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Nacionales

Esposa de Freddy Carrión dice que no hay evidencia de la supuesta agresión sexual

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Priscila Schettini dijo que su esposo ha sido víctima de un linchamiento mediático y político y arremetió contra la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.


“Les quiero recordar, aunque no soy abogada, que el hecho de que ustedes tengan inmunidad parlamentaria, no les da derecho de difamar ni a maltratar la honra de las personas”, les dijo Priscila Schettini, esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización.  

Schettini compareció como parte de las pruebas de descargo que requirió Carrión dentro del juicio político que se le sigue por presunto incumplimiento de funciones. En mayo, Carrión fue detenido por presunto ataque sexual a la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, durante una fiesta que habrían mantenido los tres en la vivienda del exfuncionario, por lo que está

llamado, además, a juicio penal.

Sin embargo, Schettini aseguró que, tanto el juicio penal como el político se basan en acusaciones manipuladas por personas interesas en hacerle daño a su esposo. Manifestó que no hay evidencia de abuso sexual, que los videos que se difundieron están editados, que no hubo una fiesta clandestina, y que no existe incumplimiento de funciones. 

Más respuestas

La pareja del Defensor rechazó las aseveraciones del legislador interpelante, Ricardo Vanegas (PK), de que los 47 mil dólares encontrados en la vivienda de Falconí estaban destinados para pagarle a Carrión. Para Schettini quien debería estar llamado a juicio es el exministo, para que explique el origen y destino de ese dinero.

Autorizado por la Comisión, Carrión estuvo presente en las comparecencias para que tenga oportunidad de preguntar a los convocados. Al final, en declaraciones a la prensa, insinuó que Falconí le puso algo a su bebida. “Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente aparezca que no tengo un grado de alcohol”, dijo.

Entre las comparecencias que Carrión solicitó como prueba de descargo estuvo la de Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría en Galápagos. Castillo centró su intervención en contar que había sido despedido de la institución de manera ilegal por la defensora subrogante Zaida Rovira, afectando sus Derechos Humanos. Vanegas, por su parte, le cuestionó por solicitar viáticos para trasladarse dentro de Galápagos.

Mientras que la perfiladora Nora Mantilla aseguró que tan victimario puede ser Carrión como el propio Falconí.

Para mañana están convocadas la fiscal general, Diana Salazar; la defensora subrogante, Zaida Rovira; y Tania Castillo, quien disputa la subrogación.

Nacionales

¿Se borran las deudas después de 2 años? Esto cambia en el buró de crédito

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Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.

La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).

La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.

La clave está en diferenciar registro y reporte

Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.

La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.

Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.

Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.

La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.

¿Una deuda se borra después de dos años?

No necesariamente.

El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.

Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.

En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.

Nuevos datos podrán ser considerados

La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.

Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.

Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.

Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.

¿Qué significa para quienes tienen deudas?

El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.

Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.

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Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico

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La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.

La intervención se realizó el 21 de agosto de 2026, luego de un proceso de inteligencia que permitió determinar la ubicación y las dimensiones de la infraestructura.

Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.

El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.

Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.

Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.

Con estas intervenciones, la superficie quedó interrumpida y perdió las condiciones necesarias para permitir el aterrizaje o despegue de aeronaves.

Auge del narcotráfico en Ecuador

Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.

Desde 2021, el país registra decomisos anuales cercanos a las 200 toneladas de droga y en 2024 alcanzó cifras cercanas a las 300 toneladas incautadas. Fuente: Vistazo
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Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez

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La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a Navila D. B., hermana de los dos procesados.

Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.

El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas

Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.

Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.

En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.

Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.

Fiscalía analiza estas diferencias como parte de los elementos destinados a determinar si existieron recursos cuyo origen no habría sido justificado adecuadamente.

El vínculo con el Municipio de Guayaquil

La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.

A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.

Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.

Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.

Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria enriquecimiento ilícito.

Órdenes de prisión

El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.

Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.

En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.

La Fiscalía deberá continuar determinando el origen de los más de USD 1,2 millones identificados en el sistema financiero, así como la posible relación entre los movimientos económicos, las actividades empresariales y los vínculos investigados alrededor del Municipio de Guayaquil. Fuente: Vistazo
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