Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
El riesgo país registró uno de los índices más bajos desde octubre de 2014. Ayer, miércoles 3 de junio de 2026, se ubicó en 396 puntos.
Baja el riesgo país
El índice de riesgo país mide la percepción de los inversionistas internacionales sobre la capacidad de pago, sostenibilidad fiscal y fortaleza institucional de un país. Es calculado y publicado por el JPMorgan Chase & Co., a través del índice EMBI Global.
En ese marco, Ecuador reportó 396 puntos, el más bajo desde octubre de 2014. Los días previos, en mayo no superó los 422 puntos con tendencia a la baja como ocurrió ayer.
“El mercado internacional, cada vez, confía más en Ecuador”, anunció el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su cuenta de X.
Además, indicó que con esto significa que “Más confianza en Ecuador significa más inversión, más empleo y más oportunidades para el desarrollo del país”.
Las provincias donde se extrae petróleo suelen concentrar una de las principales paradojas del país: generan gran parte de los ingresos nacionales, pero muchas comunidades aún enfrentan carencias en servicios básicos. En este contexto, el gobierno informó que ha destinado USD 111,3 millones en inversión social para ejecutar obras en territorios con influencia hidrocarburífera.
Nueve provincias reciben inversión social
Los recursos fueron canalizados a través de Petroecuador mediante convenios de compensación social y cooperación institucional.
Las provincias beneficiadas son:
- Cañar
- Esmeraldas
- Santa Elena
- Sucumbíos
- Orellana
- Napo
- Guayas
- Loja
- El Oro
Según la empresa pública, los proyectos responden a necesidades identificadas en comunidades cercanas a las operaciones petroleras.
Agua potable, salud y vialidad entre las prioridades
La inversión se concentró en infraestructura considerada esencial para las comunidades. Entre las obras ejecutadas constan:
- Sistemas de agua potable
- Obras de saneamiento ambiental
- Infraestructura vial
- Espacios recreativos
- Centros y servicios de salud
- Obras comunitarias
El objetivo es mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer las condiciones de vida en zonas urbanas y rurales.
El papel de Petroecuador
La empresa sostiene que la inversión busca generar beneficios de largo plazo.
Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador, señaló que la estrategia social debe ir más allá de una compensación económica.
«La gestión social no puede limitarse a una compensación económica; debe traducirse en obras útiles, en servicios que permanezcan y en proyectos que respondan a necesidades reales de la población», afirmó.
El funcionario explicó que la empresa busca mantener una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla actividades operativas.
Una estrategia vinculada a territorios petroleros
La inversión forma parte de los mecanismos de compensación social que históricamente han acompañado a la actividad hidrocarburífera.
Estos programas buscan generar beneficios directos en territorios que conviven con infraestructura petrolera y que, en muchos casos, enfrentan desafíos relacionados con acceso a servicios básicos e infraestructura pública.
Contexto
Las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Napo concentran gran parte de la producción petrolera nacional, mientras que Esmeraldas alberga la principal refinería del país. Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Cañar también mantienen infraestructura estratégica relacionada con el sector energético.
La inversión social en zonas petroleras forma parte de los mecanismos que buscan redistribuir parte de los beneficios generados por la actividad hidrocarburífera hacia las comunidades de influencia.
Nacionales
Cómo el expolicía que filtró información del caso León de Troya asesoró al correísmo para frenar el caso Villavicencio
La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha entrado en una fase judicial decisiva.
Finalmente, para este viernes 5 de junio de 2026 está convocada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la cual se revisarán las pruebas recogidas por la Fiscalía y se decidirá quiénes van a juicio por ordenar el asesinato de Villavicencio, el 9 agosto de 2023, en Quito.
José Serrano, exministro del Interior del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, vinculado a casos de corrupción y crimen organizado, son los procesados por ese caso.
En medio de esta coyuntura, el miércoles 3 de junio de 2026, rindió su testimonio anticipado Rodney Rengel, el expolicía que se dio a conocer como investigador del caso León de Troya, el cual rastreaba supuestos nexos de personas cercanas al Gobierno de Guillermo Lasso con el crimen organizado. Aquella investigación había sido archivada inicialmente.
