Nacionales
Las tasas de interés referenciales oscilan entre 4,9 % y 20,8 % en 13 segmentos de crédito en Ecuador
El presidente de la República, Guillermo Lasso, advirtió esta semana sobre el riesgo del incremento de las tasas de interés y de tener un retroceso de la imagen internacional del país ante la inestabilidad social por los reclamos del incremento de los combustibles.
Si bien el riesgo país ha disminuido, Ecuador tiene tasas de interés más altas que sus vecinos de la región. Los porcentajes son establecidos desde el Gobierno nacional con una publicación mensual en el sitio web del Banco Central del Ecuador, pero la decisión es realista y acorde al mercado crediticio local que tiene poca competitividad, afirma el analista y editor de la revista económica Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo
Desde el 2015 hay un sistema de techos que se fijan por decisión gubernamental con el objetivo de direccionar el crédito de cierto segmento en un sector específico, forzando una reducción, agrega.
Pero el resultado no es el esperado. “Todavía tenemos tasas de interés elevadas, el esquema de fijación a través del Ejecutivo no ha funcionado”, dice.
El actual régimen reconoce la necesidad de cambiar el mecanismo. El número de segmentos (tipos de crédito) pasó de 23 a 13 en septiembre del 2020, cada uno con una tasa de interés distinta. Desde ahí se determinó la creación de un nuevo sistema de tasas de interés.
Esteban Serrano, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, afirma que uno de los escollos es el impuesto a la salida de divisas (ISD), que limita la cantidad de dinero disponible para prestar. “El capital tiene que regresar y para ello hay que eliminar el ISD. Al Ecuador te dejan entrar, pero a la salida te quitan dinero”.
¿Cómo funciona el mecanismo de fijación de las tasas de interés?
Un ejemplo del actual sistema es que si se quiere desincentivar el financiamiento de carros, se eleva la tasa para ese segmento y se baja la del crédito de consumo para otras cosas.
Las tasas de interés referenciales para este mes oscilan entre 4,96 % para viviendas de interés social hasta el 20,88 % para el microcrédito de acumulación simple, este último se otorga a los solicitantes de crédito que registren ventas anuales superiores a $ 5.000 y hasta $ 20.000.
Sin embargo, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, creada durante el correísmo que también sentó las bases del mecanismo actual, fija también las tasas máximas.
La mayor de este mes es la del microempresario minorista, que pagan un interés máximo de hasta el 28,5 % anual. En este grupo están los solicitantes de crédito cuyas ventas o ingresos son menores a $ 5.000.
A ello se suma el incumplimiento de requisitos para acceder al sistema crediticio legal, por lo que les queda la opción de los chulqueros, que siguen prosperando cobrando altos intereses semanales.
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Las tasas de interés de Perú y Colombia son significativamente más bajas que en Ecuador, en dólares, recalca Serrano. “La tasa corporativa empresarial promedio en dólares está en el 2 %, dirigido a las grandes empresas peruanas, en moneda nacional, nuevos soles, está en el 2,3 %. En Ecuador, la tasa corporativa promedio es del 7 u 8%, entonces es una diferencia muy importante entre el costo de endeudarse para un empresario ecuatoriano y uno peruano”.
El primer plazo para el cambio de metodología feneció el 1 de julio de este año. Las Superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria tenían hasta esa fecha para remitir información de las pérdidas esperadas y las no incurridas de los clientes. El fin es tomar una decisión basada en datos reales.
Con este insumo, el BCE tiene hasta el 30 de agosto para emitir la nueva metodología. “Se busca establecer tasas de interés basadas en los costos. Hay un costo de obtener fondos, de la operación de intermediación de atender al cliente, hay un riesgo de cada operación y hay una rentabilidad, entonces se suman todos los factores y se determina una tasa de interés de tanto”, asegura Acosta.
Sin embargo, agrega el analista, es una metodología equivocada nuevamente, recalca, porque se basa en un error teórico que es pensar que los costos fijan los precios. “No son los costos los que fijan los precios, sino la interacción entre la oferta y la demanda, de nuevo tendremos un mecanismo que no permite la competencia ni la impulsa y que en la práctica no va a tener los efectos deseables”.
El sistema actual es negativo porque al reducir la tasa de interés de manera arbitraria por decisión del presidente de turno, lo que se hace finalmente es que el dinero prestado en ese segmento sea más barato y que haya más gente que quiera acceder, pero con esa decisión no se aumenta la cantidad de dinero disponible para prestar.
La cantidad de dinero sigue siendo la misma y mucha gente sigue sin acceder porque no hay el monto para cubrir la demanda. “Entonces lo que ocurre es una exclusión financiera”, asegura Acosta.
