Noticias Zamora
Paúl ortega: sin vialidad no hay producción
Una vez finalizadas las festividades más grandes en la provincia (Fundación de Zamora y Provincialización de Zamora Chinchipe), el ambiente electoral nuevamente se activó, no solo en la provincia, sino en el país. En ese contexto, los medios de comunicación realizan diálogos para despejar las dudas e incertidumbre frente a las propuestas de los candidatos políticos.
La provincia tiene 5 candidatos participantes en la dignidad de prefecto (a); mismos que, durante esta época se encuentran recorriéndola con la finalidad de conocer los inconvenientes y necesidades de cada habitante.
En este caso, Paul Ortega, candidato a prefecto de Zamora Chinchipe, quien por primera vez está participando en las siguientes elecciones seccionales 2023. Su principal motivación para incursionar en el ámbito político se da ante la necesidad de la ciudadanía, que según el candidato está cansada de ‘los mismos políticos de siempre’. De la misma manera, desea buscar soluciones mediante propuestas que le permitan al pueblo, desarrollarse.
Es importante la creación de fuentes de empleo puesto que se ha evidenciado que en los últimos años y justamente después de la pandemia, muchos ciudadanos han tomado la decisión de migrar fuera del país con la ilusión de un mejor futuro para sus familias. “Muchas personas han tenido que migrar de sus localidades pudiendo tenerlo todo”, haciendo referencia a que se debe apoyar a la empresa privada, que generan plazas de trabajo a nivel del país.
La economía del país se mueve principalmente por los sectores estratégicos: productivo, empresarial, emprendimientos, comercio, agricultura, ganadería, etc. Según relata el candidato, tienen propuestas reales con el apoyo a los sectores que generan economía. Ortega, es un jurista chinchipense, pero además es un emprendedor y cuenta su experiencia desde el inicio en esta labor y manifiesta que es ‘duro’, peor aún, sin el apoyo de las autoridades. Sin una vitrina donde mostrar sus productos y sobre todo los procedimientos que deben atravesar para obtener los permisos de producción y venta; además cree que lo importante es que los gobiernos deben buscar mercados o espacios para la comercialización.
De llegar al consejo provincial, van a crear una empresa de comercialización, la que se va a encargar de realizar compromisos con los emprendedores para buscar mercados. Una empresa que se auto sustente, según sus ventas serán sus ingresos, que no signifique un gasto para la prefectura.
En cuanto a AGROPZACHIN, dice que sería mejor si se le cambia la finalidad de empresa a unidad productiva. Llegar con los recursos necesarios a quien más los necesita, es decir, al productor, ganadero, agricultor, etc.
Además, cree necesario un censo productivo para conocer y definir la actividad agrícola, ganadera a la cual se dedican cada de uno de los habitantes de la provincia y así atender las necesidades de estos sectores.
Otra propuesta de Ortega es la creación de un camal industrial para la producción de carne. Dice que el ganado que se produce en Zamora Chinchipe tiene como destino final la ciudad de Guayaquil, donde muchas de las veces los ganaderos han dado a conocer que no se les paga el precio y peso justo. Es una propuesta que consta en el plan de trabajo que desean ejecutar, pues solamente desde los cantones Chinchipe y Palanda se envían cerca de 300 reses semanales.
El camal tendría la finalidad de abaratar costos y mejorar el transporte y distribución de las reses en otras ciudades, respetando el precio y peso justo que beneficie a cada productor ganadero. De la misma forma también se maneja un proyecto de reducción de costos en cuanto a los alimentos para la producción pecuaria.
Por otro lado, es necesario que los gobiernos gestionen puntos y plazas de comercialización para aquellos productos de los emprendedores de la provincia de Zamora Chinchipe.
“No hay producción sin vialidad”, con referencia a la crisis situación que atraviesa la parte sur del país, donde las autoridades no le han brindado la atención necesaria. En cuanto al tema del IV eje vial, se considera ‘indignado’, frente a los ofrecimientos recientes de parte de las autoridades nacionales sobre la ejecución del segundo tramo de esta importante arteria vial.
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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