Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
Nacionales
Ocho ministros de Salud en tres años: cinco claves para entender la crisis del sector
Con la designación de Juan Carlos Aveiga como el octavo titular de la cartera de Salud, se cumple un adagio que circula entre los profesionales del sector. La ‘esperanza de vida’ de un ministro de ese ramo en el actual gobierno, en promedio, equivale a cuatro meses y una semana en el cargo.
Para entender la complejidad del sector se necesita un perfil profesional adecuado y esta persona requiere por lo menos tres meses para familiarizarse con todas las aristas de lo que implica, advierte José Ruales, médico con 45 años de trayectoria como salubrista y 31 años en formulación de políticas públicas. Fue titular de esa cartera.
A partir de entrevistas con expertos, Vistazo explica en cinco claves la crisis de la salud pública en Ecuador.
1. No hay continuidad en la gestión
Según informes del sector, revisados por Vistazo, en 2023 la red del ministerio de Salud atendió a nivel nacional a 5,8 millones de pacientes. Esto equivale a decir que casi un tercio de la población nacional recibió atención en salud en los centros públicos.
El Ministerio y los distintos centros de atención cuentan con una planta de aproximadamente 92 mil personas, de las cuales 22 mil corresponden a profesionales médicos. Alrededor de 70 mil colaboradores son enfermeras, auxiliares, odontólogos, funcionarios administrativos y responsables de servicios.
Todos ellos trabajan en 163 unidades, que van desde centros básicos hasta hospitales de especialidades, llamados de tercer nivel, como el Eugenio Espejo en Quito y el Abel Gilbert en Guayaquil. A nivel nacional los lugares de atención están distribuidos en nueve zonas.
Entre 2022 y 2023 se incrementaron 9.400 profesionales a la planta de médicos y técnicos, bajo un esquema que optimizaba el uso de recursos. Por ejemplo, si el hospital Baca Ortiz tenía nueve quirófanos pero solo dos estaban activos por falta de anestesiólogos, había que cubrir esos vacíos, explica Ruales, quien tomó esa decisión a partir de criterios técnicos.
Pero, ¿Qué pasa si un titular del ministerio sabe que estará pocos meses en el cargo? ¿Se jugará su puesto para adoptar medidas y soluciones de tipo estructural?, esa es la pregunta que plantean varios profesionales entrevistados.
Un sistema de salud debe cumplir dos objetivos básicos. El primero contiene dos postulados: mantener sana a la población y recuperar la salud de quienes la perdieron.
Y el segundo es tener una red de protección social en salud para evitar que las familias empobrezcan cuando uno de sus miembros enfrenta una enfermedad catastrófica, explica José Ruales.
Él fue subsecretario, luego viceministro; y dirigió entre julio de 2022 y noviembre de 2023 el ministerio de salud. Al salir de esa cartera fue convocado a Centroamérica para apoyar a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. De esa misión acaba de volver al país para dirigir desde el decanato la carrera de Salud de la UISEK, en Quito.
Según el estándar internacional, del valor total destinado a gastos de salud en un año, alrededor del 16 por ciento debería ser asumido por los pacientes.
Pero en el país, el gasto de bolsillo en salud que se ubicaba en el 36 por ciento ya habría llegado un porcentaje mayor, cercano al 40, advierte.
¿Qué implica esto? Que los ciudadanos asumimos la crisis fiscal, financiando de nuestros bolsillos el déficit generado por un menguante presupuesto público destinado al sector.
A mayo de 2026, el presupuesto codificado para salud supera los 5.500 millones de dólares. Pero hay un matiz. Solo 2.600 millones de dólares están financiados.
Sin embargo, el experto apunta que hay un problema adicional. A 1.340 millones de dólares asciende el pasivo del sector, ya que se debe pagar a las dializadoras, a Solca y clínicas privadas.
¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona requiere diálisis? Un paquete mensual estándar pudiera costar alrededor de 1.450 dólares, que incluye tres sesiones por semana. ¿Qué presupuesto familiar alcanza para cubrir una suma así?
En 2023 se contó con un presupuesto de 440 millones de dólares para medicamentos y dispositivos.
Para 2026 lo codificado para el rubro medicamentos y dispositivos asciende a 279 millones de dólares. De ese valor, 266 millones están financiados.
3. Hay cambios de fondo, sin una hoja de ruta
El 24 de Mayo, en su informe a la Nación, al cumplir el primer año de su actual mandato presidencial, el presidente Daniel Noboa compartió dos noticias importantes en materia de salud.
Primero, la creación de una empresa pública que centralizará toda la logística. En paralelo esto implica la eliminación de un viceministerio.
Y segundo, la importación de medicamentos desde la India para solucionar el desabastecimiento en los centros de atención pública.
Se trata en el primer caso del decreto ejecutivo 393 que crea la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística, AIL EP.
