Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Cortes de luz temporales se deben a un aumento de sedimentos en Coca Codo Sinclair, informa Energía
El Ministerio de Ambiente y Energía informó este 21 de mayo de 2026 que habrá cortes de luz temporales en varios sectores del país, debido a afectaciones en la operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por el «incremento extraordinario de sedimentos» .
El incremento de sedimentos en Coca Codo Sinclair fue provocado por la crecida de los ríos que alimentan a la central, explicó el Operador Nacional de Electricidad Cenace, de acuerdo con el comunicado de la Cartera de Energía.
Entre las 00:00 y las 12:00 de este jueves, Coca Codo Sinclair operó a un promedio de 808 megavatios (MW), es decir, al 53,8% de su capacidad instalada que son 1.500 MW, según el reporte en tiempo real del Cenace. Sin embargo, una acumulación de sedimentos puede afectar la operación de la central e incluso sacarla de operación, de ahí que el operador activó las medidas.
«El sector eléctrico activo acciones operativas y generación adicional para mitigar las afectaciones y restablecer las condiciones normales en el menor tiempo posible», señaló el Ministerio en su comunicado.
La Cartera de Estado explicó a PRIMICIAS que, debido a que este evento se desarrolla en tiempo real y requiere acciones inmediatas para proteger la infraestructura eléctrica y mantener la estabilidad del sistema, «se efectuarán desconexiones temporales en varios sectores del país hasta que las maniobras de limpieza duren».
Según el comunicado de Energía, las empresas distribuidoras «informarán oportunamente» sobre los sectores afectados con cortes de luz temporales.
De hecho, la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó en redes sociales a las 12:10 de este 21 de mayo que, conforme a esta disposición, se encuentran afectados los siguientes sectores de Quito: Pomasqui, Barrio Nuevo, El Bosque, Conocoto, Iñaquito, Cumbayá, Río Coca, El Inga Bajo y sus alrededores.
Para hacer uso de este contenido cite la fuente y haga un enlace a la nota original en https://www.primicias.ec/economia/operacion-coca-codo-sinclair-afectacion-incremento-sedimentos-cortes-luz-apagones-123371/
Nacionales
Jueza del caso del asesinato de Fernando Villavicencio es destituida por la Judicatura
El Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la jueza María Daniela Ayala, quien estaba a cargo del proceso judicial por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La decisión fue tomada por el pleno del organismo el 21 de mayo de 2026, en el marco de un expediente disciplinario abierto en su contra.
Nadia Larco Bravo
Cuestionamientos por decisiones en audiencia clave
La sanción se relaciona con la actuación de la magistrada durante la audiencia de formulación de cargos del caso, en la que optó por no dictar prisión preventiva para algunos procesados señalados como presuntos autores intelectuales.
En su lugar, Ayala dispuso medidas alternativas, como la presentación periódica ante autoridades consulares en el exterior para José Serrano y Xavier Jordán.
Según el análisis del organismo disciplinario, la jueza habría actuado con irregularidades al no acoger el pedido de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la fundamentación de su decisión.

Magnicidio. El expediente fiscal del caso Villavicencio está compuesto por versiones, pericias, chats, etc.
Antecedentes del proceso disciplinario
La destitución se produce tras una serie de acciones previas contra la funcionaria. En 2025, la jueza había sido suspendida de manera temporal mientras se investigaba su actuación durante la misma audiencia, luego de una denuncia presentada por la Fiscalía.
En ese proceso también se analizaron expresiones emitidas por la magistrada durante la diligencia, consideradas fuera de su rol dentro del sistema judicial. Estas actuaciones dieron paso a un sumario administrativo que culminó con la sanción definitiva.
Caso Villavicencio sigue en investigación
El proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio continúa en curso y busca determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del crimen, ocurrido en agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito.
La investigación involucra a figuras políticas y empresariales, y ha estado marcada por decisiones judiciales que han generado polémica pública y debate en torno a la independencia de la justicia. Fuente: Expreso
Nacionales
La Tertulia Jurídica se consolida como uno de los principales espacios académicos del país
El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.
Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.
Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.
“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.
La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.
Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.
Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.
Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.
Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.
Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.
“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.
El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.
Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.
En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.
“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.
El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.
Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.
Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.
“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.
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