El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.

Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.

Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.

“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.

La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.

Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.

Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.

Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.

Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.

Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.

“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.

El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.

Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.

En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.

“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.

El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.

Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.

Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.

“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.

Habitantes y usuarios de varias vías estratégicas que están asfaltadas en la provincia de Zamora Chinchipe expresan su preocupación por el evidente deterioro vial y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes, situación que pone en riesgo la movilidad, la seguridad y el desarrollo de miles de ciudadanos.

Entre las carreteras más afectadas se encuentra la vía Zumbi – El Dorado – Paquisha, proyecto que ejecutó Ecuador Estratégico, luego se hizo cargo el Mtop, actualmente no se conoce si está  a cargo de la prefectura, este eje fundamental que conecta a los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza. Los usuarios denuncian, esta arteria vial presenta graves problemas como taludes, cunetas destruidas, fallas geológicas, falta de señalética y deficiencias en el sistema de drenaje.

A esta vía se suman ciudadanos de otras arterias viales y solicitan a la Prefectura de Zamora Chinchipe una intervención integral que permita evitar el deterioro total de las vías, considerada estratégica para la producción, el comercio y la movilidad de cientos de familias de la provincia.

Asimismo, carreteras que enfrentan abandono y falta de mantenimiento, entre ellas: La Saquea – Guadalupe, Nambija Bajo – Puente Azul y Ye de Chicaña, hacia Chicaña, entre otras. Los habitantes aseguran que estos problemas han sido puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no existirían respuestas concretas ni soluciones visibles.

“Son vías importantes que no deben ser olvidadas por las autoridades. No existe planificación de mantenimiento vial ni interés por cuidar lo que ya está construido”, expresaron varios usuarios a través de redes sociales y pronunciamientos ciudadanos.

A esto se suma el mal estado de la Troncal Amazónica, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Conductores denuncian la presencia de enormes cráteres y baches que representan un grave peligro para quienes transitan diariamente desde Zamora – Yantzaza – El Pangui y Zamora – Loja, este trayecto, no solo genera daños mecánicos en los vehículos, existe un eminente riesgo de accidentes de tránsito.

La ciudadanía cuestiona que, mientras las necesidades viales aumentan, las autoridades estarían más enfocadas en actividades políticas y de campaña que en atender los problemas prioritarios de la población.

“Todos están en campaña y el pueblo está olvidado”, manifiestan ciudadanos indignados, quienes además hacen un llamado a la población para exigir mayor responsabilidad, trabajo y resultados a las autoridades que reciben recursos públicos y salarios financiados por los ecuatorianos.

La vialidad continúa siendo uno de los temas más sensibles para Zamora Chinchipe, especialmente en sectores productivos y rurales que dependen de carreteras en buen estado para movilizar productos, acceder a servicios básicos y fortalecer la economía local.

En una amplia entrevista, el presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, realizó un análisis de la coyuntura política provincial y nacional frente al próximo proceso electoral, cuestionando el comportamiento de diversos actores políticos y señalando la falta de atención histórica hacia el sector minero y productivo de la provincia.

Durante su intervención, Pineda manifestó que el actual escenario electoral evidencia nuevamente la reaparición de figuras políticas tradicionales, alianzas coyunturales y acercamientos estratégicos hacia sectores organizados como el minero. Según indicó, la minería ha sido utilizada reiteradamente como plataforma política durante campañas electorales, sin que posteriormente existan respuestas concretas a las problemáticas estructurales del sector.

“El sector minero siempre ha sido utilizado por diferentes partidos políticos y autoridades. Cuando llegan al poder guardan un silencio absoluto frente a los problemas económicos, sociales y ambientales de la minería”, expresó.

El dirigente señaló que desde la Cámara de Minería y el Distrito Minero Chinapintza se han presentado propuestas técnicas relacionadas con ordenamiento territorial, uso de suelo y regularización minera, buscando articular acciones entre gobiernos locales, gremios productivos y el Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que las autoridades provinciales y nacionales no han respaldado dichas iniciativas.

Pineda también cuestionó presuntas acciones políticas que habrían obstaculizado convenios de cooperación entre la Cámara de Minería y la Universidad Nacional de Loja, orientados —según explicó— a procesos de capacitación, investigación ambiental e innovación para el control de pasivos ambientales y regeneración de zonas intervenidas por minería no regularizada.

En este contexto, denunció que existirían presiones políticas para impedir acuerdos institucionales con organizaciones mineras, argumentando que se pretende vincular injustamente a la Cámara con actividades ilegales, pese a que, según afirmó, los proyectos impulsados buscaban precisamente fortalecer procesos técnicos y de regulación.

Respecto al panorama electoral, el dirigente reconoció que dentro del sector minero existen profesionales preparados en áreas administrativas, jurídicas, geológicas y técnicas, aunque aseguró que muchos no desean participar en política debido al desprestigio y presiones existentes dentro del ámbito público.

“La política hoy en día se ha prostituido”, sostuvo Pineda, indicando que existen amenazas y limitaciones hacia quienes intentan ejercer funciones públicas con independencia o promover cambios desde los sectores productivos. No obstante, señaló que la Cámara de Minería analiza la posibilidad de respaldar a candidatos o candidatas que representen auténticamente al sector y recojan propuestas relacionadas con regularización minera, seguridad jurídica y desarrollo económico territorial.

El dirigente aclaró que la organización aún no ha definido apoyo político hacia ninguna alianza o movimiento específico, incluyendo posibles acuerdos con organizaciones como Pachakutik, aunque insistió en que respaldarán perfiles que presenten propuestas claras y compromiso real con las problemáticas de la provincia.

Además del ámbito minero, Pineda abordó la situación del sector agropecuario y ganadero, indicando que existe preocupación por las políticas implementadas desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Criticó especialmente los mecanismos de vacunación y seguros pecuarios, calificando algunas medidas como discriminatorias y alejadas de la realidad del productor rural.

Según expresó, el sector agrícola y ganadero requiere principalmente vías de acceso, capacitación técnica, mercados estables y seguridad jurídica, antes que ayudas temporales o asistencialistas.

“La gente del campo no necesita regalos. Necesita apoyo para producir, comercializar y ser competitiva”, enfatizó.

En la parte final de la entrevista, Pineda hizo un llamado a la ciudadanía de Zamora Chinchipe para reflexionar de manera responsable sobre el voto en las próximas elecciones seccionales, exhortando a elegir perfiles con vocación de servicio, honestidad, humildad y sensibilidad social.

Asimismo, advirtió sobre la situación crítica que enfrentan concesionarios y pequeños mineros de la provincia debido al cumplimiento de plazos relacionados con licencias ambientales, indicando que varios derechos mineros podrían ser eliminados del catastro minero nacional si no se regularizan a tiempo.

Finalmente, reiteró que la Cámara de Minería continuará trabajando en defensa de los sectores productivos y promoviendo propuestas orientadas a la regularización minera, el fortalecimiento económico provincial y la representación efectiva de los trabajadores del campo y la minería.