En el espacio de análisis de La Tertulia Jurídica, Luis Moriano Álvarez abordó un tema fundamental dentro del derecho penal: los bienes jurídicos protegidos y el principio de lesividad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Al iniciar el programa, el jurista compartió parte de su formación académica, destacando que realizó sus estudios en la Universidad Católica, institución que considera su alma mater. Posteriormente, cursó un posgrado en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Pompeu Fabra, donde profundizó en la dogmática penal. Actualmente, se encuentra cursando una segunda maestría en Derecho Constitucional y ejerce la profesión de manera libre.

Durante su intervención, explicó que los bienes jurídicos protegidos surgieron como concepto a finales del siglo XVIII, tras la caída de las monarquías y la separación entre la Iglesia y el Estado. A partir de ese momento, el derecho penal dejó de centrarse en la moral y comenzó a enfocarse en la protección de derechos y bienes esenciales.

En este contexto, señaló dos corrientes importantes: la postura de Jakobs, quien sostiene que el bien jurídico es la propia norma, y la de Roxin, que plantea que los bienes jurídicos derivan de derechos fundamentales y materiales, por lo que solo debe castigarse cuando existe una afectación real a estos.

El jurista explicó que existen bienes jurídicos individuales, como la vida o la integridad, y también bienes superindividuales, como la administración pública o la seguridad del Estado, los cuales protegen el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

En relación con el principio de lesividad, indicó que este establece que solo debe intervenir el derecho penal cuando exista un daño real y significativo al bien jurídico protegido. Este principio se vincula con la idea de que el derecho penal es de “última ratio”, es decir, el último recurso del Estado.

Asimismo, analizó varios casos dentro del contexto ecuatoriano. En el delito de drogas, mencionó que la Corte Constitucional ha determinado que la tenencia para consumo personal no vulnera el principio de lesividad, ya que no afecta directamente la salud pública. Sin embargo, el tráfico sí constituye una afectación al tratarse de un impacto social amplio.

Respecto al porte de armas, explicó que no puede criminalizarse automáticamente la mera tenencia, sino que debe evaluarse el riesgo real y concreto. Por ejemplo, no es lo mismo poseer un arma guardada en un lugar seguro que portarla en un espacio público.

En cuanto al delito de receptación, destacó que no se puede presumir la culpabilidad únicamente por la posesión de un bien ilícito, sino que el Estado debe probar que la persona conocía el origen ilegal del objeto.

También abordó el delito de lavado de activos, cuestionando la penalización de la mera tenencia de dinero ilícito sin que exista un proceso de ocultamiento o reinserción en la economía formal, lo cual, a su criterio, podría vulnerar el principio de lesividad.

El abogado advirtió sobre el riesgo del expansionismo penal en Ecuador, señalando que en los últimos años se ha incrementado el carácter punitivo del sistema sin que esto haya generado resultados efectivos en la reducción del delito. A su juicio, esto podría derivar en abusos de poder y en la criminalización de conductas sin una afectación real.

Asimismo, enfatizó la importancia de evitar el denominado “derecho penal de autor”, en el cual se sanciona a las personas por sus características y no por sus actos, lo que históricamente ha generado graves vulneraciones a los derechos humanos.

Finalmente, resaltó el valor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador, considerando que permite proteger el entorno antes de que el daño sea irreversible, ampliando así la concepción tradicional de los bienes jurídicos.

En conclusión, el especialista sostuvo que el derecho penal debe aplicarse con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, evitando convertirse en una herramienta de castigo arbitrario. Subrayó que sin una verdadera afectación al bien jurídico protegido, no debería existir sanción penal en un Estado constitucional de derechos y justicia.

En el espacio de entrevista de Diario El Amazónico, Iván Puglla Arévalo, director de la Maestría en Minas de la Universidad Nacional de Loja, abordó el impacto de la actividad minera en la Amazonía ecuatoriana, así como los avances en la formación académica especializada en este sector estratégico.

Durante el diálogo, el experto destacó que el desarrollo de actividades industriales, incluida la minería, genera impactos tanto positivos como negativos en el entorno. En este contexto, subrayó que el desafío radica en orientar estas actividades hacia un enfoque de sostenibilidad, mediante la aplicación de buenas prácticas y el cumplimiento de estándares ambientales. “El desarrollo industrial incide directamente en el medio ambiente; sin embargo, con una adecuada planificación, dirección técnica y aplicación de buenas prácticas mineras, es posible reducir las afectaciones y contribuir al desarrollo sostenible”, señaló.

Minería y transformación territorial en el sur del país
El especialista resaltó la evolución de la provincia de Zamora Chinchipe, recordando que desde la década de los años 90 la actividad minera ha transitado de un desarrollo incipiente a una dinámica más estructurada, generando mejoras en infraestructura y condiciones socioeconómicas.

Según explicó, la minería, cuando se ejecuta bajo lineamientos técnicos adecuados, permite aprovechar recursos naturales no renovables que poseen valor económico significativo, contribuyendo al crecimiento territorial y nacional.

Impactos ambientales y medidas de mitigación
En relación con los impactos ambientales, Puglla precisó que la minería es una actividad que históricamente ha sido cuestionada por sus efectos sobre el entorno, como la deforestación y la contaminación. No obstante, enfatizó que todo proyecto minero en el Ecuador debe cumplir con un riguroso proceso de licenciamiento ambiental.

