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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

Nacionales

Diana González: “El juez que sentenció a Zamora en primera instancia fue amenazado. Temo por mi vida”

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El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ya no puede ejercer sus funciones luego de que quedara en firme la sentencia que suspende sus derechos de participación política por seis meses, sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de un proceso por violencia política de género.

La decisión se ejecutó pese a que la defensa del funcionario presentó un recurso de ampliación y aclaración. Según explicó la concejala Diana González, denunciante en el caso, la sentencia ya se encuentra ejecutoriada.

“Él ya no es alcalde de Cuenca (…) Desde hoy debería asumir sus funciones la vicealcaldesa”, afirmó González en declaraciones a Noticias 7 de Ecuador TV.

La concejala precisó que la medida corresponde a una suspensión de derechos políticos y no a una destitución del cargo, aunque sus efectos impiden que Zamora continúe ejerciendo la Alcaldía mientras dure la sanción.

Concejala denuncia amenazas y expresa temor

Durante la entrevista, González también reveló que el juez electoral que emitió la sentencia de primera instancia habría recibido amenazas tras su decisión.

“El juez que sentenció a Zamora en primera instancia fue amenazado. Temo por mi vida”, manifestó la edil, quien aseguró que el caso ha generado un ambiente de tensión desde que presentó la denuncia.

El origen del proceso

La controversia se remonta a una denuncia presentada por González ante el TCE, en la que acusó al alcalde de haber incurrido en violencia política de género.

El pasado 28 de mayo, el juez electoral Joaquín Viteri aceptó la denuncia y resolvió suspender por seis meses los derechos de participación política de Zamora. Además, impuso una multa de USD 12.050, equivalente a 25 salarios básicos unificados, y ordenó que el funcionario asista a un curso de sensibilización y prevención de violencia de género.

Posteriormente, el pleno del TCE rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde y ratificó la sentencia con cuatro votos favorables, dejando firme la sanción.

Según González, el fallo se sustentó en una amplia cantidad de pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el proceso. La concejala aseguró que entregó entre 25 y 30 elementos probatorios contenidos en 44 páginas de alegatos.

“La defensa del alcalde presentó una única prueba: mis asistencias a las sesiones del Concejo Cantonal”, señaló

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¿Quién es alias ‘Sampayo’ y qué relación tiene su captura con una presunta doble infiltración a la Policía en Machala?

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Bajo la falsa coartada de un procedimiento de «traslado de valores», un patrullero policial se desvió de Puerto Bolívar al sur de Machala (El Oro) para cumplir una misión clandestina: brindar escolta privada a Cristopher Mejía Melendres, alias ‘Sampayo’, el presunto tercero al mando de la red criminal Los Lobos Sao Box.

Esa es la acusación de la propia Policía Nacional contra tres servidores policiales en servicio activo. La captura en flagrancia de alias ‘Sampayo’ junto a tres uniformados -un sargento y dos cabos-, deja al descubierto el nivel de penetración del narcotráfico en las filas de seguridad del Estado.

En medio de una cruenta guerra territorial entre las facciones de Los Lobos y su disidencia, los Sao Box, los policías habrían impulsado uno de los principales motores de la ola de violencia que azota El Oro. Los agentes presuntamente facilitaban el retiro y traslado de un fusil de guerra tipo FAL calibre 7.62.

El armamento letal que ‘Sampayo’ pretendía transportar en un patrullero oficial estaba presuntamente destinado a cometer atentados y asesinatos en las zonas en disputa, según la Policía. El arma de fabricación industrial no consta en el registro de control de armas de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades investigan el grado de penetración criminal en las filas policiales, pues la facción de Los Lobos ha hecho uso de indumentaria y técnicas policiales para perpetrar masacres en Puerto Bolívar. Además, se indaga si han tenido acceso a información privilegiada desde el interior de la Fuerza Pública.

¿Quién es alias Sampayo y cómo murieron sus hermanos?

  • Cristopher Aarón Mejía Melendres es identificado por la Policía como el tercero al mando de la organización narcodelictiva Los Lobos Sao Box. Ejerce su liderazgo operando bajo las órdenes directas de los cabecillas máximos alias ‘Saoco’ y alias ‘Boxeador’, teniendo como principal centro de operaciones la parroquia de Puerto Bolívar, en Machala (El Oro).
  • A ‘Sampayo’ se le vincula con delitos que han desangrado a la zona, tales como la extorsión a pescadores, microtráfico de drogas y sicariatos. A pesar de su presunto alto perfil criminal, durante la audiencia judicial tras su detención, su abogado defensor argumentó que Mejía Melendres no registraba antecedentes penales ni procesos judiciales previos.
  • El nombre de  ‘Sampayo’ cobró relevancia este año como figura central en la sangrienta disputa territorial que los Sao Box contra sus antiguos aliados (Los Lobos), pues se convirtió en un objetivo prioritario para sus enemigos.
  • El 25 de abril de 2026, un comando armado de Los Lobos ejecutó una violenta incursión en el barrio 4 de Abril de Puerto Bolívar, buscando asesinarlo. Los atacantes utilizaron un vehículo falso de la Policía y chalecos institucionales en un falso allanamiento. El ataque dejó seis muertos, entre ellos tres de sus hermanos: Jorge Luis, Wilson Alfredo y Washington Mejía Melendres.

