Por: Alonzo Cueva

La madrugada del pasado 4 de julio, la naturaleza descargó su fuerza sobre la parroquia Guadalupe. Un desprendimiento masivo en la cima de la cordillera provocó un aluvión devastador que golpeó con dureza a Santa Isabel y Cantzama. Más allá de la crudeza del temporal, lo que llama profundamente a la reflexión es la inmediata reacción gubernamental de encasillar esta catálofe estrictamente geológica como una consecuencia de la actividad minera. Más que un error de apreciación técnica, este empeño discursivo parece responder a una calculada estrategia política.

Es necesario analizar el escenario regional con total objetividad para no caer en sesgos comunes. Nadie desconoce que, en sectores como Chamico, Nambija Bajo, las comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Zamora, Nangaritza, y algunas ubicadas en las márgenes del mismo río Yacuambi donde las inundaciones recurrentes guardan una relación directa con la minería aluvial y la falta de una planificación y regularización integral en el territorio. Sin embargo, el caso de Cantzama es radicalmente distinto. En esta zona no se realiza actividad minera; y este blindaje ambiental no obedece a un control estatal, sino a la firme y pacífica postura del pueblo guadalupano, que históricamente ha protegido este espacio como un santuario turístico de aguas cristalinas.

¿Por qué entonces el discurso oficial insiste en agitar el fantasma de la minería en un territorio libre de ella? La respuesta de fondo devela una doble intención política que busca evadir realidades complejas. Por un lado, culpar de forma generalizada a la minería funciona como la coartada perfecta para legitimar operativos de persecución y criminalización en contra de un sector que, lejos de ser el enemigo, ha sido el motor histórico que dinamiza la economía formal y popular de Zamora Chinchipe. Por el otro, esta narrativa busca blindar al centralismo de la fiscalización pública, construyendo un pretexto ideal para desviar la atención sobre las tareas pendientes en gestión de riesgos en laderas altas y sistemas de alerta temprana.

Adoptar una postura de confrontación total o de oposición ciega frente al Estado no soluciona los problemas estructurales de la provincia. Las autoridades tienen la responsabilidad técnica de investigar integralmente el territorio, pero no pueden utilizar el lodo y el dolor de una tragedia natural como una herramienta de castigo político o estigmatización gremial. Inventar causas mineras donde no existen solo para justificar agendas de control trunca los caminos hacia la regularización formal que miles de familias mineras legítimamente reclaman para trabajar en orden.

Los hechos en Cantzama son claros y los testimonios locales coinciden en que el desastre se originó por el colapso climático de la parte alta. El pueblo de Guadalupe merece respeto a su memoria organizativa y una reconstrucción real de sus comunidades. Asimismo, el sector minero de la provincia merece un debate serio, técnico y alejado de manipulaciones mediáticas que pretendan culparlo de la furia de la naturaleza para justificar su persecución. La reactivación y la seguridad de nuestra provincia no se construyen fabricando pretextos, sino afrontando la realidad del territorio con verdad y madurez política.

En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Cumbaratza, Willian Vinueza, afirmó que, en cumplimiento de sus funciones de fiscalización y legislación, ha iniciado acciones para solicitar que se esclarezca un presunto impedimento legal que, según indicó, afectaría al presidente del GAD Parroquial, Toni Romel Morocho Granda.

Durante el diálogo, Vinueza manifestó que la preocupación surge a partir de documentación que, según señaló, evidenciaría la existencia de un impedimento legal vigente para ejercer un cargo público. Explicó que dicho impedimento estaría relacionado con obligaciones pendientes derivadas de registros de la Contraloría General del Estado y de una deuda previamente investigada en el ámbito municipal, la cual, según indicó, fue cancelada parcialmente, mientras que otro valor correspondiente a la Contraloría aún permanecería pendiente.

El vocal sostuvo que, pese a esta situación, Morocho continúa desempeñando el cargo de presidente del GAD Parroquial, por lo que remitió un oficio a la responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano de la institución, Lizeth Daniela Molina, solicitando que se verifique el caso y se adopten las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, indicó que, de acuerdo con la legislación aplicable al servicio público, la autoridad nominadora tendría la obligación de iniciar el procedimiento respectivo cuando exista un impedimento legal para ejercer funciones públicas, advirtiendo que la inobservancia de este procedimiento podría generar responsabilidades para los funcionarios competentes.

