Nacionales
Se inician las comparecencias en el caso de Álex Saab
Con la presencia de Guillermo Avellán Solines, gerente del Banco Central, convocado para el jueves 4 de noviembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea iniciará la investigación de las presuntas transacciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través del sistema Sucre y que involucra a Álex Saab, testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Avellán tendrá que entregar información sobre todas las operaciones en el marco del sistema Sucre”, manifestó el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. En cambio, para el lunes 8 de noviembre deberán presentarse Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI); Ruth Arregui, superintendenta de Bancos; Carola Ríos, de la Senae; Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Verónica Artola, exgerente del Banco Central; entre otros.
Pero las comparecencias más esperabas están fijadas para el jueves 11 de noviembre, cuando se ha llamado al expresidente Rafael Correa —sentenciado por corrupción y prófugo de la Justicia— y a Andrés Arauz, exgerente del Banco Central y excandidato presidencial del correísmo. En total, la Comisión llamó a 18 personas.
Según Villavicencio, las operaciones delictivas de Saab en el país se ejecutaron gracias a que Correa y Arauz crearon el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), que se fundamentó en la utilización de una moneda virtual denominada ‘sucre’, usada únicamente por los bancos centrales de los países miembros de la ALBA más Ecuador, por las buenas relaciones que mantenía Correa con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “El correísmo creó la mayor lavandería del Ecuador. Los reportes que tenemos dan cuenta de que entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares de la corrupción venezolana y del narcotráfico fueron lavados a través del sistema Sucre”, dijo el legislador.
Lo que se investiga
La investigación de la Comisión de Fiscalización busca esclarecer las operaciones que mantuvo en Ecuador la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S.A), de propiedad de Álex Saab y de su socio, Álvaro Pulido Vargas. Los dos son investigados en Estados Unidos por blanqueo de capitales y lavar las ganancias de una trama de sobornos por medio de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela y Estado Unidos.
En Ecuador, Foglocons fue investigada por la justicia por supuestas exportaciones irregulares de planchas prefabricadas utilizadas para construcciones de viviendas. Esto le significó al Estado un perjuicio que superaría los 130 millones de dólares, según información de la Fiscalía. Las investigaciones determinaron que las transacciones se habrían hecho a Venezuela, a través del Sucre.
Sin embargo, para Roberto Cuero, legislador correísta integrante de Fiscalización, el objetivo de abrir este proceso es distraer la atención de los Papeles de Pandora, que analiza la Comisión de Garantías Constitucionales y que involucra al presidente de la República, Guillermo Lasso. La legisladora que pidió se realice la investigación de lo que sucedió con Foglocons, fue la oficialista Ana Belén Cordero. (I)
Ecuadorenvivo
Nacionales
Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral
En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.
El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.
En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.
En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.
Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.
En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.
Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.
Nacionales
Superintendencia de Bancos alerta sobre 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026
La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.
Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.
Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.
El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.
En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.
Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.
La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.
Nacionales
Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.
En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.
Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.
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