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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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John Pólit es sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión en Estados Unidos

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John Pólit Estévez, hijo del excontralor ecuatoriano, Carlos Pólit Faggioni, fue condenado este miércoles a tres años y cuatro meses de prisión en Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por conspiración para el lavado de activos provenientes de actividades criminales, en el marco de la trama de sobornos de Odebrecht.

El sentenciado, de 43 años, deberá entregarse a la justicia estadounidense de manera voluntaria el próximo 7 de enero. El año pasado ya se había declarado culpable por su papel en el lavado de aproximadamente USD 16,5 millones en fondos de los esquemas de soborno que su padre, sobre quien recae una pena en ese país de diez años de prisión, llevó a cabo en Ecuador de 2010 a 2018.

En Ecuador, Pólit Estévez y Pólit Faggioni fueron sentenciados en junio de 2018: el primero recibió tres años de prisión como cómplice de concusión y el segundo fue condenado a seis años como autor del delito. Además, el fallo estableció una reparación integral al Estado por 40,4 millones de dólares.

Señalamientos contra Pólit Estévez surgieron en el marco del juicio de Pólit Faggioni, que inició en abril del año pasado en Miami. Múltiples testigos relataron la modalidad que utilizaba el excontralor y su hijo para enriquecerse con el lavado de las coimas provenientes del conglomerado brasileño de construcción, Odebrecht, y Diego Sánchez, un empresario de reaseguros.

Por ejemplo, el brasileño José Conceiçao Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, reveló que entregó al excontralor millones de dólares en maletas y este le comentó que su hijo era quien “desaparecía” el dinero porque tenía contactos con bancos.

Eso devino en que Pólit Estévez enfrentara un proceso similar, en cuyo marco resultó beneficiado por un acuerdo de culpabilidad, a través del que accedió a cooperar con el Gobierno de Estados Unidos en posteriores investigaciones, a cambio de enfrentar solo uno de cinco cargos que le fueron formulados en su contra. Fuente: Vistazo

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‘No le doy oídos a cosas que no valen la pena’: Marcela Aguiñaga reacciona a señalamientos de Luisa González

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La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió a las declaraciones de la presidente de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien sostuvo que no debería volver a recibir el aval del movimiento correísta, de cara a las próximas elecciones seccionales.

«No le doy oídos a cosas que no valen la pena», dijo la funcionaria a medios este miércoles, apuntando que no ha dirigido su atención a la polémica, y que, en cambio se encuentra enfocada en labores de prevención para las afectaciones previstas por la época invernal.

No obstante, afirmó que mantiene la intención de postularse nuevamente con el respaldo de la Revolución Ciudadana, un movimiento que —dijo— “ayudó a que fuera construido”. Además, restó importancia a los comentarios de González, a los que calificó simplemente como “una opinión”.

Señalamientos contra Alvarez y Aguiñaga

“Yo sí creo que hay muchas autoridades que no deberían repetir como candidatos nuestros, más allá de que quien decide eso es el buró, en una reunión amplia con directores”, fue lo que dijo González este martes en una entrevista, nombrando luego a Aguiñaga

Luisa González también cuestionó la postura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien llegó al cargo con el apoyo electoral del movimiento correísta.

“Alvarez llegó con los votos de la RC”, enfatizó González, pero “ha dicho claramente que él no pertenece a la Revolución Ciudadana, que no asiste a nuestras convenciones, que no le gusta este tema de nuestra militancia, el trabajo orgánico”.

González reiteró que Alvarez no pertenece a la RC y ha dicho que tampoco se siente identificado con el movimiento político, «pero que sí es muy afín al expresidente Rafael Correa». Fuente; Vistazo

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La Revolución Ciudadana asegura »que Glas ‘se va a morir en manos del Estado’ si no recibe medicinas

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El correísmo denunció este miércoles que el exvicepresidente Jorge Glas «se va a morir en manos del Estado» ecuatoriano si «no tiene acceso a sus medicinas» en el interior de la nueva cárcel emblema del presidente Daniel Noboa, a la que fue trasladado la semana pasada.

«La medicación de Jorge Glas no ha sido administrada desde que fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Él recibe una medicación mensual, una inyección que no ha sido administrada y su situación se podría complicar», señaló la asambleísta Damaris Cáceres en una rueda de prensa desde la Asamblea Nacional.

«Si Jorge Glas no tiene acceso a sus medicinas, se va a morir en manos del Estado«, alertó la legisladora, que añadió que el expolítico supuestamente tampoco ha recibido agua, comida y suplementos que «podrían mantener su estado de salud por lo menos estable».

$!Fotografía que muestra a Glas ingresando a la Cárcel del Encuentro.

Antes de ese traslado, Glas estaba recluido en La Roca, la que era la prisión de máxima seguridad del país, y en donde permanecía desde 2024, cuando fue detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.

Trato inhumano

Su abogada, Sonia Vera, ya había denunciado el martes que Glas se enfrentaba a un trato inhumano en la nueva prisión, cuya construcción solo tiene un 40% de avance, y que él mismo le había contado por medio de una reunión telemática que no estaba recibiendo correctamente su medicina ni atención médica, entre otras cosas.

Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló este miércoles que el exvicepresidente «ha tenido más de cuatro visitas médicas en este corto tiempo y ha tenido la atención necesaria».

La asambleísta Ledy Zúñiga exigió al Gobierno de Noboa que cumpla con las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado octubre, que ordenaron al Estado ecuatoriano garantizar la salud física y mental del expolítico.

«Su vida está en peligro y aquí hay una obligación que cumplir. No es discrecional. Exigimos que termine la vendetta política que están haciendo con nuestro querido compañero vicepresidente», señaló. Fuente: Vistazo

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