En una entrevista, Paúl Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, se pronunció sobre el reciente comunicado emitido por la Cámara de Minería del Ecuador, en el que dicha entidad señala que Pineda no forma parte de su gremio ni ostenta representación del sector minero industrial a nivel nacional.

Al respecto, Pineda aclaró que la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, organización con sede en Quito que agrupa exclusivamente a empresas de minería industrial, sino que forma parte de la Cámara Nacional, entidad que articula a las cámaras cantonales y provinciales del país y representa a la pequeña minería y a la minería artesanal.

“El pronunciamiento de la Cámara de Minería del Ecuador carece de sustento jurídico y responde a intereses económicos y políticos. Nuestra organización es autónoma, legítima y representa los derechos de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia”, sostuvo Pineda, quien recordó que su posesión contó con la presencia del presidente nacional de la Cámara Nacional, ing. Óscar Loor.

Defensa de la minería artesanal y rechazo a la estigmatización
Durante la entrevista, el dirigente enfatizó que la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe no defiende la minería ilegal, sino que promueve una minería formalizada, técnica y ambientalmente responsable, adaptada a la realidad territorial de la provincia.

Asimismo, rechazó los intentos de estigmatización hacia los líderes locales y advirtió sobre un proceso sistemático que, según señaló, busca debilitar a la pequeña minería mediante cargas administrativas, tasas fiscales y reformas legales que podrían derivar en la reversión de concesiones y la posterior entrega de áreas mineras a empresas estatales o transnacionales.

Preocupación por la reforma urgente a la Ley de Minería
Pineda expresó una profunda preocupación frente al proyecto de reforma urgente a la Ley de Minería remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, al considerar que contiene disposiciones que afectarían gravemente a las comunidades, a los mineros artesanales y a los derechos de la naturaleza.

Entre los principales puntos cuestionados mencionó:
• La sustitución de la licencia ambiental por una simple autorización, lo que, a su criterio, debilita los mecanismos de control y la participación comunitaria.
• La limitación de los permisos de minería artesanal a un plazo improrrogable de 10 años, sin posibilidad de renovación.
• La prohibición de agrupación de áreas para transitar al régimen de pequeña minería.
• El uso de Fuerzas Armadas para proteger operaciones mineras estratégicas, lo que, según advirtió, podría derivar en conflictos sociales y despojo territorial.

Llamado a las autoridades y a la ciudadanía
Finalmente, Paúl Pineda hizo un llamado a los asambleístas de Zamora Chinchipe, autoridades locales y provinciales, para que asuman una postura firme en defensa del territorio, y exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente al trámite legislativo de la reforma.

“La provincia es autónoma y tiene liderazgo propio. No necesitamos que desde Quito se hable por Zamora Chinchipe. Exigimos respeto a nuestra autodeterminación y a los derechos de nuestras comunidades”, concluyó.

La Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública informó oficialmente que el Gobierno Nacional, presidido por Daniel Noboa Azín, ha asignado los recursos necesarios para el financiamiento de la consultoría destinada a la elaboración de los estudios integrales y los diseños definitivos para la construcción del nuevo Hospital General Julius Doepfner, una obra considerada prioritaria para el fortalecimiento de la red pública de salud en la provincia de Zamora Chinchipe.

De acuerdo con el comunicado oficial, dichos recursos serán ejecutados de manera oportuna una vez que se concrete el proceso de desconcentración territorial, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 70 y en estricto apego a los procedimientos administrativos y financieros establecidos por la normativa vigente. La Coordinación Zonal 7 – Salud desmintió categóricamente versiones que señalan una eventual reversión de los fondos al Ministerio de Salud Pública por falta de ejecución inmediata, precisando que toda asignación presupuestaria del Estado debe cumplir etapas técnicas, administrativas y financieras que garanticen transparencia y correcta utilización de los recursos públicos.

No obstante, en el debate público y en redes sociales se ha evidenciado un marcado malestar ciudadano, centrado principalmente en la falta de información detallada respecto a la partida presupuestaria asignada y al monto específico destinado a la contratación de los estudios. Diversos pronunciamientos ciudadanos cuestionan que la comunicación oficial no precise cifras ni cronogramas, lo que genera incertidumbre y alimenta la percepción de una gestión poco transparente.

Entre los comentarios difundidos, se destaca el pronunciamiento de una ciudadana, quien señala que resulta “lamentable no dar a conocer a la ciudadanía que ya existe el dinero para los estudios”, cuestionando además la ausencia de un posicionamiento firme por parte de autoridades provinciales, asambleístas y representantes del Ejecutivo en territorio, frente a una obra considerada estratégica y urgente para la provincia.

En este contexto, colectivos ciudadanos y actores sociales han anunciado que solicitarán por escrito información oficial sobre la partida presupuestaria asignada para la consultoría, así como el cronograma de contratación correspondiente, con el fin de despejar dudas y garantizar el acceso a información completa y verificable.

Finalmente, desde distintos sectores se ha planteado la necesidad de que instituciones como la Gobernación de Zamora Chinchipe, el Distrito de Salud y la Dirección del Hospital Julius Doepfner emitan pronunciamientos complementarios, en los que se detallen los montos asignados y las fechas previstas para la contratación de los estudios, como una medida orientada a fortalecer la confianza ciudadana y el ejercicio del derecho a la información pública.

Zamora Chinchipe es una provincia construida con trabajo. Desde sus orígenes, la minería, especialmente la pequeña y artesanal, ha sido, es y será parte de la vida diaria de muchas familias, junto a la agricultura y el comercio. No es una actividad improvisada, sino una fuente histórica de sustento que ha dinamizado la economía local y ha generado empleo honrado.

Hoy, el país vive un momento político sensible. En medio de allanamientos, explosión de maquinaria, el Gobierno ha enviado a la Asamblea proyectos de ley urgentes que buscan cambiar reglas en minería, energía y en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). No todo es negativo, pero sí es necesario analizar con responsabilidad lo que estas decisiones pueden significar para provincias como Zamora Chinchipe.

En minería, se habla de atraer inversión, generar empleo y combatir la ilegalidad. El riesgo está en que las facilidades beneficien principalmente a las grandes empresas, mientras la pequeña minería, la que sostiene a muchas familias amazónicas—, quede rezagada. Lo justo es que las leyes apoyen a todos: que los grandes aporten más, y que los pequeños mineros tengan acceso a regularización, capacitación, créditos y condiciones justas para trabajar y tributar.

Este no es un llamado a la confrontación, sino al diálogo. Las autoridades provinciales deben convocar a mesas de conversación con el sector minero y las comunidades. No podemos avanzar sin socialización ni tomar decisiones que nos lleven a un callejón sin salida.

Representantes del Gobierno: hoy es el momento de estar con el pueblo. Zamora Chinchipe necesita equilibrio, justicia y participación. La minería bien regulada puede seguir siendo una fuente de empleo y desarrollo para la provincia, siempre que sus beneficios lleguen a todos y no solo a unos pocos y que son las grandes transnacionales y un grupo de elites de Quito. Y que, además; quieren imponer desde sus escritorios, dejándonos sin oportunidades para quienes hacemos patria viva este cordón fronterizo del país.