Nacionales
La aplicación de tercera dosis contra el COVID-19 a adultos mayores se extiende a otras zonas
Tras este largo feriado, la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores continuará extendiéndose en Guayas y otras zonas del país.
La dosis de refuerzo para esta población arrancó en ciertas ciudades antes del feriado, pero comenzará a tomar fuerza en estos días.
En las zonales 1 (Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas), 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) y 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) ya se está inoculando a mayores de 65 años.
Mientras que en las zonales 3 (Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua), 5 (Guayas, con excepción de los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos) y 9 (Distrito Metropolitano de Quito) empezarán a vacunar desde este 4 de noviembre.
Para los mayores de 65 años, la tercera dosis se aplica porque presentan un mayor riesgo de tener enfermedad grave o morir por coronavirus. La vacuna que se aplica es la de AstraZeneca.
Solo los pacientes que tienen condiciones de inmunosupresión recibirán su tercera dosis con una pauta homóloga, es decir, con la misma vacuna con la que fueron inoculados en su primera y su segunda dosis, según funcionario del Ministerio de Salud.
Durante este feriado, el Ministerio mantuvo abiertos vacunatorios en varias partes del país. Pero la cantidad de personas buscando la inmunización contra el COVID-19 disminuyó considerablemente en Guayaquil y Durán. Y eso conllevó demoras.
“Si otros días se ha atendido a unas 150 personas, ahora no han pasado de 30 en cada día del feriado (lunes, martes y miércoles)”, comentó un funcionario del MSP del centro de salud Oramas González en Durán, donde además se atendían unas pocas emergencias médicas.
A bordo de una tricimoto llegó María, carnet de vacunación en mano; ella buscaba la segunda dosis de Pfizer. Pasó a esperar a que lleguen más interesados que necesiten el mismo líquido del laboratorio norteamericano, que se inyecta a seis personas por cada frasco. María, que trabaja en un mercado cercano donde no hubo actividad por el feriado, era la primera.
El mismo escenario se apreciaba en el centro de salud de la Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, donde Mónica Solís y su hija de once años buscaban la vacuna de Sinovac: la segunda dosis para ella, la primera y única para la menor.
“Yo ya vine hace quince días aquí mismo, pero no me vacunaron porque me dijeron que tenía que venir con otra persona, para aprovechar bien las dosis, supongo; y como ahora en la escuela de mi hija me dijeron que la traiga acá y es la misma vacuna que la mía (Sinovac), entonces venimos a ponernos las dos”, contó Mónica.
Pero en el momento del registro, la mujer tenía que volver a esperar, pues estaban aplicando por pares de la misma edad. Su hija sí logró turno enseguida, porque la juntaron con otra menor de once años que llevaba quince minutos esperando.
Más tiempo pasó Lorena, una empleada pública que prefiere no decir su apellido. Llegó a las 09:00 y era la quinta persona que buscaba la segunda dosis de Pfizer. Faltaba una para poder vaciar un frasco del inmunizante.
“Vine temprano en feriado, porque en los días ordinarios es difícil que me den permiso en el sector público donde trabajo. Ojalá nadie se vaya y que llegue alguien más para que nos pongan la vacuna”, decía Lorena una hora después.
En los centros del MSP, el personal espera que este jueves, cuando se vuelve a la normalidad, la afluencia de público vuelva también a ser la habitual y no haya demoras, como en estos días, para aplicar las diferentes vacunas contra el COVID-19.
Días atrás, la ministra de Salud, Ximena Garzón, indicóque la pandemia está de momento controlada, pero “no tenemos que confiarnos”.
Agregó que en Ecuador hay la presencia de la variante delta, que es más contagiosa, y ese control puede salirse de las manos por una falta de corresponsabilidad ciudadana.
Garzón expresó que las muertes por COVID se han reducido, dado que la semana pasada hubo un fallecimiento por coronavirus. (I)
El Universo
Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad
Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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