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Pedido de extradición de Correa ya está en Bélgica

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El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, informó que este 27 de junio de 2022 el Reino de Bélgica notificó que se ha entregado el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa al Ministerio de Justicia de ese país.

En declaraciones a WQRadio reveló que a diario el Gobierno ecuatoriano remite a Bélgica un resumen de las intervenciones de Rafael Correa durante los últimos días. El exmandatario ha tenido activa participación política, mediante redes sociales, en el paro nacional; y sin reservas se ha declarado a favor de la destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

En la Asamblea Nacional, el correísmo planteó la aplicación del artículo 130 para adelantar elecciones. Ante una eventual falta de votos en el Legislativo, Correa afirmó en la red social Twitter que se debe organizar la recolección de firmas para la revocatoria del mandato.

El ministro agregó: “(Cuestiono que) el expresidente del Ecuador y prófugo de la justicia, desde una condición que todavía desconocemos en Bélgica, es decir, si es refugiado o no, pueda darse el gusto de desestabilizar la democracia. Esto me parece que tiene que ser analizado por las autoridades del Ecuador”.

Respecto a los plazos para una respuesta de Bélgica, al pedido de extradición de Correa, se limitó a decir que el Gobierno ecuatoriano es respetuoso de los tiempos, pero dio fechas.

El pasado 8 de junio el estudio de abogados belga Ius Cogens, defensa del expresidente de Ecuador, aseguró que Bélgica rechazará la solicitud de extradición remitida por la Justicia ecuatoriana para que Correa cumpla una condena de ocho años de cárcel por cohecho.

El domingo 26 de junio Juan Carlos Holguín aseguró que puso una comunicación frontal ante el Gobierno de Bélgica, “porque no es posible que un prófugo de la justicia tenga patente de corso para desde un parque desestabilizar la democracia”. Insistió en que detrás del paro nacional que se inició el 13 de junio está el correísmo.

“El golpismo se llama art. 148 de la Constitución, ignorante asesino”, fue la respuesta del expresidente Rafael Correa al actual mandatario, Guillermo Lasso, cuando este lo acusó de golpista por recomendar su destitución. Luego del comentario de Correa, vía Twitter, el bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) pidió, de manera formal, al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, armar la votación para la destitución de Lasso, pero aplicando el artículo 130 de la carta magna.

El canciller recordó que el presidente Lasso ha dejado claro que hay una preocupación muy grande respecto de este tipo de intervenciones que tienen un objetivo que incumple algunas normas democráticas en los países de la región. El Universo

Nacionales

«18 plantas que procesaban oro operaban sin licencia ambiental y no podrán regularizarse», dice Ministra de Energía

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A casi un mes de que el Gobierno de Daniel Noboa dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en Napo, Loja y El Oro, por contaminación ambiental en ríos, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, detalla en entrevista con PRIMICIAS cuáles han sido los resultados de esta medida.

Según Manzano, hasta el 25 de febrero de 2026, unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos y, por otro lado, se realizaron 105 notificaciones de cese de operaciones en plantas de beneficio en la provincia de El Oro.

La Ministra reconoce que el Gobierno todavía no ha podido tomar el control de ocho frentes de minería ilegal en Napo, en la zona de Alto Punino, por la presencia de grupos armados.

Ha pasado casi un mes desde que se suspendió la minería en Napo, Loja y en Portovelo, ¿qué resultados hay?
Cuando emitimos la resolución, el foco era la conservación de cuencas hidrográficas. Primero, la cuenca hidrográfica Tumbes- Puyango, en dos provincias, El Oro y Loja.

Y después, también pensamos en la cuenca del Napo, en donde están importantes afluentes de ese río.

Tenemos ya el último reporte de Arcom. Unos 110 puntos de actividades mineras en Napo y Loja fueron suspendidos, pero lo que dice el reporte también es que tienen ciertos puntos en donde no han podido acceder, por ejemplo, en Napo, porque son de difícil acceso; es decir, tienen que acceder por vía aérea.

En Napo se colocaron 28 sellos de suspensión. En Loja había 100 concesiones, pero se hicieron 82 inspecciones, no tenemos personal suficiente para cubrir todas. De esas, 62 siguen suspendidas, porque 20 demostraron que estaban con todo en orden.

