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Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena

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La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.

Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.

Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.

Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.

Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.

En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.

De fuerza política a minoría marginal

Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.

E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.

Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.

Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.

La pugna legal

Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.

Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.

Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.

Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.

Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.

De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias

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Mónica Palacios reacciona al pedido de levantamiento de su inmunidad para procesarla por calumnia

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La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, reaccionó al pedido de levantar su inmunidad parlamentaria por parte de un juez que tramita una querella interpuesta por la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

Palacios había denunciado el intento de una joven, identificada como Jenny Ramírez, de comprar un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad por USD 2,7 millones. Tras el escándalo, el proceso fue revocado por las autoridades municipales de esa localidad.

Según la legisladora correísta, Ramírez sería hija de la empleada doméstica de Gellibert.

Por lo cual, Palacios presentó una notitia criminis ante la Fiscalía por presunto testaferrismo, tráfico de influencias y lavado de activos contra la funcionaria. Sin embargo, la legisladora dice que la respuesta del Ministerio Público “ha sido nula”.

Mientras tanto, Gellibert también interpuso una querella penal contra la asambleísta de la RC por calumnia, ya que la parlamentaria habría atribuido falsamente un delito.

“Es insólito que mientras la Fiscalía y la UAFE miran para otro lado, ahora la querellada sea yo. Una vez más, el gobierno de Daniel Noboa usa la justicia para tratar de amedrentarme. ¡No me van a callar!”, escribió Palacios en la red social X.

Agregó que mientras su notitia criminis no muestra avances, la querella de Gellibert “avanza con velocidad inusual”.

“Este es un claro intento de persecución contra quien se atreve a tocar los negocios del poder. Quiero recordarle, señora Gellibert, que mi deber constitucional es fiscalizar los recursos del pueblo ecuatoriano y que no me asustan sus intentos de usar la justicia para perseguirme”, apuntó la militante del correísmo.
$!El día en que Palacios denunció a Gellibert.

PEDIDO DE LEVANTAMIENTO DE LA INMUNIDAD

Al ser legisladora, Palacios goza de inmunidad parlamentaria. Por ello, no puede ser procesada penalmente sin la autorización previa del Pleno.

En este sentido, el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional autorizar el levantamiento de la inmunidad para comenzar con el proceso penal por presunta calumnia.

Una vez que ingrese el pedido, el Legislativo deberá analizarlo y ponerlo a votación del Pleno.

Para levantar la inmunidad parlamentaria a un asambleísta se requiere el apoyo de la mayoría calificada, esto es, al menos, 101 votos. Fuente: Vistazo

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Tragedia en el centro de Guayaquil: mujer muere al caer del cuarto piso de un edificio

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La noche del centro de Guayaquil se vio interrumpida cerca de las 22:00 de este martes 7 de abril por un trágico suceso. Jennifer Mariuxi Garcés Chipre falleció de manera instantánea tras caer desde el cuarto piso de un edificio ubicado entre las calles Los Ríos y 9 de Octubre.

Según testimonios de moradores, el incidente fue precedido por una fuerte discusión en el balcón del departamento entre la víctima y su conviviente. «Escuchamos el grito de la chica y luego el impacto», relató a la prensa una residente del sector, quien junto a otros vecinos intentó auxiliar a la mujer sin éxito.

Procedimiento policial y detención

Agentes del distrito 9 de Octubre y personal de Criminalística acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios. La presencia de familiares de Garcés Chipre en el sitio generó momentos de tensión, ya que señalaron directamente a la pareja de la víctima como el presunto responsable del hecho.

El sospechoso fue trasladado en una unidad policial en medio de reclamos e intentos de agresión por parte de los allegados de la fallecida. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre la situación jurídica del uniformado ni sobre los resultados preliminares de la autopsia que determinen las circunstancias exactas de la caída. Fuente: Vistazo

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Ecuador envía nota de protesta a Colombia luego de que Petro dijo que Glas es un preso político

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La tensión entre Ecuador y Colombia se mantiene tras la querella digital entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, por el exvicepresidente Jorge Glas. La Cancillería ecuatoriana envió una nota diplomática de protesta al país vecino, según confirmaron fuentes del Gobierno a PRIMICIAS.

La nota diplomática fue enviada la noche del 7 de abril  por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Se conoce que en el documento, que no se ha difundido de forma pública, la Cancillería expresó «su más enérgica protesta» ante las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas», dice presidente Noboa tras supuestos bombardeos de Ecuador en Colombia
El actual conflicto empezó con una publicación del presidente de Colombia, la noche del lunes 6 de abril, en la que volvió a mencionar que ha pedido la liberación de Jorge Glas, a quien considera un preso político y le otorgó la nacionalidad colombiana.

Noboa reaccionó al día siguiente y aseguró que las declaraciones de Petro constituyen «un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional»

Petro volvió a pronunciarse, insistiendo en que Glas es un preso político y, además, un ciudadano colombiano. Con eso terminó el cruce de mensajes en redes sociales, pero la situación derivó en una nota de protesta diplomática.

PRIMICIAS también conoció que la Cancillería de Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong.

Esta tensión diplomática ocurre mientras Ecuador y Colombia mantienen una guerra arancelaria desde enero de 2026, cuando el presidente Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad o arancel del 30% a las importaciones del país vecino.

El Gobierno ecuatoriano defiende esta medida con el argumento de que Colombia no ha tomado las medidas necesarias para mantener el control de la frontera, mientras que el Gobierno de Petro defiende que sí las ha cumplido.

Actualmente, Ecuador aplica un arancel del 50% a las importaciones de Colombia, con la excepción de ciertos productos y servicios. Mientras que el país vecino mantiene una tarifa del 30% para las importaciones ecuatorianas, aunque hay un proyecto para subir el arancel al 50% a más de 200 productos. Fuente: Primicias

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