En una amplia entrevista, el presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, realizó un análisis de la coyuntura política provincial y nacional frente al próximo proceso electoral, cuestionando el comportamiento de diversos actores políticos y señalando la falta de atención histórica hacia el sector minero y productivo de la provincia.

Durante su intervención, Pineda manifestó que el actual escenario electoral evidencia nuevamente la reaparición de figuras políticas tradicionales, alianzas coyunturales y acercamientos estratégicos hacia sectores organizados como el minero. Según indicó, la minería ha sido utilizada reiteradamente como plataforma política durante campañas electorales, sin que posteriormente existan respuestas concretas a las problemáticas estructurales del sector.

“El sector minero siempre ha sido utilizado por diferentes partidos políticos y autoridades. Cuando llegan al poder guardan un silencio absoluto frente a los problemas económicos, sociales y ambientales de la minería”, expresó.

El dirigente señaló que desde la Cámara de Minería y el Distrito Minero Chinapintza se han presentado propuestas técnicas relacionadas con ordenamiento territorial, uso de suelo y regularización minera, buscando articular acciones entre gobiernos locales, gremios productivos y el Ejecutivo. Sin embargo, afirmó que las autoridades provinciales y nacionales no han respaldado dichas iniciativas.

Pineda también cuestionó presuntas acciones políticas que habrían obstaculizado convenios de cooperación entre la Cámara de Minería y la Universidad Nacional de Loja, orientados —según explicó— a procesos de capacitación, investigación ambiental e innovación para el control de pasivos ambientales y regeneración de zonas intervenidas por minería no regularizada.

En este contexto, denunció que existirían presiones políticas para impedir acuerdos institucionales con organizaciones mineras, argumentando que se pretende vincular injustamente a la Cámara con actividades ilegales, pese a que, según afirmó, los proyectos impulsados buscaban precisamente fortalecer procesos técnicos y de regulación.

Respecto al panorama electoral, el dirigente reconoció que dentro del sector minero existen profesionales preparados en áreas administrativas, jurídicas, geológicas y técnicas, aunque aseguró que muchos no desean participar en política debido al desprestigio y presiones existentes dentro del ámbito público.

“La política hoy en día se ha prostituido”, sostuvo Pineda, indicando que existen amenazas y limitaciones hacia quienes intentan ejercer funciones públicas con independencia o promover cambios desde los sectores productivos. No obstante, señaló que la Cámara de Minería analiza la posibilidad de respaldar a candidatos o candidatas que representen auténticamente al sector y recojan propuestas relacionadas con regularización minera, seguridad jurídica y desarrollo económico territorial.

El dirigente aclaró que la organización aún no ha definido apoyo político hacia ninguna alianza o movimiento específico, incluyendo posibles acuerdos con organizaciones como Pachakutik, aunque insistió en que respaldarán perfiles que presenten propuestas claras y compromiso real con las problemáticas de la provincia.

Además del ámbito minero, Pineda abordó la situación del sector agropecuario y ganadero, indicando que existe preocupación por las políticas implementadas desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Criticó especialmente los mecanismos de vacunación y seguros pecuarios, calificando algunas medidas como discriminatorias y alejadas de la realidad del productor rural.

Según expresó, el sector agrícola y ganadero requiere principalmente vías de acceso, capacitación técnica, mercados estables y seguridad jurídica, antes que ayudas temporales o asistencialistas.

“La gente del campo no necesita regalos. Necesita apoyo para producir, comercializar y ser competitiva”, enfatizó.

En la parte final de la entrevista, Pineda hizo un llamado a la ciudadanía de Zamora Chinchipe para reflexionar de manera responsable sobre el voto en las próximas elecciones seccionales, exhortando a elegir perfiles con vocación de servicio, honestidad, humildad y sensibilidad social.

Asimismo, advirtió sobre la situación crítica que enfrentan concesionarios y pequeños mineros de la provincia debido al cumplimiento de plazos relacionados con licencias ambientales, indicando que varios derechos mineros podrían ser eliminados del catastro minero nacional si no se regularizan a tiempo.

Finalmente, reiteró que la Cámara de Minería continuará trabajando en defensa de los sectores productivos y promoviendo propuestas orientadas a la regularización minera, el fortalecimiento económico provincial y la representación efectiva de los trabajadores del campo y la minería.

La mañana del miércoles 20 de mayo se desarrolló una reunión interinstitucional en la Jefatura de Tránsito de Zamora Chinchipe, con la participación del alcalde del cantón Zamora,; el delegado de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, junto a representantes de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se abordó la problemática relacionada con la permanencia de vehículos retenidos en los exteriores y patios de la Jefatura de Tránsito, situación que durante varios años ha generado malestar ciudadano, afectaciones ambientales y ocupación indebida del espacio público urbano.

El alcalde del cantón Zamora, Manuel González, informó que el Municipio notificó formalmente a la Policía Nacional para que, a partir del 1 de junio, se retire en su totalidad los automotores y motocicletas retenidas que actualmente permanecen en el lugar.

“El Municipio ha sido claro. No vamos a permitir ni un solo día más la permanencia de estos vehículos en este espacio. Hemos esperado con paciencia, pero ahora corresponde actuar conforme a la normativa y recuperar este lugar para la ciudadanía”, manifestó la autoridad cantonal.

