Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Inés Manzano sobre ATM y Progen: “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue”
La ministra de Energía Inés Manzano reconoció que el actual Gobierno Nacional hizo “un pésimo negocio” con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen que fueron contratadas por el Estado para entregar generadores eléctricos para plantas termoeléctricas en el Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
Los equipos fueron recibidos por el Estado durante la emergencia energética de 2024 pero nunca funcionaron, ya que los equipos presentaban fallas técnicas, eran viejos y usados o eran incompatibles con el sistema eléctrico nacional.
¿Cuáles fueron los contratos?
El contrato con ATM se firmó en agosto de 2024 para instalar generación en Esmeraldas III. Los generadores debían comenzar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025, según el plan del proyecto, sin embargo, su puesta en marcha se retrasó y solo en este 2026 se prevé su operación completa o parcial bajo pruebas técnicas del Estado. A esta compañía el Estado le entregó $71 millones, por avance de hitos del proyecto.
A Progen por otro lado, Ecuador también lo contrató en esa misma fecha, para la instalación de generación térmica en las centrales de El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos). A esa compañía el Estado le habría entregado el 70 % de los $ 149,1 millones que establecía el contrato.
Durante la entrevista, la ministra aseguró que la relación comercial con ambas empresas “fue fraudulenta”. “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue, pero somos el mismo Gobierno y tenemos que solucionar”, indicó.
No obstante, la titular de Energía defendió que en la actualidad el Gobierno de Daniel Noboa sigue adelante con un arbitraje internacional con dichas compañías que se encuentra todavía en proceso activo y sin resolución definitiva.
En el caso de Progen, el Estado ecuatoriano ya dio por terminado el contrato y ha impulsado una demanda internacional. En cuanto a ATM, ha presentado denuncias por posibles irregularidades y ha logrado recuperar parcialmente capacidad operativa de algunos generadores. No obstante, las pérdidas económicas para el país han sido millonarias.
¿Habrá apagones después de abril?
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial en Manabí, había asegurado que no habrá apagones en este mes de abril. La ministra Manzano lo ratificó e insistió en que para los próximos meses tampoco existe riesgo de racionamiento ya que, pese a que el país no le está comprando energía a Colombia, Ecuador “está bien” y que “no va a haber apagones”.
Colombia elevará del 30 % al 100 % los aranceles a las importaciones de Ecuador en respuesta a la decisión del país vecino de subir del 50 % al 100 % la «tasa de seguridad» impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, en una nueva escalada de la guerra comercial que los enfrenta.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, aseguró que se tomó esa decisión porque el Ejecutivo ha «agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera».
«Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial», añadió Morales.
En la víspera, el gobierno de Daniel Noboa anunció que, desde el 1 de mayo, cobrará 100 % de aranceles a las importaciones colombianas argumentando que no hay voluntad del vecino país para cuidar la frontera de los grupos narcotraficantes.
“No se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, expresó Daniel Noboa.
La Policía Nacional del Ecuador inició una nueva convocatoria nacional para incorporar a 728 profesionales a sus filas, como parte de su proceso de fortalecimiento institucional en 2026.
Del total de vacantes, 220 están destinadas a aspirantes a oficiales, quienes se graduarán con el grado de subtenientes, mientras que 508 corresponden a personal de tropa que se formará como técnicos operativos. Así lo informó Jorge Cevallos, quien detalló que el periodo de formación será de seis meses.
Las inscripciones comenzarán el lunes 13 de abril y se realizarán de forma virtual a través del portal oficial de la institución, siguiendo un cronograma organizado por el último dígito de la cédula. El registro se distribuirá durante la semana y se habilitará para todos los números los fines de semana.
Perfil y requisitos
La convocatoria está dirigida a ciudadanos ecuatorianos con título de tercer o cuarto nivel —como licenciaturas, ingenierías, tecnologías o posgrados— y al menos dos años de experiencia profesional.
Entre los requisitos se incluyen no tener antecedentes penales, no pertenecer a organizaciones políticas, no portar tatuajes y cumplir con una estatura mínima de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres.
El límite de edad es de hasta 34 años, 11 meses y 30 días, con una excepción para el área de salud, donde se permite hasta 36 años.
Etapas del proceso
Los aspirantes deberán superar varias fases de evaluación, que incluyen pruebas académicas, físicas, médicas, psicológicas, entrevistas personales y exámenes de confianza.
Una vez aprobado el proceso, los seleccionados ingresarán a las escuelas de formación en septiembre de 2026, y su graduación está prevista para marzo de 2027.
Áreas de especialización
La institución busca incorporar talento en áreas clave como:
- Jurídica
- Técnica
- Salud
- Administrativa
Los aspirantes serán asignados según su formación académica y experiencia profesional.
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