Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Los nombres de eventuales candidatos empiezan a aparecer y también la conformación de los llamados binomios seccionales (duplas de candidatos a alcaldes de capitales y prefectos) como un motor electoral para el arrastre de votos de uno a favor del otro y viceversa. Una de estas duplas que empezó a sonar con fuerza al menos en los últimos días fue la de Marcela Aguiñaga para la prefectura del Guayas y Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, de la misma manera que nació también murió.
EXPRESO conoció por una fuente cercana a la Prefectura del Guayas que un eventual binomio electoral para las seccionales con la exalcalde de Guayaquil queda descartado. «Sería antinatural participar con alguien con quien no comparte una línea ideológica», comentó esta fuente, quien enfatizó que esto no significa que la prefecta del Guayas descarte participar para la reelección.
Aguiñaga reconoció públicamente en su momento acercamientos y conversaciones con Viteri. En un pasada entrevista con EXPRESO, de enero de este año, la prefecta del Guayas también recordó su paso por la Asamblea Nacional en el que coincidió con Viteri. «Mire, yo me llevo bien con todos, la verdad que con todos tengo relación. A Cynthia (Viteri) la conocí en la Asamblea, fue mi compañera de corredores en ese momento», señaló Aguiñaga en esa conversación.
Elecciones seccionales: el calendario avanza
El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones del 14 de febrero del 2027 que define los hitos importantes del proceso hasta la posesión de las nuevas autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales) y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Estos son algunos de los hitos importantes del calendario electoral:
- 1 de junio del 2026: Entrega del Registro Electoral a Organizaciones Políticas.
- 31 de julio al 14 de agosto del 2026: Procesos de democracia interna de las organizaciones políticas (primarias).
- 31 de agosto al 29 de septiembre: inscripción de candidaturas.
- 10 de enero del 2027: Lista definitiva de candidatos.
- 13 de enero al 11 de febrero del 2027: Campaña electoral.
- 14 de febrero del 2027: Día de la votación.
- 14 de mayo del 2027: Posesión de las autoridades.
Organizaciones en riesgo de no participar
Son, hasta el momento, tres organizaciones políticas las que están en riesgo de no participar en las elecciones del 2027. La Revolución Ciudadana está actualmente suspendida por nueve meses tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, a pedido del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Algunos dirigentes de la lista 5 son investigados por presuntamente haber recibido dinero del régimen venezolano para financiamiento electoral. La dirigente correísta ha inicio un proceso de demandas masivas en contra del fallo del juez.
Las otras dos organizaciones políticas en riesgo son Unidad Popular y Construye. Ambas, de acuerdo a sendos informes jurídicos del Consejo Nacional Electoral habrían pedido un número considerable de adherentes lo que los ubica en una posición legal de eliminación del padrón electoral. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Más de 500 jóvenes participarán en la VIII Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia en Ecuador
En entrevista concedida, la presidenta del Comité Organizador Nacional, Samantha Carrera, anunció la realización de la Octava Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril de 2026 en la ciudad de Manta.
El evento, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, reunirá a más de 500 jóvenes líderes provenientes de aproximadamente 15 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Curasao y Ecuador, consolidándose como un espacio de formación, diálogo y articulación internacional enfocado en el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo juvenil.
Desde la provincia de Zamora Chinchipe participará una delegación de alrededor de 10 jóvenes, liderada por Jhomayra Segovia, directora provincial de la organización en territorio, quienes representarán a la provincia en este encuentro internacional.
La agenda académica contempla tres días de actividades intensivas, estructuradas en conferencias magistrales, espacios de networking y mesas de trabajo. Durante la jornada inaugural, prevista para el 24 de abril, se desarrollarán ponencias a cargo de líderes políticos, autoridades y expertos internacionales, destacando la participación confirmada de la consultora política paraguaya.
En el segundo día se llevarán a cabo 12 mesas de trabajo temáticas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las que delegaciones de distintos países analizarán problemáticas actuales de la juventud y propondrán soluciones en ámbitos como emprendimiento, equidad de género, liderazgo y gobernanza democrática. Estas mesas permitirán la construcción de una agenda global de juventudes con proyección al año 2030.
