Nacionales
Las tasas de interés referenciales oscilan entre 4,9 % y 20,8 % en 13 segmentos de crédito en Ecuador
El presidente de la República, Guillermo Lasso, advirtió esta semana sobre el riesgo del incremento de las tasas de interés y de tener un retroceso de la imagen internacional del país ante la inestabilidad social por los reclamos del incremento de los combustibles.
Si bien el riesgo país ha disminuido, Ecuador tiene tasas de interés más altas que sus vecinos de la región. Los porcentajes son establecidos desde el Gobierno nacional con una publicación mensual en el sitio web del Banco Central del Ecuador, pero la decisión es realista y acorde al mercado crediticio local que tiene poca competitividad, afirma el analista y editor de la revista económica Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo
Desde el 2015 hay un sistema de techos que se fijan por decisión gubernamental con el objetivo de direccionar el crédito de cierto segmento en un sector específico, forzando una reducción, agrega.
Pero el resultado no es el esperado. “Todavía tenemos tasas de interés elevadas, el esquema de fijación a través del Ejecutivo no ha funcionado”, dice.
El actual régimen reconoce la necesidad de cambiar el mecanismo. El número de segmentos (tipos de crédito) pasó de 23 a 13 en septiembre del 2020, cada uno con una tasa de interés distinta. Desde ahí se determinó la creación de un nuevo sistema de tasas de interés.
Esteban Serrano, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que uno de los escollos es el impuesto a la salida de divisas (ISD), que limita la cantidad de dinero disponible para prestar. “El capital tiene que regresar y para ello hay que eliminar el ISD. Al Ecuador te dejan entrar, pero a la salida te quitan dinero”.
¿Cómo funciona el mecanismo de fijación de las tasas de interés?
Un ejemplo del actual sistema es que si se quiere desincentivar el financiamiento de carros, se eleva la tasa para ese segmento y se baja la del crédito de consumo para otras cosas.
Las tasas de interés referenciales para este mes oscilan entre 4,96 % para viviendas de interés social hasta el 20,88 % para el microcrédito de acumulación simple, este último se otorga a los solicitantes de crédito que registren ventas anuales superiores a $ 5.000 y hasta $ 20.000.
Sin embargo, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, creada durante el correísmo que también sentó las bases del mecanismo actual, fija también las tasas máximas.
La mayor de este mes es la del microempresario minorista, que pagan un interés máximo de hasta el 28,5 % anual. En este grupo están los solicitantes de crédito cuyas ventas o ingresos son menores a $ 5.000.
A ello se suma el incumplimiento de requisitos para acceder al sistema crediticio legal, por lo que les queda la opción de los chulqueros, que siguen prosperando cobrando altos intereses semanales.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/CBAZOSGVNBDCPHLZISNSKQ5PLQ.png)
Las tasas de interés de Perú y Colombia son significativamente más bajas que en Ecuador, en dólares, recalca Serrano. “La tasa corporativa empresarial promedio en dólares está en el 2 %, dirigido a las grandes empresas peruanas, en moneda nacional, nuevos soles, está en el 2,3 %. En Ecuador, la tasa corporativa promedio es del 7 u 8%, entonces es una diferencia muy importante entre el costo de endeudarse para un empresario ecuatoriano y uno peruano”.
El primer plazo para el cambio de metodología feneció el 1 de julio de este año. Las Superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria tenían hasta esa fecha para remitir información de las pérdidas esperadas y las no incurridas de los clientes. El fin es tomar una decisión basada en datos reales.
Con este insumo, el BCE tiene hasta el 30 de agosto para emitir la nueva metodología. “Se busca establecer tasas de interés basadas en los costos. Hay un costo de obtener fondos, de la operación de intermediación de atender al cliente, hay un riesgo de cada operación y hay una rentabilidad, entonces se suman todos los factores y se determina una tasa de interés de tanto”, asegura Acosta.
Sin embargo, agrega el analista, es una metodología equivocada nuevamente, recalca, porque se basa en un error teórico que es pensar que los costos fijan los precios. “No son los costos los que fijan los precios, sino la interacción entre la oferta y la demanda, de nuevo tendremos un mecanismo que no permite la competencia ni la impulsa y que en la práctica no va a tener los efectos deseables”.
