Nacionales
Fiscalía emite dictamen acusatorio en contra de los vocales de la Judicatura
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha emitido un dictamen en el que acusa a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, como coautores del presunto delito de tráfico de influencias, y al juez de Pichincha, Wladimir Jhayya, como cómplice en este caso.
El dictamen llega después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, validara la actuación de la Fiscalía durante la etapa de instrucción fiscal, desestimando las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas de los acusados.
La fiscal Salazar proporcionó detalles de los eventos que tuvieron lugar el 2 de junio de 2022, cuando los acusados se reunieron en la oficina de Morillo en Quito. En esta reunión estuvieron presentes la testigo protegida Maritza R. y el juez provincial de Pichincha, Gustavo Osejo.
Según la fiscalía, los acusados ejercieron presión sobre el juez Osejo con el propósito de obtener una resolución favorable en el marco de la acción de protección presentada por la entonces asambleísta Guadalupe Llori, quien buscaba regresar a su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional.
Se alega que el juez Jhayya colaboró proporcionando argumentos para respaldar el fallo solicitado por las autoridades del Consejo de la Judicatura. En ese momento, Morillo se encontraba a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura.
La fiscal Salazar también hizo referencia a Virgilio Saquicela, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en ese período. Se mencionó que este caso se relacionó con el proceso de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, en el que estaban involucrados Morillo y Barreno.
Durante su presentación, la fiscal Salazar citó transcripciones de audios extraídos de los teléfonos celulares periciados, en los cuales se hacía referencia a la gestión política realizada por los dos vocales para lograr el archivo del proceso de juicio político en octubre. Estos actos se consideran parte de las influencias ejercidas.
Además, se destacó la importancia de las sesiones del Consejo de la Judicatura que tuvieron lugar del 31 de mayo al 2 de junio de 2022. Fuente: Ecuador en vivo
Nacionales
Daniel Noboa ratifica funciones de la vicepresidenta al designar nuevo ministro de Salud
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 372 la ratificación de funciones de la vicepresidenta María José Pinto, quien había asumido de manera temporal el Ministerio de Salud Pública.
El documento, emitido el 28 de abril de 2026, reafirma las responsabilidades previamente asignadas a Pinto como delegada del Ejecutivo ante el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, en línea con lo establecido en los decretos No. 3 de mayo de 2025 y No. 237 de diciembre del mismo año.
En el texto, el Ejecutivo resalta su participación en la implementación de políticas públicas enfocadas en la reducción de la desnutrición crónica infantil, una de las prioridades del Gobierno.
La vicepresidenta estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública durante cerca de cinco meses, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 27 de abril de 2026, en calidad de encargada.
Tras su salida de la cartera, el mandatario designó a Jaime Otton Bernabé Erazo como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública. Con este nombramiento, Bernabé se convierte en el séptimo funcionario —entre ministros titulares y encargados— en ocupar esa función durante los 18 meses de gestión del actual Gobierno.
Nacionales
Ministro Jaime Bernabé Erazo anuncia cuatro ejes para fortalecer el sistema de salud
El nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo, asumió sus funciones con un llamado a trabajar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para fortalecer el sistema público de salud y garantizar una atención digna, oportuna y de calidad en el país.
En sus primeras declaraciones, Erazo agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza depositada para asumir esta responsabilidad y señaló que llega al cargo en un momento que exige compromiso, seriedad y resultados. Además, afirmó que su gestión buscará consolidar los avances alcanzados y profundizar una administración más cercana a la ciudadanía.
El ministro anunció que su trabajo estará enfocado en cuatro ejes de acción. El primero será garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales, con el propósito de que lleguen de manera oportuna a cada establecimiento de salud.
Como segundo eje, planteó la optimización de la capacidad operativa de hospitales y centros de salud, mediante una mejor gestión de recursos, procesos más ágiles y un uso eficiente de la infraestructura disponible. Según Erazo, esta línea de acción permitirá mejorar los tiempos de atención y la calidad del servicio.
El tercer eje estará orientado a priorizar la atención primaria como base del sistema sanitario. Para ello, se buscará cerrar brechas en talento humano, equipamiento e infraestructura, con el fin de ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer nivel y ordenar la demanda hacia un modelo más eficiente.
Finalmente, Erazo aseguró que impulsará una lucha frontal contra la corrupción, con transparencia, control y firmeza en cada acción del sistema de salud.
El nuevo ministro convocó al personal sanitario, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos para construir un sistema de salud más sólido, eficiente y humano, en beneficio de la población.
Nacionales
Asamblea da luz verde a reforma penitenciaria de Noboa: estos son los cambios en las cárceles de Ecuador
La Asamblea Nacional, con 85 votos afirmativos, se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Con esta decisión, la normativa será remitida al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.
En la sesión del Pleno desarrollada este martes 28 de abril, el asambleísta ponente del informe, Mario Zambrano, argumentó que las cárceles han sido durante demasiado tiempo espacios en donde el crimen organizado ha desafiado al Estado.
“El hacinamiento, la falta de control y las deficiencias normativas han tenido un costo muy alto para las familias, por lo que esta reforma es fundamental. Además, mediante la objeción parcial se proponen mejoras que no cambian el espíritu de la normativa ni su esencia, sí la hacen más sólida, técnica y eficiente”, enfatizó.
Entre los principales cambios incorporados constan las definiciones para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el propósito de garantizar mayor claridad jurídica y uniformidad normativa.
Otra modificación amplía el derecho de impugnación de traslados, que inicialmente estaba limitado únicamente a personas sentenciadas. Con la reforma, este derecho se extiende a todas las personas privadas de libertad en casos de embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como cuando se requiera tratamiento psiquiátrico.
De manera específica, se revisa la incorporación de un régimen especial para militares en servicio pasivo que se integren al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
La normativa fortalece al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. Además, permite la incorporación de policías y militares en servicio pasivo al sistema penitenciario.
También establece la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo, e implementa un régimen especial para internos de alta peligrosidad.
Entre otros aspectos, refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras criminales dentro de las cárceles. Además, introduce reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción interna.
La ley incorpora políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de que las personas privadas de libertad trabajen para sustentar sus necesidades. Fuente: Vistazo
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