La Alcaldía de El Pangui avanza con el proyecto integral de asfaltado de varias calles del barrio San Roque, parroquia Pachicutza. Actualmente la obra presenta un 90% de avance general.

Esta importante obra contempla 4.427 metros cuadrados de asfalto, equivalentes a nueve cuadras, con una inversión que supera los USD. 400.000, recursos propios del ayuntamiento. La obra incluye, además: la construcción de aceras (1549 m2), bordillos (1.233 metros lineales), acometidas (83 pluvial y 37 de agua potable) y la colocación de carpeta asfáltica, consolidando así una transformación integral en beneficio directo de los habitantes del mismo barrio.

Estamos trabajando en obras que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente y bajo un responsable de manejo de recursos públicos, puntualiza el burgomaestre, Jairo Herrera.

Homero Ordóñez, habitante del sector, destacó la importancia del asfaltado al tiempo que expresó su satisfacción por el avance de los trabajos, “está quedando muy bonita y le da otro estatus al barrio San Roque. Son obras emblemáticas que transforman nuestro sector”, manifestó.

Para José Morales, morador y transportista, calificó la intervención como “una excelente obra que beneficia directamente a este sector. Es una muy buena iniciativa tomada por el señor alcalde y el equipo de concejales, porque representa bienestar y desarrollo para todos”, con esta opinión también comparte Juan Tandazo, quien dijo sentirse contento porque ya no estamos en el lodo, sino pisando asfalto y contando con alcantarillado”.

En el ámbito técnico, Lady González, residente de la obra, informó que actualmente el proyecto registra un avance del 90%. “Los trabajos que se ejecutan en esta etapa corresponden a la construcción de aceras y a la conexión de las acometidas sanitarias, pluviales y de agua potable”.

Zamora Chinchipe.– El presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, Paúl Pineda, se pronunció públicamente durante un plantón desarrollado el pasado viernes en los exteriores de la Gobernación, donde representantes de la minería artesanal y pequeña minería exigieron procesos de regularización y mayor apertura al diálogo por parte de las autoridades.

Durante su intervención, Pineda saludó la presencia de la concejal del cantón Paquisha, Rosita Paqui, así como de dirigentes del distrito minero Chinapintza, Guanta Colorado y otros sectores de la provincia, destacando la importancia de fortalecer la organización y la unidad gremial frente al contexto actual.

El dirigente informó que se ha notificado a líderes provinciales para consolidar acciones conjuntas y acompañar la jornada de movilización nacional prevista para el 13 de marzo, en el marco del debate legislativo sobre la Ley de los GAD y el proyecto de reforma a la Ley de Minería.

Preocupación por reformas en debate

Pineda manifestó inquietud por el tratamiento legislativo de ambas normativas, señalando que, a criterio del sector, las reformas propuestas no garantizarían estabilidad ni seguridad jurídica para la minería artesanal y la pequeña minería en la provincia. Enfatizó que la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe representa exclusivamente a este segmento productivo y mantiene autonomía institucional, estando adscrita a la Cámara Nacional de Minería.

Asimismo, advirtió que, según su análisis, las reformas podrían generar impactos económicos y sociales en una provincia cuya actividad minera tiene un carácter tradicional y constituye sustento para numerosas familias.

En relación con la reforma a la Ley de los GAD, expresó preocupación por posibles afectaciones presupuestarias que incidirían en la ejecución de proyectos sociales y de inversión territorial, exhortando a autoridades locales a pronunciarse sobre el tema.

Llamado al diálogo y rechazo a la criminalización

El dirigente cuestionó la falta de continuidad en mesas de trabajo previamente establecidas con autoridades del Ejecutivo, indicando que varios compromisos asumidos en reuniones realizadas en parroquias como Panguintza y en el cantón Yantzaza no habrían tenido seguimiento.

Además, se refirió a declaraciones sobre posibles acciones de fuerza en sectores mineros, considerando que el tratamiento del conflicto debe priorizar el diálogo antes que medidas que generen temor en la ciudadanía.

Por su parte, la concejal Rosita Paqui expresó su respaldo a los pequeños mineros del sector Chinapintza, señalando que la minería artesanal constituye el sustento económico de numerosas familias. Rechazó cualquier forma de estigmatización o criminalización generalizada del sector y anunció la convocatoria a una mesa de diálogo con representantes de la empresa Condormining y asociaciones mineras, prevista para los próximos días.

