La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.

«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.

La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.

En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.

El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.

La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo

Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.

Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.

«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.

Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.

«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.

El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.

«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.

Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.

«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.

Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.

«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.

Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.

Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.

Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.

«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.

Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.

Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo