Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
Dos horas después de que Mario Godoy anunció su renuncia a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) el 18 de febrero de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional se instaló para continuar con la parte final del juicio político en su contra.
El asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Franklin Samaniego, que es uno de los interpelantes anunció que, él y su coidearia Viviana Veloz, intervendrán anunciando las acusaciones contra el exfuncionario, independientemente de la renuncia presentada por Mario Godoy a la presidencia del Consejo de la Judicatura.
18/02/2026 / 16:41
«Esta no es su Asamblea»: el cruce entre Veloz y Olsen
Hubo un cruce de palabras entre Viviana Veloz y el presidente Niels Olsen cuando la legisladora correístas pretendió mocionar durante su interpelación la censura y destitución de Godoy para así evitar que ADN proponga la censura en solitario.
Olsen le recordó que una moción solo se puede plantear durante el debate, mientras Veloz reclamaba que no lo podía interrumpir mientras estaba en el uso de la palabra. «Esta no es su Asamblea Nacional», dijo Olsen, lo que arrancó aplausos de a bancada ADN.
Luego, el segundo en tomar la palabra por el correísmo fue Franklin Samaniego, quien inició pidiendo un aplauso por el juez Carlos Serrano, al que calificó como un funcionario de justicia valiente por haberse atrevido a denunciar la supuestas presiones de cercanos a Mario Godoy.
18/02/2026 -16:21
Fue un «carnavalazo a la justicia», dice Viviana Veloz
En su intervención durante el enjuciamiento a Godoy, la legisladora correísta Viviana Veloz se refirió a los hechos de de las últimas horas en la Judicatura, como la designación de Damián Larco en la presidencia de la Judicatura, en reemplazo de Godoy.
Veloz tildó esto de un «carnavalazo a la justicia», y dijo que Godoy, a través del funcionario Henry Gaibor, presionó al juez Serrano para que «ponga un poquito más de atención a la defensa» de Jezdimir Srdan.
El correísmo se apoyó en la versión que dio el juez Carlos Serrano en la Comisión para sustentar la acusación ante el Pleno. Por ejemplo, cuando Serrano manifestó que no existe «plena libertad» entre los jueces anticorrupción o cuando el magistrado se lamentó de tener que dejar el país para mantenerse vivo.
18/02/2026 – 15:46
Revolución Ciudadana insiste en la censura a Godoy
Luego de la lectura por algo más de tres horas del informe elaborado por la Comisión de Fiscalización sobre el análisis de las pruebas documentales y testimoniales, así como de otras formalidades del proceso, Olsen dio la palabra a los interpelantes de la Revolución Ciudadana.
La primera en intervenir es la asambleísta correísta Viviana Veloz, que arrancó diciendo que el país ha estado esperando por 59 días este momento. Veloz calificó como una «oda al cinismo» el informe del juicio político elaborado por Fiscalización: «poco más les faltó declarar beato a Mario Godoy», señaló la asambleísta correísta.
El correísmo asegura que como el Consejo de Participación no conoce y acepta aún la renuncia de Mario Godoy lo único que cabe en la Asamblea es la censura y destitución del funcionario.
18/02/2026 – 14:45
Lectura del informe de la Comisión de Fiscalización
Previo a la intervención de los legisladores interpelantes, Viviana Veloz y Franklin Samaniego, el presidente de la Asamblea, dispuso la lectura íntegra del informe que fue elaborado por la Comisión de Fiscalización que concluye recomendando continuar con el juicio político a Godoy.
En el extenso documento de algo más de 70 páginas, se cuestiona las pruebas documentales presentadas por Revolución Ciudadana. La mayoría, se basan en publicaciones de prensa sobre Mario Godoy que, según la Comisión, de mayoría oficialista, no probarían nada contra Godoy.
También, relata la versión de Mario Godoy que niega haber sido él quien ejerció presión sobre el juez Carlos Serrano para que presuntamente favorezca a Sredan o contra la jueza Nubia Vera, para que falle en contra de la ex vicepresidenta, Verónica Abad.
El informe analiza la comparecencia del juez Serrano, especialmente, la parte en la que da a conocer las veces que acudió a la Judicatura para pedir resguardo y protección ante las supuestas amenazas de Srdan y la ineficiente respuesta del organismo para brindar protección.
