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Pugnas entre Conaie y Pachakutik invisibilizan al movimiento indígena

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La fragmentación del movimiento indígena es evidente, aunque sus varios dirigentes insistan en negarlo. Las pugnas internas hicieron que sus bases opten por otras opciones electorales. Y la Conaie y Pachakutik quedaron relegados del escenario político.

Los resultados de las elecciones extraordinarias para la lista 18 fueron demoledores, no solo por sus problemas para inscribir candidatos, que los dejaron fuera de la carrera presidencial, sino porque además consiguieron apenas cinco curules en la Asamblea Nacional.

Mientras Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, mantienen un pulso por el control del partido, el movimiento indígena pasó de ser la segunda fuerza en el Legislativo a ser una minoría marginal.

Esto ha dejado en el aire el capital político de Pachakutik, que ha crecido desde 2019. En la primera vuelta, las zonas con mayor presencia del movimiento indígena se inclinaron por Daniel Noboa o Fernando Villavicencio.

Y. para la segunda vuelta, Luisa González y Andrés Arauz aprovechan la ausencia de ambas agrupaciones y apuntan a jalar esos votos hacia su lado. Afirman que tienen el mismo plan de gobierno que la Conaie, pese a la persecución al movimiento indígena durante el correísmo.

En este escenario, la Conaie se limitó a decir que no se pronunciará por ningún candidato y Pachakutik anunció que está esperando para hacerlo públicamente, en algún momento.

De fuerza política a minoría marginal

Pachakutik sufre su división más profunda entre las facciones que apoyan a Leonidas Iza y a Marlon Santi. Ambos grupos se disputan el control legal del partido y los roces escalaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Los problemas del movimiento indígena llegaron después de su primer gran triunfo electoral, en 2021. Pocos meses después, Iza acusó a Santi de desleal con el proyecto político.

E incluso la Conaie amenazó a ciertos legisladores y a la dirigencia de Pachakutik con llevarlos ante la justicia indígena, por sus acciones.

Así, la bancada, que fue la segunda fuerza política, terminó fraccionada en varios grupos, unos alineados con Santi, otros con Guadalupe Llori y “los rebeldes” con la Leonidas Iza. Sin embargo, todo terminó cuando el Legislativo fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso en mayo.

Ahora, para cuando la nueva Asamblea se posesione, la lista 18 ni siquiera tendrá suficientes legisladores para poder fraccionarse entre quienes buscan el control del partido.

La pugna legal

Santi está prorrogado en funciones, ya que Pachakutik no tuvo unas elecciones internas a causa de la pandemia. Y el 29 de abril el proceso para buscar a su sucesor se dio en medio de denuncias de ambas facciones.

Santi, aún legalmente en el poder, suspendió la jornada de votación interna por motivos de seguridad ante las protestas de una parte de los asistentes. Pero la Conaie, que impulsaba a Guillermo Churuchumbi como su candidato, siguió adelante y llevó a cabo la elección.

Desde entonces, la pugna política pasó al terreno legal. La Conaie declaró vencedor a Churuchumbi, exalcalde de Cayambe, y Pachakutik quedó partido en dos. Sin embargo, pese a los recursos interpuestos desde mayo de 2023, el Tribunal no ha emitido una decisión al respecto.

Es por eso que en su último consejo ampliado, la Conaie exhortó al TCE a emitir una sentencia a favor de Churuchumbi. La organización además anunció trabajará en conjunto con el “electo comité ejecutivo” y sus cinco asambleístas en una agenda legislativa.

Mientras tanto, Pachakutik acusa a Churuchumbi de intromisión y arrogación de funciones, por tomarse el nombre de la agrupación, pese a que la pugna legal no se ha resuelto. Además, en su último comunicado, el partido reconoce que han sufrido la “infiltración de fuerzas externas”.

De todas formas, quien logre quedarse con el control de la lista 18 será el que organice las elecciones internas y dé el visto bueno de todas las candidaturas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2025, donde el movimiento indígena intentará recuperar el terreno perdido. Fuente: primicias

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Horror en Latacunga: madre es procesada por el femicidio de su hija de 3 años

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La investigación por la muerte violenta de una niña de 3 años en Latacunga avanza. La Fiscalía vinculó a la madre de la menor, Lizbeth Katherine T. Ch., de 21 años, como presunta coautora del delito de femicidio y obtuvo una orden de prisión preventiva en su contra.

