En entrevista, Janela Castillo, asambleísta alterna de Héctor Valladares por la provincia de Zamora Chinchipe, presentó un balance de las actividades desarrolladas durante el período en el que ejerció como asambleísta principal, comprendido entre el 6 y el 19 de julio, destacando acciones legislativas, procesos de fiscalización en establecimientos de salud y el seguimiento a la emergencia ocasionada por la tragedia registrada en la comunidad de Kantzama.

Al iniciar su intervención, Castillo expresó su solidaridad con las familias afectadas por el aluvión ocurrido en Kantzama y reconoció el trabajo desplegado por los organismos de rescate, personal de salud, voluntarios, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones que participaron en las labores de atención de la emergencia y acompañamiento a los damnificados.

La legisladora explicó que durante el tiempo en el que asumió la curul actuó con responsabilidad en el cumplimiento de las funciones constitucionales de legislar y fiscalizar, participando en los debates y votaciones de los proyectos de ley tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional, con el propósito de representar los intereses de la provincia de Zamora Chinchipe y del país.

En el ámbito de la fiscalización, informó que realizó visitas al Centro de Salud El Pangui, al Centro de Salud de Yantzaza y al Hospital Básico de Yantzaza, donde mantuvo reuniones con personal médico, usuarios y directivos para conocer las principales necesidades que enfrentan estas unidades de salud.

Como resultado de estas inspecciones, señaló que identificó diversas problemáticas relacionadas con el desabastecimiento de medicamentos, entre ellos fármacos utilizados para el tratamiento de pacientes con diabetes y medicamentos de uso frecuente como el ibuprofeno.

Asimismo, indicó que recibió información sobre la falta de especialistas en algunas áreas médicas y la necesidad de fortalecer el equipamiento hospitalario para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.

En materia de infraestructura, Castillo manifestó su preocupación por el estado de varias instalaciones sanitarias. En particular, señaló que el Hospital de El Pangui aún no habría sido entregado oficialmente, pese a que parte de su infraestructura presenta signos de deterioro.

También indicó que existen equipos médicos fuera de funcionamiento que permanecen almacenados en áreas del Centro de Salud de Yantzaza, situación que, según expresó, genera problemas relacionados con la limpieza y las condiciones de salubridad del establecimiento.

La asambleísta alterna informó además que mantiene el seguimiento a varias denuncias ciudadanas relacionadas con el abastecimiento de medicamentos, la calidad de la atención a los usuarios y las condiciones de funcionamiento de las unidades de salud de la provincia. Precisó que estas acciones de control buscan recopilar información y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública.

Durante la entrevista, Castillo enfatizó que las actividades de fiscalización desarrolladas durante su gestión no tienen un propósito de confrontación política, sino de contribuir al mejoramiento de los servicios públicos mediante la verificación de las condiciones en las que operan las instituciones del Estado y el seguimiento a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar recorriendo los distintos cantones de Zamora Chinchipe para mantener un contacto permanente con la población y ejercer una fiscalización cercana al territorio, recordando que el acceso a la salud constituye un derecho garantizado por la Constitución y que las instituciones públicas deben trabajar para asegurar una atención digna, oportuna y de calidad para todos los ciudadanos.

En entrevista, Sixto Yere Alba, vicepresidente provincial del Seguro Social Campesino de Zamora Chinchipe y presidente del Dispensario del Seguro Social Campesino del barrio Tablón Dos, parroquia Zumba, cantón Chinchipe, informó sobre la planificación de la movilización nacional convocada por los dirigentes del Seguro Social Campesino para los próximos días, además de exponer las principales preocupaciones que enfrentan los afiliados en materia de atención médica, infraestructura y abastecimiento de medicamentos.

Durante la entrevista, Yere explicó que la jornada de movilización nacional está prevista para el 27 del próximo mes, aunque previamente se desarrollará una reunión en Quito con dirigentes nacionales, provinciales y representantes de base para definir las acciones que se ejecutarán. Indicó que fue invitado personalmente por el presidente nacional del Seguro Social Campesino, Bayron Garcés, con el propósito de analizar la situación del sector y coordinar la participación de las provincias.

El dirigente señaló que uno de los principales motivos que impulsan esta convocatoria es la necesidad de exigir respuestas concretas frente a problemas que, según manifestó, continúan afectando a los afiliados del Seguro Social Campesino.

Entre las principales demandas mencionó el desabastecimiento parcial de medicamentos, situación que, aunque ha mostrado algunas mejoras, considera insuficiente para cubrir las necesidades de los usuarios. Asimismo, expresó su preocupación por el estado de varios dispensarios médicos de la Zona 7, indicando que existen establecimientos deteriorados, con infraestructura deficiente e incluso comunidades que aún carecen de una casa de salud adecuada.

