Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
El juez del caso Goleada, que procesa a Aquiles Alvarez, advierte: “No voy a permitir maniobras dilatorias”
La audiencia de vinculación de varios familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada, prevista para el 26 de mayo de 2026, fracasó por segunda vez y provocó el enojo del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García.
En el acta de la audiencia, el magistrado dejó constancia de su malestar ante la suspensión de la diligencia en la que Fiscalía prevé vincular a la esposa, madre y primos del alcalde al caso Goleada, que lo investiga por el delito de lavado de activos en el país.
“En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales”. Jairo García, juez del caso Goleada
El juez agregó: “Esta autoridad jurisdiccional deja bien en claro a los sujetos procesales, así como también al público, que la presente audiencia no se instala por imposibilidad material de garantizar el derecho a la defensa de las personas jurídicas. Sin embargo, no voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias”.
En su exposición, dos horas y media después de iniciada la diligencia judicial, el juez reconoció la dificultad de realizar la audiencia sin la presencia de los representantes legales de seis empresas a las que Fiscalía anunció que sumará como procesadas al caso Goleada.
Se refiere a las empresas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.
Las seis empresas estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a su cargo el 20 de marzo, cuya salida quedó asentada en el Registro Mercantil de la ciudad, donde constan todos actos societarios de una compañía.
“Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa. Pues bien, es cierto, somos ese puente para una correcta y eficiente administración de justicia, sin embargo, debo indicar algo que es primordial: nos encontramos dentro de una segunda convocatoria de esta audiencia de vinculación”. Jairo García, juez del caso Goleada
El magistrado reconoció que las renuncias han sido legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, sin embargo, dijo que estas compañías “en estos momentos deberían contar con una persona o un administrador subrogantes que pueda ejercer las mismas”.
Plazo de 24 horas
García dio el plazo de 24 horas para que la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil de Guayaquil presenten ante el juzgado los nombres de los administradores subrogantes que se encuentran al frente de las empresas que se busca vincular.
Así mismo, pidió a ambas entidades societarias que le remitan el listado del directorio de cada compañía para proceder a notificarles la fecha de la tercera audiencia de vinculación para que “de forma inmediata designen a un defensor jurídico que les va a representar”.
El juez conminó también a la Fiscalía “al ser el ente persecutor e investigador dentro de la presente causa, que se sirva diligenciar todos los mecanismos para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la defensa”.
“En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada para en la posterior convocatoria ejercer la defensa técnica material de las personas jurídicas”. Jairo García, juez del caso Goleada
Caso Progen
En su exposición, el juez del caso Goleada mencionó el caso Apagón, en el que se investiga las irregularidades en la contratación de la multinacional Progen, que no cuenta con representantes legales en el proceso judicial iniciado en Ecuador, pues sus directivos se encuentran prófugos y con difusión roja de Interpol.
“Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen, en donde la persona jurídica Progen, carece o no tiene representación legal en dicha causa, algo que es de dominio público”, comparó García y finalizó que “se va a garantizar el derecho a la defensa, tomando en consideración que tampoco se pueden permitir maniobras dilatorias”. Fuente: Primicias
Nacionales
¿Qué es Ecumar EP? Daniel Noboa formará una nueva empresa pública al fusionar Flopec y Astinave
El presidente Daniel Noboa dispuso la fusión de las empresas públicas Astilleros Navales (Astinave EP) y Flota Petrolera Ecuatoriana (EP Flopec) para que formen una nueva compañía llamada Ecumar EP.
Así lo ordenó mediante el Decreto Ejecutivo 395, en el cual explica que Flopec absorberá a Astinave. El periodo de transición durará 180 días contando a partir de la publicación del documento.
Durante ese tiempo se ejecutará la transferencia progresiva e integral de activos, pasivos, derechos, obligaciones, contratos, recursos, personal y demás relaciones jurídicas.
¿Qué es Ecumar EP y cuáles son sus objetivos?
Noboa especificó que esta compañía podrá constituir filiales, subsidiarias y unidades de negocio. También, estará habilitada para celebrar convenios de asociación, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e internacional.