Sin embargo, el caso León de Troya volvió al centro del debate público tras la filtración del informe policial. La crisis política que desencadenó llevó a que, en mayo de 2023, el entonces presidente Lasso decretara la muerte cruzada, una decisión que puso fin a su mandato de forma anticipada y dio paso a elecciones extraordinarias (en ellas, Villavicencio participó como candidato hasta su asesinato).
El arresto de Rengel y las filtraciones
El 18 de diciembre de 2025, Rodney Rengel fue retenido y procesado penalmente por el delito de difusión de información de circulación restringida. No recibió prisión preventiva; salió libre.
Rengel fue procesado por la investigación que presume su responsabilidad en la filtración del expediente reservado del caso León de Troya.
Las autoridades policiales y judiciales investigan si Rengel extrajo y entregó de manera ilegal dicho informe reservado a Andersson Boscán de La Posta, a quien el expolicía tenía registrado en sus comunicaciones bajo el alias de ‘Amigo Bryan’.
Durante el operativo de retención de Rengel, los agentes incautaron tres dispositivos móviles, incluyendo equipos de marcas Infinix y Samsung, junto con un iPhone 16 que el propio expolicía entregó voluntariamente.
La explotación forense de estos terminales telefónicos reveló que el exoficial no solo filtraba documentos, sino que supuestamente formaba parte de una red dedicada a comercializar datos sensibles.
Nexos políticos y el caso Magnicidio FV
La extracción de datos de los teléfonos incautados evidenció un plan estructurado para supuestamente entorpecer y desvirtuar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.
Las pericias demostraron que Rengel utilizaba en WhatsApp el alias de ‘Julián’ y que se comunicaba a través de correo electrónico con la cuenta uctcirodney@gmail.com.
En su libreta de contactos mantenía una vía de comunicación directa con el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga, uno de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, a quien tenía guardado bajo la identidad falsa de ‘Roberto Arce’.
Asimismo, la información extraída ratificó que Rengel realizó un viaje hacia Venezuela con el propósito exclusivo de mantener reuniones presenciales con Aleaga.
El hallazgo más contundente fue la recuperación de grabaciones clandestinas identificadas como «Nueva grabación 39» y «40», en las que se registra una reunión del buró de la Revolución Ciudadana (RC).
En esa cita interactuaron el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Freddy Carrión, Priscila Schettini, Suad Manssur, Patricio Pacheco, Juan Andrés González y el propio Rengel. Una pericia de cotejamiento de voces ratificó la participación de todos los personajes.
Además, en el expediente se agregaron fotografías de Rengel junto a Rafael Correa y junto a José Serrano, lo que llevó a los investigadores a concluir contactos presenciales con los dos políticos.
La transcripción detalla cómo los participantes planificaban la generación de una campaña en redes sociales como un mecanismo de defensa para deslegitimar el avance de las investigaciones del caso Magnicidio FV, que involucra a figuras como Aleaga y al exministro Serrano.
En los audios, los interlocutores decían que el caso de Villavicencio era un falso positivo armado por la exfiscal Diana Salazar y destacaban que Rengel, gracias a su experiencia policial, era la pieza perfecta para ayudarles a estructurar la defensa.
Como parte de esta estrategia, Rengel habría inventado una narrativa falsa relacionada con el informe policial del caso Acrópolis, que involucra a la célula de Los Lobos que fue sentenciada como parte de los autores materiales del asesinato de Villavicencio.
El expolicía entregó a miembros del correísmo un reporte afirmando que existían escuchas telefónicas que advertían sobre el atentado contra Villavicencio en el colegio Anderson, intentando culpar a la Policía de negligencia.
Sin embargo, el investigador original del caso Acrópolis, en una versión por el caso Magnicidio FV, desmintió la existencia de dichas escuchas.
En su último testimonio, Rengel habría confesado que la información del caso Acrópolis se la dieron solo verbalmente, que nunca verificó los datos y que mintió para ganar protagonismo (y ‘confianza’) con la gente de Revolución Ciudadana. Fuente: Primicias
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