La entidad, que funcionará como sociedad de derecho público, tendrá autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, establece el decreto. Éste aclara que la creación de la entidad no tendrá impacto en los recursos públicos y que funcionará con presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública.
Del porcentaje para equipo médico, codificado en 2.741 millones para todo el año, la ejecución es del cero por ciento. En el desglose presupuestario este rubro en particular aparece con financiamiento en cero.
Dayuma Amores, coordinadora jurídica, de la organización de derechos humanos INREDH, explica a Vistazo que la entidad ha acompañado acciones judiciales para garantizar el acceso a servicios de salud.

4. Enfermedades se agravan por falta de medicación
Con escepticismo. Así recibieron los integrantes de la Alianza Nacional por la Salud, ANS, el anuncio de la compra de medicamentos desde la India, para suplir la carencia.
Gustavo Dávila, quien preside la ANS, explicó que la oferta gubernamental fue cumplir el abastecimiento en marzo. Esto no se cumplió. “¿Cuál es el plan de contingencia hasta que lleguen los medicamentos?”, preguntó en una conferencia de prensa, posterior al anuncio de la importación masiva desde India, junto con otros delegados de asociaciones que agrupan a pacientes que requieren medicamentos específicos frente a enfermedades raras o catastróficas.
La ANS agrupa a una treintena de organizaciones, entre ellos, Jóvenes contra el Cáncer. Dávila representa a esta entidad y asegura que la sociedad civil, pacientes y academia, deben ser convocados junto con actores expertos, ex ministros, ex directores hospitalarios, academia, sociedades científicas, para una gran ‘minga por la salud’.
Lucía Cedeño representa a pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desmielizantes, que están en el grupo de enfermedades raras. “Los pacientes no pueden esperar más”, según su advertencia. Al interrumpir o retrasar los tratamientos, frente a estos cuadros, hay riesgo de recaídas o progresión rápida de la enfermedad.
Leticia Herrera preside la Fundación Ecuatoriana de Esclerosis Múltiple. “Cuando hablamos de salud no hablamos únicamente de estructuras administrativas, presupuestos o modelos de gestión. Hablamos de personas. Hablamos de lo que ocurre cuando una familia recibe el diagnóstico de una enfermedad y descubre que su vida cambiará para siempre”.
La intención de comprar medicamentos a la India no es nueva. El dos de agosto de 2023, un documento oficial interno solicitó “la revisión sobre la aceptación de la farmacopea india como un libro de estándar para los medicamentos en el país”.
¿Qué implica eso? Al aceptar la farmacopea india como un libro de estándar para los medicamentos en Ecuador, se avalaría el certificado de análisis emitido por los fabricantes de ese país y se eliminaría el requisito de duplicar las pruebas de esos medicamentos, según documentos en poder de Vistazo.
Según la normativa vigente, entre los códigos normativos aceptados en el país se encuentran “la farmacopea de Estados Unidos, farmacopea británica; farmacopea europea; codex francés y farmacopea china como referencia para productos naturales procesados de uso medicinal”.
“El reconocimiento de farmacopeas internacionales por la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) sigue ciertos criterios armonizados que aseguran la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos”, advierte el informe técnico del dos de febrero de 2024.
En él, se aclara que los criterios que se consideran para el reconocimiento son “relevancia internacional, calidad científica, amplia aceptación, transparencia y accesibilidad, armonización, actualización continua, consistencia y validación internacional”.
“La farmacopea india (…) únicamente ha sido aceptada en cinco países, Afganistán, Ghana, Nepal, Mauritius y Surinam”.
Este documento concluye que la farmacopea de la India carece de relevancia internacional necesaria para su reconocimiento.
Por tanto, determina que no es viable el reconocimiento desde puntos de vista técnico, regulatorio y normativo.
¿Qué implica eso? No se puede satanizar esta industria a priori, coinciden seis expertos consultados por Vistazo. “Pero es importante cumplir todos los requisitos de vigilancia sanitaria para saber que los medicamentos son eficaces, cumplen los estándares internacionales y no tienen efectos adversos”.
Por tanto, recomiendan vigilancia extrema, para no priorizar precios bajos por encima de la calidad. De lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué hacer ante una extorsión en Ecuador? Autoridades explican cómo puede denunciar una amenaza
El incremento de las extorsiones a comerciantes, trabajadores y hasta estudiantes en Quito mantiene en alerta a las autoridades de seguridad en Ecuador. Entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2026, el ECU 911 coordinó la atención de 5.485 alertas relacionadas con posibles casos de extorsión, un aumento del 35% frente a las emergencias registradas en el mismo período de 2025.
De acuerdo con datos proporcionados por el organismo a PRIMICIAS, Los Ríos (935), Pichincha (932), Guayas (760), El Oro (690) y Esmeraldas (594) son las provincias que más alertas registraron en este lapso.