En general, tendrá la potestad de ejecutar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas, que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
El mandatario especificó ocho funciones de Ecumar EP:
- La prestación, gestión, operación y desarrollo de servicio de transporte marítimo, fluvial y multimodal de hidrocarburos, sus derivados y carga en general.
- El almacenamiento, distribución, comercialización, abastecimiento y suministro de hidrocarburos y sus derivados.
- El manejo, administración, operación y desarrollo de infraestructura, facilidades y servicios de agenciamiento naviero, logístico, portuario, marítimo, fluvial, de almacenamiento y otros servicios asociados a dichas actividades.
- La ejecución de actividades marítimas, astilleras, industriales, metalmecánicas y tecnológicas, incluyendo la reparación, mantenimiento, carenamiento, transformación, modernización, ingeniería, fabricación y diseño de infraestructura.
- La fabricación, reparación, mantenimiento y provisión, integración y comercialización de bienes, equipos, sistemas y servicios especializados vinculados al ámbito marítimo, fluvial, portuario, logístico, industrial y energético.
- Actividades de abastecimiento, suministro, transporte, transferencia, importación, exportación, comercialización y aprovisionamiento de combustibles y lubricantes para consumo propio o de terceros.
- Desarrollar actividades relacionadas con logística integral, comercio exterior, cabotaje, operación y administración de flotas, servicios marítimos y logísticos costa afuera.
- Desarrollar actividades de innovación, investigación, implementación y transferencia tecnológica relacionadas con su objeto.
El directorio de Ecumar EP estará formado por el titular del Ministerio de Producción, un delegado del presidente Noboa y el líder de la Secretaría General de la Administración Pública. Fuente: Vistazo
Nacionales
Gobierno entrega lineamientos a los GAD para prepararse ante el fenómeno de El Niño 2026-2027
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) aprobó un conjunto de lineamientos estratégicos dirigidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta territorial ante la posible presencia del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nro. 126, emitida el 23 de mayo de 2026, según informó la propia entidad estatal a través de un comunicado oficial. De acuerdo con la SNGR, las directrices buscan orientar la planificación preventiva y la coordinación institucional en las zonas consideradas con mayor nivel de vulnerabilidad frente a eventos asociados a lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa.
El documento establece parámetros para que los distintos niveles de gobierno local desarrollen acciones de gestión de riesgos basadas en criterios técnicos.
Qué incluyen los lineamientos emitidos para los GAD
- Identificación de amenazas
- Construcción de escenarios de riesgo
- Priorización de territorios susceptibles a afectaciones por fenómenos climáticos
Asimismo, los lineamientos incluyen recomendaciones para fortalecer las salas de situación y monitoreo, impulsar acciones preventivas, actualizar planes locales de respuesta y reforzar la articulación entre instituciones públicas. La resolución también menciona la necesidad de fortalecer los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y mantener activos los sistemas de alerta temprana.
Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, otro de los componentes considerados en esta estrategia es la comunicación del riesgo, con el propósito de facilitar información oportuna a la población y promover acciones preventivas en las comunidades expuestas.
17 provincias están dentro de las zonas de influencia directa
La entidad señaló que el análisis técnico realizado para esta planificación identificó como áreas de influencia directa aquellas ubicadas hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este rango se encuentran 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias catalogadas con mayor susceptibilidad frente a inundaciones y deslizamientos de tierra.
Aunque el comunicado no detalla cuáles son las provincias incluidas en esta categorización, la SNGR indicó que estas zonas requerirán especial atención en materia de monitoreo y preparación institucional debido a las características geográficas y climáticas asociadas al fenómeno.
El Gobierno mantendrá vigilancia sobre la aplicación de las medidas
El Gobierno Nacional señaló que continuará supervisando la aplicación de estos lineamientos por parte de los GAD, en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres. La intención, según la entidad, es reducir los posibles impactos sobre la población y fortalecer la capacidad de respuesta de los territorios ante escenarios climáticos adversos.
El fenómeno de El Niño suele estar asociado a un incremento de la temperatura superficial del océano Pacífico y puede generar alteraciones en los patrones climáticos. En Ecuador, históricamente ha provocado episodios de lluvias intensas, desbordamientos de ríos, afectaciones viales y daños en infraestructura, especialmente en zonas costeras y áreas vulnerables. Fuente: Vistazo
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