Nacionales
Se inician las comparecencias en el caso de Álex Saab
Con la presencia de Guillermo Avellán Solines, gerente del Banco Central, convocado para el jueves 4 de noviembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea iniciará la investigación de las presuntas transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del sistema Sucre y que involucra a Álex Saab, testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Avellán tendrá que entregar información sobre todas las operaciones en el marco del sistema Sucre”, manifestó el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. En cambio, para el lunes 8 de noviembre deberán presentarse Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ruth Arregui, superintendenta de Bancos; Carola Ríos, de la Senae; Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Verónica Artola, exgerente del Banco Central; entre otros.
Pero las comparecencias más esperabas están fijadas para el jueves 11 de noviembre, cuando se ha llamado al expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia— y a Andrés Arauz, exgerente del Banco Central y excandidato presidencial del correísmo. En total, la Comisión llamó a 18 personas.
Según Villavicencio, las operaciones delictivas de Saab en el país se ejecutaron gracias a que Correa y Arauz crearon el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que se fundamentó en la utilización de una moneda virtual denominada ‘sucre’, usada únicamente por los bancos centrales de los países miembros de la ALBA más Ecuador, por las buenas relaciones que mantenía Correa con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “El correísmo creó la mayor lavandería del Ecuador. Los reportes que tenemos dan cuenta de que entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares de la corrupción venezolana y del narcotráfico fueron lavados a través del sistema Sucre”, dijo el legislador.
Lo que se investiga
La investigación de la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las operaciones que mantuvo en Ecuador la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S.A), de propiedad de Álex Saab y de su socio, Álvaro Pulido Vargas. Los dos son investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales y lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y Estado Unidos.
En Ecuador, Foglocons fue investigada por la justicia por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas utilizadas para construcciones de viviendas. Esto le significó al Estado un perjuicio que superaría los 130 millones de dólares, según información de la Fiscalía. Las investigaciones determinaron que las transacciones se habrían hecho a Venezuela, a través del Sucre.
Sin embargo, para Roberto Cuero, legislador correísta integrante de Fiscalización, el objetivo de abrir este proceso es distraer la atención de los Papeles de Pandora, que analiza la Comisión de Garantías Constitucionales y que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso. La legisladora que pidió se realice la investigación de lo que sucedió con Foglocons, fue la oficialista Ana Belén Cordero. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
Wilman Terán, alias ‘Diablo’, presenta síntomas psicóticos: ‘Escucha dos voces que alternan’
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó pronunciarse sobre la posible cooperación eficaz de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y sentenciado por múltiples casos de corrupción. Mientras tanto, un informe psiquiátrico reveló que alias ‘Diablo’ tiene síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
En los últimos días, se empezó a viralizar en redes sociales que Terán habría accedido a colaborar con la justicia ecuatoriana. Esta información tomó fuerza debido al traslado del privado de la libertad desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena hasta la Cárcel 4 de Quito.
‘Alias Diablo’, como se lo denominaba en los chats del caso Metástasis, permanece en la capital desde el 9 de enero, ya que pretendía prepararse para una audiencia de apelación en el caso Independencia Judicial, un proceso en el que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de obstrucción a la justicia.
¿COOPERADOR EFICAZ?
Ante los rumores de que el expresidente de la Judicatura habría entregado supuestas pruebas o información en contra de políticos en el marco de una cooperación eficaz, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, evitó dar detalles y no confirmó ni desmintió aquella aseveración que circula en redes sociales.
En ese sentido, la Fiscalía había emitido un comunicado el pasado miércoles 14 de enero en el que recuerda a la opinión pública que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que es de carácter reservado.
“Permite a la FGE llegar a acuerdos con personas procesadas o investigadas que decidan colaborar de manera voluntaria y comprobable con la justicia, aportando información relevante, veraz y oportuna, que contribuya al esclarecimiento de los hechos, la identificación de otros responsables y el desmantelamiento de estructuras criminales”, manifestó la institución.
Agregó que se aplica “bajo estrictos controles judiciales que garantizan la observancia de los derechos de las víctimas, el principio de proporcionalidad, la motivación de las decisiones fiscales y la debida valoración de la información aportada”.
INFORME PSIQUIÁTRICO DE ALIAS ‘DIABLO’
No obstante, la condición mental de Wilman Terán se habría agravado durante su estancia en la cárcel.
La cadena Ecuavisa reportó que, el pasado miércoles 14 de enero, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez llegó a la Cárcel 4 para hacerle un examen psiquiátrico. El resultado fue que alias ‘Diablo’ presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas.
Terán cuenta bajo sus espaldas tres condenas. Debe pagar nueve años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por el caso Obstrucción a la Justicia y una tercera de seis años y ocho meses por asociación ilícita en el caso Pantalla. Fuente: Vistazo
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 10 000 uniformados en Guayas, Manabí y Los Ríos, las tres provincias que en 2025 registraron los índices más altos de homicidios intencionales y que aún concentran elevadas cifras de asesinatos y otros delitos.
Según la cartera de Defensa, esta medida “marca el inicio de la fase Ofensiva Total”. En ese contexto, el ministro Gian Carlo Loffredo ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en Guayaquil.
“Esta guerra es muy dinámica y hay que adaptarse y evolucionar”, afirmó el funcionario en un video difundido por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los soldados continuarán llegando a Guayas, Manabí y Los Ríos hasta este viernes 16 de enero.
Un presunto esquema de estafa bajo la modalidad de inversiones en criptomonedas es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran haber perdido importantes sumas de dinero.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, informó que la investigación se inició tras la recepción de múltiples denuncias contra una empresa que ofrecía servicios de inversión en Bitcoin. Según los afectados, entregaban dinero para supuestas gestiones en criptomonedas, pero nunca recibieron rendimientos ni constancia de las operaciones.
“Actualmente, el caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados”, explicó Amoroso.
El modus operandi
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas involucradas solicitaban a los ciudadanos entregar dinero bajo la figura de “créditos a plazo fijo por montos elevados”. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas indicadas por los representantes, con la promesa de que serían invertidos en activos digitales.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión ni retornos económicos, lo que encendió las alertas sobre un posible esquema fraudulento.
Dos empresas bajo investigación
Las primeras indagaciones apuntan a la existencia de dos empresas relacionadas con el caso: una encargada de captar el dinero en Ecuador y otra con sede en México. Parte de la investigación busca determinar si una de estas compañías habría entrado en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas involucradas serían Capitalika y SCB Smart Capital.
El jurista añadió que ambas constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual continuaban operando y captando recursos de ciudadanos.
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