El dinero prestado por el sistema crediticio oficial, que incluye a los bancos aglutinados en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), pasó de $ 27.104′450.000 a $ 25.984′430.000 entre el 2019 y el 2020.
Y durante el primer semestre de este año el monto prestado alcanza los $ 13.064′540.000, es decir, se tiene previsto un monto similar al del 2019. (I)
El Universo
Las provincias donde se extrae petróleo suelen concentrar una de las principales paradojas del país: generan gran parte de los ingresos nacionales, pero muchas comunidades aún enfrentan carencias en servicios básicos. En este contexto, el gobierno informó que ha destinado USD 111,3 millones en inversión social para ejecutar obras en territorios con influencia hidrocarburífera.
Nueve provincias reciben inversión social
Los recursos fueron canalizados a través de Petroecuador mediante convenios de compensación social y cooperación institucional.
Las provincias beneficiadas son:
- Cañar
- Esmeraldas
- Santa Elena
- Sucumbíos
- Orellana
- Napo
- Guayas
- Loja
- El Oro
Según la empresa pública, los proyectos responden a necesidades identificadas en comunidades cercanas a las operaciones petroleras.
Agua potable, salud y vialidad entre las prioridades
La inversión se concentró en infraestructura considerada esencial para las comunidades. Entre las obras ejecutadas constan:
- Sistemas de agua potable
- Obras de saneamiento ambiental
- Infraestructura vial
- Espacios recreativos
- Centros y servicios de salud
- Obras comunitarias
El objetivo es mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer las condiciones de vida en zonas urbanas y rurales.
El papel de Petroecuador
La empresa sostiene que la inversión busca generar beneficios de largo plazo.
Sebastián Maag Pardo, gerente general de Petroecuador, señaló que la estrategia social debe ir más allá de una compensación económica.
«La gestión social no puede limitarse a una compensación económica; debe traducirse en obras útiles, en servicios que permanezcan y en proyectos que respondan a necesidades reales de la población», afirmó.
El funcionario explicó que la empresa busca mantener una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla actividades operativas.
Una estrategia vinculada a territorios petroleros
La inversión forma parte de los mecanismos de compensación social que históricamente han acompañado a la actividad hidrocarburífera.
Estos programas buscan generar beneficios directos en territorios que conviven con infraestructura petrolera y que, en muchos casos, enfrentan desafíos relacionados con acceso a servicios básicos e infraestructura pública.
Contexto
Las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Napo concentran gran parte de la producción petrolera nacional, mientras que Esmeraldas alberga la principal refinería del país. Santa Elena, Guayas, El Oro, Loja y Cañar también mantienen infraestructura estratégica relacionada con el sector energético.
La inversión social en zonas petroleras forma parte de los mecanismos que buscan redistribuir parte de los beneficios generados por la actividad hidrocarburífera hacia las comunidades de influencia.
Nacionales
Cómo el expolicía que filtró información del caso León de Troya asesoró al correísmo para frenar el caso Villavicencio
La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha entrado en una fase judicial decisiva.
Finalmente, para este viernes 5 de junio de 2026 está convocada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la cual se revisarán las pruebas recogidas por la Fiscalía y se decidirá quiénes van a juicio por ordenar el asesinato de Villavicencio, el 9 agosto de 2023, en Quito.
José Serrano, exministro del Interior del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, vinculado a casos de corrupción y crimen organizado, son los procesados por ese caso.
En medio de esta coyuntura, el miércoles 3 de junio de 2026, rindió su testimonio anticipado Rodney Rengel, el expolicía que se dio a conocer como investigador del caso León de Troya, el cual rastreaba supuestos nexos de personas cercanas al Gobierno de Guillermo Lasso con el crimen organizado. Aquella investigación había sido archivada inicialmente.
Sin embargo, el caso León de Troya volvió al centro del debate público tras la filtración del informe policial. La crisis política que desencadenó llevó a que, en mayo de 2023, el entonces presidente Lasso decretara la muerte cruzada, una decisión que puso fin a su mandato de forma anticipada y dio paso a elecciones extraordinarias (en ellas, Villavicencio participó como candidato hasta su asesinato).
El arresto de Rengel y las filtraciones
El 18 de diciembre de 2025, Rodney Rengel fue retenido y procesado penalmente por el delito de difusión de información de circulación restringida. No recibió prisión preventiva; salió libre.
Rengel fue procesado por la investigación que presume su responsabilidad en la filtración del expediente reservado del caso León de Troya.
Las autoridades policiales y judiciales investigan si Rengel extrajo y entregó de manera ilegal dicho informe reservado a Andersson Boscán de La Posta, a quien el expolicía tenía registrado en sus comunicaciones bajo el alias de ‘Amigo Bryan’.