La causa ya tenía como procesado a Jhon Carlos C. V., pareja de la mujer y padrastro de la niña, quien es agente de control municipal del GAD de Latacunga. Él permanece procesado desde agosto de 2026.

Fiscalía presentó más de 35 elementos de convicción

Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Unidad Judicial de Cotopaxi, la Fiscalía expuso más de 35 elementos de convicción para sustentar la presunta participación de la madre.

Entre ellos constan declaraciones de policías, documentos relacionados con el levantamiento del cuerpo, pericias realizadas en el lugar de los hechos y la ampliación de la autopsia médico-legal.

El juez consideró suficientes los elementos presentados para incorporarla al proceso y dispuso su encarcelamiento preventivo. Con esta decisión, la etapa de instrucción fiscal se amplió por 30 días.

La niña habría sido golpeada durante varios días

La investigación reconstruye una secuencia de agresiones que habría comenzado el 3 de agosto de 2026.

Ese día, la pequeña viajó junto con su padrastro desde Latacunga hacia Quito. Durante el recorrido habría tenido un incidente y, según la hipótesis fiscal, el hombre habría reaccionado golpeándola en repetidas ocasiones.

Al regresar a la vivienda familiar, ubicada en el sector La Merced, el procesado habría contado a la madre lo sucedido durante el trayecto.

En ese punto, la Fiscalía atribuye una participación directa a Lizbeth Katherine T. Ch.: la mujer presuntamente golpeó a su hija con un cinturón.

Las investigaciones sostienen que los ataques contra la menor habrían continuado hasta el día siguiente y que tanto la madre como su pareja habrían participado en las agresiones.

La niña llegó al hospital sin signos vitales

El 5 de agosto, Jhon Carlos C. V. habría llevado a la menor al Hospital General de Latacunga después de encontrarla nuevamente en la vivienda y, según la investigación, agredirla.

El médico que la recibió alertó a la Policía al detectar numerosas lesiones en su cuerpo. Durante el examen externo se identificaron hematomas en el rostro, espalda, tórax y otras zonas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Latacunga.

Autopsia determinó una muerte violenta

La autopsia médico-legal estableció que la pequeña murió debido a una hemorragia interna y determinó que se trató de una muerte violenta.

La Fiscalía sostiene que la madre habría tenido un rol activo en la coejecución de los hechos, razón por la cual decidió procesarla como presunta coautora de femicidio.

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IESS: transferencias estatales aumentan un 91% en los últimos tres años

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El Gobierno Nacional prevé destinar 8.917 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2024 y diciembre de 2026, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP). La cifra representa un incremento del 91% frente a los 4.668 millones de dólares registrados entre 2021 y 2023.

Del monto previsto para el periodo 2024-2026, 8.595 millones de dólares corresponden al aporte estatal del 40% para pensiones jubilares, seguro social campesino, contribución anual, Ley 2004-39, seguro del magisterio y riesgos de trabajo.

Este rubro registra una variación del 94% respecto de los 4.435 millones de dólares contabilizados entre 2021 y 2023.

Prestaciones de salud también aumentan

El MDEP señaló que otros 322 millones de dólares corresponden a prestaciones externas de salud para jubilados, previamente auditadas. Este valor supera en 38% los 233 millones de dólares registrados durante el periodo de 2021-2023.

El Gobierno también informó que trabaja con el IESS en la revisión de registros contables, bases de datos y montos pendientes relacionados con obligaciones de administraciones anteriores.

En lo que va de 2026, se han suscrito siete actas de conciliación por concepto del 40% de pensiones y otros rubros, de acuerdo al boletín 113 MDEP, emitido el 15 de septiembre de 2026.

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Contratación colectiva mantiene vigencia como mecanismo de protección y diálogo laboral

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En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.

Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.

Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.

La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.

En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.

Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.

La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.

Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.

El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.

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