Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Vender pan o endeudarse para comprar medicinas: el costo humano del desabastecimiento en Ecuador
Estefanía Sánchez vive con un tumor cerebral. Asegura que, desde hace casi dos años, no recibe de forma constante los medicamentos que necesita para controlar sus convulsiones. Para cubrir sus gastos, vende pan puerta a puerta en Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito.
Los prepara con zapallo, chocho y zucchini, además de empanadas con dulce de zambo. Cada día recorre las calles de ese sector y hay jornadas en las que alcanza a vender USD 20, pero en otras apenas llega a los USD 5, una cantidad que apenas le alcanza para comprar sus tabletas de carbamazepina, un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral.
Ella es parte de los pacientes que viven un calvario para conseguir medicamentos en Ecuador. Con base en el aplicativo web de monitoreo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un informe del Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas del Ecuador señala que la disponibilidad de medicamentos en la red pública descendió del 79 % en enero de 2025 al 68 % en mayo de 2026. En el mismo período, el abastecimiento pasó del 71 % al 59 %, lo que significa que actualmente cuatro de cada diez medicamentos planificados no están disponibles para los pacientes.
Con un abastecimiento del 59 %, el sistema de salud ecuatoriano se ubica por debajo de ese parámetro. Diego Jimbo es coordinador nacional del Observatorio y afirma que la situación por la que atraviesan los pacientes del sistema público del país es muy grave. Explicó que algunos enfrentan tratamientos cuyos valores superan ampliamente sus posibilidades económicas.
Contó que pacientes han recurrido a préstamos informales con chulqueros por desesperación. Hubo el caso de una familia que, tras un accidente y la necesidad de cubrir los gastos en una clínica privada, solicitó un préstamo informal de USD 3 000 a un prestamista que entrega dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’. Es decir, créditos informales e ilegales que ofrecen dinero rápido sin requisitos, pero con intereses muy altos y cobros diarios mediante hombres motorizados que amenazan a quienes no alcanzan a pagar.
“Esto demuestra hasta dónde está llegando la desesperación de las personas por acceder a la salud”.
Aumentaron las consultas sobre eutanasia
Jimbo mencionó casos de medicamentos que pueden costar entre USD 15 mil y USD 20 mil, así como tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden tener un precio que supera los USD 20 mil mensuales. Por eso, hay familias que han buscado alternativas privadas y se endeudan.
Con tristeza -afirma el activista y médico especialista en cuidados paliativos– se han incrementado las consultas sobre eutanasia. No obstante, aclara que no se trata de solicitudes formales para acceder al procedimiento, sino de asesorías relacionadas con los requisitos y posibilidades.
Por todo lo que está sucediendo, los representantes del Observatorio y dirigentes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad recorren los hospitales del país para recopilar información sobre la situación del acceso a medicamentos e insumos. Asimismo, han enviado solicitudes al Gobierno para plantear cambios en el sistema sanitario.
Actualmente, analizan alternativas legales para solucionar la problemática. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General por un presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) relacionada con el acceso a medicinas e insumos para enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad.
“Analizamos qué podemos obtener y también qué consecuencias puede tener esta decisión”.
Esperan tomar una resolución sobre el tema en los próximos días…
Gremios se organizan para recolectar morfina
Gustavo Dávila es presidente nacional de la Alianza Nacional por la Salud y director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Relata que hay gente que ni siquiera puede conseguir morfina para sus terapias del dolor. Explicó que las organizaciones, familiares y amigos han recurrido a colectas voluntarias para adquirir morfina y entregarla a quienes atraviesan por la etapa final de su vida.
De hecho, la última vez se reunieron cerca de 200 ampolletas para entregarlas en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el grado de la enfermedad, hay quienes necesitan hasta cuatro dosis diarias y es casi imposible conseguirlas en el sector público.
“Hay pacientes que están al final de la vida y los dolores son intensos. Llegar al punto de que no exista morfina para una persona que sufre es una situación muy delicada”.
A su criterio, la crisis no es reciente. Se ha evidenciado en los últimos años y se ha agravado en los últimos meses con manifestaciones de personas con distintas patologías, incluidos enfermos renales y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, organizaciones de pacientes y actores del sector salud plantean fortalecer la presión ciudadana, recurrir a mecanismos legales y exigir respuestas concretas de las autoridades para garantizar el acceso oportuno a servicios sanitarios completos.
“El pedido es que la salud vuelva a ser parte de la agenda política. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad y a recibir tratamiento para aliviar su dolor”, afirmó Dávila.
Solicitó una reunión con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para presentarle las necesidades de los diferentes frentes de salud y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.
El pasado 21 de julio, la Alianza Nacional por la Salud —que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con diversas enfermedades, además de médicos y jubilados— ofreció una rueda de prensa para expresar su preocupación por la falta de avances en la compra de medicamentos a la India. Se trata de fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los referentes mundiales en regulación sanitaria.
La adquisición fue anunciada por el presidente Daniel Noboa Azín durante su informe a la nación del 24 de mayo como una medida para enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, dos meses después, las organizaciones aseguran que la compra aún no se ha concretado.
De igual forma, tampoco se cumplieron otros ofrecimientos como la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, pero no hubo resultados. “En 30 días volveremos a evaluar los resultados”, dijo Dávila.
Nacionales
Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.
En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.
Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva
El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.
Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo
Nacionales
Partido Socialista Ecuatoriano no descarta alianza con la Revolución Ciudadana
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.
Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.
«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.
El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC
Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.
No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.
«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.
Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.
El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.
Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo
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