¿Qué va a pasar con las concesiones tomadas por Los Lobos? ¿Se podría hacer una incursión como en Buenos Aires, desde el cielo?
Es diferente, Napo es plano, selva. Pero en todo caso, las Fuerzas Armadas tienen diferentes tácticas, en caso de Sierra, montaña, selva.

El año pasado tuvimos más de 390 incursiones en el tema de minería ilegal con Fuerzas Armadas.

No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar. Pero sí, vamos a llegar, siempre llegamos.

«No puedo decir cuánto tomaremos el control, porque se necesitan recursos, es lo que nos hace falta para poder llegar»

Si llegamos a Buenos Aires y Muyuyacu, podemos llegar a Alto Punino sin problemas, necesitamos la coordinación. Pero eso yo no lo manejo directamente, lo manejan muy confidencial entre Fuerzas Armadas y Arcom.

En Napo hay más concesiones, ¿por qué solo 28 tienen sellos? ¿No han podido acceder por temas logísticos o no pueden entrar por grupos armados?
Antes de la suspensión del 2 de febrero, ya había algunas concesiones que estaban suspendidas, por ejemplo, las cuatro del proyecto Tena, de Terraearth, que suspendimos en mayo de 2025.

Luego de la resolución emitida el 2 de febrero, sí, en Napo hay un par de puntos a los que no se ha podido acceder por temas logísticos y otros por tema de bandas, en la zona de Alto Punino. Ahí están Los Lobos.

En Alto Punino se requieren medios aéreos y seguridad. Son ocho concesiones que no se ha podido acceder.

En Napo denuncian que se han reactivado puntos de minería ilegal luego de la medida del Gobierno, ¿qué ha pasado?
Se tienen que hacer nuevamente incursiones. Pero lo que pasa es que hay filtración de información, entonces, cuando llegamos, ya no hay actividades, porque se enteran que vamos.

En las 28 concesiones suspendidas no se ha podido llevar material aurífero, porque se han llevado todo, y eso es porque les avisaron, seguro hubo fuga de información. Por eso solo se ponen sellos, no hay ni una sola acta de decomiso.

¿Qué va a pasar con minería en Napo ya que es tan difícil distinguir entre legal e ilegal? Usted habló de que se estaban alquilando concesiones
En el caso de Napo, es minería en la que hay un derecho minero, pero el problema surgió por la misma normativa. La ley de Minería del año 2009 permitía lo que se llama «silencio administrativo positivo», que decía que si en seis meses no tienes la licencia ambiental, cuando ya la solicitaste, automáticamente puedes entrar a trabajar.

Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso.

«Quienes estaban provocando este daño ambiental son quienes hicieron esa ley y nunca han querido hacer algo para arreglar eso»

Por otro lado, en la ley, sí existe lo que se llaman contratos de operación.

Un pequeño minero decide que dentro de su área concesionada va a darle un contrato de operación a un tercero y esos son los que van y extraen.

Por eso, en la nueva ley minera aprobada hoy propusimos un cambio para regular los contratos de operación. Ahora solo la empresa pública Enami va a poder otorgar contratos de operación en pequeña minería.

Con eso se crea un registro y vamos a tener controlados a todos los contratos de operación que nunca le han pagado nada al Estado. Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y  sin control alguno. Podrías tener un pequeño minero y cinco contratos de operación en esa concesión.

«Es una extracción que, desde mi punto de vista es ilegal y sin control alguno»

La empresa Terraearth ha estado envuelta en polémicas por presunta contaminación y por alquiler de concesiones en Napo, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno?
El proyecto Tena, de Terraearth estaba ya suspendido desde mayo del año pasado y presentaron un plan de acción, pero no lo cumplieron.

Ellos son parte de los que hacen contratos de operación con terceros. Y sí, encontramos que ellos no estaban haciendo adecuadamente las cosas, ni en tema ambiental, ni en el tema operativo.

Entonces ya están en un proceso legal, desde la Subsecretaría de Pequeña Minería y también desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental, son dos procesos diferentes.

Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos.

«Quiero ser muy clara, los recursos metálicos son de todos los ecuatorianos»

Yo no puedo estar, con el dinero que me entra de la minería, haciendo tratamiento de las aguas o haciendo yo como Estado la reparación. Ahí estaría haciendo lo que ellos deberían de hacer. Yo debería utilizar el dinero que ingresa por minería para el bienestar de la comunidad.

