La mañana del miércoles 20 de mayo se desarrolló una reunión interinstitucional en la Jefatura de Tránsito de Zamora Chinchipe, con la participación del alcalde del cantón Zamora,; el delegado de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, junto a representantes de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se abordó la problemática relacionada con la permanencia de vehículos retenidos en los exteriores y patios de la Jefatura de Tránsito, situación que durante varios años ha generado malestar ciudadano, afectaciones ambientales y ocupación indebida del espacio público urbano.

El alcalde del cantón Zamora, Manuel González, informó que el Municipio notificó formalmente a la Policía Nacional para que, a partir del 1 de junio, se retire en su totalidad los automotores y motocicletas retenidas que actualmente permanecen en el lugar.

“El Municipio ha sido claro. No vamos a permitir ni un solo día más la permanencia de estos vehículos en este espacio. Hemos esperado con paciencia, pero ahora corresponde actuar conforme a la normativa y recuperar este lugar para la ciudadanía”, manifestó la autoridad cantonal.

Asimismo, señaló que una vez efectuado el retiro, la Policía Nacional deberá ejecutar trabajos de limpieza y adecentamiento del edificio, incluyendo pintura y recuperación integral del área ocupada por los automotores.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora aprobó la entrega en comodato de un terreno de aproximadamente 3.100 metros cuadrados en el sector Tunantza, destinado a la reubicación del nuevo centro de retención vehicular.

El alcalde indicó además que el Municipio apoyará logísticamente el proceso mediante la dotación de maquinaria, una pala mecánica y una plataforma para facilitar el traslado de los vehículos retenidos hacia el nuevo predio.

González enfatizó que, en caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos, el Municipio aplicará las sanciones contempladas en la ordenanza vigente, las cuales podrían alcanzar hasta diez salarios básicos unificados por desacato a la normativa municipal.

Por su parte, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Andrea Rivadeneira, explicó que la institución aperturó un expediente tras las denuncias y quejas formales presentadas por moradores del sector y ciudadanos a través de redes sociales, quienes alertaron sobre contaminación visual, ambiental y proliferación de animales provocada por el almacenamiento prolongado de vehículos en la vía pública.

“Este proceso empieza a dar resultados concretos gracias al trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo, el Municipio y la Policía Nacional. El objetivo es garantizar espacios adecuados y seguros para la ciudadanía”, sostuvo Rivadeneira.

La funcionaria destacó además la importancia de la entrega del terreno en comodato por parte del Concejo Municipal, aprobado de manera unánime, lo que permitirá a la Policía Nacional contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de los automotores retenidos.

Rivadeneira aclaró también que el proceso de chatarrización de vehículos constituye una acción paralela, indicando que este procedimiento no se ejecuta desde el año 2015 y que actualmente se trabaja en acciones administrativas y legales para regularizar la situación de cientos de vehículos retenidos.

En representación de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Christian Vargas reconoció la problemática histórica que enfrenta la ciudad de Zamora respecto a los centros de retención vehicular y confirmó que ya se realizan las gestiones administrativas para ejecutar procesos de chatarrización y posibles remates conforme a la normativa vigente.

“El señor alcalde ha sido enfático respecto a los plazos y comprendemos plenamente la preocupación ciudadana. Desde la Dirección Nacional de Tránsito estamos avanzando en los procedimientos técnicos y legales necesarios para la reubicación y posterior chatarrización de los automotores”, expresó Vargas.

El funcionario explicó que, tras la reforma legal que transfirió las competencias desde la Agencia Nacional de Tránsito hacia la Policía Nacional, actualmente la Dirección Nacional de Tránsito se encuentra regularizando los procesos administrativos relacionados con centros de retención vehicular.

Además, señaló que los procedimientos de chatarrización podrían ejecutarse en un plazo aproximado de dos a tres meses, dependiendo del cumplimiento de requisitos legales y técnicos. También informó que algunos vehículos podrían ingresar a procesos de remate público, los cuales serán anunciados mediante convocatoria oficial y estarán abiertos a la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

Finalmente, Christian Vargas destacó la coordinación institucional mantenida entre el Municipio de Zamora, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, resaltando que el terreno entregado en comodato por 25 años permitirá construir un centro de retención vehicular que cumpla con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

Por: Alonzo Cueva Rojas

La reanudación de la sesión del organismo electoral para eliminar a un partido político evidencia una preocupante sumisión y la estructuración artificial de mayorías.

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reanudar una sesión suspendida con el único fin de cancelar al Partido Unidad Popular representa un preocupante punto de quiebre para la institucionalidad democrática del Ecuador.

Este hecho, lejos de responder a un criterio técnico o legal, devela una maniobra de sumisión política y persecución orquestada bajo la dirección de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La acción vulnera gravemente el procedimiento legal y constituye una abierta manipulación del quórum.

