Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en los últimos componentes para realizar los 45 debates obligatorios de las Elecciones Seccionales de 2027.
Los encuentros serán entre el 12 y el 26 de noviembre y reunirán a candidatos de 21 prefecturas y 24 alcaldías.
Una de las piezas necesarias para su organización ya está conformada. El Pleno del CNE designó a los cinco integrantes del Comité Nacional de Debates, encargado de intervenir en la preparación de los contenidos y la selección de moderadores.
El Comité está integrado por: María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.
Entre sus tareas está definir los cuatro ejes temáticos de los debates y elaborar las preguntas generales para dos de esos ejes. También deberá presentar ternas de profesionales de la comunicación para seleccionar a los moderadores.
24 alcaldías tendrán debates obligatorios
La normativa establece debates para las candidaturas a prefecturas y para las alcaldías de jurisdicciones con más de 100.000 electores.
En el caso de las alcaldías, los encuentros se desarrollarán en 24 cantones:
- Cuenca
- Riobamba
- Latacunga
- Machala
- Esmeraldas
- Quinindé
- Daule
- Durán
- Guayaquil
- Milagro
- Ibarra
- Otavalo
- Loja
- Babahoyo
- Quevedo
- Chone
- El Carmen
- Manta
- Portoviejo
- Quito
- Rumiñahui
- Santa Elena
- Santo Domingo
- Ambato
A estos se sumarán los debates correspondientes a 21 prefecturas, hasta completar los 45 encuentros previstos.
Debates serán entre el 12 y el 26 de noviembre
Con el Comité Nacional ya designado y las jurisdicciones establecidas, el siguiente paso será completar la organización de las transmisiones.
Los debates se desarrollarán entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026, dentro del calendario establecido para las Elecciones Seccionales de 2027.
Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, cabecilla del GDO ‘Los Lobos’, enfrenta en Estados Unidos una acusación por narcoterrorismo, además de un cargo por conspiración internacional para distribuir cocaína.
El proceso, que permaneció bajo reserva durante varios meses, fue desclasificado por la justicia federal del Distrito Sur de California. Primcias publicó una captura de pantalla del documento.
Cronología del proceso
- La causa se inició bajo reserva el 23 de enero de 2026 ante un tribunal federal de California.
- El 4 de febrero de 2026, un Gran Jurado emitió una primera acusación formal por una presunta conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína desde Ecuador y Colombia con destino a Estados Unidos.
- El caso cambió el 15 de julio, cuando el Gran Jurado presentó una acusación sustitutiva que incorporó el delito de narcoterrorismo y complicidad, bajo el estatuto federal 21 U.S.C. 960a.
- Dos días después, el tribunal ordenó la desclasificación total del expediente.
La imputación convierte al cabecilla de ‘Los Lobos’, en el primer ecuatoriano acusado bajo esta figura penal.
¿De qué acusa Estados Unidos a alias ‘Pipo’?
La acusación estadounidense sostiene que Chavarría habría conspirado hasta noviembre de 2025 para fabricar y distribuir cocaína y proporcionar recursos económicos a ‘Los Lobos’, organización que Estados Unidos ha incluido entre los grupos considerados terroristas.
La imputación no equivale a una sentencia y los señalamientos deberán probarse dentro del proceso judicial.
Además del narcoterrorismo, el expediente mantiene el cargo relacionado con la conspiración transnacional para distribuir cocaína.
La acusación contempla también el decomiso de bienes, dinero y otros activos presuntamente obtenidos a partir de las actividades ilícitas. Las autoridades estadounidenses podrían perseguir bienes sustitutos en caso de que los recursos originales hayan sido transferidos u ocultados.
¿Qué significa la acusación por narcoterrorismo?
El estatuto estadounidense 21 U.S.C. 960a sanciona determinadas conductas relacionadas con el tráfico de drogas cuando existe conocimiento o intención de proporcionar recursos a organizaciones terroristas.
La figura fue utilizada en procesos contra integrantes o dirigentes de organizaciones como el Talibán y la MS-13, y también figura entre los cargos formulados por Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Esto no significa que los casos sean equivalentes: comparten una figura penal estadounidense, pero corresponden a expedientes, hechos y acusaciones diferentes.
‘Pipo’ también es investigado por el caso Villavicencio
En Ecuador, la Fiscalía señaló a Chavarría como presunto director operativo del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, cometido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
Mientras Estados Unidos mantiene los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, el proceso para determinar si finalmente será extraditado desde España hacia Ecuador continúa abierto.
Vanessa Merino, coordinadora de Becas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), informó que la institución mantiene un programa de becas orientado al apoyo económico, excelencia, inclusión y otras categorías estratégicas, dirigido a estudiantes de las modalidades presenciales y en línea.
Actualmente, 7 de cada 10 estudiantes de la UTPL cuentan con algún tipo de beca. En particular, más de 8.000 estudiantes de modalidad en línea reciben la beca de apoyo económico, cifra que ha aumentado desde los aproximadamente 4.000 o 5.000 beneficiarios registrados en años anteriores.
Entre las alternativas disponibles está la beca por nivel de ingresos, que puede alcanzar hasta el 80 %, dependiendo de los ingresos del estudiante y su núcleo familiar. También existen becas para abanderados, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades y centros de rehabilitación. Los porcentajes señalados incluyen hasta 80 % para apoyo económico, 70 % para discapacidad y 40 % para abanderados.
La mayoría de las becas pueden mantenerse durante toda la carrera, siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos de aprobación y promedio establecidos por la universidad.
Postulaciones hasta el 1 de octubre
Merino informó que los estudiantes interesados pueden postularse hasta el 1 de octubre. El proceso inicia con la elección de una carrera y una inscripción sin costo; posteriormente, con las credenciales asignadas por la universidad, la postulación a la beca se realiza completamente en línea.
La UTPL dispone además de canales de orientación mediante WhatsApp, Zoom, Teams y líneas telefónicas, para acompañar a los postulantes durante el proceso.
La coordinadora recordó que, además de las becas, la universidad cuenta con descuentos y planes de pago, e invitó a los jóvenes a revisar las alternativas disponibles para acceder a la educación superior y continuar su formación profesional.
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