Nacionales
Ocupación en UCI son casos de la variante Delta
La ministra de Salud, Ximena Garzón, se refirió este jueves 13 de enero de 2022 al estado epidemiológico del Ecuador por la presencia del covid-19. La funcionaria de Estado recalcó que la vacunación es necesaria para combatir al virus.
“Esta semana ya no veremos caso complicados por covid-19 porque Ómicron desplazará a Delta”, manifestó la ministra, respecto a las dos variantes más predominantes en el país. Según investigaciones de la cartera de Estado, Ómicron solo ha provocado un caso de hospitalización.
Según Garzón, los pacientes que se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) corresponden a la variante Delta. “Son personas de 50 años en adelante y estos casos se producen por la Delta, porque lastimosante también hay contagios de esa variante”, agregó.
Esa cepa es la más fuerte del covid-19, pues según los expertos su índice de afectaciones y letalidad es mayor que Ómicron, la más transmisible. En las próximas semanas esperan que disminuya la ocupación de UCIs por el descenso de los casos de Delta, acotó la Ministra.
Además, las cifras oficiales que compartió en la rueda de prensa señalan que por cada mil casos se reporta 1.2 fallecidos. “Eso es gracias a las vacunas”, sentenció. Respecto a los decesos en Guayaquil, Garzón explicó que el número de muertes no corresponden a las cifras con las que trabaja el Ministerio de Salud, en el que está confirmado que el fallecimiento se debió al virus.
Nacionales
Cajas de ahorro siguen captando depósitos de terceros, pese a prohibición, mientras pocas se han regularizado
Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido.
Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad.
Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros.
Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y «tasas de interés bajas».
Pocas se han regularizado
Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.
Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026.
Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.
Nuevos requisitos para operar
El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.
Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.
Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.
La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.
Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.
Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma.
El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.
Mayor supervisión y sanciones
La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.
La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas.
Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.
Un cambio para fortalecer al sector
El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años.
Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.
Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar «absurdo y costoso».
Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. «Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso», dice.
Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.
Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández. Fuente: Primicias
Nacionales
De las 15 comisiones de la Asamblea, solo una concentró el 50% de las leyes aprobadas en el primer año
La Asamblea Nacional superó el primer año de gestión del periodo 2025 – 2029 en Ecuador y su presidente, Niels Olsen, asegura que ha cumplido con el 55% de la agenda parlamentaria que se planteó ejecutar hasta mediados de 2027.
En estos 12 meses, el Legislativo ha aprobado 24 leyes en materia de seguridad, economía y temas sociales. El 40% corresponde a leyes urgentes en materia económica que fueron planteadas por el presidente Daniel Noboa.
El ritmo de trabajo para la elaboración de cuerpos legales en las 15 comisiones permanentes ha sido variable. Algunas han tramitado distintos proyectos y otras no registran ni una sola propuesta debatida en el Pleno, hasta el momento.
El presidente Olsen asegura que el segundo año de funciones, que empezó el jueves 14 de mayo, será el de la «aceleración» tanto en temas de fiscalización como en la construcción de leyes.
¿Cuál es la comisión que mas leyes trató en 12 meses?
La Asamblea ha aprobado 24 leyes desde el 14 de mayo de 2025. La mitad de ellas se debatió en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), y con mayoría del oficialismo.
Pese a que en la Asamblea hay dos comisiones especializadas en temas económicos, las 9 leyes económicas urgentes que envió el presidente Daniel Noboa en este periodo fueron tratadas en la mesa dirigida por Centeno.
La Comisión de Régimen Económico, que tiene como presidenta a Nathaly Farinango (también de ADN) trató por última vez una ley urgente en materia económica en noviembre de 2024, en el primer periodo extraordinario del presidente Noboa.
El reparto de proyectos legales a las comisiones está en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Olsen, en el cual ADN y sus aliados tienen el control total.
En medio de cuestionamientos y declaratorias de inconstitucionalidad, la Comisión de Desarrollo Económico de Valentina Centeno ha trabajado en las siguientes leyes urgentes aprobadas por el Pleno, también con una mayoría afín al oficialismo:
Ley de Solidaridad Nacional (inconstitucional)
Ley de Integridad Pública (inconstitucional)
Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas (con demandas en la Corte Constitucional)
Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia (con demandas en la Corte Constitucional)
Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD (con demandas en la Corte Constitucional)
Ley para el Fortalecimiento para la Minería (con demandas en la Corte Constitucional)
Ley de Transparencia Social (con demandas en la Corte Constitucional)
Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Vivienda de Interés Social
Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Adicional a estas, la Comisión también trató el proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero; la Ley para la Reactivación Económica para la Vinculación del Sector Productivo con la Educación, y la Reforma al Sistema de Contratación Pública que contenía artículos de la Ley de Integridad, declarada inconstitucional.
Todas las leyes que salieron de la Comisión de Desarrollo Económico fueron aprobadas con los votos de ADN y sus aliados y el rechazo de la bancada opositora de Revolución Ciudadana (RC).
La propuesta en Seguridad
La segunda comisión permanente de la Asamblea que más proyectos logró llevar al Pleno para su aprobación en este primer año fue la de Seguridad.
En esta se analizó la Reforma para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario que reclasifica a las cárceles en máxima, media y mínima seguridad, así como a los presos por su nivel de peligrosidad.
Esta normativa incluyó una disposición para el trabajo de los privados de la libertad, para que puedan sustentar su estadía en prisión. Esta propuesta se debería implementar en los siguientes tres años.