Cuestionamientos sobre proyectos y obligaciones económicas
Durante la entrevista, Vinueza también expresó su preocupación por la situación financiera relacionada con la construcción del Subcentro de Salud Tipo A de Cumbaratza, asegurando que existen varios proveedores que, tras entregar materiales y ejecutar trabajos, aún no habrían recibido los pagos correspondientes.

Según detalló, entre las obligaciones pendientes constarían aproximadamente 50.000 dólares adeudados a la empresa Megacentro Simancas, 53.000 dólares a un proveedor de aluminio y vidrio, además de otra deuda superior a 50.000 dólares correspondiente a trabajos eléctricos, lo que, según sus estimaciones, superaría los 150.000 dólares.

El vocal señaló además que algunos de estos casos ya formarían parte de procesos judiciales iniciados por los proveedores afectados.

Observaciones a obras y proyectos

En otro punto de la entrevista, Vinueza manifestó inquietudes sobre diversos proyectos parroquiales. Entre ellos mencionó el proyecto de alcantarillado para el sector Cuzuntza, indicando que, según su criterio, el presupuesto del GAD Parroquial sería insuficiente para ejecutar una obra de aproximadamente cinco millones de dólares.

También se refirió al proyecto de alcantarillado del sector Chamico, señalando que el proceso habría sido dado de baja del portal de contratación pública por incumplimiento de requisitos, situación que, afirmó, retrasaría nuevamente una obra esperada durante varios años por los habitantes del sector.

Respecto a este proyecto, señaló además que las condiciones topográficas del lugar han cambiado considerablemente debido a las recientes inundaciones, por lo que consideró necesaria una revisión técnica antes de retomar su ejecución.

Retrasos administrativos y funcionamiento institucional
El vocal informó igualmente que el GAD Parroquial llevaría aproximadamente dos meses sin contadora, situación que, según indicó, estaría afectando diversos procesos administrativos y provocando retrasos en pagos, incluidos los correspondientes a los vocales de la institución.

Añadió que también ha solicitado información sobre otros contratos y proyectos que, según manifestó, presentan demoras o paralizaciones, entre ellos obras deportivas y de infraestructura comunitaria.

Anuncia denuncias ante organismos de control
Al finalizar la entrevista, Willian Vinueza anunció que continuará recopilando documentación y que presentará denuncias formales ante la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones competentes, con el objetivo de que se investiguen los hechos expuestos y se determinen las responsabilidades que correspondan.

El vocal hizo además un llamado a los demás integrantes del GAD Parroquial para que se sumen a las labores de fiscalización, señalando que considera indispensable garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y la correcta ejecución de las obras en beneficio de la parroquia.

Carlos Echeverría, integrante del Cuerpo de Bomberos de Zamora, relató cómo vivió la tragedia, cuestionó la falta de planificación preventiva y planteó la necesidad de implementar un plan integral de gestión de riesgos en la provincia.

A pocos días del devastador aluvión registrado en el sector de Kantzama, parroquia Guadalupe, el bombero del cantón Zamora Carlos Echeverría, con amplia trayectoria en atención de emergencias en Zamora Chinchipe, compartió un extenso testimonio sobre los momentos que marcaron la respuesta institucional durante la tragedia, las falencias en materia de prevención y las lecciones que, a su criterio, deben asumir las autoridades y la ciudadanía.

Durante una entrevista concedida, Echeverría explicó que la primera alerta fue recibida por el personal del Cuerpo de Bomberos a través del ECU 911, inicialmente por inundaciones registradas en el sector de Chamico. Sin embargo, conforme avanzó la noche, la emergencia escaló debido a la creciente del río en Kantzama, lo que motivó el acuartelamiento del personal para atender la situación.

El bombero relató que, antes de desplazarse al lugar de la tragedia, parte del contingente fue destinado a garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Zamora mediante un vehículo tipo Bambi, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Posteriormente, una vez que el ECU 911 reportó el agravamiento de la emergencia, los equipos fueron movilizados hacia Kantzama.

En la zona, los bomberos iniciaron labores de evacuación de familias y rescate de enseres. Según Echeverría, al disminuir momentáneamente el caudal del río, varios moradores manifestaban que este tipo de crecientes eran habituales, aunque reconocían que el nivel alcanzado por el agua había superado lo ocurrido en ocasiones anteriores.

