora ampliamente conocida en el lenguaje popular —la denominada “rana en la olla”— para explicar cómo situaciones que avanzan de manera lenta y silenciosa pueden no generar una reacción inmediata, hasta que sus consecuencias se tornan irreversibles. Bajo esta analogía, Zaruma advirtió que Zamora ha perdido históricamente terrenos reservados para proyectos públicos, los cuales, con el paso del tiempo, fueron ocupados por terceros, dificultando o incluso impidiendo la ejecución de obras de interés colectivo.

Verificación técnica y ocupación parcial del predio
Zaruma informó que, tras la alerta ciudadana emitida por Smilcar Rodríguez, se realizó un recorrido técnico y ciudadano junto al periodista Alcíbar Lupercio y Víctor Guamán en el predio donde se proyecta la construcción del hospital. Durante la inspección se constató que una parte significativa del terreno está siendo utilizada para actividades agrícolas, evidenciándose parcelas delimitadas con mallas plásticas, sembríos recientes de maíz y cultivos de mayor antigüedad en plena producción.

De acuerdo con la evaluación realizada, de las aproximadamente 3,5 hectáreas que conforman el terreno del hospital, al menos una quinta parte estaría actualmente ocupada o utilizada por terceros. Esta situación fue puesta en conocimiento al director del Hospital Julius Doepfner, doctor Gustavo Apolo, quien dispuso la conformación de una comisión técnica del hospital para realizar una inspección in-situ, la cual se llevó a cabo el miércoles 14 de enero, a partir de las 14h00, con el objetivo de verificar el estado real del predio.

El arquitecto recordó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) es el legítimo propietario del terreno, conforme consta en escritura pública, por lo que recae en esta institución la responsabilidad de conservar, proteger y resguardar el predio, a fin de evitar futuros conflictos legales relacionados con la posesión prolongada y eventuales reclamos por mejoras, tal como lo establece la normativa vigente.

Incertidumbre presupuestaria para la consultoría del hospital
Otro de los temas centrales abordados fue la falta de confirmación del presupuesto para la consultoría del nuevo hospital. Zaruma indicó que el 26 de noviembre del año anterior, el colectivo ciudadano fue convocado por la Gobernación, instancia en la que se informó sobre la existencia de un presupuesto aproximado de USD 591.000, destinado específicamente a la consultoría del proyecto, el cual —según se indicó— sería aprobado por el Ministerio de Salud hasta el mes de diciembre.

Sin embargo, tras una solicitud formal de información presentada por el ingeniero Smilcar Rodríguez, coordinador del colectivo ciudadano, se confirmó que hasta la fecha dicho presupuesto no ha sido aprobado, ni existe certeza de que el rubro correspondiente a la consultoría esté efectivamente incluido en la planificación institucional.

Desde un análisis técnico, Zaruma expuso que, incluso en el escenario más optimista, la contratación de la consultoría podría concretarse recién a mediados de 2026, con una duración estimada de nueve meses a un año, lo que permitiría contar con el proyecto finalizado hacia 2027. Posteriormente, la asignación del presupuesto para la construcción podría darse en 2028, con un tiempo de ejecución de al menos dos años, proyectando la puesta en funcionamiento del hospital alrededor del año 2030, siempre que se garantice la disponibilidad de recursos.

Llamado a liderazgo institucional y acción articulada
Finalmente, el arquitecto Luis Zaruma expresó su preocupación por la ausencia de un liderazgo visible, articulado y sostenido por parte de las autoridades provinciales y locales en torno a este proyecto prioritario. Enfatizó que no se trata de confrontar al Gobierno Central, sino de gestionar de manera unificada, técnica y responsable, canalizando las demandas ciudadanas mediante asambleas, comisiones y pronunciamientos oficiales.

En este contexto, hizo un llamado a la Prefectura, alcaldías, GAD parroquiales y demás autoridades de Zamora Chinchipe para que asuman un rol activo en la defensa y viabilización del nuevo Hospital Julius Doepfner, recordando que esta lucha ciudadana se mantiene vigente desde 2013 y responde a una necesidad urgente de salud pública para toda la provincia.

En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el concejal del cantón Chinchipe, Medardo Celi, realizó un análisis técnico, político y administrativo sobre la situación actual de varias parroquias rurales del cantón Chinchipe, particularmente de Pucapamba, La Chonta y El Chorro, abordando temas relacionados con el abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental, vialidad rural, fiscalización de obras públicas, priorización presupuestaria y gasto corriente municipal.

Durante su intervención, el edil destacó la importancia de las plataformas digitales y los medios de comunicación como mecanismos para fortalecer la cercanía entre autoridades y ciudadanía, subrayando la necesidad de transparentar la información pública y rendir cuentas de manera permanente.

Abastecimiento de agua potable en Pucapamba y sistema Uriarango
El concejal informó que, en el caso específico de la parroquia Pucapamba, el 26 de diciembre de 2025 se firmó un convenio interinstitucional destinado a atender la problemática del agua potable. Este acuerdo contempla la construcción de un tanque de almacenamiento y desarenadores, con el objetivo de mejorar el tratamiento del líquido vital y reducir la turbiedad del agua que actualmente llega a los hogares, situación que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud pública.

Indicó que el 31 de diciembre de 2025, la ingeniera July Núñez, responsable de la administración del convenio, solicitó formalmente el desembolso de los recursos al GAD Municipal de Chinchipe. No obstante, explicó que el proceso se encuentra a la espera del cierre del año fiscal y de la activación del sistema SIGAM, pasos necesarios para viabilizar la transferencia de fondos y la ejecución de la obra.

En relación con el sistema de agua Uriarango, que debería abastecer a las parroquias El Chorro, La Chonta y Pucapamba, el concejal señaló que uno de los principales problemas es la pérdida de caudal debido a acometidas clandestinas, las cuales afectan gravemente la distribución y provocan escasez durante el día. Añadió que este factor obliga a algunas comunidades a captar agua de vertientes cercanas, sin el tratamiento adecuado.

Presupuesto para agua potable y alcantarillado
Medardo Celi informó que, dentro del presupuesto municipal del año 2026, se ha destinado un monto de USD 4.388.313,43 exclusivamente para proyectos de agua potable y alcantarillado, con la finalidad de atender progresivamente estas problemáticas estructurales en el cantón. Manifestó su expectativa de que, durante el presente año, la administración municipal pueda ejecutar estos recursos de manera eficiente y oportuna.

Vialidad rural y cuarto eje vial
En cuanto a la infraestructura vial rural, el concejal reconoció que el cantón Chinchipe presenta serias deficiencias de mantenimiento, debido a su extensión territorial y a la limitada disponibilidad de maquinaria. Hizo un llamado a la autoridad provincial y nacional para que se mejore la distribución de recursos y se priorice la atención a las zonas rurales.

De manera particular, expresó su preocupación por el deterioro del cuarto eje vial, señalando que, pese a haber transcurrido más de 25 años desde la firma del Tratado de Paz, esta vía estratégica no ha recibido una intervención integral. Destacó que, recientemente, el GAD Municipal inició trabajos de mantenimiento en el puente de Isimanchi, el cual presentaba socavones que impedían el tránsito normal de buses y vehículos pesados.

Fiscalización de canchas cubiertas y uso de recursos públicos
Respecto a la construcción de canchas cubiertas ejecutadas mediante administración directa, el concejal confirmó que parte de la estructura metálica proviene de tubería donada por Petroecuador. Sin embargo, aclaró que el costo total de estas obras no se limita a dicho material, ya que las planillas incluyen mano de obra, perfilería, cubierta, techado y otros insumos técnicos.

Indicó que, desde el Concejo Municipal, se ha solicitado formalmente al Ejecutivo la entrega de las planillas detalladas de las canchas cubiertas construidas en sectores como San José de los Cruceros, San José de los Guayusos, la escuela Yahuarzongo y el barrio Los Rubíes, con el fin de conocer el costo real de cada proyecto y garantizar la transparencia. Añadió que, una vez recibida esta información, será socializada públicamente a través de los medios de comunicación.

Priorización de obras y saneamiento ambiental
Frente a los cuestionamientos ciudadanos sobre la priorización de obras en sectores con baja densidad poblacional, el concejal sostuvo que, si bien se busca una distribución equitativa de los recursos, también se considera el valor social y comunitario de este tipo de infraestructuras, especialmente para actividades deportivas y de integración barrial.

No obstante, enfatizó que no se ha dejado de lado el saneamiento ambiental, indicando que existen recursos asignados para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón, particularmente en la parroquia La Chonta, donde operan dos plantas. Detalló que una de ellas presenta daños en su infraestructura, presuntamente ocasionados por el paso de maquinaria pesada, por lo que solicitó la elaboración de un informe técnico que permita definir si es viable su mantenimiento o si se requiere la construcción de una nueva planta.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de predios donde se ubican estas plantas, especialmente en el sector Reina del Cisne, para que permitan el ingreso del personal técnico municipal y se pueda realizar el mantenimiento correspondiente, en beneficio de la salud pública.

Gasto corriente y compromiso institucional
En relación con el gasto corriente, Medardo Celi señaló que durante el año 2025 no se registró un incremento significativo y recordó que en 2024 se logró una reducción mediante la supresión de partidas y desvinculaciones, conforme a la normativa vigente. Manifestó su expectativa de que en 2026 se mantenga esta línea de austeridad, en concordancia con la LOEP y la Ley de Contratación Pública, priorizando siempre la inversión en obras antes que el incremento de personal.

Finalmente, el concejal reiteró su compromiso de apoyar todas las iniciativas de inversión pública que contribuyan a resolver las problemáticas estructurales del cantón Chinchipe, al tiempo que exhortó a las autoridades locales y parroquiales a trabajar de manera articulada, dejando de lado diferencias políticas, en favor del bienestar colectivo.