Asimismo, la mesa de Seguridad tuvo a su cargo la elaboración de la Ley de Ciberseguridad, con la que la Asamblea busca dar respuesta a la creciente proliferación de delitos informáticos y el espionaje institucional.
Pero la ley más polémica tratada en la Comisión de Seguridad es la de Inteligencia, que el oficialismo defiende como una herramienta para enfrentar al crimen organizado, mientras la oposición la cuestiona asegurando que servirá para perseguir a los críticos del gobierno.
La Corte Constitucional suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Inteligencia. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el pedido de varios sectores de que se declare su inconstitucionalidad.
A paso menos acelerado
Otras comisiones legislativas han llegado a proponer al Pleno de la Asamblea una o dos de las 24 leyes que han sido debatidas y aprobadas entre el 14 de mayo de 2025 y el 14 de mayo de 2026. Aquí el detalle:
Comisión de Salud y Deporte
Ley para la Atención Integral del Cáncer
Ley del Deporte
Comisión de Relaciones Internacionales
Reforma a la Ley de Movilidad Humana
Comisión de los Derechos de la Niñez
Ley de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes
Comisión de Educación
Ley de Educación Superior
Gobiernos Autónomos
Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo
Comisión de Justicia
Reformas al Código de la Democracia
En la aprobación de las reformas electorales se vio una de las pocas ocasiones en las que las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana (RC) coincidieron, aprobando la norma con 125 votos.
El cambio más relevante fue el retorno al método de D’Hondt en la repartición de escaños, que es un mecanismo que favorece a los partidos que más votación obtienen, beneficiando a las organizaciones políticas hegemónicas.
En este año, la Asamblea también conformó dos comisiones especiales ocasionales para tratar y aprobar temas específicos: la reforma parcial a la Constitución sobre bases militares extranjeras y la reforma sobre el financiamiento a las organizaciones políticas. Fuente: Primicias
Nacionales
ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, fortalece el diálogo y la transparencia en Expominas 2026
Quito, mayo 2026.- ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, participó en Expominas 2026, uno de los encuentros mineros más importantes del país, reafirmando su compromiso con una minería responsable basada en el diálogo, la transparencia y la construcción conjunta con las comunidades.
Durante tres días, la compañía desarrolló una agenda que integró espacios técnicos, académicos y de relacionamiento territorial, destacando la participación de una delegación de 15 representantes de la provincia de El Oro, conformada por líderes comunitarios, representantes de comités, sector salud, academia y medios de comunicación, quienes conocieron de cerca el desarrollo y visión del Proyecto Los Cangrejos.
Como parte de esta experiencia, los participantes asistieron a conferencias especializadas, mesas de diálogo del sector y espacios de intercambio técnico sobre minería responsable, sostenibilidad y gobernanza. Además, participaron en actividades de formación junto a Women in Mining Ecuador (WIM) y realizaron un recorrido por el Centro Histórico de Quito, fortaleciendo el intercambio de experiencias y la integración entre actores del territorio.
En el marco del evento, ODIN Mining participó en importantes mesas redondas del sector. En el panel “Minería sostenible y gobernanza: diálogo entre la gran industria, el Estado y la sociedad”, Francisco Ruiz, Jefe de Ambiente y Relaciones Comunitarias, destacó la importancia de integrar la gestión socioambiental desde las etapas iniciales del proyecto, priorizando el cuidado del agua, la prevención de impactos y el monitoreo social como pilares para construir confianza en territorio.
Por su parte, en la mesa “Retos de la comunicación que tiene la industria minera”, Alejandra Monroy, Coordinadora de Comunicación, señaló que el principal desafío en esta etapa del proyecto es generar credibilidad mediante una comunicación clara, técnica y transparente, respaldada por acciones concretas y presencia permanente en las comunidades.
En la jornada de cierre, la compañía participó en el panel “Mujeres en minería: retos y oportunidades en la industria minera”, donde Susana Saavedra, Relacionadora Comunitaria, resaltó la importancia del diálogo, la cercanía y la educación para fortalecer la participación femenina y reducir brechas dentro del sector.
Asimismo, se desarrolló la conferencia magistral “Estado actual del Proyecto Los Cangrejos”, liderada por Celia Xu, Subdirectora de ESG; Francisco Ruiz; Diego Salas, Geólogo Senior de Cumplimiento y ESG; y Nelson Carrillo, Técnico de Gestión Ambiental. Durante este espacio se presentaron los avances del proyecto, su planificación técnica y el enfoque integral bajo el cual se desarrolla, destacando que su crecimiento se construye junto a las comunidades.
En la ceremonia inaugural, Marcelo Rivadeneira, Representante Legal de ODIN Mining del Ecuador, participó en el acto oficial de apertura del evento.
A través de su participación en Expominas 2026, ODIN Mining del Ecuador reafirmó su misión de transformar los recursos del Proyecto Los Cangrejos en oportunidades reales de desarrollo sostenible para las comunidades vecinas, la provincia de El Oro y el país, bajo estándares internacionales que priorizan el cuidado del ambiente, las personas y el desarrollo responsable.
Expominas 2026 se consolidó como una plataforma clave para fortalecer el relacionamiento con actores estratégicos y visibilizar el trabajo que la compañía desarrolla en territorio.
Juntos crecemos
ODIN Mining del Ecuador, filial del grupo internacional CMOC, desarrolla el proyecto estratégico Cangrejos bajo criterios de exploración responsable, sostenibilidad y altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza, con el compromiso de generar valor compartido para las comunidades, la provincia de El Oro y el país.
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