El evento culminará con un acto de clausura en el que se reconocerá el liderazgo juvenil mediante la entrega del Premio Internacional de la Juventud, dirigido a destacar trayectorias e iniciativas de impacto social a nivel nacional e internacional.
Samantha Carrera resaltó que esta es la primera ocasión en que Ecuador es sede de esta cumbre internacional, lo que representa un hito significativo en el posicionamiento del país como referente en la formación de jóvenes líderes. Este logro ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo nacional integrado por jóvenes de distintas provincias, entre ellos Yandri Sánchez, director nacional de la organización, así como representantes de Pichincha, Tungurahua y Bolívar.
Asimismo, se informó que se han coordinado acciones logísticas y de seguridad con autoridades de la provincia de Manabí, garantizando condiciones adecuadas para la recepción de las delegaciones internacionales.
En cuanto a la proyección institucional, la Red Mundial de Jóvenes Políticos anunció la realización de un Congreso Nacional de Juventudes en el mes de agosto en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, orientado a fortalecer el liderazgo juvenil a nivel nacional mediante el intercambio de experiencias, formación académica y construcción de agendas colaborativas.
Finalmente, los organizadores destacaron que la misión de la organización es formar nuevos liderazgos sin distinción ideológica, promoviendo la participación activa de la juventud en procesos sociales, políticos y comunitarios, así como en la gestión de proyectos y mecanismos de participación ciudadana.
Nacionales
Ecuatoriana se arrepiente de haber cambiado su nombre y género: Corte Constitucional analiza el caso
La Corte Constitucional (CC) tramita el caso de una joven que, al cumplir 18 años, decidió cambiarse de nombre y género en su cédula, pero luego se arrepintió y ahora solicita la anulación del proceso. La implicada aceptó que hizo aquella modificación por “presión social”.
Todo empezó el 11 de septiembre de 2023, cuando la joven se acercó al Registro Civil para cambiar su nombre de M.P.P.Y (femenino) a J.A.P.Y (masculino).
Sin embargo, el 10 de febrero de 2025, J.A.P.Y inició una demanda de reforma o nulidad de inscripción, mediante la cual solicitó que se le permitiera anular los actos de rectificación de su nombre y género.
Agrega que aquella decisión ha provocado una suspensión de sus actividades académicas y personales “en razón de que no tiene definida su identidad legal ya que la misma no se ajusta a su identidad personal”.
CORTE CONSTITUCIONAL ANALIZA EL CASO
El 30 de septiembre de 2025, la jueza Olga Cecilia Pareja Quezada, de la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, suspendió el procesamiento de la demanda y remitió una consulta a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGDIDC).
Ese artículo permite que las personas, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, puedan sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino.
Sin embargo, la magistrada Olga Pareja argumenta que la norma “no contempla la necesidad de valorar y entender los efectos legales de esta decisión y que la misma es definitiva y se entiende irrevocable, lo que se contradice con la formación y flexibilidad de la personalidad de las personas y el proceso de construcción de su identidad”.
Pareja también resalta la importancia de esta consulta constitucional porque la joven implicada “está siendo afectada no solo en su vida familiar, jurídica y social”, sino que también podría sufrir “afectaciones emocionales, psicológicas y sociales”.
Además, recalca que J.A.P.Y se identifica como mujer y quiere vivir de esa forma.
Es así como el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la consulta de la magistrada “sin que el presente auto constituya un prejuzgamiento sobre el asunto de fondo”.
CAMBIO DE GÉNERO EN CÉDULA
Hace unas semanas, la Corte Constitucional emitió un fallo para permitir que no solo los mayores de edad puedan cambiarse de identidad de género en la cédula, sino también los adolescentes, de entre 12 y 18 años.
Los interesados pueden solicitar la rectificación en el Registro Civil bajo dos requisitos: el acompañamiento de los representantes legales y el respaldo de informes psicosociales provenientes de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes.
Sin embargo, la sentencia causó múltiples reacciones a favor y en contra. De hecho, una comisión de la Asamblea, encabezada por Diana Jácome (ADN), inició un proceso de observación del fallo.
“No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de decisiones que afectan directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes”, apuntó la legisladora. Fuente: Vistazo
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