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Las autoridades aclaran que no todas las alertas terminan investigadas como el delito de extorsión. Tras la evaluación de la Policía Nacional, algunos casos corresponden a conflictos familiares, amenazas de otra naturaleza u otros hechos que requieren procedimientos distintos.
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Mientras se verifica cada denuncia, los agentes especializados brindan orientación a las víctimas para evitar que la situación se agrave. Entre las principales recomendaciones constan no entregar dinero, seguir las instrucciones de los investigadores y evitar tomar decisiones sin el acompañamiento de las autoridades.
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1¿Qué hacer si recibe amenazas?
El director nacional de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), Luis Mantilla, llamó a la ciudadanía para denunciar cualquier amenaza relacionada con extorsiones o las denominadas «vacunas», especialmente en el sector comercial.
Según explicó a PRIMICIAS, la denuncia temprana es fundamental para identificar a las organizaciones delictivas y evitar que continúen operando.
«La peor decisión es no comunicar a las autoridades. Lo más importante es denunciar y no acceder a pagar», señaló Mantilla.
El oficial recordó que en el último año la Policía Nacional implementó un sistema de denuncias mediante un código QR, herramienta que permite a las víctimas remitir información de forma reservada para facilitar el inicio de las investigaciones.
Además, aseguró que las investigaciones se realizan bajo estrictos protocolos de confidencialidad para proteger la identidad de quienes presentan la denuncia.
2Así se activa la respuesta del ECU 911
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 explicó que la coordinación de estos casos comienza cuando una alerta es reportada a través de cualquiera de sus canales disponibles:
La línea única de emergencias 9-1-1.
La aplicación móvil ECU 911.
El sistema nacional de videovigilancia.
Una vez recibida la alerta, un evaluador recopila la información necesaria y, en un tiempo promedio de 127 segundos, coordina la atención con alguna de las 154 instituciones que integran el sistema nacional de respuesta.
En los casos de presuntas extorsiones, el ECU 911 coordina la intervención con la Policía Nacional, institución encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si efectivamente se configura el delito de extorsión.
3¿Dónde denunciar una extorsión?
Las autoridades recomiendan no enfrentar solos este tipo de amenazas y utilizar los canales oficiales de denuncia:
Llamar inmediatamente al 1800 Delito (opción 1) de la Policía Nacional.
Reportar la emergencia al ECU 911.
Presentar una denuncia formal en cualquier Servicio de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía General del Estado, llevando la cédula de identidad.
La extorsión forma parte de los delitos contra el derecho a la propiedad y el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal la define como:
«La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, exija u obligue a otro, con violencia o intimidación de cualquier forma o por cualquier medio, inclusive a través de medios digitales, electrónicos o el uso de panfletos, hojas volantes o similares, (…).» Fuente: Primicias
Nacionales
Organizaciones políticas de Loja tienen plazo hasta el 12 de julio para formalizar aceptación de precandidaturas
Las organizaciones políticas de la provincia de Loja que realizaron sus procesos de democracia interna mediante la modalidad virtual deberán completar, hasta el próximo 12 de julio, la formalización de la aceptación de sus precandidaturas, como parte del cronograma electoral establecido para el proceso de inscripción de candidaturas.
Así lo informó Luis Cisneros Jaramillo, director de la Delegación Provincial Electoral de Loja, quien explicó que este procedimiento corresponde exclusivamente a las organizaciones políticas cuyos procesos de democracia interna se desarrollaron de manera virtual entre el 18 de junio y el 2 de julio.
El funcionario precisó que las personas seleccionadas como precandidatas deberán acudir de forma presencial a las instalaciones de la Delegación Provincial Electoral de Loja para suscribir el acta de aceptación de la precandidatura, requisito indispensable para continuar con el proceso de inscripción de candidaturas dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral.
Cisneros señaló que este procedimiento constituye una etapa obligatoria para validar oficialmente la voluntad de quienes fueron designados durante las elecciones internas de sus respectivas organizaciones políticas.
Participación de organizaciones políticas
De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación Provincial Electoral, en la provincia de Loja 22 organizaciones políticas cumplieron con sus procesos de democracia interna para la selección de precandidatos.
La distribución corresponde a:
• 11 organizaciones políticas de carácter nacional.
• 4 organizaciones políticas de ámbito provincial.
• 6 organizaciones políticas cantonales.
• 1 organización política parroquial.
Estas organizaciones desarrollaron sus procesos internos dentro del período comprendido entre el 18 de junio y el 2 de julio, conforme al cronograma aprobado por el órgano electoral.
Cumplimiento del calendario electoral
La Delegación Provincial Electoral de Loja recordó que el cumplimiento oportuno de esta fase permite garantizar la transparencia, legalidad y seguridad jurídica del proceso electoral, al asegurar que las personas designadas ratifiquen formalmente su participación antes de avanzar a las siguientes etapas previstas por el Consejo Nacional Electoral.
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