Lo que hago no es porque estoy en de contra la minería, estoy en contra de la minería ilegal y de la ilegal disfrazada de legal. Estoy en contra de la contaminación.

¿Pero qué acciones tomarán con ellos? ¿Se les puede revertir las concesiones?
Yo no puedo decir qué va a pasar, son procesos que están en marcha. Además, son dos temas diferentes, el uno es de revisión del derecho minero y el otro ambiental.

¿Y qué ha pasado con las plantas de beneficio en El Oro? ¿Qué sanciones van a recibir?
Antes de haber sacado la resolución del 2 de febrero, se había hecho 15 días antes unos muestreos del agua de los dos ríos, Calera y Amarillo. Encontramos plomo cinco veces más del límite permisible, arsénico y cianuro. El cianuro, por ejemplo, estaba muy por encima de los límites permisibles.

Bajo la presunción de que pueden ser todos los operarios de plantas los que causaron eso, suspendimos actividades a todas.

Y hoy en día el agua de esos ríos tiene otro aspecto, definitivamente falta restauración, pero por lo menos ya se ve el agua limpia y también ha cambiado el olor.

Pero eso es solo visual, ¿han hecho nuevos muestreos?
Sí, los muestreos los hace la Agencia de Regulación y Control del Agua. Y también lo están haciendo en Napo.

Ellos están monitoreando, porque, lo que teníamos era una línea base de cuando ellos estaban operando, ahora quiero tener una línea base de la situación cuando ya no están operando. Tal vez en unos 10 días más sabremos cómo están esos monitoreos.

 ¿Y cuándo vendrá la reparación?
Falta la restauración de todo lo que pasaba en los márgenes de los ríos, eso tenemos que reparar, pero para eso tenemos que hacer todo un proceso sancionatorio.

Ojalá todo se resolviera en menos de un mes, pero no. Sobre todo toma tiempo la parte en la que se va a hacer responsable a alguien por la restauración.

De las 105 plantas en El Oro, 66 que tenían la licencia ambiental, pero igual las suspendimos. No importa si tienes licencia ambiental, si llego como autoridad y veo que en ese momento están contaminando eso se llama responsabilidad objetiva y son responsables de lo que en ese momento se encontró.

Sí, tienes licencia, pero estás contaminando, la licencia no te permite contaminar. La licencia te dice minimiza los riesgos.

De estas 66 plantas, luego del 2 de febrero, unas 57 me presentaron planes de acción.

¿Qué implica el plan de acción? ¿Con eso ya pueden volver a operar?
Es un instrumento en el que nos dicen qué es lo que van a hacer para reparar el daño.

Si no cumplen lo del plan se les vuelve a suspender. Solamente se ha permitido la operación nuevamente a quienes les hemos aprobado los planes de acción.

De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos, porque eran planes que se podían cumplir, hicimos inspecciones.

«De las 105 plantas, 57 nos presentaron planes de acción, pero solo a 20 les aprobamos»

Por otro lado, hay 21 plantas que estaban en proceso de licencia ambiental; es decir, que habían estado operando sin licencia ambiental, porque la famosa Ley de Minería les permite esa majadería, por el «silencio administrativo positivo».

Y otras 18 plantas de beneficio nunca iniciaron un proceso de licenciamiento ambiental, pensaban que estaban por encima de norma. Esas no van a poder tener ningún tipo de levantamiento.

Aunque presenten plan de acción, debe haber sanciones, ¿cuáles serían?
No puedo decir de antemano cuál ser sería la sanción, eso sería prevaricato. Las sanciones están en el Código Ambiental y te dicen que puedes tener sanciones pecuniarias o sanciones administrativas. Pero los procesos están avanzando.

Habría que esperar, algunos procesos ya están en etapas de prueba. Fuente: Primicias

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Ecuador rompe el diálogo con Colombia y extiende la guerra arancelaria “por tiempo indefinido”

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El Gobierno condicionó el fin del pulso arancelario a que Colombia ejecute acciones de control fronterizo contra grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal: “no puede haber comercio sostenido si no hay seguridad”, dijo ministro Jaramillo.

El Gobierno de Ecuador rompió el diálogo con Colombia y advirtió que la llamada “guerra arancelaria” se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que Bogotá adopte “acciones” para reforzar el control fronterizo frente a grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, según declaraciones del ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en entrevista con Ecuavisa.

