Nacionales
Más de 600.000 contribuyentes fueron autorizados automáticamente para la facturación electrónica
Faltan pocos días para que las personas naturales y sociedades (excepto negocios populares, por sus actividades RIMPE) implementen la facturación electrónica de forma obligatoria. Con el objetivo de facilitar este proceso, el SRI autorizó de oficio (automáticamente) a 661.100 contribuyentes para que se incorporen a este esquema de emisión.
Estos contribuyentes deberán obtener la firma y el facturador electrónicos para cumplir con la obligación.
Hasta el momento 423 mil contribuyentes ya han implementado la facturación electrónica (332 mil personas naturales y 91 mil sociedades), que, junto a los autorizados de oficio, suman más de un millón de contribuyentes.
Adicionalmente, el SRI realizó varias modificaciones al proceso para facilitar a los contribuyentes la migración a la facturación electrónica:
- Ya no se requiere convenio de débito para la autorización como emisores de comprobantes electrónicos.
- Se habilitó la obtención de firma electrónica con cédula (antes solo se podía obtener con RUC).
- Se homologaron dos nuevas entidades certificadoras en el esquema de comprobantes electrónicos.
- Se habilitó para todos los contribuyentes el aplicativo para facturación SRI y Yo en línea, el mismo que anteriormente estaba dirigido soloa personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.
Los contribuyentes pueden verificar si han sido autorizados de oficio para la emisión de facturas electrónicas, ingresando a la consulta “Validación de emisor en producción”, la misma que se encuentra aquí.
El Servicio de Rentas Internas recuerda a todos los contribuyentes que el 29 de noviembre de 2022 es el último día para implementar la facturación electrónica.
El pulso comercial entre Ecuador y Colombia escaló este 24 de febrero de 2026: el Gobierno colombiano oficializó un arancel recíproco del 30 % para productos ecuatorianos y restringió el ingreso de ciertas mercancías por vía terrestre, en respuesta a la “tasa de seguridad” aplicada previamente por Ecuador a importaciones colombianas.
La decisión consta en el Decreto 0170 de 2026, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, que establece el gravamen para 23 partidas arancelarias (desagregadas en decenas de subpartidas) de bienes agrícolas e industriales. Entre los productos mencionados en reportes de prensa figuran alimentos y manufacturas como tomate, cebolla, papa, banano/bocadillo, grasas y aceites, etanol, insecticidas y calzado, entre otros.
Restricciones en frontera: Ipiales y Puerto Asís
Además del arancel, el decreto incluye limitaciones de ingreso por pasos fronterizos específicos, particularmente Ipiales y Puerto Asís, bajo el argumento de reforzar controles aduaneros y la verificación documental. Esto agrega presión logística a exportadores y transportistas que dependen del comercio terrestre.
Hasta el 03 de marzo de 2026 se receptarán las postulaciones para los aspirantes a nuevo Fiscal General del Estado. Leonardo Alarcón, quien actualmente está encargado de este puesto, podría estar dentro del listado de postulantes para el cargo.
En entrevista a Ecuador Tv, Alarcón sostuvo que está “completamente preparado para postular” al máximo cargo de la Fiscalía General del Estado.
Y complementó que “todos los profesionales del derecho deberían tener el deseo de concursar y estar al frente de la Fiscalía General del Estado”.
Su formación
Alarcón nació en Cañar y obtuvo sus títulos como Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la República por la Universidad Católica de Cuenca.
Tiene una maestría en Derecho Penal con mención en criminalidad compleja y varias especializaciones en derecho penal y justicia indígena, y derecho procesal penal. A esto se suma un diplomado en técnicas de negociación, mediación de crisis y construcción de consensos otorgado por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
También ha accedido a cursos internacionales para su formación: Trata de Personas y Explotación Infantil (El Salvador), Prácticas para Combatir la Corrupción Pública (INL, Estados Unidos) y Litigación Oral (Estados Unidos).
La trayectoria
Ha participado en conferencias y mesas de trabajo en Chile, Colombia y Estados Unidos en el marco de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos.
Ha construido una carrera profesional sólida con 23 años de ejercicio; la mayoría de ellos en la Fiscalía. Mediante concursos de méritos y oposición, ha desempeñado progresivamente los cargos de Asistente, Secretario y Agente Fiscal.
El fiscal encargado ha estado en unidades como Multicompetente, Flagrancia, Personas y Garantías, así como en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti). Además ha asumido responsabilidades como coordinador de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública, de Fuerza de Tarea y Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Estas funciones le permitieron convertirse en enlace con organismos internacionales de cooperación de Estados Unidos y Reino Unido en materia anticorrupción, mismas que contribuyeron a la consolidación y creación de la Unidad Selecta Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Judicatura destituye a dos jueces tras acusarlos de favorecer a procesados en el caso ‘Fachada’
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este martes destituir a dos jueces, tras concluir que incurrieron en una infracción disciplinaria grave dentro del caso «Fachada», que involucra a la organización criminal denominada “Comandos de la Frontera”, considerada como terrorista por el Estado ecuatoriano.
La decisión recayó sobre C.L.Q.C., quien ejercía como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, y G.C.L.T., jueza de un Tribunal de Garantías Penales. Según la entidad de control, los ahora exfuncionarios habrían intervenido de forma indebida para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas por sus presuntos vínculos con el grupo armado, considerado como una disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Se trataba de dos hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias «Gerente», cabecilla de la organización criminal, que fueron procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas en septiembre de 2023.
Las investigaciones sobre los jueces que derivaron en la sanción iniciaron el 16 de enero de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó una serie de allanamientos en Pichincha y Esmeraldas.
En esos operativos se levantaron indicios como documentación, equipos electrónicos, teléfonos celulares y altas sumas de dinero en efectivo, elementos que apuntaban a un posible plan premeditado para favorecer a los procesados.
Tras esos hechos, la Dirección Provincial del CJ en Pichincha solicitó la suspensión preventiva de los jueces, medida que fue aprobada el 11 de junio de 2025. Con la resolución adoptada este martes, el organismo dio por concluido el proceso disciplinario con la destitución definitiva.
Titular de la Judicatura se pronuncia
El presidente del Consejo de la Judicatura, Damian Larco, aseguró que la medida responde a la política institucional de enfrentar con firmeza los casos de corrupción dentro de la Función Judicial.
Desde el CJ se enfatizó que la sanción forma parte de las acciones orientadas a impedir que el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo infiltren el sistema de justicia, y a garantizar la transparencia en el desempeño de los funcionarios judiciales. Fuente: Vistazo
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