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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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¿Tannya Varela se queda sola? Coronel fue declarado testigo protegido y dará su testimonio anticipado

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El coronel José Luis Erazo fue declarado testigo protegido y el miércoles, primero de abril, rendirá su testimonio anticipado dentro de la investigación por presunta filtración de información reservada, causa en la que también es procesada la excomandante Tannya Varela.

Hace unos días, la Fiscalía informó a la Corte Provincial de Pichincha que Erazo forma parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Por lo cual, solicitó que se fijara el día y hora para conocer su testimonio anticipado.

La Corte dispuso que la diligencia se lleve a cabo el miércoles, primero de abril del 2026, a las 15:30, a través de la cámara de Gesell.

Además, se dispuso que un psicólogo de turno esté presente y se autorizó la grabación de la pericia, conforme a los protocolos establecidos en la ley.

Esta audiencia llega luego de que el pasado 19 de marzo terminó la instrucción fiscal dentro de la causa, que investiga un presunto delito de difusión de información de circulación restringida.

Aparte del coronel Erazo, son procesados el exteniente Rodney Rengel y la excomandante de la Policía, Tannya Varela. Los tres cuentan con medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.

Rengel también es testigo protegido y el pasado martes, 24 de marzo, dio su testimonio anticipado.

$!Día y hora para el testimonio anticipado de Erazo.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO?

Según la Fiscalía, los tres sospechosos habrían filtrado un informe reservado de una investigación previa por un caso de narcotráfico denominado ‘León de Troya’.

La difusión de los datos habría sucedido en tres momentos entre 2021 y 2023:

  • El 7 de julio de 2021: cuando altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces presidente de la República, Guillermo Lasso. Esos datos tenían que ver con su cuñado, Danilo Carrera, sentenciado en el caso Encuentro.
  • El 12 de febrero de 2023: mediante la presunta remisión de contenidos técnicos reservados por parte de un agente investigador a un tercero.
  • El 13 de febrero de 2023: cuando dicha información fue divulgada públicamente a través del medio digital La Posta ampliando su exposición y alcance.

Durante la audiencia de formulación de cargos, se explicó que Varela y los otros dos sujetos habrían puesto en riesgo al equipo que investigó los nexos de la mafia albanesa con Ecuador. Fuente: Vistazo

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Análisis jurídico aborda los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas en Ecuador

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En el espacio académico Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación de la abogada constitucionalista Tanya Torres Castillo, quien desarrolló el tema “Los retos de la justicia constitucional ante la creación de judicaturas especializadas”, generando un análisis profundo sobre el estado actual del sistema de justicia en el país y los desafíos estructurales que enfrenta.

Durante su intervención, Torres Castillo, con más de 10 años de experiencia en el sector público, expuso su trayectoria profesional, que incluye funciones como asesora en la Corte Constitucional, directora del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en la ex Secretaría de Derechos Humanos, y fundadora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador. Actualmente, se desempeña en el ámbito académico en programas de pregrado y posgrado, además de ejercer la litigación en Derecho Constitucional.

En su exposición, la especialista contextualizó la importancia del sistema de justicia como mecanismo fundamental para la protección de derechos, especialmente en un Estado constitucional de derechos como el ecuatoriano, establecido a partir de la Constitución de 2008. En este marco, abordó la evolución y los desafíos de las garantías jurisdiccionales, tales como la acción de protección, el habeas corpus y el habeas data, señalando que su uso indebido y la falta de control por parte de los operadores de justicia han generado procesos de desnaturalización.

Torres Castillo explicó que, como respuesta a estas problemáticas, se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, con el objetivo de mejorar la calidad y eficacia en la resolución de casos relacionados con derechos fundamentales. No obstante, advirtió que esta reforma no constituye una solución estructural por sí sola, debido a la persistencia de problemas como la corrupción, la sobrecarga procesal y la debilidad institucional del sistema judicial.

Según el análisis presentado, el Consejo de la Judicatura ha determinado la necesidad de implementar 259 jueces especializados a nivel nacional, distribuidos en 184 jueces de primera instancia y 75 de segunda instancia. Sin embargo, solo una parte de estos cargos será cubierta mediante concurso público, mientras que el resto corresponderá a jueces ya en funciones que asumirán esta especialización mediante procesos de capacitación.

Entre los principales retos identificados, la constitucionalista destacó el fortalecimiento del sistema oral en los procesos judiciales, en concordancia con lo establecido en la Constitución, así como la necesidad de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para optimizar la ejecución de sentencias y garantizar mayor celeridad y eficacia.

Asimismo, subrayó la preocupación respecto a la falta de un adecuado dimensionamiento de la carga procesal, lo que podría generar una saturación del sistema y afectar la naturaleza ágil de la justicia constitucional. En este sentido, advirtió que existe el riesgo de que estos procesos adopten dinámicas similares a otras jurisdicciones más lentas, como la contencioso-administrativa.

Otro de los aspectos críticos abordados fue la situación institucional del Consejo de la Judicatura, cuya inestabilidad podría afectar la implementación efectiva de las judicaturas especializadas, especialmente en lo referente a los concursos de méritos y oposición necesarios para la designación de nuevos jueces.

Finalmente, Torres Castillo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un rol activo en los procesos de selección de jueces, resaltando la importancia de garantizar transparencia, idoneidad y probidad en los operadores de justicia, dado que su labor implica la protección directa de los derechos fundamentales.

El espacio Tertulia Jurídica se consolida así como un escenario de análisis y debate académico sobre temas de relevancia nacional, promoviendo la reflexión crítica y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en la sociedad.

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Daniel Noboa se va de viaje a Estados Unidos por ‘asuntos personales’ durante el feriado de Semana Santa

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El Presidente de la República, Daniel Noboa, se va de viaje por «asuntos personales» a los Estados Unidos de América, durante el feriado de Semana Santa.

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 349 suscrito en Cuenca, el primer mandatario dio a conocer la noticia este 31 de marzo de 2026.

En el documento se detalla la siguiente disposición: «Declarar en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que acompañará al Presidente Constitucional de la República a los Estados Unidos de América, del 2 al 6 de abril de 2026, con ocasión de un viaje de carácter personal».

Además, el mandatario dispuso que la comitiva de seguridad será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.

En cuanto a los viáticos y demás gastos que genere este desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Por último, el presidente Noboa cumplió con comunicar a la Asamblea Nacional respecto del viaje a realizarse, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 44 de la Constitución de la República. Fuente: Vistazo

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