Jaramillo aseguró que “no hay diálogo en este momento” y afirmó que la comunicación “se ha cortado” debido a que, pese a contactos previos, no recibieron una respuesta favorable del Gobierno colombiano. En ese contexto, atribuyó la escalada a la decisión de Colombia de restringir el ingreso por vía terrestre de un grupo de productos ecuatorianos, lo que —dijo— afectó de forma importante al sector y se aplicó sin un plazo de reacción para evitar que mercancías queden detenidas en frontera.

Como respuesta, el ministro confirmó que Ecuador elevó los aranceles a importaciones colombianas del 30% al 50%, y recalcó que la medida se adoptó por razones de seguridad, al sostener que “no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad”. Añadió que la “pelota está en la cancha de Colombia” y que la desescalada dependerá de una señal política concreta del vecino país para reforzar controles fronterizos.

En medio de la preocupación empresarial por el impacto económico, Jaramillo reconoció que, por las restricciones actuales, se vería afectado un tercio de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia y estimó un volumen de entre 6 y 7 millones de dólares mensuales (con base en datos del año pasado). En contraste, planteó que el encarecimiento de importaciones desde Colombia podría convertirse en una “oportunidad” para sustituir compras externas con producción local y, a mediano plazo, reducir el déficit comercial, aunque insistió en que ese no es el “espíritu” central de la decisión.

El ministro también vinculó el pulso comercial con la “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador, al sostener que se requieren recursos para mayor presencia en frontera —personal, logística y equipamiento— y reiteró que el desenlace dependerá de una respuesta favorable de Colombia en materia de control fronterizo. Fuente: El Telégrafo

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Hospital Clínica San Agustín: primeros en Ecuador y segundos en Sudamérica en obtener la certificación ISO 7101

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El Hospital Clínica San Agustín ha marcado un nuevo hito en la historia de la salud privada del país al convertirse en la primera institución hospitalaria del Ecuador y la segunda en Sudamérica en alcanzar la certificación ISO 7101, estándar internacional que reconoce la excelencia en los sistemas de gestión de calidad en organizaciones sanitarias.
Esta certificación, desarrollada por la International Organization for Standardization, evalúa de manera integral la capacidad de una institución para ofrecer servicios de salud seguros, efectivos, centrados en el paciente y sostenibles, integrando procesos clínicos, administrativos y estratégicos bajo un enfoque de mejora continua.
La obtención de la ISO 7101 es el resultado de un proceso institucional riguroso que implicó la revisión, estandarización y optimización de múltiples procesos, así como la consolidación de una cultura organizacional orientada a la seguridad del paciente, la gestión basada en evidencia y la toma de decisiones sustentada en indicadores de desempeño.
Con más de seis décadas de trayectoria, el Hospital Clínica San Agustín reafirma así su compromiso histórico con la innovación, la calidad y la confianza de la comunidad, posicionándose como un referente regional en la prestación de servicios de salud de alta resolutividad y tecnología avanzada.
Entre los principales beneficios de esta certificación se destacan:
•Fortalecimiento de la seguridad y experiencia del paciente.
•Optimización de procesos asistenciales y administrativos.
•Mayor eficiencia y trazabilidad en la gestión hospitalaria.
•Consolidación de estándares internacionales en la atención sanitaria.
•Impulso a la mejora continua y a la sostenibilidad organizacional.
Para la institución, este logro no solo representa un reconocimiento técnico, sino también un compromiso renovado con la comunidad lojana y del sur del país, garantizando que cada paciente reciba atención bajo parámetros internacionales de calidad y seguridad.
La certificación ISO 7101 se suma a otros avances estratégicos del Hospital Clínica San Agustín orientados a fortalecer su modelo de atención integral, humano y resolutivo, consolidando su liderazgo en el sector salud del país y su visión de seguir elevando el estándar de la atención hospitalaria en el Ecuador.
DATOS COMPLEMENTARIOS 
•Institución: Hospital Clínica San Agustín
•Ubicación: Loja, Ecuador
•Certificación: ISO 7101:2023 Sistema de gestión de calidad en organizaciones sanitarias
•Hito: Primera institución hospitalaria del Ecuador y segunda en Sudamérica en obtenerla
•Enfoque: seguridad del paciente, mejora continua, gestión por procesos y atención centrada en la persona
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