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Nacionales

Fiscalía emite dictamen acusatorio en contra de los vocales de la Judicatura

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La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha emitido un dictamen en el que acusa a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, como coautores del presunto delito de tráfico de influencias, y al juez de Pichincha, Wladimir Jhayya, como cómplice en este caso.

El dictamen llega después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, validara la actuación de la Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, desestimando las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas de los acusados.

La fiscal Salazar proporcionó detalles de los eventos que tuvieron lugar el 2 de junio de 2022, cuando los acusados se reunieron en la oficina de Morillo en Quito. En esta reunión estuvieron presentes la testigo protegida Maritza R. y el juez provincial de Pichincha, Gustavo Osejo.

Según la fiscalía, los acusados ejercieron presión sobre el juez Osejo con el propósito de obtener una resolución favorable en el marco de la acción de protección presentada por la entonces asambleísta Guadalupe Llori, quien buscaba regresar a su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.

Se alega que el juez Jhayya colaboró proporcionando argumentos para respaldar el fallo solicitado por las autoridades del Consejo de la Judicatura. En ese momento, Morillo se encontraba a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura.

La fiscal Salazar también hizo referencia a Virgilio Saquicela, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en ese período. Se mencionó que este caso se relacionó con el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que estaban involucrados Morillo y Barreno.

Durante su presentación, la fiscal Salazar citó transcripciones de audios extraídos de los teléfonos celulares periciados, en los cuales se hacía referencia a la gestión política realizada por los dos vocales para lograr el archivo del proceso de juicio político en octubre. Estos actos se consideran parte de las influencias ejercidas.

Además, se destacó la importancia de las sesiones del Consejo de la Judicatura que tuvieron lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. Fuente: Ecuador en vivo

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Superintendencia de Bancos alerta sobre 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026

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La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.

Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.

Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.

El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.

En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.

Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.

La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora

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Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

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