Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, denunció que la institución liderada por Mario Godoy la dejó “a merced del crimen organizado”, ya que no le brindó protección pese a las múltiples amenazas contra su vida. De hecho, tuvo que salir del país.

Uno de los sucesos más perturbadores que enfrentó la exfuncionaria ocurrió el 22 de octubre del 2025, cuando sufrió un ataque armado mientras circulaba en un vehículo junto a su padre.

El arma con la que le apuntaron se trabó por lo que ella y su padre lograron salir ilesos, aunque el progenitor resultó herido.

En entrevista con Radio Sonorama, Lozada comentó que tuvo que trasladarse a Quito y que pidió una reunión con Mario Godoy para comentarle sobre el atentado, pero fue atendida por una asesora, que le recomendó que renunciara.

Agregó que, por amenazas previas, tenía cinco policías a disposición, pero sin un vehículo blindado.

Posteriormente, el Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Lozada, quien no interpuso la solicitud formal, sino que Godoy había pedido a todos los directores provinciales que pongan sus cargos a disposición semanas antes.

Agregó que envió cartas al mandatario Daniel Noboa y al Ministerio del Interior, pero no obtuvo respuesta favorable. La Presidencia le contestó que no era su competencia.

Lozada también relató que desde que ingresó a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana recibió múltiples amenazas de alias ‘Topo’, considerado el segundo al mando de ‘Los Choneros’ y requerido por Estados Unidos.

En septiembre del 2024, por ejemplo, su hermano recibió un mensaje en el que se decía que en la noche cuando hubiera un corte de luz ingresarían los ‘Comandos de la Frontera’ a asesinarla y en caso de que lograra huir iban a matar a cada miembro de su familia.

Por ese hecho, también fue sacada de Orellana y tuvo apoyo de la Judicatura, pero con el tiempo ella misma asumió los costos de estadía y traslados en la capital.

“Esta situación de no poder visitar a mi familia, de no poder salir, no tener vehículos, afectó gravemente mi salud mental, al punto de que fui diagnosticada con ansiedad y depresión grave con estrés postraumático”, contó Lozada.

Agregó que solicitó a la Judicatura que suspenda al juez que liberó a alias ‘Topo’, pero la exfuncionaria dice que esa medida hasta el día de hoy no ha sido atendida.

Luego de que saliera a la luz este caso, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que afirma que las declaraciones de Lozada son “imprecisas”.

Añadió que “no existen denuncias oficiales ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado”.

Sobre el tema de la desvinculación, la Judicatura dice que “la exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades, la cual fue aceptada por el Pleno”.

Por su parte, Lozada solicitó a Godoy que exhibiera el documento de la renuncia al país. Fuente: Vistazo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, acusó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, de lanzar difamaciones durante su comparecencia en la Asamblea Nacional, en medio de la polémica sobre presuntas presiones contra un juez anticorrupción.

Este martes 6 de enero, Alvarez se pronunció mediante un video difundido en redes sociales, en el que arremetió contra Godoy, luego de que este acusara al alcalde de Guayaquil y al correísmo de estar detrás del escándalo que lo involucra.

A criterio del alcalde, lo ocurrido en el Legislativo “no fue una comparecencia, fue un show grotesco, una puesta en escena plagada de cinismo y una burla a la institución legislativa”.

También afirmó que el presidente del CJ “mintió, difamó y hasta se atrevió a sentenciarme sin juicio”, lo que —según dijo— constituiría una causal de nulidad.

El alcalde cuestionó que, durante la comparecencia, no se haya profundizado en la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, sobre presuntas presiones de la Judicatura para beneficiar a un narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos, al señalar que “el serbio era cliente de la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Eso se explicó a fondo? No«.

«Prefirieron atacar a quienes pusieron el conflicto de intereses sobre la mesa”, acotó.

Asimismo, mencionó a Henry Gaybor —a quien identificó como sugerido por el propio Godoy para dirigir el Consejo de la Judicatura en Pichincha— y recordó que estaría acusado de presionar al juez Serrano, con audios incluidos, para que declare inocentes a delincuentes. “No se dijo ni una palabra de eso”, reclamó.

Alvarez rechazó las acusaciones en su contra sobre supuestas maniobras para diferir audiencias o influir en la justicia. Aseguró que enfrenta una persecución desde hace un año y medio, que tiene un grillete electrónico, que sus negocios fueron cerrados y que incluso tuvo que comparecer en Quito durante Navidad. “No pueden insultar la inteligencia de la gente”, afirmó.

El alcalde advirtió que lo más grave, a su juicio, es el mensaje que se envía a la Función Judicial. “Después de cómo reaccionó el presidente de la Judicatura ante una denuncia clara de corrupción, ¿qué juez se va a atrever a alzar la voz?”, cuestionó.

Finalmente, Alvarez también apuntó a otros casos que salpican al Gobierno de Daniel Noboa y que permanecen sin sanción, como PROGEN, ATM y Healthbird, que sumarían más de USD 230 millones en contratos observados. Aseguró que no existe una fiscalización por parte del oficialista ADN.

El alcalde anunció su intención de acudir a Quito con 50.000 personas para ser escuchado, aunque señaló que hasta el momento el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, no ha aprobado su comparecencia ante el Pleno.

Finalmente, Alvarez exigió su derecho a la defensa «así como se le ha dado espacio a un “mafioso” para que “mienta”. «Mafia hoy es igual a ADN», concluyó. Fuente: Vistazo