Nacionales
Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena
La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.
Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.
Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.
Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.
Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.
En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.
De fuerza política a minoría marginal
Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.
E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.
Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.
Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.
La pugna legal
Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.
Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.
Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.
Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.
Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.
De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó de manera temporal a la ciudad de Manta para ejecutar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La noticia fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador este miércoles, 17 de diciembre de 2025. La presencia militar forma parte de una estrategia bilateral orientada a fortalecer las capacidades de seguridad del país.
Según el comunicado, el despliegue a corto plazo tiene como objetivo apoyar a Ecuador en el combate contra los grupos narco-terroristas, mejorar la recopilación de información y reforzar las acciones contra el narcotráfico y por ende, con los grupos narcoterroristas.
Las operaciones se desarrollan en la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, un punto estratégico en la costa ecuatoriana.
Las autoridades del Gobierno de Ecuador han sido enfáticas en que esta cooperación no implica la instalación de una base militar extranjera ni la permanencia de tropas estadounidenses en el país.
Además han mencionado en reiteradas ocasiones que estas acciones respetan la soberanía del Ecuador.
Cooperación bilateral en seguridad
La llegada de militares estadounidenses se enmarca en un proceso de fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre Ecuador y Estados Unidos, que ha incluido encuentros de alto nivel, como la visita de la secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, en noviembre.
Las acciones conjuntas se suman a otros esfuerzos regionales impulsados por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, incluyendo operativos en el mar Caribe, mientras Ecuador busca reforzar su capacidad de respuesta frente a la criminalidad organizada.
El Ejército Ecuatoriano informó que durante una operación de vigilancia fronteriza, se produjo un enfrentamiento armado que dejó dos presuntos integrantes de grupos disidentes abatidos y un importante decomiso de material bélico.
La intervención fue realizada por la Cuarta División de Ejército Amazonas, junto a sus unidades tácticas de frontera, en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, zonas consideradas estratégicas por su cercanía a la línea limítrofe. Según el reporte oficial, las acciones formaron parte de un operativo de control territorial orientado a prevenir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en la frontera norte del país.
Durante los patrullajes, los uniformados detectaron la presencia de individuos armados que, al percatarse de la operación militar, abrieron fuego contra el personal del Ejército. Ante esta agresión, los soldados aplicaron el uso legítimo de la fuerza para repeler el ataque y proteger su integridad.
Como resultado del enfrentamiento, dos sujetos fueron abatidos. Sus cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales y las investigaciones correspondientes, a fin de determinar su identidad.
Una fuerte cantidad de armamento fue decomisada
En el lugar, los militares decomisaron dos fusiles tipo AR-15, ocho alimentadoras, alrededor de 500 municiones calibre 5.56 milímetros, cinco granadas de mano, dos chalecos y distintivos con insignias que harían referencia a la supuesta Compañía “Raúl Reyes” del Frente 48 de las extintas FARC-EP.
El presidente de la República, Daniel Noboa, informó este martes 16 de diciembre que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda contra la empresa Progen Industries LLC, en Estados Unidos.
A través de su cuenta en X, el primer mandatario compartió una imagen del documento judicial e indicó que la demanda fue presentada este lunes 15 de diciembre por medio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
«Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país», apuntó Noboa.
Según el documento, la demandante es CELEC, en representación del Estado, y los demandados son Progen Industries LLC; Genertek Power Corp.; Genertek Power Industries LLC; John B. Manning; W. Wade Manning; Andrew S. Williamson; Astrobryxa S.A.; AP Inspections Latinoamérica S.A. y A.P. Inspections LLC.
En la demanda, el Estado ecuatoriano solicita indemnización por daños y medidas de reparación equitativa, al alegar presuntos actos de fraude, enriquecimiento injusto y violaciones legales cometidas por las empresas y personas señaladas. Fuente: Vistazo
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