Nacionales
Se inician las comparecencias en el caso de Álex Saab
Con la presencia de Guillermo Avellán Solines, gerente del Banco Central, convocado para el jueves 4 de noviembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea iniciará la investigación de las presuntas transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del sistema Sucre y que involucra a Álex Saab, testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Avellán tendrá que entregar información sobre todas las operaciones en el marco del sistema Sucre”, manifestó el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. En cambio, para el lunes 8 de noviembre deberán presentarse Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ruth Arregui, superintendenta de Bancos; Carola Ríos, de la Senae; Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Verónica Artola, exgerente del Banco Central; entre otros.
Pero las comparecencias más esperabas están fijadas para el jueves 11 de noviembre, cuando se ha llamado al expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia— y a Andrés Arauz, exgerente del Banco Central y excandidato presidencial del correísmo. En total, la Comisión llamó a 18 personas.
Según Villavicencio, las operaciones delictivas de Saab en el país se ejecutaron gracias a que Correa y Arauz crearon el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que se fundamentó en la utilización de una moneda virtual denominada ‘sucre’, usada únicamente por los bancos centrales de los países miembros de la ALBA más Ecuador, por las buenas relaciones que mantenía Correa con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “El correísmo creó la mayor lavandería del Ecuador. Los reportes que tenemos dan cuenta de que entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares de la corrupción venezolana y del narcotráfico fueron lavados a través del sistema Sucre”, dijo el legislador.
Lo que se investiga
La investigación de la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las operaciones que mantuvo en Ecuador la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S.A), de propiedad de Álex Saab y de su socio, Álvaro Pulido Vargas. Los dos son investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales y lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y Estado Unidos.
En Ecuador, Foglocons fue investigada por la justicia por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas utilizadas para construcciones de viviendas. Esto le significó al Estado un perjuicio que superaría los 130 millones de dólares, según información de la Fiscalía. Las investigaciones determinaron que las transacciones se habrían hecho a Venezuela, a través del Sucre.
Sin embargo, para Roberto Cuero, legislador correísta integrante de Fiscalización, el objetivo de abrir este proceso es distraer la atención de los Papeles de Pandora, que analiza la Comisión de Garantías Constitucionales y que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso. La legisladora que pidió se realice la investigación de lo que sucedió con Foglocons, fue la oficialista Ana Belén Cordero. (I)
Ecuadorenvivo
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 372 la ratificación de funciones de la vicepresidenta María José Pinto, quien había asumido de manera temporal el Ministerio de Salud Pública.
El documento, emitido el 28 de abril de 2026, reafirma las responsabilidades previamente asignadas a Pinto como delegada del Ejecutivo ante el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, en línea con lo establecido en los decretos No. 3 de mayo de 2025 y No. 237 de diciembre del mismo año.
En el texto, el Ejecutivo resalta su participación en la implementación de políticas públicas enfocadas en la reducción de la desnutrición crónica infantil, una de las prioridades del Gobierno.
La vicepresidenta estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública durante cerca de cinco meses, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 27 de abril de 2026, en calidad de encargada.
Tras su salida de la cartera, el mandatario designó a Jaime Otton Bernabé Erazo como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública. Con este nombramiento, Bernabé se convierte en el séptimo funcionario —entre ministros titulares y encargados— en ocupar esa función durante los 18 meses de gestión del actual Gobierno.
El nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo, asumió sus funciones con un llamado a trabajar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para fortalecer el sistema público de salud y garantizar una atención digna, oportuna y de calidad en el país.
En sus primeras declaraciones, Erazo agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza depositada para asumir esta responsabilidad y señaló que llega al cargo en un momento que exige compromiso, seriedad y resultados. Además, afirmó que su gestión buscará consolidar los avances alcanzados y profundizar una administración más cercana a la ciudadanía.
El ministro anunció que su trabajo estará enfocado en cuatro ejes de acción. El primero será garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales, con el propósito de que lleguen de manera oportuna a cada establecimiento de salud.
Como segundo eje, planteó la optimización de la capacidad operativa de hospitales y centros de salud, mediante una mejor gestión de recursos, procesos más ágiles y un uso eficiente de la infraestructura disponible. Según Erazo, esta línea de acción permitirá mejorar los tiempos de atención y la calidad del servicio.
El tercer eje estará orientado a priorizar la atención primaria como base del sistema sanitario. Para ello, se buscará cerrar brechas en talento humano, equipamiento e infraestructura, con el fin de ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer nivel y ordenar la demanda hacia un modelo más eficiente.
Finalmente, Erazo aseguró que impulsará una lucha frontal contra la corrupción, con transparencia, control y firmeza en cada acción del sistema de salud.
El nuevo ministro convocó al personal sanitario, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos para construir un sistema de salud más sólido, eficiente y humano, en beneficio de la población.
Nacionales
Asamblea da luz verde a reforma penitenciaria de Noboa: estos son los cambios en las cárceles de Ecuador
La Asamblea Nacional, con 85 votos afirmativos, se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Con esta decisión, la normativa será remitida al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.
En la sesión del Pleno desarrollada este martes 28 de abril, el asambleísta ponente del informe, Mario Zambrano, argumentó que las cárceles han sido durante demasiado tiempo espacios en donde el crimen organizado ha desafiado al Estado.
“El hacinamiento, la falta de control y las deficiencias normativas han tenido un costo muy alto para las familias, por lo que esta reforma es fundamental. Además, mediante la objeción parcial se proponen mejoras que no cambian el espíritu de la normativa ni su esencia, sí la hacen más sólida, técnica y eficiente”, enfatizó.
Entre los principales cambios incorporados constan las definiciones para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el propósito de garantizar mayor claridad jurídica y uniformidad normativa.
Otra modificación amplía el derecho de impugnación de traslados, que inicialmente estaba limitado únicamente a personas sentenciadas. Con la reforma, este derecho se extiende a todas las personas privadas de libertad en casos de embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como cuando se requiera tratamiento psiquiátrico.
De manera específica, se revisa la incorporación de un régimen especial para militares en servicio pasivo que se integren al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
La normativa fortalece al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. Además, permite la incorporación de policías y militares en servicio pasivo al sistema penitenciario.
También establece la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo, e implementa un régimen especial para internos de alta peligrosidad.
Entre otros aspectos, refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras criminales dentro de las cárceles. Además, introduce reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción interna.
La ley incorpora políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de que las personas privadas de libertad trabajen para sustentar sus necesidades. Fuente: Vistazo
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