¿Qué descubrió la investigación?

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habló de un nuevo posible intento de bloqueo a la participación de los candidatos del correísmo con otro movimiento político en las elecciones seccionales de noviembre 2026.

Rivadeneira confimó que Pabel Muñoz y Luisa González ya renunciaron a sus precandidaturas con el movimiento Amigo, con el fin de encontrar otra tienda política que permita su participación en las seccionales, pues Amigo fue suspendido por nueve meses debido a una investigación con reserva. Es la misma figura con la cual se suspendió a la Revolución Ciudadana.

“Lo que pasa es que si hay un registro de participación en primarias con otra organización no le va a habilitar para otro partido. El CNE solo tiene que registrar la notificación que hacen las organizaciones políticas y habilitar el sistema para cuando se den las inscripciones definitivas de las candidaturas. El asunto es que cuando vamos a dejar las notificaciones en el CNE te dejan en una instancia de limbo. A eso, ellos lo han llamado como confinamiento, figura que no existe. Estamos muy alertas porque esta va a ser una nueva forma de suspender o proscribir a los candidatos de la RC basados en esta nueva leguleyada”.

Por el momento no dio nombres, pero aseguró que varios partidos políticos les han abierto las puertas para la participación en las seccionales.

¿Correísmo sufre de su propia medicina?

En una entrevista con Contacto Directo, Gabriela Rivadeneira habló de una “proscricpión” de la Revolución Ciudadana. ¿Es la misma receta que fue empleada en el gobierno del correísmo con otras organizaciones políticas y sociales?

Y agregó que la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo fueron suspendidos por investigaciones reservadas de Fiscalía. “Están cancelando organizaciones políticas en pleno proceso electoral”, dijo.

Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.

Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.

Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.

El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.

La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.

Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.

La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.