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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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Chinapintza: la frontera donde el oro ilegal cruza sin control

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Fuente: Ecuavisa

Chinapintza, en la parroquia Nuevo Quito, cantón Paquisha, Zamora Chinchipe, es uno de los principales focos auríferos del sur del país: más de 30 años de explotación ha dejado el cerro devastadoExisten 120 labores mineras identificadas desde 2010 que aún no han sido regularizadas, en medio de la suspensión del catastro minero.

Pero Chinapintza no es solo extracción: es un corredor clave donde circula material ilegal, incluso desde Perú.

Llegar no es fácil. Desde Zamora son casi dos horas en vehículo y luego una caminata entre lodo, selva y pendientes hasta llegar a los 2 000 metros de altura.

«Esas bocas minas que están en lado peruano no solamente extraen material aurífero de Perú sino también de Ecuador. Inicia en el territorio peruano, pero subterráneamente ya están atravesando suelo ecuatoriano más o menos se extienden entre 500 y 800 metros», revela un minero

Ante la falta de vías y plantas de procesamiento en el país del sur, el material aurífero cruza hacia Ecuador, donde termina siendo blanqueado.

La frontera, extensa y cubierta de vegetación, permite que cualquier sendero se convierta en una ruta clandestina, las huellas quedan en el camino: restos de maquinaria destruida, canecas de combustible y campamentos inhabilitados.

En Ecuador están Los Choneros; en el lado peruano, Los Trujillanos. Ambos disputan el tránsito del material aurífero, con cobros que alcanzan hasta USD 10 mil por cada volqueta. También exigen pagos por combustible, alimentos, armas y explosivos.

“La minera Las ansias sería una fachada de Los Trujillanos se hacen base para enfrentarse contra Los Choneros”, explica un minero

En septiembre de 2025, esta disputa entre bandas dejó cinco muertos. Ese mismo mes, el Ejército incautó cuatro fusiles, dos mil municiones y 25 explosivos.

Aquí arranca la ruta del oro ilegal y su blanqueo en el sur del país. ¿Cuántas volquetas pasan al día? Nadie responde.

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Cine amazónico ecuatoriano llega a Suiza

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La película ‘El Río de los Espíritus’, dirigida por el Colectivo Tawna y producida por Tawna, the Honnold Foundation y Fundación Kara Solar tendrá su estreno mundial en la edición 57 del Festival Visions du Réel en Nyon, Suiza.

El documental competirá en la selección internacional de mediometrajes y cortometrajes los días 23 y 25 de abril de 2026.

La obra ‘El Río de los Espíritus’ se convierte en la primera producción amazónica ecuatoriana en alcanzar esta categoría dentro del festival .

Una historia desde la selva y sus tensiones

La narrativa se construye desde el territorio Achuar, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago.

El relato sigue a Luciano Peas, un joven técnico que impulsa transporte fluvial con energía solar en medio de una amenaza latente. La posible construcción de una carretera podría fracturar su territorio, dividir comunidades y alterar la selva.

El documental articula:

  • Una tensión concreta entre desarrollo y conservación.
  • La figura del río, atravesada por una leyenda ancestral, guía el recorrido del protagonista.

Energía solar frente al avance extractivo

La propuesta del filme no se limita a la denuncia. Expone una alternativa. Las canoas impulsadas por energía solar aparecen como respuesta para conectar comunidades sin afectar el ecosistema ni contaminar el río Kapawi.

El proyecto plantea una transición tecnológica que busca sostener la vida comunitaria y evitar la fragmentación territorial.

Tawna y la construcción de una narrativa propia

El colectivo Tawna, fundado en 2017, reúne artistas sáparas, kichwas y mestizos que producen desde la Amazonía como territorio político y simbólico.

Su trabajo se desplaza entre el video, la fotografía y el archivo vivo. En los últimos años, sus obras han circulado en festivales internacionales y espacios como la Bienal de Cuenca y la Bienal de las Amazonías.

Un cine que conecta territorios

El estreno en Suiza proyecta una historia local hacia audiencias internacionales. El documental abre un espacio de diálogo entre territorios amazónicos y plataformas globales, con una narrativa que mezcla memoria, resistencia y tecnología.

¿Cómo llegó al festival?

  • Más de 3.700 películas compitieron por un lugar en uno de los festivales documentales más influyentes del mundo.
  • Solo 160 obras lograron entrar. Entre ellas, una historia nacida en la selva ecuatoriana.
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Mayra Salazar dice que ya pagó su error y exige devolución de sus bienes

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Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis bajo un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía, aseguró que ya cumplió con la justicia ecuatoriana y ahora exige la devolución de sus bienes, al sostener que estos no tienen origen ilícito. Salazar afirmó que ya cumplió su pena reducida y pagó la reparación correspondiente.

La relacionista reapareció públicamente con ese pronunciamiento luego de haber sido una de las piezas clave en la investigación del caso. En sus declaraciones, sostuvo que el error que cometió ya fue sancionado y que, tras haber colaborado con la Fiscalía y cumplir la condena impuesta, corresponde que se le restituyan los bienes que —según su versión— no provienen de actividades ilegales.

En julio de 2024, un juez acogió el procedimiento abreviado y la sentenció a 15 meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad y formalizar un acuerdo de cooperación eficaz con el Ministerio Público. En ese momento, la justicia destacó que la reducción de la pena respondía justamente a su colaboración dentro del proceso.

El caso Metástasis investiga una presunta red de corrupción, delincuencia organizada y favores judiciales articulada alrededor del narcotraficante Leandro Norero, y el testimonio anticipado de Salazar fue uno de los insumos más sensibles para abrir nuevas líneas investigativas, incluidas derivaciones como el caso Purga.

Tras recuperar su libertad en 2025, Salazar salió de Ecuador bajo resguardo, en un contexto de seguridad delicado por su condición de colaboradora del proceso. Su reciente pedido de devolución de bienes vuelve a colocar su nombre en el centro del debate público, esta vez no por sus revelaciones judiciales, sino por las consecuencias patrimoniales de su condena.

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