Posteriormente, una comisión integrada por la entonces gobernadora de Zamora Chinchipe, personal del Cuerpo de Bomberos y otros funcionarios se trasladó hacia la parte alta del sector para verificar los daños ocasionados en la vía por el desvío del cauce del río. Allí constataron que la corriente seguía erosionando la calzada, por lo que recomendaron evacuar el área.

Sin embargo, mientras varias personas permanecían reunidas con autoridades y habitantes del sector, se produjo el momento más crítico de la emergencia.

Echeverría recordó que un fuerte estruendo precedió al aluvión que descendió desde la montaña. Junto con otros compañeros comenzó a alertar a los presentes para que buscaran refugio en zonas altas, aunque señaló que algunas personas no atendieron inmediatamente las recomendaciones porque consideraban que el fenómeno era parte del comportamiento habitual del río.

El bombero narró que decidió correr hacia una zona elevada, pero regresó al escuchar el pedido de auxilio de una mujer que llevaba a una niña en brazos. Logró tomar a la menor e intentar evacuarla; sin embargo, ambos fueron alcanzados por la fuerza del aluvión.

En su testimonio describió cómo fue arrastrado entre lodo, árboles, piedras y enormes palizadas durante varios kilómetros, permaneciendo por momentos atrapado entre troncos hasta lograr liberarse y continuar luchando por sobrevivir. Producto del impacto sufrió diversas lesiones, entre ellas una perforación en el labio que posteriormente requirió intervención quirúrgica.

A pesar de su estado físico, Echeverría continuó colaborando en las labores de rescate, alertó a los bomberos del cantón Centinela del Cóndor (Zumbi) sobre la magnitud de la tragedia y participó en la búsqueda de personas arrastradas por la corriente.

El rescatista destacó que uno de los aspectos más conmovedores fue la solidaridad demostrada por la población durante las horas posteriores al desastre. Recordó el apoyo recibido por ciudadanos que colaboraron con agua, transporte y asistencia mientras él continuaba intentando rescatar víctimas.

Respecto a las lecciones que deja la tragedia, sostuvo que Ecuador mantiene importantes debilidades en materia de gestión del riesgo.

Consideró indispensable fortalecer la cultura de prevención mediante simulacros permanentes, educación ciudadana y una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la gestión de emergencias.

Asimismo, señaló que el país carece de sistemas modernos de monitoreo hidrológico y de alertas tempranas que permitan advertir oportunamente sobre crecidas de ríos o posibles aluviones, especialmente en provincias como Zamora Chinchipe, caracterizadas por su compleja geografía y la presencia de múltiples afluentes.

Durante la entrevista también expresó preocupación por diversos puntos considerados vulnerables dentro del cantón Zamora, entre ellos el deslizamiento registrado meses atrás en el sector de Tres Cruces. A su criterio, estos sitios requieren seguimiento técnico permanente para reducir riesgos futuros.

Echeverría manifestó que la planificación territorial debe contemplar escenarios de amenazas naturales y propuso que las autoridades impulsen un plan estratégico provincial de gestión de riesgos que incluya monitoreo constante de zonas inestables, sistemas de alerta temprana, fortalecimiento institucional y procesos permanentes de capacitación comunitaria.

En el ámbito personal informó que continúa en proceso de recuperación debido a la presencia de agua contaminada en los pulmones producto del aluvión. Señaló además que uno de sus compañeros permanece hospitalizado con un cuadro de mayor complejidad por lesiones internas ocasionadas durante la emergencia.

Finalmente, reveló que dejará de desempeñar funciones operativas dentro del Cuerpo de Bomberos tras haber sido reasignado a labores administrativas, decisión que —según indicó— ya le fue comunicada institucionalmente. Agradeció las múltiples muestras de solidaridad y el apoyo económico brindado por la ciudadanía tras la tragedia, asegurando que ese respaldo fue fundamental para la recuperación física y emocional del personal que participó en las operaciones de rescate.

El testimonio de Carlos Echeverría constituye uno de los relatos más detallados sobre los acontecimientos ocurridos durante el aluvión de Kantzama y plantea la necesidad de fortalecer la prevención, la planificación y la gestión integral del riesgo para evitar que una tragedia de similares características vuelva a repetirse en la provincia.