Yere sostuvo que los afiliados aspiran a recibir una atención en igualdad de condiciones, recordando que el Seguro Social Campesino fue concebido bajo principios de equidad para quienes trabajan en el sector rural.

Otro de los temas abordados fue la dificultad que enfrentan los afiliados para acceder a citas médicas, especialmente en casos de enfermedades catastróficas. Según indicó, los tiempos de espera y la disponibilidad limitada de atención representan una preocupación constante para las familias campesinas, ya que muchas enfermedades requieren atención inmediata y no pueden postergarse.

Durante la entrevista también expresó criterios sobre el funcionamiento administrativo del Seguro Social Campesino, manifestando que existen obstáculos dentro de la estructura institucional que, a su juicio, retrasan la ejecución de acciones y afectan el normal funcionamiento del sistema.

Respecto a las posibles medidas que adoptarán los afiliados, el dirigente manifestó que, si no existen respuestas favorables por parte de las autoridades competentes, la organización analiza sumarse a un paro nacional previsto para el día 27, decisión que será definida por la dirigencia nacional durante la reunión convocada en Quito.

Yere recordó además que anteriores procesos de movilización permitieron alcanzar importantes conquistas para los asegurados, entre ellas la implementación del beneficio del Monte Pío, logro que atribuyó a la organización y presión ejercida por los afiliados del Seguro Social Campesino.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad de todos los asegurados de Zamora Chinchipe y del país, invitándolos a mantenerse organizados y respaldar las decisiones que adopten la directiva nacional y provincial con el objetivo de fortalecer el Seguro Social Campesino, mejorar los servicios de salud y garantizar condiciones dignas para las familias del sector rural.

En entrevista para Diario El Amazónico, el transportista, ciudadano y comerciante del cantón Chinchipe, Clemente Abad, expresó su preocupación por la situación que atraviesa la zona de frontera tras el cierre del paso en el Puente Internacional de La Balsa, medida que, según afirmó, ha provocado graves consecuencias económicas, sociales y comerciales para las familias de la región.

Durante el diálogo, Abad sostuvo que el Gobierno Nacional estaría condicionando la asignación de recursos destinados a las provincias amazónicas y cuestionó el manejo de los fondos provenientes de la explotación de cobre, oro y petróleo, señalando que estos recursos, contemplados en la legislación vigente, deberían destinarse a proyectos de infraestructura y desarrollo para los territorios amazónicos.

Asimismo, lamentó la falta de avances en la ejecución del Cuarto Eje Vial, una obra que calificó como prioritaria para la integración entre Zamora Chinchipe, Loja y el norte del Perú.

El ciudadano también manifestó que el cierre de la frontera ha golpeado directamente a comerciantes, transportistas, hoteleros y emprendedores que dependen del intercambio comercial y turístico entre Ecuador y Perú. Indicó que numerosos negocios han visto reducidos sus ingresos mientras continúan enfrentando obligaciones financieras adquiridas mediante créditos bancarios.

Abad señaló que la restricción del paso fronterizo ha generado dificultades para estudiantes y pacientes. Explicó que varios niños de la comunidad de La Balsa han debido trasladarse al Perú para continuar sus estudios y denunció que personas que requieren atención médica también han enfrentado obstáculos para movilizarse, mencionando incluso el caso de una ciudadana ecuatoriana que, según relató, no pudo cruzar oportunamente el puente para recibir atención pese a presentar una grave lesión en una de sus manos.

Respecto a la movilización ciudadana realizada en el sector de La Balsa, el entrevistado destacó que la marcha pacífica fue organizada con el propósito de solicitar la reapertura del paso internacional y restablecer la normalidad en la zona fronteriza. Afirmó que la iniciativa surgió desde la ciudadanía y diversos actores locales afectados por las restricciones, quienes buscaban entablar un diálogo con las autoridades competentes.

Abad sostuvo que el cierre de la frontera también ha repercutido en el transporte público. Explicó que la Cooperativa de Transporte Ciudad de Zumba mantuvo la ruta hacia La Balsa durante varios meses pese a las pérdidas económicas, principalmente para garantizar la movilización de estudiantes, aunque posteriormente se vio obligada a suspender el servicio debido a la baja demanda y al incremento de los costos operativos.

Finalmente, hizo un llamado al presidente de la República para que analice la realidad que enfrentan las poblaciones fronterizas del sur del país y adopte medidas que permitan la reapertura definitiva del paso internacional, argumentando que las comunidades de frontera cumplen un papel estratégico en el desarrollo económico, comercial y de integración binacional entre Ecuador y Perú.