Nacionales
Este es el contenido de la agenda que Carolina Jaume entregó a Mayra Salazar
La existencia de la agenda se conoció el 16 de febrero de 2024. Ese viernes, Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, la entregó a la Fiscalía para que entre en cadena de custodia y sea periciada.
Según Toledo, esa agenda contenía manuscritos con información que contribuía a su defensa. Salazar es procesada en el caso Metástasis, señalada como operadora del narcotraficante Leandro Norero en una red de corrupción judicial.
El 28 de marzo de 2024, Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado, ya que se convirtió en testigo protegida. La mujer volvió a referirse a la agenda y aseguró que en esta constaban detalles de los operadores de Xavier Jordán, señalado por corrupción hospitalaria y supuesto socio de Norero.
Salazar reveló que esa agenda se la había entregado Carolina Jaume, a finales de 2023. La actriz y presentadora de televisión le había pedido que revelara el contenido de esa agenda si le llegaba a pasar algo.
Jaume es la exesposa del empresario Allan Fernando Z. A., cuyo hermano es uno de los coprocesados de Jordán en el caso de delincuencia organizada por la supuesta corrupción hospitalaria.
El contenido de la agenda Luego de 35 días de tenerla en su poder, la Policía presentó la pericia de reconocimiento de la agenda. Se trata de una agenda pequeña, con pasta de color negro, que tiene en su portada el logotipo asociado a los Avengers, un comic de superhéroes de Marvel.
La pericia incluye las fotografías de 100 páginas de esta agenda, con contenido escrito a mano.
En las primeras páginas, por ejemplo, hay información suelta, con tres palabras: «Bicicleta, Ronald y Katherine». Así como el número de una factura por un valor de USD 285, signado como adicional.
En las siguientes páginas, en cambio, hay una lista de cuentas bancarias asociadas a empresas y personas naturales. Por ejemplo, están los números de cuentas de Allan Z., el exesposo de Jaume, y de Federico Z., coprocesado de Jordán en la corrupción hospitalaria
Así como los números de RUC de las empresas Digao, Rockvit y Perikin INN, que según la Superintendencia de Compañías pertenecen a Federico Z.
También hay información sobre una tabla de intereses y plazos de créditos diferidos con intereses y datos sobre pagos con tarjetas de créditos.
Proteínas, gimnasio y préstamos personales
En el resto de la agenda, en decenas de páginas, en cambio, hay apuntes sobre las cuentas personales del dueño de la agenda.
Por ejemplo, hay muchos valores y números asociados a aparentes ventas de proteínas y suplementos vitamínicos y alimenticios que usan los deportistas en los gimnasios. El exesposo de Jaume y su hermano, justamente, se dedicaban a este negocio.
Hay un listado de clientes que compran las proteínas y los abonos que hacen para cumplir con los pagos.
También otra lista de personas a las que, aparentemente, el dueño de la agenda les hizo préstamos personales y cómo los van pagando. También listas de tareas como inventarios, creación de chats, aprender configuraciones tecnológicas, entre otras.
Es decir, a primera vista, no hay información relacionada con Jordán o la corrupción hospitalaria. Sin embargo, la tarde del 2 de abril de 2024, Carolina Jaume rendirá su versión ante la Fiscalía y dará más luces sobre el contenido de la agenda y la relación de esos nombres con posibles casos de corrupción. Fuente: Primicias
Nacionales
Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares
La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de Machala, Darío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.
Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.
Presuntos movimientos millonarios del alcalde
Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.
Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.
La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo
En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista María Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.
María Ruiz, profesional que ejerce la abogacía penal tanto en España como en Francia y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Ecuador, explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.
“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.
En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.
La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.
En este contexto, María Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.
“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.
Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.
La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.
Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.
El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.
La participación de María Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.
Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.
Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado
De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.
Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.
Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.
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