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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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Zamora Chinchipe: 12 militares fueron retenidos tras operativo contra la minería ilegal

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Tensión en el cantón Nangaritza, de la provincia de Zamora Chinchipe. Una operación contra la minería ilegal desencadenó en la retención de 12 militares por parte de comuneros.

Sucedió en el sector de San José, de la parroquia Guayzimi, hasta donde arribaron los uniformados junto a personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

Los militares inhabilitaron dos excavadoras, tres motores de succión, tres clasificadoras y 600 galones de combustible, que aparentemente se utilizaban para minería ilegal.

Sin embargo, alrededor de la 13:00 del pasado miércoles, un grupo de comuneros empezó agredir a la patrulla. En redes sociales circula un video en el que se observa que moradores de la zona lanzaron gasolina a un vehículo militar.

¿Cómo ocurrió la retención de militares?

Un soldado contó a la cadena Ecuavisa que alrededor de 500 comuneros cerraron el paso y los atacaron con palos, piedras e incluso disparos.

En medio del enfrentamiento, 12 militares fueron retenidos. Al poco tiempo, 4 quedaron libres, pero los otros 8 siguieron sometidos por varias horas.

De hecho, la tensión aumentó con la llegada de refuerzos militares. Cuatro comuneros fueron detenidos, ya que habrían participado en las agresiones.

El conflicto continuó hasta las 21:00, cuando los militares entregaron a los ciudadanos aprehendidos, y a cambio los comuneros entregaron a los 8 uniformados que estaban retenidos.

Posteriormente, decenas de habitantes del sector de San José vigilaron la salida de la patrulla militar.

$!Retención de militares en Guayzimi, Zamora Chinchipe.

Continúan las operaciones contra la minería ilegal

El Ejército informó que este jueves se ejecutó otra operación en contra de las actividades de minería ilegal en el mismo sector de Guayzimi.

Se intervino dos puntos donde había maquinarias y equipos que eran utilizados para estas actividades ilícitas. La operación generó una afectación económica estimada de USD 225.800.

Indicios encontrados:

  • 2 excavadoras
  • 3 motores de succión
  • 600 galones de combustible
  • 3 clasificadoras tipo Z

Fuente: Vistazo

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PowerChina operará la central Coca Codo: «Ya estamos listos, el plan es que se concrete en diciembre», dice viceministro de Energía

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El Gobierno de Daniel Noboa avanza con el proceso para entregar la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande de Ecuador, a la empresa PowerChina.

El viceministro de Energía, Javier Medina, explicó este 20 de agosto de 2026, que en diciembre está previsto que se firme el contrato con esta empresa china, que es la casa matriz de Sinohydro, la compañía que construyó esta polémica obra.

“Estaba pendiente ajustar ciertos términos y las autoridades tenían que conversarlo. Ya se reunió el ministro Blum con el gerente general de PowerChina, en el marco de la visita oficial a China”, dijo Medina durante el Seminario de Cooperación Energética entre Corea y Ecuador, realizado en Quito.

Juan Carlos Blum, ministro de Energía, es parte de la comitiva que viajó a China el 16 de agosto de 2026, con el Presidente Daniel Noboa.

El viceministro añadió que hay un reglamento que tiene Celec para las alianzas estratégicas. Según ese reglemento,  están pendientes algunos pasos, «pero la parte técnica ya está, ya estamos listos, el plan es que máximo hasta diciembre ese acto administrativo se concrete (el traspaso de la operación y mantenimiento a PowerChina)», añadió.

De ahí que Medina precisó que el contrato no se firmará durante la visita a este país asiático.

«Si bien es cierto, el año pasado se firmó un acuerdo de entendimiento marco en China, para que la operación y mantenimiento pase a PowerChina se está buscando una alianza estratégica entre Celec y esta empresa china, que todavía está en proceso».

