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Más de 600.000 contribuyentes fueron autorizados automáticamente para la facturación electrónica

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Faltan pocos días para que las personas naturales y sociedades (excepto negocios populares, por sus actividades RIMPE) implementen la facturación electrónica de forma obligatoria. Con el objetivo de facilitar este proceso, el SRI autorizó de oficio (automáticamente) a 661.100 contribuyentes para que se incorporen a este esquema de emisión.

Estos contribuyentes deberán obtener la firma y el facturador electrónicos para cumplir con la obligación.

Hasta el momento 423 mil contribuyentes ya han implementado la facturación electrónica (332 mil personas naturales y 91 mil sociedades), que, junto a los autorizados de oficio, suman más de un millón de contribuyentes.

Adicionalmente, el SRI realizó varias modificaciones al proceso para facilitar a los contribuyentes la migración a la facturación electrónica:

  • Ya no se requiere convenio de débito para la autorización como emisores de comprobantes electrónicos.
  • Se habilitó la obtención de firma electrónica con cédula (antes solo se podía obtener con RUC).
  • Se homologaron dos nuevas entidades certificadoras en el esquema de comprobantes electrónicos.
  • Se habilitó para todos los contribuyentes el aplicativo para facturación SRI y Yo en línea, el mismo que anteriormente estaba dirigido soloa personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Los contribuyentes pueden verificar si han sido autorizados de oficio para la emisión de facturas electrónicas, ingresando a la consulta “Validación de emisor en producción”, la misma que se encuentra aquí.

El Servicio de Rentas Internas recuerda a todos los contribuyentes que el 29 de noviembre de 2022 es el último día para implementar la facturación electrónica.

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La Balsa: el puente que une dos naciones, pero que hoy divide la esperanza de miles de familias

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Por Diario El Amazónico

La mañana del sábado, el Puente Internacional de La Balsa dejó de ser únicamente una estructura de concreto y acero para convertirse, una vez más, en el escenario donde confluyen la historia, la integración y el clamor de dos pueblos que se resisten a permanecer separados. Desde tempranas horas, decenas de ciudadanos ecuatorianos del cantón Chinchipe y pobladores del norte del Perú llegaron hasta la frontera con un mismo propósito: exigir la reapertura total del paso binacional y devolverle a este corredor fronterizo el papel para el cual fue concebido, unir naciones y no dividirlas.

Mientras el lado peruano lograba avanzar hasta la mitad del puente, considerado el punto limítrofe entre ambos Estados, los ciudadanos ecuatorianos permanecían detenidos por un cerco militar instalado en el ingreso de la infraestructura. Dos vallas metálicas y alambre de púas impedían el avance de quienes únicamente buscaban encontrarse con sus vecinos, estrechar sus manos y expresar un mensaje conjunto de integración.

La imagen resultó simbólica. A escasos metros de distancia, dos pueblos hermanos compartían el mismo reclamo, pero permanecían físicamente separados por una decisión administrativa que, según los manifestantes, ha golpeado profundamente la dinámica económica y social de la frontera.

Durante la jornada se escuchó un mensaje reiterado: la movilización era pacífica. Los dirigentes insistieron en que no existía ninguna intención de confrontación con las Fuerzas Armadas, reconociendo que los uniformados cumplían disposiciones superiores. El llamado estuvo dirigido a las autoridades nacionales, responsables de definir la política de control fronterizo.

En medio del acto cívico, los asistentes entonaron con solemnidad los himnos nacionales del Ecuador y del Perú. Aquellas notas patrióticas, interpretadas a pocos metros de distancia, evidenciaron una realidad paradójica: dos países unidos por la historia y la cultura permanecían separados por restricciones que afectan la vida cotidiana de miles de habitantes de la región fronteriza.

Más allá del simbolismo, el cierre parcial del Puente Internacional de La Balsa representa un problema de carácter estructural. Para las poblaciones de Chinchipe, Zumba, San Ignacio y otros sectores fronterizos, el puente constituye un eje fundamental para el comercio, el transporte, el acceso a servicios de salud, la educación y el intercambio económico que históricamente ha sostenido a numerosas familias.

Representantes del sector transportista, emprendedores, agricultores y comerciantes coincidieron en señalar que la restricción del paso ha provocado una significativa disminución de la actividad comercial, afectando especialmente a quienes dependen del intercambio diario entre Ecuador y Perú para generar ingresos.

Los testimonios recogidos durante la manifestación reflejan una preocupación compartida. Mientras algunos ciudadanos explicaban que han perdido citas médicas y oportunidades de negocio, otros advertían que la medida también repercute en estudiantes, pequeños productores y familias que mantienen vínculos permanentes a ambos lados de la frontera.

Las fronteras contemporáneas no constituyen únicamente límites territoriales; representan espacios de integración económica, social y cultural. La teoría del desarrollo fronterizo sostiene que los corredores binacionales fortalecen las economías locales mediante la movilidad de personas, bienes y servicios, favoreciendo la cooperación entre territorios vecinos y reduciendo las asimetrías regionales.

En ese contexto, diversos participantes recordaron que el Puente Internacional de La Balsa fue construido precisamente como una obra estratégica de integración binacional. Su finalidad trascendía la conectividad vial: buscaba consolidar un espacio permanente de cooperación entre Ecuador y Perú, fortaleciendo la convivencia pacífica alcanzada tras décadas de esfuerzos diplomáticos.

La jornada concluyó con un llamado a mantener el diálogo institucional y promover mecanismos que permitan revisar las restricciones vigentes sin comprometer la seguridad nacional. Los asistentes plantearon la elaboración de un documento conjunto entre autoridades locales, organizaciones sociales, transportistas y representantes de ambos países para elevar formalmente su petición al Gobierno Nacional.

Más que una protesta, la movilización evidenció el sentimiento de pertenencia de dos pueblos fronterizos que continúan viendo en La Balsa un símbolo de integración. Porque, como expresó uno de los participantes durante la concentración, «los puentes fueron construidos para unir pueblos, no para separarlos».

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El fenómeno de El Niño revive la alerta de una grave escasez de alimentos en Ecuador como en 1997

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La llegada de un fenómeno de El Niño especialmente fuerte en este 2026 ha prendido las alertas por los efectos que puede generar en Ecuador. Las previsiones internacionales anticipan un fuerte evento climático, generarían fuertes lluvias e inundaciones, que pueden llegar a afectar a las plantaciones, y por lo tanto a la capacidad de provisión y distribución de alimentos dentro del país.

La preocupación llega con una experiencia previa: el fenómeno de El Niño de 1997, que dejó pérdidas históricas en el agro ecuatoriano y generó una crisis de desabastecimiento que obligó a importar alimentos para evitar una hambruna.

De hecho, un análisis de la ONU advierte que con el fenómeno de El Niño, hasta julio de 2026, unas 2,6 millones de personas se encontrarán en situación de crisis o emergencia alimentaria en Ecuador, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). De ese total, alrededor de 2,5 millones estarán en fase de crisis y unas 95.000 en fase de emergencia.

Y los efectos se acercan rápidamente, aunque la magnitud de afectación aún no está asegurada. Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador, el Fenómeno de El Niño 2026-2027 en Ecuador ya está en su fase inicial. Y según el Ministerio de Agricultura, los meses más complicados serán entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

La devastación de 1997
Estimaciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apuntan que cerca de siete millones de personas, es decir el 60% de los habitantes que tenía Ecuador, vivió impactos directos o secundarios por el Fenómeno de El Niño de 1997, el último de gran magnitud que ha enfrentado el país.

 

thumbDos niños nadan en una zona inundad de Calceta, en la provincia de Manabí, en medio de jornadas de lluvias intensas en marzo de 1998, durante el Fenómeno de El Niño que empezó en 1997.Francesco Degasperi / AFP

«No me es grato recordar el fenómeno de 1997 y 1998», dice a PRIMICIAS el exministro de Agricultura Alfredo Saltos Guale (1990-1992 y 1997-1998). Cuenta que precisamente el sector agropecuario fue uno de los más impactados, y eso tuvo consecuencias sociales, demográficas y económicas.

El informe de la CAF publicado en el año 2000 sobre el impacto de El Niño de 1997-1998 en Ecuador estima que el daño de ese evento climático en el país causó pérdidas por USD 2.882 millones, unos USD 6.070 millones ajustados por inflación a mayo de 2026, según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Ese informe tamién revela que más de 843.873 hectáreas de diferentes cultivos fueron afectadas, lo que dejó impactó en decenas de miles agricultores. Esto, cuenta Saltos Guale, puso en riesgo incluso la seguridad alimentaria de Ecuador, aunque entonces había una reserva nacional para almacenar alimentos.

«Algunas haciendas, al no tener producción, suspendieron a muchos trabajadores», cuenta Sergio Cedeño, agrónomo graduado en la Universidad Zamorano, quien fue presidente de la Asociación de Productores de Cacao (Aprocafa).

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Gráfico de la Organización Meteorológica Mundial ante el aviso del arribo del fenómeno El Niño en el mundo, Suiza, 1 de junio de 2026.AFP

Cifras gubernamentales y de las Naciones Unidas citadas por la CAF revelan que 106.388 agricultores fueron afectados por los efectos de El Niño de esos años en Ecuador.

Cedeño, quien cuenta administró las plantaciones de cacao, mango y banano de varias empresas grandes de la costa ecuatoriana en esos años, recuerda que la totalidad de los cultivos bajo su supervisión en las provincias de Guayas y Los Ríos fueron afectadas.

Pero la llegada de las inundaciones, relata este agrónomo, también acarreó una serie de problemas más, como la aparición de enfermedades fúngicas, problemas para dragar o expulsar el exceso de agua de los cultivos, y la pérdida de producto, que se dañaba rápido en medio de dificultades logísticas para el traslado de los alimentos.

Fue en este escenario que, según cuenta Cedeño, los agricultores no podían pagar sus créditos a los bancos. «El país entero cayó en una depresión económica y luego ya vino el año 2000, la dolarización».

La Memoria de 1999 del Banco Central del Ecuador expone en su Capítulo II que, precisamente, el Fenómeno de El Niño de 1997 y 1998 afectó de tal manera a la actividad agropecuaria que «esto alteró el ciclo económico y agravó las tendencias negativas latentes en materias de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia estabilidad macroeconómica».

No obstante, el economista Marco Naranjo considera que atribuir los efectos de el fenómeno de 1997 a la debacle del feriado bancario de 1999 deja de lado aspectos de más peso, como una mala administración pública de los recursos petroleros, y una adquisición sostenida de deuda entre las décadas de 1980 y 1990 acompañada de una pobre cultura financiera.

Una reserva estratégica y el riesgo de hambruna
El exministro Saltos cuenta que además hubo zonas dedicadas a la crianza y producción de aves, como Bahía de Caraquez, Tosagua y Portoviejo, que también fueron afectadas y tuvieron que dejar esas labores.

Además, el aumento de la temperatura del agua de las costas ecuatorianas ocasionó que algunas especies marinas como la sardina o el atún tengan problemas de reproducción y busquen lugares con un clima más agradable.

Este escenario crítico, dice Saltos, provocó una necesidad de importar alimentos en gran cantidad como azúcar (200.000 toneladas métricas), maíz (140.000 toneladas métricas) y soja (60.000 toneladas métricas adicionales en 1997).

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Inundación en la vía Babahoyo-Jujan, en marzo de 2024, el último año que se desarrolló el fenómeno de El Niño.API

En 2023, el entonces presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, señaló que cerca de 200.000 toneladas de arroz fueron importadas a Ecuador por el fenómeno de El Niño de 1997.

El exfuncionario, que ahora trabaja como consultor agrónomo, expone su preocupación sobre la existencia (o carencia) de reservas estratégicas de alimentos.

«En 1997 y 1998 funcionaba un organismo para el almacenamiento de alimentos, la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, pero desapareció paulatinamente y ahora no existe. Por eso hay que acudir al sector privado para que apoye con infraestructura, porque lo peor que puede suceder es que haya una hambruna, como se dio en 1982 y 1983», considera.

No obstante, Cedeño apunta a que no toda la producción es almacenable, como ocurre con el banano, el cacao y el mango.

Además, ambos expertos señalan que un desafío a enfrentar es el secado de las cosechas, pues, al menos en el caso del arroz, el producto no puede ser guardado con una humedad superior al 13%. Fuente: Primicias

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TCE suspende provisionalmente al movimiento AMIGO y pone en riesgo candidaturas del correísmo

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El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional del movimiento político AMIGO por un plazo de nueve meses, luego de admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón.

La decisión podría tener repercusiones en el escenario político, al comprometer la participación de candidatos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana que tenían previsto postular bajo esa organización en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
La resolución fue emitida por el juez Juan Patricio Maldonado Benítez, quien señaló que la denuncia por presunto lavado de activos se fundamenta en un procedimiento de carácter reservado.

Como medida cautelar, el magistrado ordenó la suspensión provisional del movimiento AMIGO del Registro Permanente de Organizaciones Políticas que administra el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El fallo establece que la medida tendrá una duración inicial de nueve meses, aunque podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses previsto en el artículo 374 del Código de la Democracia.

La medida podría afectar las elecciones seccionales

La resolución también establece que la suspensión podrá levantarse antes del plazo fijado si la Fiscalía General del Estado retira formalmente su solicitud, comunica que ya no sostiene el pedido o si la investigación que dio origen al proceso concluye, es archivada o cesa por decisión de la autoridad competente.

Mientras la medida permanezca vigente, la Fiscalía deberá informar al Tribunal cada 30 días sobre el estado de la investigación.

La decisión adquiere relevancia en el marco de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026.

El movimiento AMIGO había servido como plataforma electoral para candidatos de la Revolución Ciudadana, pues, al también disponerse su suspensión en marzo de este año por el caso Caja Chica, busco aliados para el auspicio de sus candidatos.

Entre las figuras políticas afectadas encuentra el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aspira a buscar la reelección en la capital.

Los comicios de noviembre definirán 5.742 autoridades en todo el país, entre ellas 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y los siete integrantes principales del CPCCS.

La jornada electoral fue adelantada por el Consejo Nacional Electoral, que originalmente había previsto las votaciones para febrero de 2027, debido a los riesgos logísticos asociados al pronosticado fenómeno de El Niño. Fuente: Vistazo

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