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Nacionales

Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena

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La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.

Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.

Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.

Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.

Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.

En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.

De fuerza política a minoría marginal

Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.

E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.

Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.

Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.

La pugna legal

Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.

Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.

Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.

Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.

Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.

De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias

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Ejército incauta 11.300 litros de combustible utilizado para minería ilegal en Zamora Chinchipe

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El Ejército de Ecuador incautó 3.000 galones de combustible (más de 11.300 litros) utilizados para actividades de minería ilegal en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una de las más afectadas por esta práctica, según detalló el Ministerio de Defensa este miércoles.

Los militares además desmantelaron dos campamentos clandestinos e inhabilitaron maquinaria pesada que presuntamente se empleaban para las mismas actividades ilícitas.

«Las mafias de la minería son atacadas en todo el territorio nacional (…) seguimos actuando con firmeza», continuó el Ministerio en un comunicado.

Durante la intervención, ejecutada en el municipio de El Pangui, fueron destruidas excavadoras, motores de succión y clasificadoras tipo Z.

El Ministerio señaló que el operativo afectó directamente a las economías ilícitas que operan en la frontera sur del país.

Combate contra el crimen organizado

Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.

Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.

Las organizaciones delictivas buscan extraer oro aprovechando los precios récord que registra este metal en los mercados internacionales.

El proceso es altamente contaminante: arrasa con la cobertura forestal y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. Fuente: Vistazo

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SNAI reporta muerte de otro preso en la Cárcel del Encuentro

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este miércoles sobre la muerte de una persona privada de libertad en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.

A través de un comunicado, la entidad indicó que, de forma preliminar, el fallecimiento no estaría relacionado con una enfermedad infectocontagiosa y que las primeras evaluaciones apuntarían a una muerte natural.

Sin embargo, el organismo precisó que la causa exacta deberá establecerse mediante autopsia informes técnico-forenses, dentro de los procedimientos correspondientes.

El SNAI aseguró además que facilitó el levantamiento de información y mantiene coordinación con las instituciones competentes para esclarecer el caso.

Segundo fallecimiento en menos de dos semanas

El fallecimiento se produce menos de dos semanas después de otra muerte registrada en el centro penitenciario de máxima seguridad, construido durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.

El pasado 15 de mayo, un privado de libertad fue hallado sin vida en ese complejo. El caso habría estado asociado a una enfermedad respiratoria.

El reciente deceso ocurrió un día después de que la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, confirmó recientemente el traslado preventivo un grupo de privados de libertad desde ese centro hacia cárceles de Guayaquil.

La funcionaria negó que exista en la Cárcel del Encuentro un brote de tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las cárceles del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.

Morillo sostuvo que la decisión respondió a un caso puntual, además de afirmar que el centro penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para albergar a las personas privadas de libertad. Fuente: Vistazo

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El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”

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La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.

En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.

“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada

El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.

En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.

Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.

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Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.

“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada

El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.

Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.

Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.

El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.

“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada

Caso Progen

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En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.

“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias

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