Una polémica obra realizada por Sinohydro
PowerChina es la casa matriz de Sinohydro, la compañía que construyó la central Coca Codo, que empezó a operar en 2016 y que, al poco tiempo, presentó miles de fisuras.

Según un informe de Contraloría de 2018, había más de de 7.600 fisuras en los distribuidores de Coca Codo. Y la propia Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), en un informe presentado a la Asamblea Nacional, en 2022, informó que ya se registraban 17.661 fisuras. De esas, 3.570 se hallaron solo en 2022.

De ahí que la obra no había sido recibida formalmente. No obstante, en abril de 2026, el Gobierno de Daniel Noboa decidió aceptar la obra de Sinohydro y ahora se prepara para firmar un contrato para otorgar la operación y mantenimiento de la central a PowerChina.

El pasado 13 de abril de 2026, el Ministerio de Energía confirmó que el acuerdo al que se llegó es pagar anualmente USD 46 millones a PoweChina por el mantenimiento y operación.

Medina confirmó este 20 de agosto que ese valor se mantiene hasta ahora en el plan.

PRIMICIAS conoció que el contrato sería por 25 años; de ahí que Ecuador pagaría a la empresa USD 1.150 millones.

Según un informe de la consultora italiana Electroconsult, de 2009, el mantenimiento y operación anual de la central sería de unos USD 18 millones al año.

Erosión regresiva, una amenaza para la central
Uno de los desafíos antes del traspaso de la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica es encontrar una solución frente al avance del fenómeno de la erosión regresiva del río Coca.

Las obras de captación de Coca Codo Sinclair están amenazadas por este fenómeno natural que se inició en febrero de 2020 tras el colapso de la cascada San Rafael, ubicada en el límite entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos.

Este fenómeno natural socava el lecho del río y carcome sus márgenes, formando grandes socavones.

Hasta ahora, todas las infraestructuras construidas para proteger las obras de captación de Coca Codo Sinclair no han sido efectivas, desde la colocación de grandes rocas, contenedores hasta un dique permeable.

De hecho, el dique permeable colapsó parcialmente el 21 de mayo de 2026 tras una fuerte crecida del río Coca. La obra, ubicada a 7,8 kilómetros aguas abajo de la captación, costó USD 19 millones y sufrió daños 38 días después de su inauguración. Fuente: Primicias

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Terremoto de magnitud 7,2 sacude Ayacucho, en el sur de Perú, este 20 de agosto

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Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves 20 de agosto de 2026 la región de Ayacucho, en el sur de Perú, según informó el Instituto Geofísico de ese país (IGP), a tan solo 10 días del terremoto en Colombia, que deja más de 300 fallecidos.

El epicentro del temblor se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, «sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales. El sismo ocurrió a las 13:00, según el reporte del IGP, a 108 kilómetros de profundidad.

El sismo de Perú se sintió en el norte de Arequipa, en Ica, Abancay y en la capital, Lima, según indicó el jefe del Instituto Geofísico, Hernando Tavera, a Canal N.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron daños en viviendas en Ayacucho.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que «por ahora no ha ocurrido nada crítico» pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami.

Primeros deslizamientos de tierra
Los primeros reportes tras el terremoto en el sur de Perú señalan que se han producido deslizamientos y movimientos de tierra en zonas rurales, sin que hasta el momento se informe de muertos o heridos, aunque las autoridades indican que aún están monitoreando la situación.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que el movimiento que tuvo como epicentro a la localidad de Coracora, en la región de Ayacucho, «fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos» del país.

En redes sociales han comenzado a circular imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros de zonas cercanas a poblaciones.

El sismo se sintió, además de en Ayacucho, en las regiones sureñas de Arequipa, Cusco y Abancay, mientras que en Lima fue percibido levemente.

Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico
Al igual que Ecuador, Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

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Inocar descarta alerta de tsunami
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó que el movimiento telúrico no reúne  las condiciones necesarias para generar un tsunami en la Costa continental e insular del país.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial. Fuente: Primicias

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