Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
38 allanamientos en siete provincias para desmantelar red de presunto tráfico de armas
La madrugada de este jueves, 21 de mayo de 2026, se realizó un operativo, cuyo objetivo fue desmantelar una red por el presunto delito de tráfico de armas y explosivos. La información fue difundida por el ministro del Interior, John Reimberg.
Cómo fue el operativo
El operativo se realizó en siete provincias: Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha. En total se desplegaron cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional.
“Se está desarticulando una organización por presunto tráfico internacional de armas, explosivos y municiones. La afectación es Ecuador, Perú y Colombia”, señaló el titular del ramo.
Estos insumos fueron entregados a bandas delictivas. En Ecuador, por ejemplo, iban para ‘Los Lobos’.
Desde Huaquillas, en El Oro, el ministro Reimberg dijo que esperan tener más de 24 objetivos capturados, entre ellos el cabecilla de esta estructura delictiva.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional y tomaron alrededor de 11 meses hasta buscar todas las evidencias necesarias “para que no salgan de la cárcel”, tomando en cuenta que hay reincidentes. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Ecuador tiene tres caminos para responder a pedido de la CAN por aranceles a Colombia
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) dio plazo hasta este 21 de mayo a Ecuador y a Colombia para que levanten los aranceles recíprocos, tras considerarlos un gravamen al comercio bilateral.
Ante la inminencia del plazo dado, Ecuador tiene tres caminos: levantar los aranceles, presentar una reconsideración o acción de nulidad a las resoluciones de la CAN o, en un caso extremo, salir del bloque subregional.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró el 19 de mayo de 2026, en una entrevista con Ecuavisa, que el país está preparando una respuesta a la Comunidad Andina, que se entregará en los próximos dos días, aunque sin mayor detalle. «Ecuador siempre estará defendiendo sus intereses y en eso se enfoca la respuesta», añadió en una entrevista con Ecuavisa.
Sommerfeld sostuvo que el país tiene suficiente evidencia para justificar la tasa de seguridad impuesta a Colombia, que actualmente es de 100%.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre este tema que está dispuesto a levantar los aranceles si Ecuador también lo hace.
Escenario 1: Levantar aranceles
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia, con el argumento de que Colombia no ha colaborado en el control del narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
La medida inicial fue un arancel de 30%, que comenzó a cobrarse desde el 1 de febrero. Colombia respondió de forma recíproca, con un arancel de 30% a las importaciones de Ecuador, a partir del 24 de febrero.
Pero la tensión entre los dos países fue escalando. Y desde el 1 de mayo, Ecuador cobra un arancel de 100% a las importaciones de Colombia. Aunque, está previsto que a partir del 1 de junio, baje a 75%.
Mientras tanto, Colombia está cobrando aranceles, que van desde 35% hasta 75%, a 191 productos importados de Ecuador, desde finales de abril.
Uno de los caminos que podría tomar Ecuador es levantar el arancel impuesto a los productos importados de Colombia, dentro del plazo de 10 días dado por la Secretaría General de la CAN, en una resolución emitida el 7 de mayo.
Escenario 2: Demandar las resoluciones
El Gobierno de Daniel Noboa podría presentar un Recurso de Reconsideración ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) de la Resolución 2582, en la que ordena a Ecuador el levantamiento de la denominada ‘tasa de seguridad’ con la que los productos importados de Colombia están gravados actualmente con un arancel de 100%.
Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, explica que el objeto de un Recurso de Reconsideración es solicitar la modificación, revocatoria, aclaración o reconsideración de una resolución de la Secretaría. Pero, no suspende automáticamente los efectos de la resolución.
En la Resolución 2582, emitida el 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN calificó la ‘tasa de servicio de control aduanero’ como un «gravamen» a las importaciones de Colombia, que «vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena».
