Nacionales
Fiscalía emite dictamen acusatorio en contra de los vocales de la Judicatura
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha emitido un dictamen en el que acusa a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, como coautores del presunto delito de tráfico de influencias, y al juez de Pichincha, Wladimir Jhayya, como cómplice en este caso.
El dictamen llega después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, validara la actuación de la Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, desestimando las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas de los acusados.
La fiscal Salazar proporcionó detalles de los eventos que tuvieron lugar el 2 de junio de 2022, cuando los acusados se reunieron en la oficina de Morillo en Quito. En esta reunión estuvieron presentes la testigo protegida Maritza R. y el juez provincial de Pichincha, Gustavo Osejo.
Según la fiscalía, los acusados ejercieron presión sobre el juez Osejo con el propósito de obtener una resolución favorable en el marco de la acción de protección presentada por la entonces asambleísta Guadalupe Llori, quien buscaba regresar a su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.
Se alega que el juez Jhayya colaboró proporcionando argumentos para respaldar el fallo solicitado por las autoridades del Consejo de la Judicatura. En ese momento, Morillo se encontraba a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura.
La fiscal Salazar también hizo referencia a Virgilio Saquicela, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en ese período. Se mencionó que este caso se relacionó con el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que estaban involucrados Morillo y Barreno.
Durante su presentación, la fiscal Salazar citó transcripciones de audios extraídos de los teléfonos celulares periciados, en los cuales se hacía referencia a la gestión política realizada por los dos vocales para lograr el archivo del proceso de juicio político en octubre. Estos actos se consideran parte de las influencias ejercidas.
Además, se destacó la importancia de las sesiones del Consejo de la Judicatura que tuvieron lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. Fuente: Ecuador en vivo
Nacionales
Caso Mario Godoy ya tiene fecha en la Comisión de Fiscalización: así ha reaccionado el correísmo
El proceso contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ya fue agendado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este martes 13 de enero, Ferdinand Álvarez, presidente de la mesa legislativa, confirmó que la sesión para conocer el caso se realizará el jueves a las 15:00.
Álvarez explicó que en esa jornada se procederá primero a avocar conocimiento del pedido y luego a calificarlo, una vez revisada la documentación presentada. “Primero avocamos conocimiento y, ya una vez que hemos revisado la información, se somete a votación la calificación”, señaló.
El Consejo de la Judicatura, presidido por Godoy, está bajo cuestionamientos tras denuncias por presuntas amenazas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano, en un caso vinculado a un ciudadano serbio acusado de narcotráfico, quien habría sido cliente de la esposa de Godoy; y por el que habría intercedido el exdirector de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor.
El pedido de juicio político contra Mario Godoy fue presentado por cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana: Viviana Veloz, Xavier Lasso, Liliana Durán, Raúl Chávez y Franklin Samaniego. No consta ningún legislador del movimiento oficialista ADN entre los interpelantes.
No obstante, Ferdinand Álvarez indicó que su bancada participará activamente en el proceso. “Aportaremos con elementos que sumen a la investigación del juicio político”, aseguró.
Reacciones del correísmo
Desde la Revolución Ciudadana se cuestionó la forma en que la Comisión de Fiscalización ha manejado los tiempos del proceso. El asambleísta Xavier Lasso señaló que el oficialismo estaría dando tiempo a Godoy para maniobrar dentro de la Judicatura.
“El oficialismo dice estar a favor del juicio político, pero hace todo lo posible para dilatarlo. Con ese oxígeno, Godoy está pidiendo la renuncia de notarios y ya lo hizo con directores provinciales del Consejo de la Judicatura”, afirmó.
Lasso también cuestionó que, «el presidente de la Comisión de Fiscalización convoca a la sesión para conocer el proceso el último día del plazo que le otorga la ley, ignorando la urgencia del país para tener una justicia libre de las influencias del narcotráfico«.
De su lado, la legisladora Viviana Veloz enfatizó que así como renunció el Presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, por la «indignación ciudadana», Mario Godoy debería dar un paso al costado.
