Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Cómo el expolicía que filtró información del caso León de Troya asesoró al correísmo para frenar el caso Villavicencio
La investigación sobre los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha entrado en una fase judicial decisiva.
Finalmente, para este viernes 5 de junio de 2026 está convocada la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la cual se revisarán las pruebas recogidas por la Fiscalía y se decidirá quiénes van a juicio por ordenar el asesinato de Villavicencio, el 9 agosto de 2023, en Quito.
José Serrano, exministro del Interior del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, y Daniel Salcedo, vinculado a casos de corrupción y crimen organizado, son los procesados por ese caso.
En medio de esta coyuntura, el miércoles 3 de junio de 2026, rindió su testimonio anticipado Rodney Rengel, el expolicía que se dio a conocer como investigador del caso León de Troya, el cual rastreaba supuestos nexos de personas cercanas al Gobierno de Guillermo Lasso con el crimen organizado. Aquella investigación había sido archivada inicialmente.
Sin embargo, el caso León de Troya volvió al centro del debate público tras la filtración del informe policial. La crisis política que desencadenó llevó a que, en mayo de 2023, el entonces presidente Lasso decretara la muerte cruzada, una decisión que puso fin a su mandato de forma anticipada y dio paso a elecciones extraordinarias (en ellas, Villavicencio participó como candidato hasta su asesinato).
El arresto de Rengel y las filtraciones
El 18 de diciembre de 2025, Rodney Rengel fue retenido y procesado penalmente por el delito de difusión de información de circulación restringida. No recibió prisión preventiva; salió libre.
Rengel fue procesado por la investigación que presume su responsabilidad en la filtración del expediente reservado del caso León de Troya.
Las autoridades policiales y judiciales investigan si Rengel extrajo y entregó de manera ilegal dicho informe reservado a Andersson Boscán de La Posta, a quien el expolicía tenía registrado en sus comunicaciones bajo el alias de ‘Amigo Bryan’.
Durante el operativo de retención de Rengel, los agentes incautaron tres dispositivos móviles, incluyendo equipos de marcas Infinix y Samsung, junto con un iPhone 16 que el propio expolicía entregó voluntariamente.
La explotación forense de estos terminales telefónicos reveló que el exoficial no solo filtraba documentos, sino que supuestamente formaba parte de una red dedicada a comercializar datos sensibles.
Nexos políticos y el caso Magnicidio FV
La extracción de datos de los teléfonos incautados evidenció un plan estructurado para supuestamente entorpecer y desvirtuar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio.
Las pericias demostraron que Rengel utilizaba en WhatsApp el alias de ‘Julián’ y que se comunicaba a través de correo electrónico con la cuenta uctcirodney@gmail.com.
En su libreta de contactos mantenía una vía de comunicación directa con el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga, uno de los procesados como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, a quien tenía guardado bajo la identidad falsa de ‘Roberto Arce’.
Asimismo, la información extraída ratificó que Rengel realizó un viaje hacia Venezuela con el propósito exclusivo de mantener reuniones presenciales con Aleaga.
El hallazgo más contundente fue la recuperación de grabaciones clandestinas identificadas como «Nueva grabación 39» y «40», en las que se registra una reunión del buró de la Revolución Ciudadana (RC).
En esa cita interactuaron el expresidente Rafael Correa, Ronny Aleaga, Freddy Carrión, Priscila Schettini, Suad Manssur, Patricio Pacheco, Juan Andrés González y el propio Rengel. Una pericia de cotejamiento de voces ratificó la participación de todos los personajes.
Además, en el expediente se agregaron fotografías de Rengel junto a Rafael Correa y junto a José Serrano, lo que llevó a los investigadores a concluir contactos presenciales con los dos políticos.
La transcripción detalla cómo los participantes planificaban la generación de una campaña en redes sociales como un mecanismo de defensa para deslegitimar el avance de las investigaciones del caso Magnicidio FV, que involucra a figuras como Aleaga y al exministro Serrano.
En los audios, los interlocutores decían que el caso de Villavicencio era un falso positivo armado por la exfiscal Diana Salazar y destacaban que Rengel, gracias a su experiencia policial, era la pieza perfecta para ayudarles a estructurar la defensa.
Como parte de esta estrategia, Rengel habría inventado una narrativa falsa relacionada con el informe policial del caso Acrópolis, que involucra a la célula de Los Lobos que fue sentenciada como parte de los autores materiales del asesinato de Villavicencio.
El expolicía entregó a miembros del correísmo un reporte afirmando que existían escuchas telefónicas que advertían sobre el atentado contra Villavicencio en el colegio Anderson, intentando culpar a la Policía de negligencia.
Sin embargo, el investigador original del caso Acrópolis, en una versión por el caso Magnicidio FV, desmintió la existencia de dichas escuchas.
En su último testimonio, Rengel habría confesado que la información del caso Acrópolis se la dieron solo verbalmente, que nunca verificó los datos y que mintió para ganar protagonismo (y ‘confianza’) con la gente de Revolución Ciudadana. Fuente: Primicias
Nacionales
Confirman que los ocho cuerpos hallados en la vía Jujan-Babahoyo corresponden a jóvenes desaparecidos de Daule
Los ocho cuerpos encontrados este 3 de junio en un sector de la vía Jujan-Babahoyo fueron identificados como los jóvenes que permanecían desaparecidos desde finales de mayo, según confirmaron sus familiares tras las diligencias realizadas por las autoridades.