Asimismo, señaló que una vez efectuado el retiro, la Policía Nacional deberá ejecutar trabajos de limpieza y adecentamiento del edificio, incluyendo pintura y recuperación integral del área ocupada por los automotores.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora aprobó la entrega en comodato de un terreno de aproximadamente 3.100 metros cuadrados en el sector Tunantza, destinado a la reubicación del nuevo centro de retención vehicular.

El alcalde indicó además que el Municipio apoyará logísticamente el proceso mediante la dotación de maquinaria, una pala mecánica y una plataforma para facilitar el traslado de los vehículos retenidos hacia el nuevo predio.

González enfatizó que, en caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos, el Municipio aplicará las sanciones contempladas en la ordenanza vigente, las cuales podrían alcanzar hasta diez salarios básicos unificados por desacato a la normativa municipal.

Por su parte, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Andrea Rivadeneira, explicó que la institución aperturó un expediente tras las denuncias y quejas formales presentadas por moradores del sector y ciudadanos a través de redes sociales, quienes alertaron sobre contaminación visual, ambiental y proliferación de animales provocada por el almacenamiento prolongado de vehículos en la vía pública.

“Este proceso empieza a dar resultados concretos gracias al trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo, el Municipio y la Policía Nacional. El objetivo es garantizar espacios adecuados y seguros para la ciudadanía”, sostuvo Rivadeneira.

La funcionaria destacó además la importancia de la entrega del terreno en comodato por parte del Concejo Municipal, aprobado de manera unánime, lo que permitirá a la Policía Nacional contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de los automotores retenidos.

Rivadeneira aclaró también que el proceso de chatarrización de vehículos constituye una acción paralela, indicando que este procedimiento no se ejecuta desde el año 2015 y que actualmente se trabaja en acciones administrativas y legales para regularizar la situación de cientos de vehículos retenidos.

En representación de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Christian Vargas reconoció la problemática histórica que enfrenta la ciudad de Zamora respecto a los centros de retención vehicular y confirmó que ya se realizan las gestiones administrativas para ejecutar procesos de chatarrización y posibles remates conforme a la normativa vigente.

“El señor alcalde ha sido enfático respecto a los plazos y comprendemos plenamente la preocupación ciudadana. Desde la Dirección Nacional de Tránsito estamos avanzando en los procedimientos técnicos y legales necesarios para la reubicación y posterior chatarrización de los automotores”, expresó Vargas.

El funcionario explicó que, tras la reforma legal que transfirió las competencias desde la Agencia Nacional de Tránsito hacia la Policía Nacional, actualmente la Dirección Nacional de Tránsito se encuentra regularizando los procesos administrativos relacionados con centros de retención vehicular.

Además, señaló que los procedimientos de chatarrización podrían ejecutarse en un plazo aproximado de dos a tres meses, dependiendo del cumplimiento de requisitos legales y técnicos. También informó que algunos vehículos podrían ingresar a procesos de remate público, los cuales serán anunciados mediante convocatoria oficial y estarán abiertos a la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

Finalmente, Christian Vargas destacó la coordinación institucional mantenida entre el Municipio de Zamora, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, resaltando que el terreno entregado en comodato por 25 años permitirá construir un centro de retención vehicular que cumpla con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

Por: Alonzo Cueva Rojas

La reanudación de la sesión del organismo electoral para eliminar a un partido político evidencia una preocupante sumisión y la estructuración artificial de mayorías.

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reanudar una sesión suspendida con el único fin de cancelar al Partido Unidad Popular representa un preocupante punto de quiebre para la institucionalidad democrática del Ecuador.

Este hecho, lejos de responder a un criterio técnico o legal, devela una maniobra de sumisión política y persecución orquestada bajo la dirección de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La acción vulnera gravemente el procedimiento legal y constituye una abierta manipulación del quórum.

Desde un enfoque estrictamente jurídico, el primer gran atropello es la ruptura del principio de unidad de acto. Según las normas que rigen a los órganos colegiados, resulta ilegal retomar una sesión previamente suspendida sustituyendo a los miembros titulares originales por suplentes. Incluso si los titulares contaban con licencias, esta modificación rompe la consecutividad obligatoria de los debates. No se puede iniciar un debate con unos actores y votar la resolución con otros que no presenciaron la discusión original.

El segundo vicio radica en la formación de una evidente «mayoría móvil» o artificial. El manejo de las licencias de los consejeros principales fue estratégico: se forzó el ingreso de suplentes seleccionados con el fin exclusivo de romper el empate previo de dos votos a favor y dos en contra.

Este uso selectivo de los reemplazos para asegurar los sufragios necesarios contra Unidad Popular no es otra cosa que un fraude a la ley y un flagrante abuso de poder. Se cambiaron las reglas y los jugadores a mitad del partido para alcanzar un resultado político preconcebido.

Frente a este escenario de prevaricación administrativa, la respuesta jurídica debe ser inmediata y contundente a través de una impugnación formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En esta instancia será imperativo demostrar que los votos emitidos por los suplentes carecen por completo de legitimidad constitucional. Defender este caso ya no se trata solo de proteger las siglas de un partido, sino de salvaguardar la integridad de un sistema democrático que no puede operar bajo mayorías hechas a la medida.