Por eso, la conclusión del informe es que Godoy incumplió funciones al no brindar una eficiente y urgente protección administrativa a favor del juez anticorrupción, lo que configuraría «manifiesta inoperancia», lo cual debe ser la censura y destitución la consecuencia jurídica.
18/02/2026 -11:32
Olsen dijo que el juicio político debe continuar
Por su parte, tras conocer la renuncia de Godoy al cargo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, señaló que el juicio político debe continuar.
Al respecto, Olsen confirmó que el documento con la renuncia ya llegó a la Asamblea Nacional.
18/02/2026 -11:30
ADN se ratifica a favor de la censura de Godoy
La bancada oficialista de ADN en la Asamblea ratificó la decisión de votar a favor de la censura de Mario Godoy, aunque no basado en la acusación y pruebas presentadas por el correísmo durante el proceso previo.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo que ni las pruebas documentales ni las testimoniales del correísmo aportaron para probar la acusación.
Más bien, fueron los propios documentos que entregó Godoy lo que habrían demostrado que hubo “manifiesta inoperancia” de su parte para proteger al juez Carlos Serrano, ante las supuestas amenazas de muerte de un narcotraficante en el juicio del Caso Euro 2024.
18/02/2026 – 10:51
Mario Godoy no acudirá a la Asamblea
Mario Godoy, por su parte, tenía tres horas para ejercer su defensa, aunque minutos antes de la instalación de la sesión, se conoció que el expresidente del Consejo de la Judicatura no acudirá a la Asamblea Nacional.
18/02/2026 / 10:50
«La renuncia no sustituye a la censura»
«Estamos de acuerdo con la negligencia manifiesta del señor Mario Godoy en el cumplimiento de sus funciones, pero no podemos dejar de lado el conflicto de intereses, porque su esposa fue defensora de Jezdimir Srdan (narcotraficante serbio) y en el caso de la jueza Nubia Vera, hubo presiones», dijo Samaniego.
«Que no nos tomen por ingenuos. La renuncia de Mario Godoy, preparada entre sombras con Carondelet y los asambleístas de ADN, no borra los hechos, no extingue responsabilidades y, sobre todo, no sustituye la censura, dijo Viviana Veloz.
En conjunto, Samaniego y Veloz tendrán dos horas para emitir sus acusaciones contra Godoy. El correísmo pidió estar atento para que la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) no diga que, como Godoy ya renunció, no hace falta votar la censura.
De hecho, Samaniego dijo que la dimisión debe ser aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), algo que aún no ha ocurrido, por lo que la moción del correísmo será por la censura y destitución. Fuente: Primicias
El Gobierno ecuatoriano presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN) por presuntas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.
Así lo anunció la Cancillería a través de un comunicado en el que explica que Ecuador activó los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena “para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas por la República de Colombia que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos”.
Agrega que se han identificado incumplimientos por parte de Colombia sobre decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, “así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario”.
Los reclamos de Ecuador se han en medio de una guerra comercial con Colombia luego de que el Gobierno de Daniel Noboa interpuso una tasa del 30% a los productos que ingresen desde ese país por razones de seguridad nacional “ante la falta de acciones firmes” por parte de la nación vecina en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
COLOMBIA IMPUGNA ANTE LA CAN
Mientras tanto, Colombia también presentó una impugnación ante la Comunidad Andina (CAN) para que se revise y se levante la tasa del 30 % impuesta por Ecuador.
La solicitud fue presentada el 9 de febrero ante la Secretaría General de la CAN y admitida a trámite el 16 de febrero, lo que dio inicio a un procedimiento de investigación.
De acuerdo con la documentación divulgada por medios colombianos, la demanda busca que la tasa por servicio de control aduanero sea calificada como un gravamen, al considerar que equivale a un arancel encubierto.
En un oficio firmado por el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, el organismo confirmó que la solicitud colombiana cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 425, por lo que se inició formalmente el proceso de análisis.
Por su parte, Ecuador ha ratificado su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad. Fuente: Vistazo
Nacionales
90 días de María José Pinto en el Ministerio de Salud | Brechas en medicinas y alerta por tuberculosis
Han transcurrido 90 días desde que el presidente Daniel Noboa, tras el revés en la consulta popular, designara a la vicepresidenta María José Pinto como encargada del Ministerio de Salud Pública. Fue nombrada, mediante decreto ejecutivo, el 18 de noviembre de 2025.
