La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la noche del miércoles 17 de septiembre la sede del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ubicada en el norte de Guayaquil.

La diligencia se ejecutó tras un acto urgente solicitado por la directiva provisional, en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de un millón de dólares pertenecientes a los aportes de los trabajadores, reportó Ecuavisa.

Previamente, el secretario general del Comité, Daniel Garcés, denunció al exdirigente sindical Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada y mal manejo de los fondos.

Según la acusación, en agosto de 2025 se registraron 205 transferencias que sumaron USD 933 605 y cinco cheques por USD 71 964, lo que representa más de USD 1 millón en movimientos sospechosos.

El Ministerio de Trabajo también señaló a Gómez, quien se desempeñó como secretario general del Comité de Empresa de los Trabajadores de CNEL, y denunció un presunto desfalco en la cuenta de ahorro de la organización, la cual pasó de más de USD 800.000 a apenas centavos.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que el exdirigente era el único autorizado para firmar las transacciones.

De su lado, el asambleísta de la bancada oficialista ADN, Adrián Castro, también pidió al fiscal general, Wilson Toainga, que inicie acciones contra Gómez, quien también fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por las presuntas irregularidades.

Richard Gómez, quien viajó a Estados Unidos por supuestos motivos médicos, aseguró que el 85 % de los recursos se destinó al pago de proveedores por un contrato de 13.000 botas industriales, aunque estas aún no han sido entregadas a los trabajadores. Fuente: Vistazo

Los titulares de las carteras de Estado: Gobierno, Desarrollo Humano e Infraestructura y Transporte hablaron, este 18 de septiembre de 2025, sobre la eliminación del subsidio al diésel. Los funcionarios enfatizaron que la medida es necesaria y garantizaron que los precios de los productos y los servicios para la ciudadanía no tendrán un alza en los valores.

Una decisión “dura pero necesaria”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante 50 años el país gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones anuales en subsidios a los combustibles, dinero que en gran parte terminó beneficiando al contrabando y a la minería ilegal.

“El gobierno busca cerrar brechas utilizando esos recursos para el sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira, quien añadió que existe un fuerte control en mercados y carreteras. Hasta la fecha, se han ejecutado 4.760 operativos con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados para prevenir especulación.

Según la ministra, los principales afectados son las bandas delictivas que se aprovechaban del subsidio.

Compensaciones para el transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que el gobierno implementó un esquema de compensaciones directas para transportistas con el fin de evitar incrementos en las tarifas.

Los pagos van desde USD 400 hasta 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte provincial. “El usuario no pagará más por el pasaje. Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, afirmó.

Además, se anunciaron zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación de unidades con créditos de hasta USD 20.000. Hasta el momento, 8.000 transportistas se han registrado y los desembolsos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.

Bono de solidaridad y apoyo social

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que los recursos liberados con la eliminación del subsidio se redirigirán hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, el Estado destina USD 1.300 millones al bono de la solidaridad, la misma cantidad que antes se perdía en economías ilegales a través del subsidio al diésel. Este año, 55.000 nuevas familias recibirán la ayuda con una inversión de USD 70 millones.

Burbano indicó que existen ventanillas de registro social en cada gobernación, donde las familias que no tengan afiliación pueden inscribirse para ser evaluadas. El criterio de calificación se basa en un índice de pobreza menor a 30 sobre 100.

Gobierno mantiene controles y advierte sanciones

Los ministros coincidieron en que la medida busca justicia social y que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Rovira advirtió que quienes intenten cerrar carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.

“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, enfatizó el ministro Luque.

En Ecuador solamente existen tres caminos para modificar la Constitución: las enmiendas, las reformas parciales y la Asamblea Constituyente. Cada una sirve para un propósito y, legalmente, no pueden utilizarse al azar o por gusto. El presidente Daniel Noboa ha optado, finalmente, por una Asamblea Constituyente.

