El asesinato de Antonio José de Sucre ocurrió el cuatro de junio de 1830. Recién empezaba el viaje final, que terminó en 1900, con el hallazgo de sus restos mortales. En esta cuarta y última entrega, revelamos cómo se confirmó que las reliquias mortuorias fueron autentificadas científicamente. Mariana Carcelén, viuda de Sucre se encargó de que se preservaran. Cuando los restos fueron localizados, un médico ecuatoriano investigó las circunstancias del crimen. El doctor Manuel María Casares integró la comisión de expertos a cargo de la pericia. Él fue mi tío abuelo.

El pensamiento y las acciones distanciarían al mariscal de los líderes militares y políticos de la época. Por esta razón los historiadores concuerdan en afirmar que “las cualidades de Sucre prepararon el crimen”. ¡Qué paradoja!

Era evidente que su vida corría peligro. Varias personas leales trataron de disuadirle de que su viaje de retorno hacia Quito debía cambiar de ruta. Viajaba con un grupo pequeño de acompañantes.

El largo y agotador viaje, atravesando lo enmarañado de la montaña, obligaba a hacer escalas. Las dos inmediatas fueron los recintos El Salto de Mayo y Venta Quemada. En el primero poseía casa el guerrillero Erazo. Ahí fue una primera parada de la caravana.

El plan para asesinar a Sucre tuvo como autor intelectual al general José María Obando, comandante general de Pasto. Tuvo dos ayudantes: Erazo y Apolinar Morillo; expulsado del ejército venezolano. A su paso por Pasto se entrevistó con Obando, recibió el plan del crimen. Envió con él una carta: “Mi estimado Erazo, el dador de ésta le advertirá el negocio importante que es preciso que haga con él. El dirá a la vez todo, manos a la obra, siga todo lo que diga, y usted dirija el golpe”. Erazo aceptó y siguió la orden al pie de la letra, no pudo menos que asegurar hasta el fin su cometido; pues, en su casa de El Salto de Mayo, Sucre se alojó.

Al día siguiente Erazo, siguió a la caravana, y, tomando un atajo, se adelantó a Venta Quemada. Claro que Sucre se sorprendió de encontrarlo nuevamente. Erazo supo disimular, pero el verdadero propósito estaba cumplido; ubicar exactamente la posición del mariscal e informar a Morillo y otros asesinos. Una vez hecho esto, Erazo regreso junto a Sarria, otro cómplice, al recinto Salto de Mayo para esperar la noticia del asesinato y viajar a Popayán.

Los asesinos, dirigidos por Morillo, se apostaron en el sitio que los ocultaría. La caravana seguía lentamente, hasta llegar al estrecho sitio llamado Angostura de la Jacoba o del Cabuyal. Los asesinos acordaron llamar al general por su nombre, como en efecto ocurrió. Sonó un tiro; dos o tres más. ¡Ay balazo!, mencionó Sucre y cayó.

La caravana súbitamente se dispersó. Sucre fue asesinado de esta forma el cuatro de junio de 1830. Lorenzo Caicedo, asistente del general, buscó ayuda para sepultarlo.

La noticia en Quito causó sorpresa, indignación, temor. Se conoció que la familia coordinó el traslado del cadáver a la iglesia de San Francisco, al mausoleo de los Solanda, en forma privada sin ningún ritual, sin honores militares. Se guardó reserva y respeto.

Pasaron los años. Los países libres siguieron el curso de la vida republicana. Comenzaba entonces el furor por otorgar reconocimiento a los héroes en América.

Después de varias décadas no cabía hablar del cadáver de Sucre, lo que quedaría serían los restos.

El gobierno del Ecuador, en 1845, recibió la solicitud de Bolivia para trasladar a ese país los restos de Sucre, considerado el padre fundador de esa patria. La respuesta ecuatoriana fue negativa.

En 1875, Venezuela concluyó el Panteón Nacional en Caracas para honrar a los héroes. Solicitó al gobierno de Ecuador “permiso para exhumar y trasladar a Venezuela los restos del general Antonio José de Sucre”. Se realizó la búsqueda, pero sin éxito.

En 1894, el sacerdote español Pablo Moreno aseguró haber encontrado los restos. En representación de Venezuela llegó un pariente cercano del general, el presbítero Antonio José de Sucre, quien realizó gestiones controvertidas que incomodaron a los religiosos de San Francisco y a las autoridades ecuatorianas.

Los quiteños se preguntaban: ¿Qué pasó realmente con el cadáver? ¿Por qué se guardaba un secreto al respecto?

Las misiones enviadas por los dos países no habían dado resultado positivo. Quedaba un sentimiento de vacío. Se convirtió en un duelo inconcluso, una deuda impaga. Crecía la nostalgia y un doble tormento: además del magnicidio, la desaparición del cadáver del mariscal.

Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, falleció el 15 de diciembre de 1861. No hizo público el lugar en que dio sepultura a su esposo. Entre las personas que presenciaron lo ocurrido, estaban los mayordomos de la hacienda ‘El Deán’. La esposa del mayordomo, anciana y enferma, confió el secreto a una amiga de la familia Solanda, Rosario Rivadeneira. Narró todos los detalles. Bajo el oratorio de la iglesia en esa hacienda permaneció hasta que Mariana decidió ponerlo en otro sitio que consideraba seguro. Para entones había fallecido su hija Teresita Sucre, quien estaba enterrada en el mausoleo de los Solanda en el convento de San Francisco.

Esposa y madre, Mariana Carcelén, decidió sacar el cadáver de su hija y juntarlo con su padre en el mismo cofre mortuorio, para el descanso final. En el fondo de la caja se pondría una tela de tisú y en un gesto íntimo se envolvieron los restos de ambos con un traje de la marquesa.

En todo esto le ayudaron sus fieles asistentes Isidoro Arauz y su esposa Francisca. Ellos entregaron la caja a Manuela Valdivieso, pariente de Mariana y abadesa del monasterio del Carmen Bajo. El misterio fue conservado por las religiosas de clausura, en un gesto de respeto por los despojos mortales de un héroe y de su hija, y para cumplir la voluntad de Mariana Carcelén.

​​El descubrimiento de los restos del general Antonio José de Sucre ocurrió el 24 de abril de 1900.

Por ese tiempo, los habitantes constituían la segunda generación de nacidos después de la independencia. La referencia común en ese tiempo era “Mi abuelo pagaba tributos a la corona española; mis padres ya eran ciudadanos que tributaban al pueblo libre del Ecuador”.

En 1900 la ciudad de Quito tenía alrededor de 60.000 habitantes. Las calles eran empedradas.

Rosario Rivadeneira comunicó el secreto a Alejandro Melo, quien lo compartió a César Portilla. Las autoridades, civiles y eclesiales, permitieron el inicio de trabajos en la iglesia del monasterio ubicado en el centro de Quito.

Habían pasado siete décadas del asesinato, dos generaciones de ecuatorianos recordaban los hechos, pero no la versión desde los poderes, sino la versión contada en familia donde la verdad se transparenta.

Una vez comunicado el presidente de la república, general Eloy Alfaro llegó al lugar del encuentro, el comulgatorio de la iglesia del Carmen Bajo, con los ministros de estado. Inmediatamente se entregaron las reliquias encontradas a la facultad de Medicina de Quito para realizar el estudio forense con el propósito de verificar su autenticidad.

El siete de mayo de 1900, la facultad de Medicina confirmó que los restos hallados pertenecían al mariscal de Ayacucho.

El gobierno del general Alfaro decretó que el cuatro de junio, aniversario del crimen de Berruecos, el país debía rendir honras fúnebres.

El tres de junio a las cinco de la tarde se inició el traslado desde el convento del Carmen Bajo hasta la Catedral metropolitana de Quito para su descanso final.

Se dispuso la formación de comités para la organización del acontecimiento histórico, dando la oportunidad a una participación múltiple, en el desfile mortuorio; con coronas de flores. En las casas se adornaron los balcones, calles y plazas al paso del cortejo. Fue notable el discurso pronunciado por el obispo de Ibarra, monseñor Federico González Suárez.

Durante siete décadas se había especulado sobre el paradero de los restos. La noticia del hallazgo tuvo el principal detractor en un eminente cuencano, Alberto Muñoz Vernaza, quien declaró a la prensa su posición.

La facultad de Medicina de Quito designó para responder las inquietudes al experto Manuel María Casares, profesor de medicina, con notable participación durante el estudio forense que identificó los restos. En los periódicos de la época, ambos personajes mantuvieron discusiones.

Manuel María Casares, a más de su conocimiento sobre el informe médico forense, investigó todo lo relativo al asesinato. Viajó a Pasto, en búsqueda de los informes concernientes, como el sumario que Francisco María Lozano, gobernador de Pasto, levantó el cinco de junio de 1830. Además revisó el cuestionado informe de Alejandro Floot, médico que practicó el reconocimiento del cadáver el seis de junio a las cinco de la tarde. Tomó en cuenta testimonios presenciales que se conservaron como el caso de Lorenzo Caicedo, quien era asistente de Sucre. El prolijo estudio analiza el sombrero que llevaba la víctima y que había conservado la familia Solanda, con las rasgaduras de proyectil de arma de fuego que se correspondían con las perforaciones del cráneo.

La documentación médico-forense e histórica sirvió de base para que Casares escribiera y publicara en 1906, el libro “Los Restos de Sucre”. Esta obra despejó todas las dudas.