La llegada de la Vicepresidenta parecía una medida para frenar una vorágine administrativa que ha impedido la continuidad de las políticas públicas: desde noviembre de 2023, el Ministerio de Salud ha visto el paso de cinco titulares, convirtiéndose en una de las entidades más inestables del Ejecutivo.
Entre los antecesores de Pinto estuvieron:
Franklin Encalada, quien duró alrededor de seis meses.
Manuel Antonio Naranjo, quien tuvo la gestión más extensa con ocho meses en el cargo.
Juan Bernardo Sánchez, quien dirigió la institución apenas 37 días, entre mayo y julio de 2025.
Édgar Lama, quien renunció a los tres meses para presidir el Directorio del IESS.
Jimmy Martín, el último ministro antes del encargo a Pinto, quien dejó sus funciones tras decretar una emergencia institucional, en septiembre de 2025, que no logró los resultados esperados de abastecimiento de medicinas.
Ninguno de los cinco ministros logró desmontar la corrupción estructural en el sistema público de salud —sobre todo en los procesos de compras públicas— ni el desabastecimiento de medicinas en los hospitales que hoy gestiona la Vicepresidenta todavía sin resultados visibles.
La vicepresidenta Pinto inició su encargo marcada por la promesa de aplicar una lógica gerencial para enfrentar la crisis sanitaria. El mismo día que asumió publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que realizaría un “análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud y compras de medicinas”. También aseguró que, a través de las mismas redes sociales, informaría sobre “las primeras acciones”. Tres meses después, ese anuncio aún no se concreta.
Pinto dijo que, para eso, trabajaría con todo su equipo. Pocos días después de asumir el Ministerio hizo un primer nombramiento importante: Stalin Andino fue designado como Viceministro de Atención Integral en Salud tras dejar la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
E incluyó a cuatro personas de su confianza. En diciembre la Vicepresidenta incorporó asesores en la nómina del Ministerio: Mateo Wray, Fernando Pérez, Juan Carlos Ramos y al director de asesoría jurídica Lucas Salazar, según datos del portal de transparencia de la entidad.
El nudo crítico: Medicinas e insumos
La expectativa principal sobre el encargo de Pinto giró en torno a la urgencia por atender el desabastecimiento de medicinas e insumos en casas de salud públicas.
Los datos oficiales, al cierre de 2025 e inicio de 2026, muestran que la emergencia decretada en septiembre había alcanzado resultados parciales. En esa fecha, los hospitales de la red publica necesitaban 765 tipos de medicamentos e insumos médicos. Se concretaron 256 contratos, lo que dejó la mayor parte sin adjudicar.
Luego de los procesos de compra fallidos, el 17 de enero de 2026, el Gobierno emitió el Decreto N.º 289, reformando el reglamento para permitir la «Adquisición por Abastecimiento Centralizado».
Esta es la última estrategia que incluyó reformas que permitan, entre otras, realizar adquisiciones por excepción a través de organismos internacionales o convenios intergubernamentales, cuando no cuenten con la oferta nacional disponible.
En febrero, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) lanzó un nuevo proceso de “subasta inversa corporativa fallida” para la compra de 193 fármacos que serían distribuidos a la red pública de salud (Ministerio de Salud, IESS, Isspol e Issfa). Estos medicamentos buscan satisfacer la necesidad de 12 meses y fueron priorizados por el Comité Nacional de Salud.
La expansión silenciosa de tuberculosis
Aunque el Ministerio de Salud dirigido por María José Pinto descarta una epidemia, expertos en el área de salud alertan un incremento «inusual» de los casos de tuberculosis en Ecuador durante 2025 y piden, hasta ahora sin éxito, medidas concretas al Gobierno. PRIMICIAS contó, con datos de la Gaceta Epidemiológica del Ministerio, que el año pasado cerró con 9.142 casos de tuberculosis, un aumento del 67 % frente al año anterior.
En Guayas, provincia que concentra el 58 % de los infectados (5.316 casos), expertos como el epidemiólogo Ricardo Cañizares ya hablan de una «epidemia» alimentada por la pobreza y el descuido de los programas de prevención post-pandemia.
