Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció la tarde de este lunes a funcionarios del Gobierno, incluyendo varios de sus ministros y legisladores como precandidatos para alcaldías y prefecturas de ciudades y provincias clave del país, de cara a las elecciones seccionales de 2026.
Para la Alcaldía de Guayaquil, el movimiento presentó como precandidatos al ministro del Interior, John Reimberg, y al asambleísta Andrés Guschmer.
En la carrera por la Prefectura del Guayas, ADN impulsará a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.
En el caso de Quito, las opciones planteadas para la Alcaldía son la canciller Gabriela Sommerfeld y la directora del Seguro Social Campesino, Giovanna Ubidia. Mientras tanto, para la Prefectura de Pichincha aparecen el ministro del Trabajo, Harold Burbano, y el legislador Eckener Recalde.
En Cuenca, el movimiento señaló como precandidato a la Alcaldía al ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Vega, mientras que para la Prefectura del Azuay figura el embajador extraordinario y plenipotenciario de Ecuador en Canadá, Esteban Crespo.
Elecciones fueron adelantadas por riesgos asociados al fenómeno de El Niño
Las elecciones seccionales están previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026, luego de que el Consejo Nacional Electoral modificara el calendario inicialmente previsto.
Originalmente, los comicios estaban programados para el 14 de febrero de 2027, pero el Pleno del CNE resolvió anticipar la jornada electoral tras informes técnicos que advertían posibles impactos severos del fenómeno de El Niño entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
Por el momento, ADN no ha anunciado cuándo realizará su proceso de elecciones primarias dentro del movimento para elegir a los candidatos definitivos.
En el proceso, los ecuatorianos deberán elegir 5.742 autoridades locales, entre prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, además de vocales de juntas parroquiales. A ello se sumará la designación de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Pese al cambio de fecha para la votación, las autoridades electas asumirán funciones el 14 de mayo de 2027, conforme a los plazos establecidos en la normativa constitucional vigente. Fuente: Vistazo
La Federación Médica del Ecuador cuestionó la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud AIL E.P., nueva entidad estatal creada por el presidente Daniel Noboa para intervenir en áreas estratégicas del sistema sanitario.
Según el Ejecutivo, esta empresa pública buscará fortalecer el acceso oportuno a medicamentos, modernizar la infraestructura hospitalaria y optimizar la gestión de los servicios médicos públicos. La entidad tendrá autonomía administrativa, financiera y operativa, su sede principal estará en Quito y contará con alcance nacional.
Sin embargo, la Federación Médica considera que el nuevo modelo aún deja preguntas abiertas sobre la forma en que operará dentro de la red pública.
Según el dirigente, persisten interrogantes sobre almacenamiento, transporte, sistemas de información y coordinación entre la nueva empresa pública, el Ministerio de Salud y los establecimientos médicos del país.
Federación Médica alerta sobre despidos y riesgos operativos en el sistema de salud
Pazmiño también advirtió sobre una presunta nueva ronda de desvinculaciones dentro del Ministerio de Salud, que, según indicó, habría comenzado durante el último fin de semana.
De acuerdo con el dirigente, estas salidas estarían relacionadas con un proceso de reorganización institucional que incluiría cambios estructurales dentro del ministerio, entre ellos la eliminación de un viceministerio.
El representante gremial cuestionó que las desvinculaciones, según su versión, no estarían acompañadas de suficientes análisis técnicos sobre funciones, perfiles o necesidades institucionales.
El gremio sostuvo además que la reducción de personal especializado podría afectar áreas sensibles como logística, contratación de prestadores, distribución de insumos, abastecimiento hospitalario y administración operativa del sistema.
Según fuentes oficiales, Ecuador destinó en 2024 alrededor de USD 8.422 millones al gasto nacional en salud, equivalente al 6,8% del PIB. En 2025, el MSP codificó USD 408,4 millones para medicamentos e insumos médicos y ejecutó USD 352,1 millones.
Sin embargo, el abastecimiento de medicamentos del cuadro nacional básico, CNMB, en establecimientos MSP alcanzó solo 59%, por debajo de la meta del 70%. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, descartó que el Gobierno Nacional esté analizando la implementación de nuevos toques de queda en Ecuador.
Sus declaraciones surgieron durante entrevistas a medios de comunicación, en las que aseguró que la estrategia de seguridad continuará ejecutándose en todo el país y que las operaciones contra el crimen organizado no dependerán de medidas extraordinarias como los toques de queda.
«No hay toques de queda. Siempre surge esa inquietud, pero no existe un toque de queda ni se avecina uno«, afirmó Reimberg.
«Las operaciones continúan en territorio. Durante estos días han podido ver los resultados obtenidos en distintas provincias y esas operaciones van a continuar, sin ninguna duda», señaló.
El Gobierno apuesta por una nueva estrategia
El Ejecutivo ha decidido no renovar el estado de excepción, una herramienta que en los últimos años permitió aplicar restricciones como toques de queda en determinadas zonas del país.
Reimberg aseguró que el Gobierno ya cuenta con un plan alternativo para mantener la ofensiva contra la delincuencia sin necesidad de recurrir a esa medida. «Por ahora no ha sido renovado. Vamos a seguir trabajando. Nos hemos reunido como bloque y tenemos definida la estrategia sobre cómo vamos a continuar», indicó.
Aunque evitó revelar detalles operativos, afirmó que las instituciones de seguridad permanecen coordinadas y desplegadas en todo el territorio nacional.
Asimismo, adelantó que mantendrá reuniones con el presidente Daniel Noboa para revisar acciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Fuente: Vistazo
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