La identificación se efectuó en el Laboratorio de Criminalística de Guayaquil, ciudad a la que fueron trasladados los cadáveres luego de su hallazgo en el sector Las Cañitas, ubicado entre las provincias de Guayas y Los Ríos.
Los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de mayo de 2026, fecha en la que salieron desde Daule con destino a Milagro.
Inicialmente, la Fiscalía General del Estado informó que investigaba si los cuerpos encontrados correspondían a los jóvenes desaparecidos y señaló que, junto con la Policía Nacional, se ejecutaron las labores de levantamiento de indicios y procesamiento de la escena.

Crisis de violencia
Antes de que se confirmara la identidad de las víctimas, familiares y allegados protagonizaron jornadas de protesta para exigir avances en la búsqueda y una respuesta de las autoridades sobre el paradero de los jóvenes.
Las manifestaciones se desarrollaron mientras continuaban las labores de rastreo e investigación para determinar qué ocurrió durante el trayecto entre Daule y Milagro.
El caso ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, país que se encuentra bajo una declaratoria de conflicto armado interno desde inicios de 2024, en cuyo marco el presidente Daniel Noboa calificó como organizaciones terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada.

Pese a esas acciones, la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Según cifras oficiales, Ecuador cerró 2025 con alrededor de 9.300 homicidios, el registro anual más alto reportado hasta ahora. Fuente: Vistazo
Nacionales
Estos son los otros siete detenidos en el caso que involucra al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís
Ocho personas fueron detenidas este 3 de junio de 2026, dentro de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, que se centra en el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Los procesados fueron trasladados hasta Quito, en donde enfrentarán la audiencia de formulación de cargos en las próximas horas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, esta presunta estructura de corrupción habría operado atrás de una aparente fachada de legalidad, obteniendo entre USD 15 millones y USD 17 millones de origen presuntamente ilícito.
Aunque aún no se conocen los detalles de la investigación, la autoridad adelantó que hay informes de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) que respaldan la investigación y apuntan a relaciones del alcalde de Esmeraldas.

Los ocho hombres detenidos en los operativos de este miércoles han trabajado en distintas instituciones en la provincia de Esmeraldas. Ellos son:
- Vicko Villacis Tenorio, alcalde de Esmeraldas desde 2023 por Revolución Ciudadana.
- Luis Reyna Tenorio, hermano del alcalde de Esmeraldas y exadministrador de la Unidad de Negocio Esmeraldas de la empresa pública CNEL.
- Luis Lastre Castillo, funcionario del Ministerio de Vivienda en Esmeraldas, y exfuncionario de la Empresa de Transporte del cantón Esmeraldas.
- Carol Lemos Hurtado, funcionaria del Municipio de Esmeraldas.
- Diego Montaño Tenorio, exayudante en la Unidad Judicial de Atacames.
- Jonathan Monte Bagui, exfuncionario del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas.
- Kleber Salcedo Tomalá, exjuez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Atacames, suspendido temporalmente en 2025 por irregularidades dentro de una causa.
- Jorge Pinos Galindo, juez de Sucumbíos, que fue en 2022 juez temporal de la Unidad Judicial Multicompetente en Atacames
El vínculo empresarial
Según el ministro Reimberg, una parte de la investigación se concentra en la empresa Reypezpacific S.A., que según la Superintendencia de Compañías es una firma dedicada a la comercialización, distribución, compra venta exportación de toda clase de productos pescado, crustáceos y moluscos.
Esta empresa actualmente está en proceso de disolución desde 2025, por no haber presentado su información económica a la Superintendencia desde 2020. Sus accionistas son Vicko Villacís y el esposo de su madre, Luis R. G.; mientras que el gerente es Luis Reyna, hermano del alcalde y también detenido.
En declaraciones a los medios, el ministro Reimberg señaló que esta empresa tendría vínculos con Pezymar Export S.A., una empresa que es procesada por lavado de activos y que estaría «relacionada directamente» con Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’.
Este último hombre, alias ‘Mexicano’ fue asesinado en Manta en 2025 y ha sido identificado como presunto financista de la banda criminal Los Lobos.
Los hermanos Villacís y Reyna también son socios en la empresa Reygrouph, que se dedica a actividades relacionadas con la limpieza, y también está en disolución. Fuente: Primicias
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