Pero el dato más alarmante es la mortalidad: los decesos por tuberculosis aumentaron un 127 %, pasando de 131 en 2024 a 297 fallecidos registrados oficialmente en 2025, aunque organismos de Derechos Humanos estiman que, sumando las muertes en cárceles, la cifra real podría rondar los 1.000 muertos por esta enfermedad.
El Ministerio de Salud en rueda de prensa reconoció más de 600 muertes por tuberculosis en las cárceles de Ecuador.
«Improvisación»; «error estructural»
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el encargo de la Cartera de Salud a la Vicepresidenta fue una «improvisación» que debe concluir. El problema, sostiene, trasciende la compra de fármacos: «Necesitamos a alguien que entienda de gestión hospitalaria (…). La salud pública no es solamente comprar medicamentos, es actuar sobre los factores estructurales».
Rodas enfatiza que la corrupción sigue drenando recursos: «Mucho dinero se va en la corrupción. Nosotros hemos dado seguimiento y remitimos a la vicepresidenta denuncias detalladas con los nombres de los proveedores, pero se sigue insistiendo con estas personas».
Por su lado, Mónica Padilla, experta en sistemas de salud y exfuncionaria de la OMS/OPS, considera que la alta rotación de autoridades agrava el problema, pues los procesos de compra pública tienen una complejidad técnica que requiere experiencia específica.
«Si usted tiene un equipo que recién empieza a entender los procesos, hay un problema de gestión», dice Padilla.
Sobre la estrategia de centralizar las compras, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 289, Padilla advierte riesgos: «Centralizar la compra no necesariamente permite responder con la velocidad que se requiere a la población».
La experta sugiere que el país requiere dos frentes: uno de respuesta rápida descentralizada para la emergencia actual y otro de análisis estructural. «Trabajar frente al mercado sin regularlo adecuadamente nos genera también este desabastecimiento», concluye.
La gestión de la Vicepresidenta
La administración de Pinto ha reportado, a través de las redes sociales, entrega de obras y equipamiento o visitas «en territorio» en estos tres meses de gestión.
Entre esas obras están, por ejemplo:
En diciembre se desarrolló una campaña de vacunación contra la influenza que alcanzó a más de 716.000 personas en todo el país. La campaña se mantendrá hasta marzo 2026.
-El 10 de diciembre de 2025, en un evento solemne, la Vicepresidencia lanzó la «Política Nacional de Salud Mental 2025-2030». El plan ofrece reducir la tasa de suicidios y aumentar la inversión.
- Ambato: Entrega de dos equipos de rayos X ‘Arco en C’ al Hospital General Docente Ambato, con una inversión de USD 230.000. El Gobierno dice que eso permitió realizar 45 cirugías de traumatología y urología.
- Guayaquil: Repotenciación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Infectología con nuevos sistemas de climatización y camas eléctricas hemodinámica, según el boletín del Gobierno.
- Quito: Inauguración del Centro de Salud Tipo A «Santa Bárbara» en el sur de la capital, el 5 de febrero de 2026.
- Tratamientos: El ministerio informó que realizaron tratamientos para Hepatitis C en Azogues, logrando la cura de cuatro pacientes mediante fármacos de alto costoPRIMICIAS ha solicitado -en distintas ocasiones durante estos tres meses- una entrevista con la vicepresidenta Pinto o con un vocero del Ministerio de Salud, sin lograr resultados positivos.
La gestión de Pinto, a tono con la politica de comunicación del Palacio de Carondelet, se ha caracterizado por una fuerte presencia en redes sociales.
El 23 de enero de 2026, por ejemplo, se volvió viral un video de la vicepresidenta realizando una visita sorpresa al Centro de Salud San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. En las imágenes se vio a María José Pinto gritando a una funcionaria por la falta de atención a los pacientes. Un problema que es recurrente en todos los hospitales públicos, no solo en ese centro de salud.
El 20 de enero también publicó un video limpiando el lente de la cámara acompañado de un texto que informaba la entrega de 210 ítems en Machala, 236.000 unidades de fármacos en Cuenca, y 5,9 millones de insumos en 11 hospitales de Manabí y Santo Domingo.
Para Germán Rodas Chaves, estos actos mediáticos no reemplazan la política pública: «El país y la salud no se mueven con las cámaras… la pregunta es ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando? Y la respuesta es ninguna», enfatizó. Fuente: Primicias
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