Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
CNE abre proceso de acreditación de auditores para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria oficial para la acreditación de auditores de las organizaciones políticas que participarán en las actividades de control y seguimiento del proceso electoral correspondiente a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
La medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los mecanismos de transparencia, vigilancia y control electoral, permitiendo que las organizaciones políticas acrediten delegados especializados para observar y verificar las distintas etapas contempladas dentro de las auditorías electorales.
De acuerdo con la convocatoria aprobada por el organismo electoral, las organizaciones interesadas deberán presentar el formulario de inscripción debidamente suscrito por su representante legal y por el delegado designado para cumplir funciones de auditoría. Además, deberán adjuntar la documentación que respalde la experiencia requerida y cumplir con los demás requisitos establecidos en la normativa electoral vigente.
El Consejo Nacional Electoral informó que la recepción de documentos se realizará hasta el 12 de junio de 2026. Los expedientes podrán ser entregados en la Secretaría General del CNE, en las delegaciones provinciales electorales y en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, con el propósito de facilitar la participación de organizaciones políticas tanto dentro como fuera del país.
Una vez concluida la etapa de inscripción y calificación, el organismo electoral desarrollará un taller de inducción dirigido a los delegados acreditados, actividad que forma parte del cronograma previsto para el proceso de auditoría electoral y que busca proporcionar los conocimientos técnicos y normativos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
La acreditación de auditores constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema electoral ecuatoriano, ya que permite a las organizaciones políticas ejercer control sobre procedimientos técnicos y operativos vinculados al desarrollo de los comicios, contribuyendo así a garantizar la transparencia, legalidad y confianza ciudadana en el proceso electoral de 2027.
Con esta convocatoria, el CNE avanza en la planificación anticipada de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, promoviendo la participación activa de los actores políticos en las distintas fases de control electoral.
Nacionales
Organizaciones sociales anuncian solicitud de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa
Diversas organizaciones sociales, sindicales, indígenas, ambientalistas y políticas anunciaron que este martes 9 de junio presentarán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la solicitud formal para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la vicepresidenta María José Pinto.
El anuncio fue realizado por Nelson Erazo, durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico. Según indicó, la iniciativa surge por lo que calificó como un incumplimiento de las principales ofertas de campaña del actual Gobierno y por el agravamiento de problemas relacionados con seguridad, empleo, salud y costo de vida.
Erazo señaló que la propuesta cuenta con el respaldo de organizaciones como Frente Popular, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Ecuarunari, el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, además de colectivos ambientalistas, ecologistas, organizaciones barriales y sectores populares.
Entre los argumentos expuestos para sustentar la revocatoria, Erazo mencionó el incremento de la violencia en el país, la pérdida de más de 168.000 empleos en menos de un año, las dificultades de acceso a servicios de salud, el aumento del costo de la canasta familiar y la situación laboral de miles de trabajadores ecuatorianos.
Asimismo, cuestionó las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente las relacionadas con el sistema de bandas para los combustibles, y advirtió sobre posibles incrementos en el costo de vida durante los próximos meses.
Respecto al proceso, informó que el pedido será presentado ante el Consejo Nacional Electoral a partir de las 16:00 en la ciudad de Quito. Paralelamente, se prevé la realización de plantones, concentraciones y actos de respaldo en distintas provincias del país frente a las delegaciones provinciales del organismo electoral.
El dirigente sostuvo que, una vez presentada la solicitud, las organizaciones impulsoras buscarán obtener los formularios necesarios para iniciar la recolección de firmas exigidas por la Constitución y la ley para activar el mecanismo de revocatoria del mandato.
Durante la entrevista también expresó cuestionamientos hacia la gestión del CNE y de su presidenta, Diana Atamaint, señalando presuntas limitaciones a la participación de organizaciones sociales y políticas.
Finalmente, Erazo hizo un llamado a la unidad de los sectores sociales y populares para respaldar el proceso y participar en las movilizaciones convocadas para este 9 de junio, calificando la jornada como un hecho de relevancia nacional dentro del marco de los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución ecuatoriana.
Nacionales
Daniel Noboa reacciona a audio de Rafael Correa y expolicía sobre el caso Porsche
El presidente de la República, Daniel Noboa, reaccionó a un audio que circula en redes sociales en el que se escucha al exmandatario Rafael Correa presuntamente planificando narrativas falsas con el expolicía Rodney Rengel.
“La evidencia es clara, el correísmo lo único que quiere es afectar mi nombre, el de mi familia y destruir la democracia”, escribió Noboa en la red social X junto a una publicación de la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo.

Morillo había difundido un audio de una conversación entre Correa y Rengel, quien la semana pasada rindió su testimonio anticipado en el marco del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio.
Ese testimonio llegó luego de que agentes extrajeron información de los teléfonos celulares del expolicía dentro de otro caso por presunta filtración de información reservada, en el que también está implicada la excomandante Tannya Varela.
Desde entonces, se han empezado a filtrar detalles de la información que había en esos dispositivos. Agentes encontraron una foto de Rengel con Rafael Correa, pero además, una grabación de una reunión con el buró de la Revolución Ciudadana (RC) para supuestamente crear narrativas falsas sobre diversos temas.


La charla entre Correa y Rengel
En el audio se escucha al exmandatario diciéndole al expolicía que le pondrá un equipo a su disposición para que él lo coordine como “directo interesado”.
“Y si se requiere, pues bueno, el teniente está haciendo el trabajo en el Porsche, pero si se requiere investigación, abogados, hable con Priscila”, dice Correa.
El expresidente indica en la grabación que su trabajo será conseguir “recursos”. Además, dice que el buró de la RC se reunirá una vez por semana para revisar los avances de su plan.

En la reunión, por zoom, también participó Juan Andrés González, coordinador del bloque correísta en la Asamblea, quien había dicho que el caso Porsche era un «autoatentado».
De hecho el propio Correa confirmó que se reunió con Rengel porque el expolicía había pedido ayuda tras quedarse sin trabajo. “Era el momento del caso Porsche. Dijimos: ‘Bueno, ayúdame a investigar esto y vemos si te podemos reconocer algo’”, afirmó el expresidente.
Narrativa sobre el caso Porsche
Por su parte, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, aseguró que el audio expone cómo Rafael Correa y Rodney Rengel construían falsas narrativas “que rayan en lo delictual”.

El caso Porsche surgió en el 2025 tras el atentado con un artefacto explosivo en la zona comercial de La Bahía, en Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron un vehículo de lujo, registrado a nombre de la empresa Industrial Molinera del Grupo Noboa, estacionado en la Isla Trinitaria justo afuera de la vivienda del principal sospechoso del atentado.
El abogado del Grupo Noboa, Fernando Yávar, aseguró a la cadena Ecuavisa en octubre de ese año que todo se trató de una coincidencia, ya que el auto trasladó a una empleada de la empresa porque su hija había sido hospitalizada. Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas
