En una entrevista, el periodista lojano Pablo Sanmartín Rodríguez, integrante de S.R. Radio de la ciudad de Loja, analizó la realidad política y electoral del Ecuador, enfocándose en la necesidad de transparentar el financiamiento de campañas electorales, reformar el Código de la Democracia y fortalecer la estructura doctrinaria de los partidos y movimientos políticos.

Durante el diálogo, Sanmartín sostuvo que uno de los principales problemas de la política ecuatoriana radica en la falta de control y transparencia sobre los recursos económicos utilizados en campañas electorales. En este contexto, señaló que los ciudadanos deben exigir conocer quién financia las candidaturas y cuál es la procedencia del dinero que sostiene las actividades proselitistas.
“El signo de partida de una campaña electoral es el recurso económico. Los ciudadanos deben preguntarse cómo llega ese dinero a la caja chica de un partido o movimiento político”, manifestó.

El comunicador explicó que el Código de la Democracia debería reformarse para establecer mecanismos claros de financiamiento político, responsabilizando directamente a los partidos y movimientos políticos de cubrir económicamente las campañas electorales de sus candidatos y no dejar esa carga exclusivamente en los aspirantes.

Según Sanmartín, permitir que los candidatos financien sus propias campañas abre las puertas al ingreso de recursos ilícitos o de origen desconocido, situación que podría afectar la legitimidad democrática y favorecer intereses particulares dentro de la política nacional.
Además, cuestionó que muchas organizaciones políticas se han convertido en estructuras “ocasionales”, activadas únicamente durante procesos electorales, perdiendo su esencia ideológica y doctrinaria.

“Los partidos y movimientos políticos han perdido su verdadera visión y misión. Hoy existen estructuras convertidas en vientres de alquiler al servicio de cualquier aventurero político con recursos económicos”, enfatizó.

El periodista consideró indispensable que las organizaciones políticas mantengan actividades permanentes durante los 365 días del año, impulsando escuelas de formación política, fortaleciendo la preparación de sus militantes y desarrollando propuestas ideológicas coherentes.
A criterio de Sanmartín, la ausencia de formación política ha permitido que muchos candidatos lleguen a cargos públicos sin conocimiento suficiente sobre administración pública, legislación o planificación territorial, afectando directamente el desarrollo de las comunidades.
Asimismo, indicó que los planes de trabajo no deberían elaborarse de manera individual por cada candidato, sino responder a una línea ideológica y programática previamente construida por el partido o movimiento político.

Durante la entrevista también abordó la diferencia entre corrientes ideológicas de izquierda y derecha, señalando que los partidos políticos deben tener claridad doctrinaria respecto a temas económicos, redistribución de la riqueza y libertad económica.

En otro momento del diálogo, Sanmartín reveló que trabaja en una propuesta de reforma constitucional orientada a ampliar la participación ciudadana en futuras candidaturas, especialmente para procesos constituyentes. La iniciativa busca permitir que organizaciones civiles, gremios profesionales o barrios puedan presentar candidatos sin depender exclusivamente de partidos políticos.
“Una constituyente representa al pueblo ecuatoriano y no solamente a los partidos políticos”, afirmó.

Finalmente, el periodista se refirió a la polémica generada en el Municipio de Loja respecto al tratamiento de la ordenanza sobre el incremento del pasaje urbano. Según explicó, durante el proceso legislativo se habrían incorporado modificaciones adicionales al documento inicial debatido por el cabildo, situación que evidenció falta de revisión técnica y jurídica por parte de algunos concejales.
Sanmartín sostuvo que este tipo de errores reflejan debilidades en la lectura, análisis y control de la documentación municipal antes de aprobar ordenanzas de impacto ciudadano.

La entrevista concluyó con un llamado a fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y promover una cultura política más responsable de cara a los próximos procesos electorales en el Ecuador.

A inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno no internacional en Ecuador para frenar a los grupos delictivos. Sin embargo, las acciones contra cabecillas no han impedido la expansión territorial de estas estructuras.

La actividad de las bandas que ahora son consideradas grupos armados organizados ha provocado un incremento de las muertes violentas y las extorsiones, especialmente en las provincias costeras ubicadas en la denominada ‘ruta de la droga’.

Los habitantes de esas zonas han quedado atrapados en disputas armadas que han transformado su vida cotidiana y los han obligado a buscar refugio urgente en otros lugares, en el propio país.

Al cierre de 2025, según el Informe mundial de 2026 sobre el desplazamiento interno, 316.000 personas se encontraban viviendo en situación de desplazamiento acumulado a causa de la violencia en Ecuador.

Éxodo interno por el crimen
El reporte del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) señala que, solo en 2025, Ecuador contabilizó 131.570 nuevos desplazamientos internos motivados por el conflicto y la violencia.

Este volumen representa el nivel más alto documentado en la historia del país, en cuanto a desplazamientos (movimiento de una población de un lugar a otro, dentro del mismo país). Lo que corrobora que se trató del año más violento experimentado en Ecuador.

El documento del IDMC no hace una referencia provincial o cantonal a estos desplazamientos. Sin embargo, a nivel mundial, el país se ubica en el puesto 23 con más casos de este tipo. Y el tercero en la región, solo tras Colombia y Haití.

Otro informe de la Defensoría del Pueblo determinó que el 44% de las personas desplazadas se reubicó dentro de su misma ciudad de origen, el 36% se trasladó hacia otra urbe  y un 20% optó por abandonar el país.

A nivel interprovincial, las jurisdicciones de Guayas, Pichincha y Manabí concentran la mayor cantidad de movimientos poblacionales.

Adicionalmente, provincias como Azuay, El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas registran dinámicas simultáneas, operando tanto como lugares de origen como de destino de los desplazados.

El reporte también señala una clara preferencia ciudadana por trasladarse hacia Pichincha debido a su mayor capacidad de acogida y mejores condiciones, en contraste con las provincias costeras que sufren de profundas brechas sociales y estructurales.

El clima agrava el escenario
Los factores ambientales y los desastres constituyeron la segunda causa de movilidad forzada a nivel nacional, según el reporte del IDMC.

El reporte global documentó un total de 9.600 desplazamientos internos provocados por eventos climáticos adversos a lo largo de 2025.

Según los informes de situación emitidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ese año en el país ocurrieron miles de emergencias, siendo los deslizamientos de tierra y las inundaciones los incidentes de mayor recurrencia.

Las declaratorias de emergencia regional por la época lluviosa abarcaron a los territorios más expuestos ante las precipitaciones prolongadas. Las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro registraron el mayor impacto sobre la población civil y reportaron el desbordamiento de cientos de cuerpos hídricos.

Sin embargo, el IDMC ubicó a Esmeraldas, Cotopaxi y Loja como las provincias que lideran los desplazamientos internos por desastres naturales.

La Defensoría del Pueblo, además, entrega datos sobre la etapa de acogida. El 49% de los desplazados accedió a vivienda, el 39% a redes de apoyo y el 6% a albergues. A su vez, el 51% no encontró empleo en los primeros tres meses de reubicación. Fuente: Primicias

Ecuador acumula tres meses sin producir diésel premium, combustible utilizado por vehículos de transporte público, carros pesados, camiones y algunos modelos de camionetas.

Y es que la elaboración de este derivado en Ecuador permanece suspendida desde el 1 de marzo de 2026, tras el último incendio registrado en la Refinería Esmeraldas, que es la más grande de las tres que tiene Ecuador.

Desde entonces, el país ha cubierto la demanda mediante mayores importaciones, mientras que la empresa pública Petroecuador prevé incrementar la operación del complejo durante junio.

Ecuador depende de importaciones para abastecer la demanda de diésel premium
Según el último reporte de Petroecuador, publicado en la cuarta semana de mayo de 2026, en abril no se produjo ningún barril de diésel premium. Esto significa que todo este combustible consumido en el país durante ese mes provino de importaciones.

El informe también señala que las importaciones de diésel premium aumentaron 70,97% en marzo de 2026 frente al mismo mes de 2025. En abril, el incremento fue de 98,58% en comparación con abril del año anterior.

El aumento de las importaciones ocurre en un contexto de mayores precios internacionales de los combustibles, que se han disparado por la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero de 2026.

Según el reporte de la estatal, Ecuador importó el barril de diésel premium a USD 165,45 en marzo de 2026, un 62% más que en el mismo mes de 2025, cuando costó USD 102.

Mientras que en abril de 2026, el precio subió a USD 183,43 por barril, lo que representó un incremento del 91,6% frente a abril de 2025, cuando se ubicó en USD 95,74.

La refinería opera al 40% de su capacidad tras el incendio
Desde el incendio, la Refinería Esmeraldas ha operado en promedio al 40% de su capacidad instalada de procesamiento, que alcanza los 110.000 barriles de petróleo por día.

El 29 de mayo de 2026, la planta procesó 44.713 barriles diarios de crudo, equivalentes al 40,65% de su capacidad, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

La limitada operación de la refinería ha afectado la producción de derivados como naftas, insumo para la elaboración de gasolinas, gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico y fuel oil.

Sin embargo, el mayor impacto se registra en el diésel premium, ya que Esmeraldas es la única de las tres refinerías del país que cuenta con una unidad Hidrodesulfuradora (HDS), encargada de producir este combustible mediante la reducción de azufre.

La FCC se reactivó desde el 15 de mayo
La baja operación del complejo continúa pese a que el 15 de mayo de 2026 Petroecuador anunció la reactivación de la unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC), considerada el corazón de la Refinería Esmeraldas.

Desde su reactivación, la FCC ha alcanzado una carga máxima del 63%, según la ARCH. Su puesta en marcha permitió retomar parcialmente la producción de gasolinas (51%) y gas de uso doméstico (87%).

Si bien la FCC no produce diésel, su funcionamiento es fundamental para la operación del complejo refinador. Esta unidad genera gas, combustible que permite operar otras áreas de la refinería, incluida la Hidrodesulfuradora.

Por qué no se incrementó la operación con la entrada de la FCC
Aunque la puesta en marcha de la FCC generó expectativas de un aumento en la operación de la Refinería Esmeraldas, el nivel de procesamiento no se incrementó.

La exgerenta de Petroecuador, Marcela Reinoso, explicó que la entrada de la FCC permitió recuperar la producción de gasolinas y gas de uso doméstico. Antes de su arranque, la refinería solo elaboraba asfalto y combustible para aviones, principalmente.

Sin embargo, la capacidad de procesamiento del complejo sigue limitada porque únicamente está operando uno de sus dos trenes de refinación. Actualmente funciona la unidad Crudo 2, con capacidad para procesar 55.000 barriles diarios, mientras que Crudo 1 permanece fuera de servicio.

Reinoso señaló que, mientras Crudo 1 no retome sus operaciones, la refinería no podrá incrementar su procesamiento, ya que seguirá operando con apenas la mitad de su capacidad instalada.

La meta de Petroecuador para junio genera dudas
Tras la reactivación de la FCC, Petroecuador anunció que la Refinería Esmeraldas alcanzaría el 86% de su capacidad operativa, nivel que la petrolera estatal considera su máxima capacidad técnica actual.

Inicialmente señaló que esa meta se cumpliría el 2 de junio, aunque después precisó a PRIMICIAS que ocurriría durante la primera semana de junio sin señalar una fecha.

Sin embargo, el consultor energético Darío Dávalos considera difícil que la refinería alcance ese nivel de operación en los próximos días, tomando en cuenta que la FCC todavía se encuentra en proceso de estabilización y que varias unidades siguen fuera de servicio.

Por su parte, Petroecuador ratificó este 29 de mayo su previsión de que la Refinería Esmeraldas alcance el 86% de su capacidad operativa durante la primera semana de junio. Fuente: Primicias