Durante el operativo de retención de Rengel, los agentes incautaron tres dispositivos móviles, incluyendo equipos de marcas Infinix y Samsung, junto con un iPhone 16 que el propio expolicía entregó voluntariamente.
La explotación forense de estos terminales telefónicos reveló que el exoficial no solo filtraba documentos, sino que supuestamente formaba parte de una red dedicada a comercializar datos sensibles.
Nexos políticos y el caso Magnicidio FV
La extracción de datos de los teléfonos incautados evidenció un plan estructurado para supuestamente entorpecer y desvirtuar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.
Las pericias demostraron que Rengel utilizaba en WhatsApp el alias de ‘Julián’ y que se comunicaba a través de correo electrónico con la cuenta uctcirodney@gmail.com.
En su libreta de contactos mantenía una vía de comunicación directa con el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga, uno de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, a quien tenía guardado bajo la identidad falsa de ‘Roberto Arce’.
Asimismo, la información extraída ratificó que Rengel realizó un viaje hacia Venezuela con el propósito exclusivo de mantener reuniones presenciales con Aleaga.
El hallazgo más contundente fue la recuperación de grabaciones clandestinas identificadas como «Nueva grabación 39» y «40», en las que se registra una reunión del buró de la Revolución Ciudadana (RC).
En esa cita interactuaron el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Freddy Carrión, Priscila Schettini, Suad Manssur, Patricio Pacheco, Juan Andrés González y el propio Rengel. Una pericia de cotejamiento de voces ratificó la participación de todos los personajes.
Además, en el expediente se agregaron fotografías de Rengel junto a Rafael Correa y junto a José Serrano, lo que llevó a los investigadores a concluir contactos presenciales con los dos políticos.
La transcripción detalla cómo los participantes planificaban la generación de una campaña en redes sociales como un mecanismo de defensa para deslegitimar el avance de las investigaciones del caso Magnicidio FV, que involucra a figuras como Aleaga y al exministro Serrano.
En los audios, los interlocutores decían que el caso de Villavicencio era un falso positivo armado por la exfiscal Diana Salazar y destacaban que Rengel, gracias a su experiencia policial, era la pieza perfecta para ayudarles a estructurar la defensa.
Como parte de esta estrategia, Rengel habría inventado una narrativa falsa relacionada con el informe policial del caso Acrópolis, que involucra a la célula de Los Lobos que fue sentenciada como parte de los autores materiales del asesinato de Villavicencio.
El expolicía entregó a miembros del correísmo un reporte afirmando que existían escuchas telefónicas que advertían sobre el atentado contra Villavicencio en el colegio Anderson, intentando culpar a la Policía de negligencia.
Sin embargo, el investigador original del caso Acrópolis, en una versión por el caso Magnicidio FV, desmintió la existencia de dichas escuchas.
En su último testimonio, Rengel habría confesado que la información del caso Acrópolis se la dieron solo verbalmente, que nunca verificó los datos y que mintió para ganar protagonismo (y ‘confianza’) con la gente de Revolución Ciudadana. Fuente: Primicias
Nacionales
Confirman que los ocho cuerpos hallados en la vía Jujan-Babahoyo corresponden a jóvenes desaparecidos de Daule
Los ocho cuerpos encontrados este 3 de junio en un sector de la vía Jujan-Babahoyo fueron identificados como los jóvenes que permanecían desaparecidos desde finales de mayo, según confirmaron sus familiares tras las diligencias realizadas por las autoridades.
La identificación se efectuó en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, ciudad a la que fueron trasladados los cadáveres luego de su hallazgo en el sector Las Cañitas, ubicado entre las provincias de Guayas y Los Ríos.
Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de mayo de 2026, fecha en la que salieron desde Daule con destino a Milagro.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado informó que investigaba si los cuerpos encontrados correspondían a los jóvenes desaparecidos y señaló que, junto con la Policía Nacional, se ejecutaron las labores de levantamiento de indicios y procesamiento de la escena.
Crisis de violencia
Antes de que se confirmara la identidad de las víctimas, familiares y allegados protagonizaron jornadas de protesta para exigir avances en la búsqueda y una respuesta de las autoridades sobre el paradero de los jóvenes.
Las manifestaciones se desarrollaron mientras continuaban las labores de rastreo e investigación para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Daule y Milagro.
El caso ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, país que se encuentra bajo una declaratoria de conflicto armado interno desde inicios de 2024, en cuyo marco el presidente Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada.
Pese a esas acciones, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Según cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, el registro anual más alto reportado hasta ahora. Fuente: Vistazo
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