Nacionales
La aplicación de tercera dosis contra el COVID-19 a adultos mayores se extiende a otras zonas
Tras este largo feriado, la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores continuará extendiéndose en Guayas y otras zonas del país.
La dosis de refuerzo para esta población arrancó en ciertas ciudades antes del feriado, pero comenzará a tomar fuerza en estos días.
En las zonales 1 (Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas), 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago) y 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) ya se está inoculando a mayores de 65 años.
Mientras que en las zonales 3 (Chimborazo, Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua), 5 (Guayas, con excepción de los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Galápagos) y 9 (Distrito Metropolitano de Quito) empezarán a vacunar desde este 4 de noviembre.
Para los mayores de 65 años, la tercera dosis se aplica porque presentan un mayor riesgo de tener enfermedad grave o morir por coronavirus. La vacuna que se aplica es la de AstraZeneca.
Solo los pacientes que tienen condiciones de inmunosupresión recibirán su tercera dosis con una pauta homóloga, es decir, con la misma vacuna con la que fueron inoculados en su primera y su segunda dosis, según funcionario del Ministerio de Salud.
Durante este feriado, el Ministerio mantuvo abiertos vacunatorios en varias partes del país. Pero la cantidad de personas buscando la inmunización contra el COVID-19 disminuyó considerablemente en Guayaquil y Durán. Y eso conllevó demoras.
“Si otros días se ha atendido a unas 150 personas, ahora no han pasado de 30 en cada día del feriado (lunes, martes y miércoles)”, comentó un funcionario del MSP del centro de salud Oramas González en Durán, donde además se atendían unas pocas emergencias médicas.
A bordo de una tricimoto llegó María, carnet de vacunación en mano; ella buscaba la segunda dosis de Pfizer. Pasó a esperar a que lleguen más interesados que necesiten el mismo líquido del laboratorio norteamericano, que se inyecta a seis personas por cada frasco. María, que trabaja en un mercado cercano donde no hubo actividad por el feriado, era la primera.
El mismo escenario se apreciaba en el centro de salud de la Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, donde Mónica Solís y su hija de once años buscaban la vacuna de Sinovac: la segunda dosis para ella, la primera y única para la menor.
“Yo ya vine hace quince días aquí mismo, pero no me vacunaron porque me dijeron que tenía que venir con otra persona, para aprovechar bien las dosis, supongo; y como ahora en la escuela de mi hija me dijeron que la traiga acá y es la misma vacuna que la mía (Sinovac), entonces venimos a ponernos las dos”, contó Mónica.
Pero en el momento del registro, la mujer tenía que volver a esperar, pues estaban aplicando por pares de la misma edad. Su hija sí logró turno enseguida, porque la juntaron con otra menor de once años que llevaba quince minutos esperando.
Más tiempo pasó Lorena, una empleada pública que prefiere no decir su apellido. Llegó a las 09:00 y era la quinta persona que buscaba la segunda dosis de Pfizer. Faltaba una para poder vaciar un frasco del inmunizante.
“Vine temprano en feriado, porque en los días ordinarios es difícil que me den permiso en el sector público donde trabajo. Ojalá nadie se vaya y que llegue alguien más para que nos pongan la vacuna”, decía Lorena una hora después.
En los centros del MSP, el personal espera que este jueves, cuando se vuelve a la normalidad, la afluencia de público vuelva también a ser la habitual y no haya demoras, como en estos días, para aplicar las diferentes vacunas contra el COVID-19.
Días atrás, la ministra de Salud, Ximena Garzón, indicóque la pandemia está de momento controlada, pero “no tenemos que confiarnos”.
Agregó que en Ecuador hay la presencia de la variante delta, que es más contagiosa, y ese control puede salirse de las manos por una falta de corresponsabilidad ciudadana.
Garzón expresó que las muertes por COVID se han reducido, dado que la semana pasada hubo un fallecimiento por coronavirus. (I)
El Universo
Nacionales
Ejército incauta 11.300 litros de combustible utilizado para minería ilegal en Zamora Chinchipe
El Ejército de Ecuador incautó 3.000 galones de combustible (más de 11.300 litros) utilizados para actividades de minería ilegal en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una de las más afectadas por esta práctica, según detalló el Ministerio de Defensa este miércoles.
Los militares además desmantelaron dos campamentos clandestinos e inhabilitaron maquinaria pesada que presuntamente se empleaban para las mismas actividades ilícitas.
«Las mafias de la minería son atacadas en todo el territorio nacional (…) seguimos actuando con firmeza», continuó el Ministerio en un comunicado.
Durante la intervención, ejecutada en el municipio de El Pangui, fueron destruidas excavadoras, motores de succión y clasificadoras tipo Z.
El Ministerio señaló que el operativo afectó directamente a las economías ilícitas que operan en la frontera sur del país.
Combate contra el crimen organizado
Esta operación se realizó en un momento donde el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, intensificó su combate al crimen organizado, dentro de la «guerra» que libra contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de «terroristas» y que están dedicadas principalmente al narcotráfico y a la minería ilegal.
Estos grupos también han ingresado a zonas protegidas, especialmente en la Amazonía, como al Parque Nacional Podocarpus, una zona de extraordinaria biodiversidad y endemismo que alberga más de 3.000 especies de plantas vasculares y unas 624 especies de aves, donde en los últimos días se destruyeron 67 campamentos.
Las organizaciones delictivas buscan extraer oro aprovechando los precios récord que registra este metal en los mercados internacionales.
El proceso es altamente contaminante: arrasa con la cobertura forestal y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio. Fuente: Vistazo
Nacionales
SNAI reporta muerte de otro preso en la Cárcel del Encuentro
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este miércoles sobre la muerte de una persona privada de libertad en la Cárcel del Encuentro, situada en la provincia de Santa Elena.
A través de un comunicado, la entidad indicó que, de forma preliminar, el fallecimiento no estaría relacionado con una enfermedad infectocontagiosa y que las primeras evaluaciones apuntarían a una muerte natural.
Sin embargo, el organismo precisó que la causa exacta deberá establecerse mediante autopsia e informes técnico-forenses, dentro de los procedimientos correspondientes.
El SNAI aseguró además que facilitó el levantamiento de información y mantiene coordinación con las instituciones competentes para esclarecer el caso.
Segundo fallecimiento en menos de dos semanas
El fallecimiento se produce menos de dos semanas después de otra muerte registrada en el centro penitenciario de máxima seguridad, construido durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El pasado 15 de mayo, un privado de libertad fue hallado sin vida en ese complejo. El caso habría estado asociado a una enfermedad respiratoria.
El reciente deceso ocurrió un día después de que la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, confirmó recientemente el traslado preventivo un grupo de privados de libertad desde ese centro hacia cárceles de Guayaquil.
La funcionaria negó que exista en la Cárcel del Encuentro un brote de tuberculosis, enfermedad respiratoria que se ha extendido a lo largo de los últimos meses en las cárceles del país, ocasionando la muerte de más de 600 reos el año pasado.
Morillo sostuvo que la decisión respondió a un caso puntual, además de afirmar que el centro penitenciario cuenta con condiciones adecuadas para albergar a las personas privadas de libertad. Fuente: Vistazo
Nacionales
El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”
La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.
En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.
“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada
El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.
En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.
Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.

Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.
“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada
El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.
Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.
Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.
El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.
“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada
Caso Progen

En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.
“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias
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