Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
Nacionales
La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana
El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.
Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.
El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.
También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.
Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.
La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.
El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.
Nacionales
Ministerio de Salud apuesta por plataforma de USD 240 millones para controlar medicinas y conectar hospitales
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de una plataforma de gestión hospitalaria que busca mejorar la atención a los pacientes y fortalecer el control de medicamentos e insumos.
El proyecto, cuyo plazo de ejecución será de siete años, busca integrar la información de los pacientes, avanzar hacia una historia clínica electrónica única y fortalecer el control de medicamentos e insumos en la red pública.
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
“Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Plataforma para atención de pacientes
Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos.
Por medio de este proceso, las autoridades buscan “conectar progresivamente” los establecimientos administrados por el Ministerio y mejorar la atención a los pacientes.
“Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico”, dijo Aveiga.
“Contaremos con Dedalus Group, uno de los sistemas más probados y utilizados en el mundo y uno de los mayores proveedores globales de software de salud y soluciones de sistemas de información hospitalaria e historia clínica electrónica”, manifestó el gerente de CNT.
Esta contratación se anuncia en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas que atraviesan los hospitales públicos y que el Gobierno del presidente Daniel Noboa no ha logrado solucionar.
Las autoridades han atribuido esta escasez a supuestas mafias enquistadas en los hospitales. Ante esta situación, Noboa también ha anunciado compras masivas de medicamentos para enfrentar el desabastecimiento. Fuente: Vistazo
Nacionales
Bajan 3 centavos de las gasolinas Extra y Ecopaís y diésel en septiembre de 2026, anuncia presidente Noboa
El presidente Daniel Noboa anunció una reducción de USD 0,03 por galón de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel a partir del 12 de septiembre de 2026.
Con el ajuste, las gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos, pasarán de USD 3,24 a USD 3,21 por galón. El diésel Premium bajará de USD 3,18 a USD 3,15. Este precio estará vigente hasta el 11 de octubre próximo.
Se trata de la tercera reducción consecutiva. En julio, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel bajaron cinco centavos por galón. En agosto, los tres combustibles volvieron a bajar USD 0,02 por galón: la Extra y Ecopaís pasaron de USD 3,26 a USD 3,24, mientras que el diésel Premium bajó de USD 3,20 a USD 3,18.
Gobierno anticipó nuevas reducciones hasta diciembre
El Gobierno ya había anticipado que las reducciones podrían continuar de manera gradual hasta diciembre de 2026, pese al repunte del precio del petróleo en el mercado internacional, marcada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero de 2026.
El precio del petróleo WTI, referencia para Ecuador, cerró este martes 8 de septiembre con un alza de 1,7%, en USD 93,03 por barril, impulsado por los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.
Es el precio más alto desde el 24 de julio, cuando el crudo cerró en USD 89,31.
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo y los combustibles han mostrado gran volatilidad. En marzo subieron con fuerza, pero bajaron en abril tras el alto el fuego. En junio volvieron a repuntar, ante las nuevas tensiones y las dificultades para mantener el acuerdo.
Ecuador siente este impacto porque los precios de los combustibles para el sector automotor (gasolinas de bajo octanaje y diésel) ya no están congelados ni subsidiados. Ahora cambian mensualmente bajo un sistema de bandas que toma en cuenta el precio internacional del petróleo junto a otras variables.
Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 para las gasolinas Extra y Ecopaís, y se incorporó al diésel en diciembre de 2025.
El sistema de bandas establece límites para los cambios mensuales: los precios pueden subir hasta 5% o bajar hasta 10% frente al período anterior.
Sin embargo, este año el Gobierno de Daniel Noboa modificó el mecanismo con el objetivo de reducir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, que habían aumentado de manera consecutiva desde enero. Con el sistema de bandas, cuando los precios del petróleo y los combustibles bajaron en abril, tras el alto al fuego, esa reducción no se trasladó al consumidor final.
Por ello, en julio, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 444, con este se creó un mecanismo excepcional para acelerar las bajas cuando se cumplen determinadas condiciones. Luego, en agosto, el Decreto Ejecutivo 468 modificó ese esquema para que las reducciones del costo de importación se trasladen de manera gradual a los precios de los combustibles.
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