Más demandas

• Diagnóstico temprano y fortalecimiento del talento humano especializado.
• La designación formal del CEGEMED como el principal Centro Nacional de Referencia para diagnóstico genético.
• La ampliación urgente del tamizaje neonatal y el acceso universal a estudios genéticos para quienes conviven con estas patologías.
• Actualización del Registro Nacional de Enfermedades Raras. Fuente: Vistazo

El pasado miércoles 12 de noviembre, la Tertulia Jurídica desarrolló una sesión académica especializada dedicada al análisis del tema “La justicia juvenil restaurativa y su aplicación en el Ecuador”, a cargo del doctor Pablo Ernesto Coloma Villacís, reconocido especialista en justicia juvenil restaurativa.

El Dr. Coloma es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, posee el título de magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con estudios avanzados en justicia juvenil realizados en la Universidad de Ginebra y el Instituto Internacional de los Derechos del Niño. Su trayectoria académica y experiencia en el ámbito jurídico lo posicionan como una de las voces más autorizadas en la materia dentro del país.

Un marco conceptual y normativo amplio
Durante su exposición, el especialista inició explicando la definición de justicia juvenil según el Comité de los Derechos del Niño, el cual establece que este sistema comprende instituciones, normas y políticas diseñadas para atender las infracciones penales cometidas por personas menores de 18 años, particularmente aquellas consideradas como adolescentes por la legislación ecuatoriana.

El sistema de justicia juvenil, indicó, responde de manera institucional y social a estas infracciones, abarcando el trabajo policial, la intervención de operadores de justicia, la actuación de la Fiscalía, la defensa técnica, y las instituciones encargadas del cumplimiento de las sanciones aplicadas por los jueces.

Asimismo, afirmó que este ámbito jurídico posee un marco normativo internacional amplio y robusto, que regula desde lineamientos para las funciones policiales hasta procedimientos judiciales especializados, así como las medidas aplicables a los adolescentes en conflicto con la ley.

Debates sobre la terminología y la evolución histórica
El doctor Coloma destacó que incluso la denominación del sistema genera debates doctrinarios. Mientras algunos prefieren el término “justicia juvenil”, utilizado en tratados internacionales, otros optan por expresiones como “justicia penal adolescente”. Señaló además que el término “menor”, todavía usado en ciertos países, ha sido desplazado por considerarse propio de un régimen jurídico superado.

Para comprender el modelo actual, el expositor realizó un recorrido histórico por los sistemas aplicados desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Explicó que, durante décadas, en el Ecuador rigió el régimen del derecho de menores, sustentado en el modelo tutelar, caracterizado por la institucionalización como única respuesta estatal a situaciones de abandono, peligro o infracción penal. Entre 1937 y 2003 el país tuvo cinco códigos de menores que operaban bajo este paradigma.

Bajo dicho modelo, señaló, “no existía distinción jurídica entre un niño abandonado, uno en situación de riesgo o un adolescente que hubiera infringido la ley; el proceso era cuasi administrativo, sin garantías del debido proceso y con un juez que determinaba la institucionalización como única medida”.

La Convención sobre los Derechos del Niño: un punto de inflexión
El especialista subrayó que el giro fundamental en la configuración de la justicia juvenil ocurre con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989) y su ratificación por parte del Ecuador en 1990, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. Desde entonces, se reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, titulares de la dignidad humana plena y del derecho a un debido proceso.

Este reconocimiento dio origen al modelo de responsabilidad, que exige procedimientos con garantías y sanciones diferenciadas, basadas en el principio de especialidad. El Dr. Coloma resaltó que este modelo reconoce que los adolescentes tienen capacidad para responder por sus actos, pero no idéntica a la de los adultos, lo que exige adaptar los procesos judiciales y la intervención estatal a sus características evolutivas y neuropsicológicas.

Procesos, sanciones y medidas socioeducativas
El expositor indicó que la justicia juvenil debe garantizar que los adolescentes comprendan los procesos en los que participan, debido a que ello incide directamente en los resultados reeducativos y restaurativos. Además, explicó que las sanciones aplicadas a adolescentes, denominadas medidas socioeducativas, según el artículo 77 numeral 13 de la Constitución, son sanciones penales que deben respetar principios del derecho penal como legalidad y proporcionalidad.

Diversas disciplinas como la psicología, la criminología y la neurociencia han demostrado los efectos negativos de la privación prolongada de libertad en adolescentes. Por ello, insistió en que las medidas deben ser proporcionales, educativas y orientadas a evitar la estigmatización.

La justicia juvenil restaurativa como modelo vigente
Finalmente, el Dr. Coloma explicó que el modelo actualmente adoptado en el Ecuador y en gran parte del mundo es el de la justicia juvenil restaurativa, que busca reparar el daño, promover la responsabilidad y favorecer la reintegración social del adolescente, evitando respuestas punitivas desproporcionadas y priorizando el diálogo, la mediación y las soluciones consensuadas.

Concluyó señalando que la comprensión histórica y normativa del sistema permite entender por qué la justicia restaurativa es hoy el marco más adecuado para atender las infracciones juveniles, respetando los derechos humanos y promoviendo la rehabilitación integral.

El Ministerio de Gobierno volvió a cambiar de manos. Después de la salida de Zaida Rovira, Nataly Morillo asumió el cargo y debutó este lunes 24 de noviembre de 2025 en una entrevista con Teleamazonas. La asambleísta de ADN llega en medio del reacomodo político postconsulta popular y con un mensaje claro: diálogo sí, pero sin chantajes. Y, sobre todo, con la promesa de sacar al Ministerio del encierro capitalino y llevarlo al territorio.

“No nos vamos a sentar con delincuentes”, pero sí con quien quiera cooperar

Morillo mantuvo una postura firme al definir los límites de su gestión:

“No nos vamos a sentar con delincuentes”, dijo, al recalcar que no habrá espacio para actores procesados por la justicia. Sin embargo, cuando se le preguntó si dialogaría con la Revolución Ciudadana, su respuesta fue menos tajante: “¿Por qué no? Si tienen el objetivo de cooperar sin chantajes para sacar adelante al Ecuador, nosotros nos vamos a sentar a dialogar”.

La hoja de ruta, insistió, es el diálogo. Remarcó que la bancada oficialista no piensa ceder terreno: “Nosotros tenemos mayoría en la Asamblea y la vamos a fortalecer”.

Aseguró que por el momento no habrá más cambios en el Gabinete, aunque recordó que “esa es potestad del presidente Noboa”. Confirmó además que Enrique Herrería se posesionará en los próximos días como secretario jurídico de la Presidencia.

La prioridad: trabajo en territorio empezando por Guayas

Morillo anunció que su primera acción será salir al territorio. El plan arranca en Guayas. “Vamos a llevar gobernabilidad y estabilidad a los ecuatorianos”, dijo, al anticipar encuentros con alcaldes y prefectos de todo el país para reactivar la coordinación institucional.

Nuevo sistema de salud con GPS

Entre los anuncios más concretos de la entrevista, Morillo adelantó que en pocos días el Gobierno presentará un nuevo sistema de citas médicas con georreferenciación (GPS).

La herramienta permitirá que cada ciudadano escoja cuándo y dónde recibir atención en salud, como parte del proceso de digitalización iniciado por el Ejecutivo.