Nacionales
Este es el contenido de la agenda que Carolina Jaume entregó a Mayra Salazar
La existencia de la agenda se conoció el 16 de febrero de 2024. Ese viernes, Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, la entregó a la Fiscalía para que entre en cadena de custodia y sea periciada.
Según Toledo, esa agenda contenía manuscritos con información que contribuía a su defensa. Salazar es procesada en el caso Metástasis, señalada como operadora del narcotraficante Leandro Norero en una red de corrupción judicial.
El 28 de marzo de 2024, Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado, ya que se convirtió en testigo protegida. La mujer volvió a referirse a la agenda y aseguró que en esta constaban detalles de los operadores de Xavier Jordán, señalado por corrupción hospitalaria y supuesto socio de Norero.
Salazar reveló que esa agenda se la había entregado Carolina Jaume, a finales de 2023. La actriz y presentadora de televisión le había pedido que revelara el contenido de esa agenda si le llegaba a pasar algo.
Jaume es la exesposa del empresario Allan Fernando Z. A., cuyo hermano es uno de los coprocesados de Jordán en el caso de delincuencia organizada por la supuesta corrupción hospitalaria.
El contenido de la agenda Luego de 35 días de tenerla en su poder, la Policía presentó la pericia de reconocimiento de la agenda. Se trata de una agenda pequeña, con pasta de color negro, que tiene en su portada el logotipo asociado a los Avengers, un comic de superhéroes de Marvel.
La pericia incluye las fotografías de 100 páginas de esta agenda, con contenido escrito a mano.
En las primeras páginas, por ejemplo, hay información suelta, con tres palabras: «Bicicleta, Ronald y Katherine». Así como el número de una factura por un valor de USD 285, signado como adicional.
En las siguientes páginas, en cambio, hay una lista de cuentas bancarias asociadas a empresas y personas naturales. Por ejemplo, están los números de cuentas de Allan Z., el exesposo de Jaume, y de Federico Z., coprocesado de Jordán en la corrupción hospitalaria
Así como los números de RUC de las empresas Digao, Rockvit y Perikin INN, que según la Superintendencia de Compañías pertenecen a Federico Z.
También hay información sobre una tabla de intereses y plazos de créditos diferidos con intereses y datos sobre pagos con tarjetas de créditos.
Proteínas, gimnasio y préstamos personales
En el resto de la agenda, en decenas de páginas, en cambio, hay apuntes sobre las cuentas personales del dueño de la agenda.
Por ejemplo, hay muchos valores y números asociados a aparentes ventas de proteínas y suplementos vitamínicos y alimenticios que usan los deportistas en los gimnasios. El exesposo de Jaume y su hermano, justamente, se dedicaban a este negocio.
Hay un listado de clientes que compran las proteínas y los abonos que hacen para cumplir con los pagos.
También otra lista de personas a las que, aparentemente, el dueño de la agenda les hizo préstamos personales y cómo los van pagando. También listas de tareas como inventarios, creación de chats, aprender configuraciones tecnológicas, entre otras.
Es decir, a primera vista, no hay información relacionada con Jordán o la corrupción hospitalaria. Sin embargo, la tarde del 2 de abril de 2024, Carolina Jaume rendirá su versión ante la Fiscalía y dará más luces sobre el contenido de la agenda y la relación de esos nombres con posibles casos de corrupción. Fuente: Primicias


Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad

Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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