Casares conservó copias manuscritas de los documentos que le sirvieron para su trabajo. Guardó el libro original y fotografías de los restos de Sucre realizadas por el gabinete de Física de la Universidad Central.

La documentación fue archivada en un baúl, con el monograma MMC, y las fotografías en una gaveta de su escritorio. Dichas pertenencias permanecieron en la hacienda Albán de la familia Casares, ubicada en Tumbaco provincia de Pichincha.

A la muerte del médico Casares, sus hermanas Virginia y Carmen Amelia Casares custodiaron estos documentos.

Con Carmen Amelia, mi abuela materna, pasaba los veranos en la hacienda Albán. Fue allí que un día supe que visitarían unos doctores a la abuela. No era fácil en la década de los 50 llegar en transporte al lugar. Alrededor de las diez de la mañana llegaron en “auto de plaza”; estaban con terno y sombrero a la usanza de la época. Dejaron sus tarjetas en la repisa de la entrada e ingresaron a la sala.

Mi presencia no debió molestar (yo era un niño) pues no fui sacado del lugar. Conversaron animadamente y revisaban la documentación guardada. Me llamó mucho la atención la revisión de unas fotografías que se preservaban en envolturas de tela. Al medio día los doctores se fueron, la abuela guardó todo. Cerró la gaveta y el baúl. Las tarjetas de los visitantes también las puso en el escritorio.

Las hijas de Carmen Amelia, las hermanas Lucila, Josefina, Cristina y Lucrecia Bucheli Casares, comentaban los hechos históricos y hacían referencia a la investigación de su tío Manuel María Casares. La historia era emotiva y la trasmitían con orgullo.

En la década de los 70 ya había fallecido mi abuela Carmen Amelia. Mi tía Josefina me permitió revisar la documentación de Manuel María sobre Sucre.

Para mi sorpresa, encontré información de 1900, el informe de la Facultad de Medicina, el decreto ejecutivo de Alfaro, las invitaciones para participar el día de la ceremonia de honras fúnebres en la Catedral de Quito, periódicos de la época con noticias alusivas, crónicas sobre la polémica entre los médicos Casares y Muñoz Vernaza para esclarecer la verdad histórica; cartas de personajes felicitando al doctor Casares, correspondencia con autoridades para organizar el funeral.

Pude ver las tarjetas de los médicos que llegaron en una ocasión a la hacienda, cuando estuve presente. Se trataba de los doctores Enrique Garcés y Francisco López Baca.

Fue emocionante encontrar en el sobre de tela, envueltas, fotografías sobre los restos de Sucre. Fueron conservadas en esta manera, sin afán de exhibición, con respeto y en conocimiento del valor humano e histórico que representaban. Eran fotografías tomadas en el Gabinete de Física de la Universidad Central, dedicadas al doctor Casares.

El 27 de septiembre de 2023, junto a María Eulalia Rodríguez Bucheli entregamos este acervo a la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit de Cotocollao en Quito, donde se conserva en la actualidad.

Las reliquias mortuorias del mariscal de Ayacucho permanecen en la Catedral de Quito, en un mausoleo, cerca del altar mayor, para su descanso final, después de un largo viaje. Por fin descansaba en paz.

Este proyecto se realizó en alianza entre Vistazo y Código Vidrio.

Minutos antes de su informe a la Nación, el presidente Daniel Noboa acudió a la cima de la Libertad, para conmemorar los 204 años de la Batalla del Pichincha. Y allí, resaltó el aporte de los militares en el combate contra la inseguridad. Esto tiene una contraparte; la cantidad de funciones asignadas a las fuerzas. Analizamos aquí el rol asignado en materia de vigilancia carcelaria.

“Ustedes, soldados de la Patria, son el vivo ejemplo del honor y la valentía, cuentan con todo nuestro respaldo. Somos el único gobierno que decidió fortalecerlos, con equipo, armamento, mientras que otros gobiernos les quitaron todo”, dijo el presidente Noboa en la ceremonia por 204 años de la batalla de Pichincha, en la Cima de la Libertad, hoy el 24 de Mayo de 2026.

“Hoy estamos marcando un antes y un después, y esta guerra la estamos ganando juntos, desmantelando la infraestructura económica y política del crimen”, aseveró el mandatario, quien hoy cumple el primer año de este mandato presidencial en el cual presenta el informe a la Nación.

En realidad, la compra de equipo y armamento para la fuerza militar responde a un hecho. La institución militar recibió una carga sin precedentes, de funciones, atribuciones y responsabilidades en el contexto de la guerra interna decretada por el mandatario, a inicios de enero de 2024.

Antes de que el artículo 158 de la Constitución fuera reformado para permitir la participación de los militares para garantizar la seguridad interna del país, esa institución ya había recibido más responsabilidades desde hacía tiempo. Una de ellas, el control en cárceles, luego de sucesivas masacres que entre 2021 y 2022 causaron unas 500 víctimas.

La reforma al artículo 158 fue aprobada el 21 de diciembre de 2023 con 125 votos en la Asamblea Nacional. El autor de la propuesta fue el gobierno de Guillermo Lasso, en diciembre de 2022, luego de que la Corte Constitucional negara que el tema fuera a consulta, según explicó una fuente relacionada con la corte.

La discusión pasó dos debates legislativos, que fueron interrumpidos por la muerte cruzada y la instalación de un nuevo Pleno.

La entonces flamante administración de Daniel Noboa consultó al pueblo en urnas si debía ratificar el pronunciamiento de la Asamblea. En abril de 2024 el presidente contó con el respaldo de los ecuatorianos y se aprobó la reforma.

Tres meses antes, cuando apenas asumía su primer mandato, Noboa emitió los decretos 110 y 111, en un entorno de extremada violencia, con la toma del canal TC televisión que fue difundida en vivo. El efecto de los decretos fue declarar la existencia de un conflicto armado no internacional. Se generó la percepción de que la manu militari iba a poner fin a la crisis de violencia.

Vistazo consultó con un grupo nutrido de fuentes del ámbito militar. Todas coincidieron en que haber extendido la participación de la fuerza en el control de las cárceles, en lugar de que fuera una intervención puntual y temporal, pudo tener resultados adversos.

Varios de ellos, que pidieron la reserva, admitieron que a pesar de su larga carrera en la milicia, recién conocieron la magnitud de la amenaza violenta cuando llegaron al control de prisiones.

“Aunque la militarización podría ofrecer una solución paliativa para la crisis de seguridad puntual en las cárceles ecuatorianas, no abordaría su problemática estructural: corrupción hacinamiento, falta de personal especializado”, advierte un estudio académico difundido en abril de 2025, realizado por un equipo de investigadores que analizó en detalle la intervención militar en el centro de detención Guayas 1.

El estudio “Seguridad y Control en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1: Análisis de la Intervención Militar”, del investigador José Pineida y otros autores, concluye que el riesgo de contaminación y corrupción hacia los militares es alto, de permanecer en las cárceles.

La megacárcel de Guayas, llamada así por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, es la más poblada del país y fue el escenario de hechos violentos en años previos.

El estudio in situ detectó que el grupo operacional Orión, creado el 14 de enero de 2024, logró intervenir en ese centro, donde encontró “caletas con armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización”. En los 12 pabellones había 6.243 detenidos. La estructura criminal predominante, los Tiguerones, copaba el pabellón 12 a la época del estudio, con 987 integrantes.

El documento reconoce logros inmediatos, pero alerta que la permanencia militar no podía ser prolongada en el tiempo, pues debían encontrarse respuestas estructurales e integrales al problema.

La responsabilidad del control en las prisiones expuso a los uniformados al riesgo de contaminación. Un ejemplo de esto: el narcotraficante Federico Gómez, Fede, cabecilla del grupo Los Águilas, salió de esa misma cárcel disfrazado de militar, con la posible complicidad de 19 uniformados. Fede huyó el 20 de junio de 2025 y fue recapturado el segundo día de octubre, en Colombia.

A partir de enero de 2024, los estados de excepción se fueron renovando periódicamente, si bien cada vez más restringidos a ciertas zonas geográficas calificadas como críticas. La renovación permanente fue cuestionada por la Corte Constitucional, con el argumento de que el problema de la violencia tiene un carácter estructural y debe ser enfrentada a partir de políticas públicas, por el Ejecutivo.

Uno de los efectos de la emergencia fue la suspensión de las bajas voluntarias a los miembros de las fuerzas.

Según la legislación vigente, al cumplir 20 años de carrera militar los uniformados pueden acogerse al retiro si así lo desean. Esto lo establece la ley de seguridad social vigente para la milicia.

La ley debe ser reformada por mandato de la Corte Constitucional, que observó algunas inconsistencias en el esquema. La orden de modificar la ley se emitió en septiembre de 2022. El documento de propuesta llegó hasta el Legislativo pero la muerte cruzada cambió de integrantes a ese Pleno. A fines de 2023 llegaron nuevos miembros. Todo volvió a fojas cero. A mediados de 2025, en medio de una discusión sobre el contenido de la nueva ley, en la comisión legislativa de trabajo y seguridad social, salió a la luz un dato que incomodó a varios, pero que nadie salió a refutar o a corroborar: seis mil uniformados estarían a la espera de la baja voluntaria. Fuente: Vistazo