El sistema actual es negativo porque al reducir la tasa de interés de manera arbitraria por decisión del presidente de turno, lo que se hace finalmente es que el dinero prestado en ese segmento sea más barato y que haya más gente que quiera acceder, pero con esa decisión no se aumenta la cantidad de dinero disponible para prestar.
La cantidad de dinero sigue siendo la misma y mucha gente sigue sin acceder porque no hay el monto para cubrir la demanda. “Entonces lo que ocurre es una exclusión financiera”, asegura Acosta.
El dinero prestado por el sistema crediticio oficial, que incluye a los bancos aglutinados en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), pasó de $ 27.104′450.000 a $ 25.984′430.000 entre el 2019 y el 2020.
Y durante el primer semestre de este año el monto prestado alcanza los $ 13.064′540.000, es decir, se tiene previsto un monto similar al del 2019. (I)
El Universo
En el programa La Tertulia Jurídica se contó con la participación de la jurista Cristina Valenzuela, secretaria relatora de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, quien abordó el tema “Actualidad y proyección de la contratación colectiva”, con un análisis orientado a la situación de los derechos laborales, la sindicalización y la negociación colectiva.
Valenzuela, quien señaló contar con 14 años de trayectoria en la Corte Nacional de Justicia y siete años como secretaria relatora de la Sala Laboral, explicó que la contratación colectiva constituye un mecanismo de acuerdo entre empleadores y trabajadores destinado a mejorar las condiciones laborales dentro de una empresa o institución.
Durante su intervención, destacó la importancia de la organización sindical y la negociación colectiva como herramientas para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Como referencia, expuso el caso de Microsoft y la organización sindical formada por trabajadores del sector de videojuegos, señalando que este proceso permitió negociar mejores condiciones e indemnizaciones frente a despidos.
La ponente también realizó una revisión histórica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya creación se relaciona con el Tratado de Versalles de 1919. Señaló que Ecuador forma parte de este organismo desde 1934 y que, hasta la fecha referida en la exposición, ha ratificado más de 62 normas y convenios internacionales en materia laboral.
En este contexto, explicó que la naturaleza tripartita de la OIT permite la participación de representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores en la construcción de acuerdos y políticas laborales, bajo el objetivo de promover la justicia social y la paz universal.
Respecto al contrato colectivo, Valenzuela citó como referencia la Recomendación 91 de la OIT, señalando que comprende un acuerdo escrito relacionado con las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre empleadores o sus organizaciones representativas y organizaciones representativas de los trabajadores.
La exposición también abordó principios y derechos laborales reconocidos en el marco constitucional ecuatoriano, entre ellos la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, igualdad salarial, derecho a un salario digno, estabilidad laboral, condiciones adecuadas y seguras de trabajo, igualdad de acceso al empleo y prohibición de discriminación en el ámbito laboral.
Finalmente, la jurista manifestó su preocupación por la falta de información estadística actualizada sobre la cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical en Ecuador. Indicó que, dentro de la información revisada, el último dato encontrado sobre huelgas y cierres patronales correspondía a 1994, situación que consideró una señal de alerta respecto al reporte de información laboral del país ante la OIT.
El análisis desarrollado en La Tertulia Jurídica permitió poner en debate la importancia de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre los derechos laborales y la contratación colectiva, así como la necesidad de mantener espacios de diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado.
Nacionales
Corte Constitucional: Hay demandas contra leyes oficialistas que suman más de un año sin sentencia
La Corte Constitucional (CC) ha reducido el ritmo de despacho de sus sentencias y dictámenes referentes a las medidas y propuestas más polémicas planteadas por el gobierno de Daniel Noboa, en contraste con 2024 y 2025, cuando los magistrados se convirtieron en uno de los principales contrapesos institucionales al Ejecutivo.
Por ejemplo, ahí encontraron un freno las polémicas leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional; 22 de las 39 propuestas de consulta popular y referendo tampoco pasaron el filtro de la Corte. Lo mismo ocurrió con los frecuentes intentos del Gobierno de declarar un conflicto armado interno, una figura cuya aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales y por relatorías de las Naciones Unidas.