No es una idea nueva de su parte, pues durante la campaña electoral para las elecciones de 2025 habló de una nueva Asamblea Constituyente para «refundar» un país que «necesita cambio». Su propuesta apuntaba a un proceso de redacción de una nueva Constitución, aunque no entregó más detalles de cuándo se podría comenzar este proceso, ni de a qué puntos especiales apuntaría la nueva Carta Magna.

Una Constituyente es un proceso complejo, largo y costoso. Según la Constitución, el proceso de una Constituyente incluye obligatoriamente tres procesos de votación, una primera consulta popular, luego la elección de los asambleístas constituyentes y, finalmente, el referendo para decidir si la nueva Constitución se aprueba o no.

El primer paso: la Corte Constitucional
La primera puerta que deberá tocar es la de la Corte Constitucional. Esta institución deberá hacer, primero, un análisis de la vía para la reforma constitucional, y luego una revisión de la pregunta y la propuesta que haga Noboa para llamar a la Constituyente.

El Presidente deberá presentar a la Corte una propuesta de llamado a Asamblea Constituyente, que justifique su iniciativa y los considerandos, señale cuáles son las modificaciones que busca hacer y proponga un estatuto que establezca cuál sería la forma de elección de los asambleístas constituyentes.

En la primera revisión de la Corte, ésta deberá verificar que los cambios constitucionales propuestos se puedan hacer mediante Asamblea Constituyente, y no sean realizables por la vía de la enmienda o una reforma.

Si la propuesta del Presidente de la República recibe un dictamen favorable de la Corte Constitucional en este primer paso, esa misma institución debe hacer una segunda revisión, de constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Aquí se deberá revisar la pregunta que se plantearía a los ecuatorianos: que esta no induzca a la respuesta y que los considerandos permitan que el votante elija libremente. La Corte deberá analizar a fondo si la propuesta de Noboa permite una integración democrática de la Asamblea Constituyente.

Si Noboa presenta su iniciativa, el tiempo que dure este proceso en la Corte Constitucional puede llegar a durar entre uno y dos meses, de acuerdo con lo que esa institución ha tomado para otras iniciativas similares.

La convocatoria
Si la iniciativa supera el control de la Corte Constitucional, el Presidente puede convocar, mediante decreto ejecutivo, a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos si desean o no que se instale la Constituyente. En el decreto se debe incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral, según lo ya revisado por la Corte

El Código de la Democracia establece plazos para este proceso. Según estos, tras el decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a la consulta en 15 días, y ésta se debe llevar a cabo en los 60 días siguientes (dos meses).

El Código de la Democracia no determina un plazo para el escrutinio y proclamación de resultados. Sin embargo esto puede durar hasta un mes. Pero podría aumentar si hay objeciones al conteo de votos o incluso procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Asambleístas constituyentes
Si el «Sí» obtiene el triunfo en la consulta popular sobre la convocatoria a una Constituyente, se debe llamar a nuevas elecciones para escoger a los asambleístas constituyentes. Y cuando ellos terminen su trabajo y tengan una propuesta de nueva Constitución, debe haber una tercera votación: un referendo para que la ciudadanía decida si entra en vigencia o no este texto.

Pero los plazos de todo este proceso dependerán del estatuto, redactado por la Presidencia y revisado por la Corte Constitucional.

En 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa llamó a la consulta popular para convocar a la Constituyente de Montecristi, el Decreto Ejecutivo No. 148 estableció un estatuto que decía que la Constituyente tendría una duración máxima de 180 días, es decir seis meses. Aunque realmente esa Constituyente funcionó por poco menos de ocho meses.

Después del tiempo determinado en el estatuto, la Constituyente debe presentar un nuevo texto de Constitución y el CNE debe convocar a un referendo. Nuevamente, no hay plazos, y estos deberán estar incluidos en el estatuto, pero difícilmente serán menores a dos meses, sobre todo porque deberá emprenderse una campaña de difusión de la propuesta.

Es decir que este proceso podría durar entre ocho meses y más de un año, pues incluye dos elecciones con sus respectivas campañas electorales. Fuente: Primicias