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Nacionales

Fiscalía emite dictamen acusatorio en contra de los vocales de la Judicatura

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha emitido un dictamen en el que acusa a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, como coautores del presunto delito de tráfico de influencias, y al juez de Pichincha, Wladimir Jhayya, como cómplice en este caso.

El dictamen llega después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, validara la actuación de la Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, desestimando las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas de los acusados.

La fiscal Salazar proporcionó detalles de los eventos que tuvieron lugar el 2 de junio de 2022, cuando los acusados se reunieron en la oficina de Morillo en Quito. En esta reunión estuvieron presentes la testigo protegida Maritza R. y el juez provincial de Pichincha, Gustavo Osejo.

Según la fiscalía, los acusados ejercieron presión sobre el juez Osejo con el propósito de obtener una resolución favorable en el marco de la acción de protección presentada por la entonces asambleísta Guadalupe Llori, quien buscaba regresar a su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.

Se alega que el juez Jhayya colaboró proporcionando argumentos para respaldar el fallo solicitado por las autoridades del Consejo de la Judicatura. En ese momento, Morillo se encontraba a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura.

La fiscal Salazar también hizo referencia a Virgilio Saquicela, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en ese período. Se mencionó que este caso se relacionó con el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que estaban involucrados Morillo y Barreno.

Durante su presentación, la fiscal Salazar citó transcripciones de audios extraídos de los teléfonos celulares periciados, en los cuales se hacía referencia a la gestión política realizada por los dos vocales para lograr el archivo del proceso de juicio político en octubre. Estos actos se consideran parte de las influencias ejercidas.

Además, se destacó la importancia de las sesiones del Consejo de la Judicatura que tuvieron lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. Fuente: Ecuador en vivo

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Ramiro García denuncia incomunicación con cárcel del Encuentro: ¿qué está pasando?

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El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 23 de marzo de 2026 problemas de comunicación con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena. A través de su cuenta en X, afirmó que no han podido coordinar visitas con sus defendidos. Según indicó, esta situación ocurre pese a tener diligencias judiciales programadas en los próximos días.

García explicó que desde el día anterior han intentado enviar correos electrónicos a las direcciones proporcionadas por el centro penitenciario. Sin embargo, aseguró que todos los mensajes “rebotan” y no existe respuesta institucional. Esto ha impedido fijar un horario específico para reuniones legales urgentes.

El jurista advirtió que esta falta de comunicación afecta directamente el ejercicio del derecho a la defensa. En su pronunciamiento, sostuvo que no existe otra vía efectiva de contacto con el centro. La situación, dijo, los deja nuevamente en un escenario de indefensión frente al proceso.

Caso Triple A: defensa denuncia falta de acceso a sus clientes

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apareció con su abogado desde la cárcel del Encuentro para la reinstalación de la audiencia de juicio del caso Triple A.

Caso Triple A: Ordenan trasladar a Álvarez a Unidad de Santa Elena

En su mensaje, García fue enfático al señalar: “No hay manera de comunicarse con el centro de privación de libertad Santa Elena”. La declaración refleja la preocupación de la defensa ante la imposibilidad de coordinar encuentros previos a audiencias. Estas reuniones son clave para preparar estrategias legales.

Además, detalló que “hemos tratado de enviar de diferentes correos a los correos que se nos han proporcionado oportunamente”. Pese a estos intentos, reiteró que todos los mensajes enviados han sido rechazados. Esto evidencia, según su versión, una falla persistente en los canales oficiales.

El abogado también subrayó que en esta semana existen varias diligencias pendientes, incluyendo una audiencia próxima. Según García, la imposibilidad de reunirse con sus defendidos limita la preparación adecuada del caso. Esto podría incidir en el desarrollo del proceso judicial relacionado con el denominado caso Triple A.

Pedido urgente a autoridades por derecho a la defensa

Ante este escenario, García hizo un llamado directo a las autoridades competentes. Solicitó que se tomen medidas inmediatas para restablecer los canales de comunicación. El objetivo, indicó, es garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la defensa.

“Por favor, a las autoridades solicitamos poner cartas en el asunto”, expresó el abogado en su publicación. La petición busca que se habiliten mecanismos efectivos para coordinar visitas legales. Esto permitiría cumplir con las diligencias previstas sin mayores contratiempos. Fuente: Expreso.ec

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Unidad Popular y Construye cuestionan informe del CNE que busca cancelarlos por ‘no cumplir mínimo de afiliados’

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentesUnidad Popular y el movimiento Construye.

Según el organismo electoral, la medida se basa en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación cuando el número de afiliados cae por debajo del 50% requerido para mantenerse en el registro oficial de organizaciones políticas.

En su comunicado, el CNE detalló que los informes recomiendan el inicio del procedimiento administrativo contra ambas agrupaciones.

Intentos fallidos en el pleno del CNE

La primera sesión para aprobar el informe sobre la cancelación de los partidos se realizó el 20 de marzo, pero no alcanzó los votos necesarios. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.

Ese mismo día, en una segunda convocatoria virtual, no hubo quórum en el pleno, ya que únicamente se conectaron Atamaint y Merino. Una nueva sesión convocada el domingo también fue cancelada.

Movilización de Unidad Popular

Este lunes 23 de marzo, militantes de Unidad Popular se movilizaron en rechazo al proceso impulsado por el CNE. Su director, Geovanny Atarihuana, acudió al organismo electoral junto a simpatizantes para solicitar la certificación de la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones.

La organización pidió archivar el informe, al que calificó como “fraudulento”, y aseguró que el documento no ha sido aprobado por el pleno ni tiene sustento legal. Además, denunció la supuesta invalidación de cerca de 175.000 afiliados, a quienes califican como “afiliados desaparecidos”.

Unidad Popular advirtió que, de avanzar el proceso, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para ejercer su defensa.

Construye denuncia persecución política

Por su parte, el movimiento Construye emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la actuación del CNE y del Gobierno. La organización sostiene que enfrenta una “arremetida” desde hace más de dos años y acusa al Ejecutivo de intentar su “extinción política”.

«El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», apuntó Construye.

En su comunicado, también señala que existe un modelo de autoritarismo en el país, con falta de independencia de poderes, corrupción estructural y persecución a actores políticos, periodistas y organizaciones sociales.

Por último, Construye afirmó que se pronunciará oficialmente una vez que sea notificado formalmente y anticipó que ejercerá su derecho a la defensa. Fuente: Vistazo

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Avión con más de 100 soldados colombianos se accidenta en Putumayo: ¿Qué se sabe?

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En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.

Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.

El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.

avion choque

Avión choca con camión en el aeropuerto LaGuardia en New York: más de 40 heridos

Rescate y atención médica

De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec

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