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La red cayó tras un operativo de vigilancia con drones
La captura del presunto cabecilla se produjo la noche del 10 de junio de 2026 en el barrio San Ramón, al sur de Machala, cuando unidades operativas y de inteligencia policial ejecutaban labores de vigilancia sobre un modesto inmueble de caña guadua y cubierta de zinc, con el apoyo de un escuadrón de drones.

Los investigadores sospechaban que dicho lugar funcionaba como una bodega clandestina para almacenar armas de fuego ilícitas que alimentaban la guerra territorial en la ciudad.

Durante la vigilancia, los agentes observaron la llegada de un vehículo oficial de la Policía. Del interior de la vivienda salió un hombre que portaba un objeto alargado -un fusil calibre 7.62- y lo entregó a los ocupantes de la parte trasera del vehículo, según consta en el acta de audiencia de calificación de flagrancia del caso.

Las unidades de vigilancia interceptaron al patrullero oficial a pocos metros del lugar y capturaron al cabo primero Walter Enrique L. A., al sargento segundo Víctor Vinicio R. P. y el cabo primero Cristhian Fernando J. S., quien viajaba en el asiento trasero junto a ‘Sampayo’.

Un juez les dictó a todos prisión preventiva por porte y tenencia ilegal de armas. Aunque la defensa de los policías intentó desvincularlos del arma, la Fiscalía logró sustentar la figura de «dominio funcional del hecho»: el fusil estaba dentro del patrullero y al alcance de todos los ocupantes.

¿Doble infiltración a las filas policiales?
La captura de ‘Sampayo’ y su escolta policial es solo una cara de la moneda. En la otra trinchera, Los Lobos ha demostrado su propia capacidad para usurpar la identidad del Estado y sembrar el terror.

En la incursión de la noche del 25 de abril contra la familia de Sampayo, un comando de sicarios simuló un allanamiento policial en Puerto Bolívar usando una camioneta con distintivos similares a los de un patrullero policial.

Los agresores vestían de civil, con chalecos similares a los policiales, y entraron a un domicilio del barrio 4 de Abril simulando un procedimiento oficial. Obligaron a los ocupantes a salir de la vivienda y ejecutaron a seis personas en la calle.

A esta capacidad de camuflaje se suma el presunto acceso a información privilegiada. El 7 de febrero de 2026, Los Lobos se atribuyeron el abandono de un alijo con explosivos en Machala, junto con panfletos amenazantes.

Los mensajes no solo exigían a las autoridades actuar contra los líderes de Sao Box (‘Saoco’ y ‘Boxeador’), sino que iban dirigidos a «malos funcionarios de inteligencia” de la unidad «D.61», lo que sugiere fugas de información interna. «Los delincuentes con uniforme nos ponen en peligro a todos», dijo el jefe policial.

«No es el único caso», adelanta comandante
El coronel Renato González, jefe policial de El Oro, reconoció que se ha vuelto recurrente la utilización de vehículos camuflados como patrulleros oficiales en casos recientes, para ejecutar crímenes y evadir controles.

“Vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción interna. Estas inconductas de estos malos servidores policiales serán combatidas con la frontalidad y la contundencia que el caso amerita”. Renato González, jefe policial de El Oro.

El oficial prometió presentar en los próximos días nuevos casos de malos servidores policiales, «que faltan su juramento de servicio y traicionan a sus propias familias», al mencionar también presuntas relaciones de policías con la red de alias ‘Nando’, cabecilla de Los Boxeadores en Pasaje y Santa Rosa.

González aseguró que se iniciaron procedimientos investigativos con Asuntos Internos, Contrainteligencia y la Inspectoría General de la Policía para ahondar en un proceso de depuración interna. «Tenemos otras investigaciones en curso. Este no va a ser el único caso», adelantó el coronel. Fuente: Primicias

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Antonio Valencia envía un mensaje de aliento a La Tri tras la derrota en el Mundial 2026

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La derrota ante Costa de Marfil en el estreno mundialista generó preocupación entre los aficionados ecuatorianos. Sin embargo, una de las voces más respetadas del fútbol nacional pidió serenidad.

Antonio Valencia, excapitán de la selección ecuatoriana y referente histórico de La Tri, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a los jugadores que disputan el Mundial 2026.

«No se desanimen»

A través de su cuenta oficial de X, Valencia hizo un llamado a mantener la confianza pese al revés sufrido en el primer partido.

Deseo enviar un mensaje con energías positivas para los chicos, que no se desanimen y que sigan motivados».

El exjugador del Manchester United destacó que el torneo todavía ofrece oportunidades para revertir la situación.

Tenemos aún dos partidos por delante. Confiamos mucho en ustedes».

Un llamado a la unidad

Valencia también insistió en la importancia de mantener la cohesión dentro del plantel. El mensaje llega en un momento clave para la selección ecuatoriana, que necesita sumar puntos en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de clasificación a la siguiente ronda.

Valencia es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del país. Disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014, además de convertirse en el primer ecuatoriano en portar la banda de capitán del Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo.

Ecuador aún depende de sí mismo

Pese a la derrota en el debut, Ecuador todavía tiene dos encuentros por disputar en la fase de grupos.

La Tri deberá reaccionar rápidamente para recuperar terreno y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los octavos de final.

El mensaje de Valencia apunta precisamente a eso: recordar que los Mundiales no se definen en una sola jornada.

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