Desde un enfoque estrictamente jurídico, el primer gran atropello es la ruptura del principio de unidad de acto. Según las normas que rigen a los órganos colegiados, resulta ilegal retomar una sesión previamente suspendida sustituyendo a los miembros titulares originales por suplentes. Incluso si los titulares contaban con licencias, esta modificación rompe la consecutividad obligatoria de los debates. No se puede iniciar un debate con unos actores y votar la resolución con otros que no presenciaron la discusión original.

El segundo vicio radica en la formación de una evidente «mayoría móvil» o artificial. El manejo de las licencias de los consejeros principales fue estratégico: se forzó el ingreso de suplentes seleccionados con el fin exclusivo de romper el empate previo de dos votos a favor y dos en contra.

Este uso selectivo de los reemplazos para asegurar los sufragios necesarios contra Unidad Popular no es otra cosa que un fraude a la ley y un flagrante abuso de poder. Se cambiaron las reglas y los jugadores a mitad del partido para alcanzar un resultado político preconcebido.

Frente a este escenario de prevaricación administrativa, la respuesta jurídica debe ser inmediata y contundente a través de una impugnación formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En esta instancia será imperativo demostrar que los votos emitidos por los suplentes carecen por completo de legitimidad constitucional. Defender este caso ya no se trata solo de proteger las siglas de un partido, sino de salvaguardar la integridad de un sistema democrático que no puede operar bajo mayorías hechas a la medida.

En una entrevista concedida a Radio Amazonas 92.1 FM de Yantzaza, el precandidato a la Alcaldía del cantón Zamora, Alcibar Lupercio, expuso una propuesta política basada en la planificación integral, la recuperación de los servicios básicos y zonas de recreación y la necesidad urgente de devolverle rumbo, dignidad y visión de futuro al cantón Zamora.

Durante el espacio radial, Lupercio habló con firmeza sobre la realidad que vive actualmente la provincia y cuestionó el abandono histórico de las necesidades básicas de la población.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el deterioro de la Troncal Amazónica. “No podemos seguir aceptando el abandono vial mientras Zamora aporta millones de dólares al país a través de la minería y otros sectores productivos. Las carreteras destruidas afectan la economía, la movilidad y ponen en riesgo la vida de las familias zamoranas”, manifestó. Sabemos que la competencia directa sobre la Troncal Amazónica no corresponde al Municipio; sin embargo, sostuvo que las autoridades locales sí tienen la obligación moral y política de exigir con firmeza obras y atención para la provincia. No podemos seguir callados mientras otras provincias avanzan y nosotros seguimos esperando soluciones”, enfatizó.

El cantón Zamora enfrenta problemas estructurales derivados de años de improvisación, falta de planificación y ausencia de una visión técnica de desarrollo. Indicó que mientras cantones como Yantzaza y El Pangui han logrado mayor crecimiento en infraestructura, en lo económico y dinamismo productivo, Zamora continúa rezagada pese a ser la capital de provincia. Esa realidad evidencia la necesidad urgente de construir un verdadero Plan Integral de Desarrollo Cantonal, orientado a resolver problemas históricos relacionados con agua potable, alcantarillado, vialidad urbana, ordenamiento territorial, turismo, salud pública y fortalecimiento de servicios básicos.

“El cantón Zamora necesita planificación seria, responsable y humana. No podemos seguir administrando el presente sin pensar en el futuro. Hoy tenemos problemas graves de agua potable, alcantarillado colapsado y barrios que siguen esperando atención básica”, expresó.

En ese contexto, Lupercio planteó la necesidad de impulsar obras estratégicas como una vía la reconstrucción de la vía antigua, para descongestionar el tránsito pesado dentro de la ciudad, mejorar la conectividad regional y fortalecer la seguridad vial y el turismo.

Otro de los temas abordados fue el enorme potencial turístico y ambiental de Zamora. Lupercio señaló que el cantón posee riquezas naturales únicas; sin embargo, lamentó que hasta ahora no exista una política seria de promoción turística, infraestructura y articulación institucional que permita convertir al cantón en un destino competitivo del sur del país.

Alcíbar Lupercio lanzó un mensaje político contundente, asegurando que su proyecto representa una alternativa nueva frente a los grupos tradicionales que han manejado históricamente la política local y provincial.

“Somos el único precandidato nuevo, independiente y con ideas incluyentes. No nos hemos arrimado al poder político ni económico. Hemos tomado una decisión valiente: salir junto al pueblo y construir propuestas desde la ciudadanía”. “Los mismos de siempre quieren seguir rotándose entre el Municipio y la Prefectura. Son los mismos grupos de oligopolio de la política local durante años y hoy Zamora sigue enfrentando retraso, abandono y falta de oportunidades”, indicó.

“Vamos a enfrentar con valentía, con ideas y con dignidad a las grandes estructuras económicas y políticas tradicionales. Zamora necesita dejar atrás la política construida desde el escritorio y avanzar hacia un modelo de desarrollo serio, técnico y construido junto al pueblo”, concluyó.