Este proceso incluye la elaboración de estudios técnicos que contemplan medidas de mitigación, corrección y control de impactos en los componentes físico, biótico y social. Además, se exige el monitoreo permanente mediante laboratorios certificados y el cumplimiento de protocolos establecidos por las autoridades competentes. “La actividad minera es una de las más reguladas en el país, con exigencias claras en materia ambiental desde la fase inicial de los proyectos”, afirmó.

Formación académica y fortalecimiento del talento humano
En el ámbito académico, el director destacó el rol de la Universidad Nacional de Loja en la formación de profesionales especializados en minería, a través de la Maestría en Minas con mención en mineralurgia y metalurgia extractiva.

Este programa, que actualmente cursa su cuarta edición, ha permitido capacitar a profesionales de la región sur del Ecuador e incluso del norte del Perú, fortaleciendo competencias en procesos de recuperación de minerales, un área donde anteriormente existía limitada formación local.

La maestría está dirigida a profesionales de las ciencias de la tierra, ingenieros químicos, metalúrgicos, mecánicos, geólogos y afines, así como a técnicos vinculados a proyectos extractivos.

Modalidad, duración y acceso al programa
El programa se desarrolla en modalidad híbrida, combinando clases virtuales con sesiones presenciales periódicas. Tiene una duración de dos periodos académicos, equivalentes a aproximadamente ocho meses, tras los cuales los participantes obtienen el título de Magíster en Minas, previo a la presentación de un trabajo de investigación aplicado.

El costo del programa asciende a aproximadamente 4.500 dólares, incluyendo matrícula, con facilidades de pago, acceso a becas y convenios con instituciones financieras.

El proceso de inscripciones se encuentra habilitado hasta el 5 de mayo, mientras que el inicio de clases está previsto para el 6 de mayo. Los interesados pueden registrarse a través del portal oficial de la universidad.

Proyección del sector minero
Finalmente, Puglla Arévalo señaló que el crecimiento de nuevos proyectos mineros en provincias como El Oro, Imbabura y Bolívar evidencia la necesidad de contar con talento humano altamente capacitado, capaz de garantizar procesos responsables y sostenibles.

En este sentido, reiteró la importancia de fortalecer la formación académica con enfoque técnico, ético y ambiental, especialmente en territorios como Zamora Chinchipe, considerada una de las principales zonas de desarrollo minero del país.

El jueves 23 de abril se llevó a cabo la inauguración oficial de la nueva Casa Legislativa en la provincia de Zamora Chinchipe, un espacio institucional orientado a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la Asamblea Nacional.

Durante el acto, la asambleísta Esperanza Rogel destacó que esta iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para canalizar propuestas y generar soluciones concretas a las necesidades de la población. “Este espacio será un puente para propuestas que se transformen en soluciones reales, porque legislar no es únicamente hacer leyes, es transformar las realidades con presencia, compromiso y responsabilidad”, manifestó.

La legisladora subrayó que la Casa Legislativa permitirá una representación más cercana, transparente y participativa, facilitando a la ciudadanía expresar sus inquietudes, necesidades y problemáticas de manera directa.

Asimismo, enfatizó que este espacio no pertenece a una sola autoridad, sino que está abierto para los dos representantes de la provincia, promoviendo el trabajo articulado en beneficio del territorio.

La nueva sede funcionará de lunes a viernes, en horario de 08h00 a 17h00, y está ubicada en el primer piso del edificio de la Gobernación, lo que garantiza mayor accesibilidad, especialmente para personas con discapacidad y sectores vulnerables.

En el marco del evento, Rogel informó sobre la presentación de una propuesta de reforma a la Ley Amazónica, impulsada junto a legisladores del bloque oficialista, con el objetivo de ampliar la representatividad de diversos sectores.

Entre los cambios planteados se incluye la incorporación de actores culturales, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro del Consejo de Planificación, así como el reconocimiento de sectores estratégicos como el Cuerpo de Bomberos mediante la asignación de presupuesto permanente.

Además, se contempla el fortalecimiento del rol de las mujeres dentro de la normativa, buscando una mayor inclusión en los procesos de toma de decisiones en la región amazónica.

En relación con la creación de universidades amazónicas, la asambleísta indicó que se ha cumplido con la hoja de ruta establecida desde la comisión legislativa correspondiente. Sin embargo, informó que el proyecto de la Universidad de Sucumbíos fue archivado debido al incumplimiento de observaciones técnicas emitidas por el Consejo de Educación Superior.

En el caso de Zamora Chinchipe, señaló que el proceso continúa en evaluación, tras la entrega de subsanaciones dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior.

Por otro lado, Rogel informó que ha solicitado información oficial al ARCOM respecto a la desvinculación del director en la provincia, reiterando su postura de “cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con la transparencia institucional.

Durante el evento, la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, resaltó la importancia de fortalecer la presencia del Estado en territorio, en concordancia con la política del presidente Daniel Noboa.

En su intervención, destacó la reactivación de varias instituciones públicas en la provincia, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), así como la presencia de entidades como el Ministerio de Producción, el Ministerio del Ambiente, el sistema ECU 911 y servicios de migración, entre otros. “Este espacio permitirá que la ciudadanía acceda directamente a sus representantes, gestione sus inquietudes y reciba atención oportuna, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad en la provincia”, señaló.