Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Consejo de la Judicatura aprobó el uso de avatares para proteger la identidad de los jueces
El Consejo de la Judicatura aprobó un nuevo protocolo de seguridad de jueces, fiscales y otros operadores de justicia frente a las amenazas del crimen organizado. En este marco, el Pleno de la institución aprobó el «Protocolo Técnico-Operativo para el Uso de Avatares Digitales en Audiencias Telemáticas».
Este nuevo protocolo forma parte del Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial. El principal objetivo es proteger la seguridad de los jueces con transparencia total, indicó el Consejo de la Judicatura.
Esta nueva disposición implementa el uso voluntario de avatares digitales en audiencias telemáticas. Esta herramienta promueve el resguardo de la identidad biométrica de los jueces, el cumplimiento del debido proceso ya que el juez dirige la audiencia y las partes procesales conocen su identidad en todo momento.
Esta nueva disposición no se trata de un sistema de jueces sin rostro
«No se trata de un sistema de ‘jueces sin rostro'», enfatizó la institución.
El objetivo de esta decisión es resguardar, de manera exclusiva, la identidad biométrica de los administradores de justicia durante las diligencias virtuales relacionadas con casos de alta complejidad y riesgo.
El Consejo de la Judicatura indicó que este mecanismo garantiza la total transparencia procesal y difiere radicalmente de otros sistemas como los denominados «jueces sin rostro» donde se desconoce la identidad total de quienes administran justicia.
El contenido del protocolo aprobado asegurará que, desde el sorteo de las causas, las partes procesales conozcan en todo momento los nombres, apellidos, cargos y competencias de los jueces asignados.
«Lo único que se sustituirá tecnológicamente es la transmisión de los rasgos faciales de los magistrados, es decir, el avatar protegerá su imagen biométrica para evitar el perfilamiento criminal, el reconocimiento facial automatizado y la creación de contenidos de video, imagen o audio manipulados mediante tecnologías como la inteligencia artificial«, explicó el Consejo de la Judicatura a través de un comunicado.
Uso de avatar cumple con el COIP
El uso del avatar institucional no vulnera la exigencia de una comunicación real, directa y fidedigna establecida en el artículo 565 del COIP, puesto que no sustituye al juzgador.
Detrás de la representación gráfica, se encontrará el juez en tiempo real, previamente autenticado. Él mantendrá de forma exclusiva la dirección de la audiencia y sus facultades jurisdiccionales.
Jueces decidirán voluntariamente el uso del avatar
El protocolo establece claramente que el uso del avatar no será obligatorio ni generalizado. Será un mecanismo voluntario y excepcional que el juez podrá solicitar frente a riesgos objetivos, como procesos de delincuencia organizada, crimen transnacional o amenazas directas.
El uso del avatar no reemplazará a la toma decisiones jurisdiccionales ni delegará funciones que le corresponden al juez quien continuará dirigiendo personalmente la audiencia, valorará la prueba y garantizará los derechos de defensa, inmediación, contradicción y publicidad.
Amenazas a jueces en Ecuador
El Consejo de la Judicatura realizó un diagnóstico nacional, en el cual se registró que 127 servidores judiciales han recibido amenazas y 23 han sido víctimas de hechos de violencia. También se contabilizaron tres ataques contra la infraestructura judicial y 142 falsas alarmas de bombas.
Esto se complementa con los nuevos lineamientos para el teletrabajo para situaciones de riesgo y/o seguridad. También hay un protocolo de primeros auxilios en el área psicológica para los funcionarios judiciales y capacitaciones de autoprotección y prevención de riesgos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Caso Villavicencio: Fiscalía pidió difusión roja de Interpol para José Serrano, Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Wilmer Chavarría
La Fiscalía General del Estado solicitó en su dictamen acusatorio la ratificación de la prisión preventiva para los siete procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, que se registró el pasado 9 de agosto de 2023 en Quito.
Además, pidió que Xavier Jordán; el exministro del correísmo, José Serrano; el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga; Daniel Salcedo; y tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Luis Arboleda, alias Gordo Luis; y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, sean procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato.
En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó que se declaren como prófugos a Jordán, Serrano, quienes se encuentran en Estados Unidos; a Aleaga, en Venezuela; y, Chavarría, en España.
Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes
En tanto que para los siete procesados, la Fiscalía pidió la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas en el sistema financiero nacional.
En favor de las víctimas, la institución solicitó medidas de protección y la ratificación de las medidas dispuestas en la audiencia de formulación de cargos.
La audiencia se reinstalará el 9 de agosto con la intervención de las acusaciones particulares.
Al momento, cinco personas ya fueron sentenciadas en calidad de autores y cómplices por el acto material del asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo
Varios amigos de Fernando Villavicencio recordaron este 9 de agosto los tres años de su asesinato en el lugar en donde fue acribillado el excandidato presidencial, en el norte de Quito. Acudieron con un arreglo floral, con un cartel con la imagen del excandidato presidencial y con camisetas de la campaña de 2023.
Christian Zurita y Carlos Figueroa encabezaron el encuentro para recordar el crimen de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Mientras que otros siete procesados son inculpados por la Fiscalía de ser autores mediatos por su presunta participación en el delito de asesinato. En esa lista se encuentran José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. En este caso, todavía se realizan las audiencias preparatorias de juicio,
Tres años de lucha para evitar el olvido del asesinato de Villavicencio
Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, recordó que estos tres años han sido de lucha incesante de su familia y de quienes han ayudado a evitar el silencio y sobre todo el olvido.
«Fernando dejó un enorme vacío en la sociedad ecuatoriana. En lo político, un proyecto truncado, en lo social, en lo civil, en lo ciudadano, un vacío difícil de llenar. Una voz única irrepetible en la historia del país«, indicó Zurita, quien como periodista colaboró en varias de las investigaciones impulsadas por Villavicencio y luego fue nombrado candidato presidencial en su reemplazo en las elecciones de 2023.
«Existen otros grupos que todavía están por definirse. El primer grupo de asesinos relacionados a los carteles políticos han sido ya puestos al descubierto, pero existen otros grupos que aún no han sido tocados y que luego de la sentencia aspiramos que pueda considerarse y tomarse en cuenta», indicó Zurita.
Carlos Figueroa, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio eran conocidos como los «tres de Sarayaku». Ellos se refugiaron en esa comunidad de Pastaza huyendo de la persecución en el gobierno de Rafael Correa en 2014, luego de que fueron enjuiciados por calumnias. Fuente: Vistazo
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