Finalmente, los representantes gremiales reiteraron que permanecerán en sesión permanente para definir acciones futuras, insistiendo en la necesidad de establecer canales formales de diálogo institucional que permitan abordar las demandas del sector dentro del marco legal vigente.

Zamora Chinchipe.– El ex-prefecto por Zamora Chinchipe Alonzo Cueva Rojas se pronunció sobre la aprobación de la reforma a la Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aprobada el pasado viernes con 77 votos en la Asamblea Nacional, calificándola como “un retroceso histórico en materia de autonomía y financiamiento”.

Durante una entrevista, Cueva sostuvo que la reforma no responde a criterios de eficiencia administrativa, sino que, a su juicio, consolida un recorte presupuestario que ya se estaría aplicando a los gobiernos autónomos descentralizados (municipios, prefecturas y juntas parroquiales rurales).

Deuda acumulada y recorte implícito

El analista indicó que, según información de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), existiría una deuda aproximada de 550 millones de dólares por parte del Gobierno Central hacia los GAD. En ese contexto, consideró que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) buscaría legitimar dicha reducción presupuestaria.

“No se trata de una advertencia futura, sino de una afectación concreta”, manifestó, señalando que la disminución de recursos impactaría directamente en la ejecución de competencias constitucionales de los gobiernos subnacionales.

Debate sobre constitucionalidad y autonomía

Desde su análisis, Cueva argumentó que la reforma podría contravenir el principio constitucional de autonomía política, administrativa y financiera de los GADs, así como el principio de progresividad de derechos, al modificar la categorización de ciertos programas sociales que anteriormente eran considerados inversión y que ahora pasarían a clasificarse como gasto corriente.

Explicó que esta modificación podría poner en riesgo programas dirigidos a sectores vulnerables, tales como atención a personas con adicciones, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia y personas con enfermedades catastróficas, especialmente en provincias con presupuestos limitados como Zamora Chinchipe.

Asimismo, cuestionó el esquema que establece una distribución del 70% para inversión en obra pública y 30% para gasto corriente, señalando que en municipios pequeños la ejecución directa de obras implica contratación de personal técnico y operativo, lo cual sería ahora considerado gasto corriente, restringiendo su capacidad operativa.

Impacto diferenciado en municipios pequeños

El exviceprefecto advirtió que la reforma tendría un impacto más severo en municipios y gobiernos parroquiales rurales con baja densidad poblacional y limitada capacidad financiera, en comparación con grandes ciudades como Quito o Guayaquil.

Indicó que estos gobiernos requieren personal técnico para formular proyectos y gestionar recursos ante otras instancias, y que la nueva categorización presupuestaria podría limitar su margen de acción.

Falta de socialización y acciones legales

Cueva también cuestionó la falta de socialización del proyecto con autoridades locales y organizaciones territoriales, señalando que la iniciativa fue tramitada con carácter económico urgente, lo que redujo los tiempos de debate.

En este contexto, consideró que corresponde a prefecturas, alcaldías y organizaciones sociales impulsar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, una vez que la reforma sea publicada en el Registro Oficial.

“Quienes finalmente sentirán la afectación no son las autoridades de turno, sino la ciudadanía, particularmente los sectores vulnerables”, afirmó.

Centralización y escenario futuro

La ex-autoridad, calificó la medida como de carácter centralista, al concentrar decisiones financieras en el Gobierno Central y limitar la autonomía presupuestaria de los gobiernos seccionales.

Advirtió además que, en un escenario de debilitamiento financiero sostenido, podrían generarse procesos de fusión o desaparición de municipios pequeños, lo que, a su criterio, configuraría una reestructuración territorial impulsada desde el Ejecutivo.

Contexto provincial

Respecto a la votación de los asambleístas de Zamora Chinchipe, Cueva señaló que corresponde a cada legislador explicar su posición ante la ciudadanía. Indicó que el debate debe centrarse en los efectos concretos que la normativa tendrá en la provincia, especialmente en materia social y presupuestaria.

Finalmente, subrayó que el desenlace jurídico dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional. En caso de que la reforma sea ratificada, sostuvo que se consolidaría una reducción estructural en el financiamiento de los GADs, con implicaciones directas en la prestación de servicios y programas sociales en territorios con menor capacidad económica.