La Corte asumió también un papel decisivo en el caso de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, desaparecidos forzosamente por una patrulla militar en Guayaquil y por el cual 11 soldados implicados fueron condenados a 34 años de cárcel, pese a la oposición del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La ralentización en las decisiones de la Corte sobre las medidas oficialistas se da en medio del cambio de tres jueces, tras la renovación parcial del organismo, y una sostenida campaña de presiones y desprestigio en contra de los magistrados.
Por ejemplo, en los despachos de los magistrados descansan 70 demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Gobierno. Cinco de ellas han sido planteadas directamente por el Primer Mandatario y la otra, la Ley de Inteligencia, fue un proyecto heredado, que fue modificado.
Y, aunque esta última sí tuvo un freno, cuando la Corte aceptó la suspensión temporal de 12 artículos de la Ley y otros 10 de su Reglamento, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa está pendiente desde julio de 2025.
Desde ese entonces, los proyectos económicos urgentes del Gobierno han ido entrando en vigencia, sin que los magistrados ni siquiera acepten las medidas cautelares que han pedido decenas de demandantes. Sólo la Ley de Gastos Municipales ha acumulado ya 25 demandas en su contra.
Algo similar sucede con las demandas interpuestas contra el último decreto sobre el conflicto armado interno, en el que el Ejecutivo ya no declaró la situación, sino que «reconoció» su existencia, justamente para esquivar el escrutinio constitucional. Hay tres demandas que esperan una respuesta.
También está esperando el cuestionado Acuerdo de Comercio Recíproco firmado con Estados Unidos, que ha recibido 40 opiniones legales ante la Corte. Y según expertos consultados por PRIMICIAS lo negociado es asimétrico y desigual, por lo que deja en desventaja a Ecuador.
A esto se suman otras demandas contra medidas como la fusión de entidades, el nuevo Plan de Seguridad del Ejecutivo, la decisión de eliminar las necesidad de garantías en los procesos específicos de contratación pública de telecomunicaciones y la creación de la empresa pública Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud. Fuente: Vistazo
Nacionales
Otra candidatura en riesgo: Unidad Popular acusa al Gobierno de “limpiar la papeleta” eliminando a sus rivales
Este lunes 14 de septiembre, el movimiento político Unidad Popular (UP) hizo un plantón en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para defender la candidatura de Liliana Silva a la Alcaldía de Santo Domingo.
“El Gobierno quiere eliminar a los potenciales rivales políticos en varias ciudades del país”, afirmó el dirigente.
Atarihuana acusó al oficialismo de pretender “limpiar la papeleta” para beneficiar a sus candidatos. Acotó que se han suspendido organizaciones políticas y encarcelado a alcaldes que buscaban la reelección.
El dirigente informó que ya presentó la defensa jurídica de Liliana Silva e instó al juez del TCE Joaquín Viteri a resolver el caso con «independencia», conforme a la ley y garantizando el derecho de participación política.
UP se pronuncia sobre Luisa González
Durante el plantón, Atarihuana también cuestionó la exclusión de Luisa González de la contienda por la Prefectura de Manabí, luego de que el TCE rechazara el último recurso presentado por la correístas.
“Sin trampa y sin fraude, el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder; por eso está desesperado”, manifestó.
El dirigente señaló que corresponde a la ciudadanía escoger a sus autoridades y rechazó que candidatos u organizaciones políticas sean apartados de las elecciones.
“Si hay democracia, no deben eliminarse candidatos ni partidos. Es el pueblo el que debe tener opciones para elegir”, agregó.
Atarihuana también mencionó el caso de Jaime Estrada, aspirante a la Prefectura de Manabí, quien también fue eliminado de la papeleta. Ante este escenario, sostuvo que deberán discutirse las alternativas que tiene el pueblo manabita
“Nos sumamos a todas las voces, de todos esos partidos, que están reclamando que haya democracia. Es el derecho de participación”, expresó.
El director de Unidad Popular también denunció que candidaturas vinculadas al oficialismo estarían entregando cocinas de inducción, bloques y maquinaria en Santo Domingo.
“Todo el pueblo de Santo Domingo sabe que la candidata del Gobierno entrega cocinas de inducción, bloques y maquinaria. Junto al candidato a la Prefectura están entregando dádivas”, aseguró Atarihuana.
UP anunció que presentará estas acusaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y acudirá a instancias del sistema interamericano para denunciar un presunto uso de recursos públicos en favor de candidaturas afines al Gobierno. Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales5 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales5 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas