Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
Nacionales
MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial
Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Nacionales
Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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