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Se inician las comparecencias en el caso de Álex Saab

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Con la presencia de Guillermo Avellán Solines, gerente del Banco Central, convocado para el jueves 4 de noviembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea iniciará la investigación de las presuntas transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del sistema Sucre y que involucra a Álex Saab, testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Avellán tendrá que entregar información sobre todas las operaciones en el marco del sistema Sucre”, manifestó el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. En cambio, para el lunes 8 de noviembre deberán presentarse Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ruth Arregui, superintendenta de Bancos; Carola Ríos, de la Senae; Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Verónica Artola, exgerente del Banco Central; entre otros.

Pero las comparecencias más esperabas están fijadas para el jueves 11 de noviembre, cuando se ha llamado al expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia— y a Andrés Arauz, exgerente del Banco Central y excandidato presidencial del correísmo. En total, la Comisión llamó a 18 personas.

Según Villavicencio, las operaciones delictivas de Saab en el país se ejecutaron gracias a que Correa y Arauz crearon el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que se fundamentó en la utilización de una moneda virtual denominada ‘sucre’, usada únicamente por los bancos centrales de los países miembros de la ALBA más Ecuador, por las buenas relaciones que mantenía Correa con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “El correísmo creó la mayor lavandería del Ecuador. Los reportes que tenemos dan cuenta de que entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares de la corrupción venezolana y del narcotráfico fueron lavados a través del sistema Sucre”, dijo el legislador.

Lo que se investiga

La investigación de la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las operaciones que mantuvo en Ecuador la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S.A), de propiedad de Álex Saab y de su socio, Álvaro Pulido Vargas. Los dos son investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales y lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y Estado Unidos.

En Ecuador, Foglocons fue investigada por la justicia por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas utilizadas para construcciones de viviendas. Esto le significó al Estado un perjuicio que superaría los 130 millones de dólares, según información de la Fiscalía. Las investigaciones determinaron que las transacciones se habrían hecho a Venezuela, a través del Sucre.

Sin embargo, para Roberto Cuero, legislador correísta integrante de Fiscalización, el objetivo de abrir este proceso es distraer la atención de los Papeles de Pandora, que analiza la Comisión de Garantías Constitucionales y que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso. La legisladora que pidió se realice la investigación de lo que sucedió con Foglocons, fue la oficialista Ana Belén Cordero. (I)

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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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Ecuador aún enfrenta desafíos para consolidar ciudades inteligentes y conectadas

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Ecuador avanza de manera progresiva hacia la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes; sin embargo, todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la conectividad, infraestructura tecnológica y aprovechamiento de datos. Así lo señaló Katty Rohoden, directora de la Carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante una entrevista con Diario El Amazónico sobre el tema: “Ciudades inteligentes: ¿Está Ecuador preparado para vivir en ciudades más conectadas?”

Rohoden sostuvo que, de acuerdo con la política pública nacional, actualmente no se puede afirmar que una ciudad ecuatoriana sea completamente digital o inteligente, aunque existen localidades que han desarrollado iniciativas orientadas a este objetivo. A su criterio, el país todavía presenta cierto retraso en materia de conectividad, particularmente frente al despliegue de tecnologías de nueva generación.

Uno de los aspectos abordados fue la implementación de redes 5G. La académica explicó que Ecuador tuvo un retraso en los procesos relacionados con la concesión de frecuencias, lo que incidió en el despliegue de esta tecnología. No obstante, señaló que desde finales de 2025 y durante 2026 operadores como CNT y Claro han iniciado el despliegue de redes 5G en el país.

La especialista también puso énfasis en la brecha digital existente en sectores rurales, donde todavía existen comunidades que no disponen de acceso a internet e incluso carecen de cobertura de telefonía celular. Esta situación limita oportunidades relacionadas con la educación en línea, telemedicina, acceso a información y otros servicios digitales.

Conectividad como base de las ciudades inteligentes
Para Rohoden, una ciudad o territorio inteligente no necesariamente requiere contar desde el inicio con la tecnología más avanzada. El elemento fundamental es disponer de conectividad, ya sea mediante radioenlaces, redes Wi-Fi u otras soluciones tecnológicas que permitan garantizar el acceso a la comunicación y la información.

En este proceso, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplen un papel estratégico, debido a que pueden establecer políticas y asignar presupuestos para transformar proyectos tecnológicos en soluciones concretas para la ciudadanía.

La directora de Telecomunicaciones explicó que desde la academia pueden desarrollarse proyectos como sistemas de monitoreo ambiental y redes de sensores; sin embargo, su impacto depende de que existan recursos y mecanismos institucionales que permitan implementarlos a escala territorial.

La experiencia de Loja
Durante la entrevista también se analizó el proceso desarrollado por Loja, ciudad que ha impulsado iniciativas vinculadas con conectividad, puntos Wi-Fi, movilidad y sistemas tecnológicos aplicados a los servicios urbanos.

Rohoden destacó experiencias relacionadas con el monitoreo del tráfico y la congestión vehicular mediante sensores, señalando que estas iniciativas pueden constituir referencias para otros territorios del país.

No obstante, advirtió que el desafío no consiste únicamente en instalar sensores y recopilar información. El siguiente paso es procesar y utilizar los datos mediante herramientas como la inteligencia artificial, con el objetivo de generar análisis predictivos y mejorar la toma de decisiones públicas.

Universidad y formación de nuevos profesionales
La académica destacó el papel de las universidades en la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades tecnológicas de los territorios.

En el caso de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL, explicó que se trabaja en un proceso de rediseño orientado a integrar las telecomunicaciones con áreas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas tecnologías de conectividad.

La formación busca que los futuros ingenieros no solamente conozcan las bases teóricas de las telecomunicaciones, sino que también puedan diseñar e implementar soluciones tecnológicas, considerando las características geográficas y las necesidades específicas de cada comunidad.

Tres desafíos para Ecuador
Al realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades del país para los próximos diez años, Rohoden identificó tres aspectos prioritarios:
1. Reducir la brecha de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores alejados.
2. Fortalecer e incrementar la infraestructura tecnológica, necesaria para el despliegue de redes de nueva generación como 5G.
3. Realizar un uso adecuado e inteligente de los datos, considerando tanto la información generada por dispositivos y sistemas de monitoreo como la protección de datos personales.

Respecto a la conectividad rural, la especialista mencionó a Starlink como una alternativa tecnológica que puede contribuir a atender sectores donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de infraestructura terrestre. Señaló que su utilización debe analizarse de acuerdo con las condiciones, necesidades y presupuesto de cada comunidad o municipio.

Finalmente, Rohoden enfatizó que el concepto de ciudad inteligente debe estar orientado principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no limitarse a incorporar tecnología. A su criterio, el desarrollo tecnológico debe avanzar paralelamente con la atención de las necesidades básicas y la reducción de las desigualdades de acceso a internet.

La UTPL, a través de su Carrera de Telecomunicaciones, informó además que mantiene abierto su proceso de matrículas hasta inicios de octubre, invitando a los estudiantes interesados en tecnología, conectividad, redes satelitales, Internet de las Cosas y soluciones inteligentes a formar parte de esta área de formación profesional.

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La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana

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El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.

Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.

El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.

También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.

Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.

La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.

El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.

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