Unas expresiones del asambleísta por Pastaza, Luis Nango, causaron malestar este 5 de mayo en la Asamblea Nacional -que está a punto de cumplir un año de funciones- y diversos partidos políticos pidieron que el legislador sea investigado por el Comité de Ética.

La polémica inició tras la circulación de un video del legislador, que fue expulsado de Pachakutik, donde habla de supuestas presiones a funcionarios públicos, quienes son encontrados cometiendo presuntos actos irregulares. Nango es parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

“Somos el talón de Aquiles de toda autoridad. Que cuando queremos joder, jodemos y cuando tenemos intereses personales también lo hacemos y con más gusto, con más ganas, porque sabemos que después de ‘pincharle’ a esa autoridad tenemos la grata noticia de decirle: señor director, señor rector, acolite con dos puestos”, se lo escucha.

Estas expresiones se produjeron a raíz de una pregunta sobre la fiscalización en la Asamblea, durante un acto de rendición de cuentas en Pastaza, provincia donde nació José Nango. El legislador es además uno de los aliados amazónicos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea.

El asambleísta continúa con su intervención y dice “nos ha tocado eso” y agrega que “muchos compañeros que están en la Comisión de Fiscalización han procedido a eso”.

«Saquen el video completo»
En las publicaciones que circulan en las redes sociales, el video se corta y no se escucha cuando Nango condena estos actos de corrupción. «Está mal, fiscalicemos, pero sin compromiso», dijo Nango en la versión completa del video, en referencia a sus compañeros actuales de la Comisión de Fiscalización.

El martes 5 de mayo, Nango aseguró que lo han sacado de contexto y pidió a los medios de comunicación, que basaron su información en el video editado, que lo saquen íntegramente.

«Yo me refería a exasambleístas que han pasado por esta Asamblea y miren dónde están ahora, están presos. A mi no me metan en la misma colada». José Nango, asambleísta por Pastaza.

Nango dijo que en periodos legislativos anteriores presuntamente la Comisión de Fiscalización habría investigado actos en ministerios como el de Salud, y luego los propios legisladores pedían favores a las autoridades del ramo. Mencionó al exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue juzgado por corrupción.

Explicaciones que dejan dudas
Una de las primeras en reaccionar fue su excompañera de agrupación política, Mariana Yumbay, que recordó que Nango y otros cinco asambleístas fueron expulsados de Pachakutik en septiembre de 2025, por su cercanía con el gobierno de Daniel Noboa.

«Hay personas como estos que pasan negociando cargos a cambio de leyes y proyectos. Aquí hay una Comisión de Ética que esperemos actúe. Además hay una Contraloría que debería también actuar», señaló Yumbay.

Andrés Castillo, asambleísta de ADN, aseguró que el tema debe investigarse y, de ser necesario, sancionar. «Lo que ha salido en redes sociales, no estoy de acuerdo y lo censuro», dijo el oficialista.

En la misma línea se pronunció el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, que recordó a la legisladora de Pachakutik, Rosa Cerda, que en 2021 lanzó la frase «si roben, roben bien».

Serrano dijo que José Nango debe darle explicaciones a la Asamblea y el país, pero además señaló que es necesario revisar la grabación completa y el contexto, tarea que debería ser asumida por el Comité de Ética o el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Fuente: Primicias

Días después de los operativos en la sede de CNEL EP en Samborondón, otra institución pública de Ecuador está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Se trata del Complejo Judicial Norte de Quito, que fue allanado la mañana de este 5 de mayo de 2026, junto a otra dependencia judicial en Mejía, también en Pichincha.

Según información preliminar de la Fiscalía, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, agentes fiscales allanaron al menos siete domicilios y dos dependencias judiciales en esta provincia.

En el inicio del operativo no se mencionó el nombre de dicha entidad, pero luego PRIMICIAS conoció que fue el complejo judicial norte en Quito y otra oficina en Mejía.

Los otros inmuebles allanados se encuentran en Quito y en zonas como Los Chillos, Quitumbe, La Delicia, Eugenio Espejo y Rumiñahui, y corresponden a casas de funcionarios judiciales.

De hecho, se reportaron siete personas detenidas con fines investigativos y también se han decomisado celulares, documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios.

En imágenes divulgadas por la Fiscalía se observó a un policía mientras revisaba decenas de documentos sobre el escritorio de la institución pública allanada.

Una presunta red de sobornos en la función judicial
El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo y exige dinero o ‘contribuciones’ para su propio beneficio o de terceros. Es castigado en Ecuador con una pena en prisión de tres a cinco años, además de la destitución del cargo público.

En este nuevo caso de corrupción, la Fiscalía investiga a estos siete funcionarios públicos que habrían solicitado dinero o incurrido en sobornos, a cambio de realizar ciertas acciones en procesos judiciales o agilizar trámites.

De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los sospechosos se identificaban con alias como ‘Mono’ o ‘Sambo’. Fuente: Primicias

Días después de una alerta por vulneración de información, reportada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Registro Civil de Ecuador aseguró este 5 de mayo de 2025 que mantiene activos sus protocolos de seguridad, en respuesta a versiones que circulan en redes sociales sobre una presunta filtración de datos de los usuarios.

El organismo divulgó un comunicado, luego de que expertos digitales alertaran de una supuesta filtración de los datos biométricos de los ecuatorianos, que incluye la huella dactilar y reconocimiento facial de los ciudadanos.

«Se denuncia filtración de 14,8 millones de registros de datos (10,8 GB en SQL) y 10,6 millones de imágenes en alta definición de tarjetas de identidad nacional para posible biometría (165 GB) del Registro Civil», señaló en X (antes Twitter) el colectivo Usuarios Digitales.

En su comunicado, el Registro Civil indicó que, desde el lunes 4 de mayo, se activó el protocolo de seguridad de la información, «determinando que al momento no se ha detectado vulneración de datos de los ciudadanos, ni amenazas en el repositorio actual, las mismas que hemos confirmado desde el 2024».

Añadió que los análisis preliminares indican que la información difundida no proviene de accesos directos a la infraestructura actual de la Dirección General de la institución (Digercic); por lo que se evalúan posibles fuentes externas, como registros históricos o integraciones con terceros.

La investigación se mantiene en curso con acompañamiento de las instancias competentes, dijo la entidad en su comunicado.

 3,5 millones de ataques cibernéticos entre 2024 y 2025
El Registro Civil reveló que entre el 2024 y 2025 tuvo intentos de más de 3,5 millones de ataques cibernéticos, con repuntes en meses previos a elecciones, provenientes de países como: México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Brasil, entre otros. Resaltó que los sistemas de seguridad de la institución los detectó y contrarrestó.

La institución aseguró que, en los últimos dos años, ha reforzado los sistemas de seguridad en su Agencia Virtual, mediante validaciones adicionales para accesos de ciudadanos y administradores.

Detalló que ha fortalecido los procesos de identificación y análisis de patrones de tráfico y actividades sospechosas. Y que ha robustecido los controles de seguridad en la detección de sitios maliciosos, validación de accesos a redes (VPN y redes inalámbricas) y gestión de vulnerabilidades en sistemas y componentes tecnológicos. Fuente: Primicias