«Eso es lo mínimo en una República que respeta la institucionalidad. Pero eso solo ocurre en democracias reales. Aquí, en cambio, se aferran al poder, al cargo y usan las instituciones como escudos personales», acotó.
Este lunes, Veloz también cuestionó que la Comisión de Fiscalización haya optado por usar los plazos máximos en lugar de los mínimos establecidos en la ley.
«Pudieron convocar hoy para calificar el proceso de enjuiciamiento contra Mario Godoy y no lo hicieron ( art.81 LOFL) ¿Le están dando oxígeno para que nombre jueces y mueva fichas en el CJ? ¿O recién convocarán el viernes porque ni siquiera han convocado a sesiones del Pleno y prefieren la comodidad?
Por último, Veloz dijo que «cada día de dilación pone en riesgo la seguridad y la independencia judicial. Queda claro: tienen una consigna, salvar a Mario Godoy». Fuente: Vistazo
En medio de una nueva sacudida institucional en la función judicial, Daniella Camacho Herold, la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia, asumió desde este lunes 12 de enero la presidencia temporal del máximo tribunal.
Daniella Camacho es Doctora en jurisprudencia, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Magíster en derecho procesal con mención penal, se desempeñó como fiscal penal de Pichincha, fiscal de asuntos indígenas y exjefa nacional de protección y asistencia a víctimas de la Fiscalía General del Estado. De 2012 a 2018 trabajó como conjueza en la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El 26 de enero de 2018 se integró como jueza penal de la Corte Nacional tras encabezar la lista de mujeres con el mejor puntaje del concurso de renovación parcial del Alto Tribunal, desde entonces llevó adelante varias causas de connotación social.
Fue parte del Tribunal que condenó al exministro de energía, Alecksey Mosquera; confirmó la sentencia de seis años de prisión al exvicepresidente, Jorge Glas, en el caso Odebrecht. Dispuso el arresto del expresidente, Rafael Correa, tras llamarlo a juicio por el secuestro del político, Fernando Balda. Intervino en el fallo judicial que derivó en la condena a la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos.
Actuó como integrante del Tribunal que declaró la inocencia de Fernando Alvarado y tres personas más en el caso Secom. Y del que resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado en el caso Singue.
Actualmente, está frente al caso Ligados, que investiga a exconsejeros de Participación Ciudadana por presunta asociación ilícita.
A lo largo de su trayectoria en la Corte Nacional, a Camacho se la ha relacionado en distintos momentos con el expresidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado por casos de corrupción, Wilman Terán.
Camacho fue quien impulsó su nombre en el Pleno para que fuera incluido en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Meses más tarde se excusó del caso Metástasis argumentando una amistad íntima con él.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó este martes 13 de enero, que otorgó una prórroga extraordinaria para la presentación de declaraciones y anexos tributarios cuyo vencimiento estaba fijado para el 12 de enero.
La decisión que consta en la resolución NAC-DGERCGC26-000000002, se tomó luego de que la entidad registrara intermitencias en sus plataformas digitales, ocasionadas por el alto volumen de transacciones y de información procesada durante la jornada. Estas fallas impidieron que numerosos contribuyentes pudieran cumplir con sus obligaciones en las fechas señaladas.
La ampliación del plazo se aplicará de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) e incluye también a los contribuyentes especiales. Según el nuevo cronograma, quienes tengan RUC terminado en 1 y 2 podrán declarar hasta el 21 de enero, mientras que los contribuyentes especiales tendrán plazo hasta el 15 de enero.
El SRI precisó que las declaraciones realizadas dentro de estas nuevas fechas no generarán intereses ni sanciones, siempre que se respeten los plazos establecidos.
La entidad tributaria recomendó a los usuarios verificar con anticipación el calendario correspondiente a su RUC y realizar el trámite con tiempo para evitar nuevos inconvenientes derivados de la alta demanda en los sistemas.
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