Además podría presentar un Recurso de Reconsideración de la Resolución N° 2581, emitida el mismo día, en la que se ordena a Ecuador que retire la restricción de habilitar el Puente Internacional de Rumichaca como único punto de ingreso de mercancías procedentes de Colombia, vía terrestre.
Para el levantamiento de las dos medidas, la CAN concedió un plazo de 10 días hábiles a Ecuador, contados desde el día siguiente de la publicación de estas resoluciones.
Sin embargo, si se presenta una acción por parte de Ecuador, la Secretaría General de la CAN tendría 30 días hábiles para pronunciarse.
Otra vía jurídica podría ser presentar una Acción de Nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN).
Rivadeneira explica que una Acción de Nulidad se presenta si se considera que una resolución de la Secretaría General viola el ordenamiento jurídico andino.
El pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre una Acción de Nulidad podría demorar más de dos años, explica el exministro de Comercio Exterior.
Escenario 3: Salirse de la CAN
Un escenario extremo podría ser que Ecuador salga de la Comunidad Andina (CAN), presentando una denuncia del Acuerdo de Cartagena, constitutivo del bloque.
Sin embargo, los efectos de la salida de un país de la CAN se dan de manera progresiva, primero el país demandante deja de tener obligaciones institucionales con el bloque. Y luego, en un lapso de hasta cinco años, pierde los derechos de libre comercio.
El único país que ha salida hasta ahora de la CAN es Venezuela, que presentó su demanda en 2006, pero mantuvo los beneficios de libre comercio hasta 2011. Fuente: Primicias
Nacionales
En un año, ADN presentó 151 proyectos en la Asamblea y uno se convirtió en ley
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha tenido todas las herramientas posibles para impulsar en este primer año de funcionamiento de la Asamblea Nacional sus iniciativas y propuestas.
Arrancó el 14 de mayo de 2025 tomando el control de la mesa directiva de la Función Legislativa, con Niels Olsen a la cabeza. ADN también copó todas las vocalías del Consejo de Administración Legislativa (CAL) junto a sus aliados.
Además, domina el 90% de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea, lo que le permite tener el control en temas como la fiscalización – que para la oposición es una deuda pendiente- así como de los contenidos y tiempos para tramitar proyectos de ley.
En la estadística, se establece que ADN y sus aliados acapararon el 60% de las intervenciones en el Pleno. Además, de los 111 cambios del orden del día, más de la mitad han sido propuestos por la bancada de gobierno.
Con altos y bajos, el bloque oficialista ha logrado mantener la mayoría compuesta (al menos 77 votos) con los exmiembros de Pachakutik, los desertores de la Revolución Ciudadana (RC) y los independientes.
¿Ha aprovechado ADN este panorama favorable para promover y aprobar los proyectos de ley de su autoría?
Casi el doble de propuestas con similar resultado
Hasta el 19 de mayo, en el sistema que registra los proyectos de ley ingresados a la Asamblea había 302 propuestas: 91 de estos proyectos corresponden a iniciativas de Revolución Ciudadana (RC) y 151 fueron de ADN.
Las propuestas presentadas por la bancada de gobierno se encuentran en el siguiente estado:
- Calificados por el CAL: 80
- Proyectos recién presentados: 23
- Conocidos por alguna comisión: 20
- A la espera del Informe de la Unidad Técnica Legislativa: 13
- Retirados: 4
- Con informe para primer debate: 7
- Con informe para segundo debate: 2
- Pasó el primer debate: 1
- Aprobado y publicado en el Registro Oficial: 1
Si bien ADN tiene presentadas 60 leyes más que el correísmo, el resultado final es prácticamente el mismo. Según los datos que arroja la web de datos legislativos, cada agrupación política cuenta con una ley aprobada, aunque la de RC aún espera el veto del presidente Daniel Noboa, mientras que la de ADN ya está en el Registro Oficial.

Se trata de la Ley para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación (Ley Dual) presentada por Valentina Centeno.
La agenda la marcó el gobierno
Quien tuvo más leyes aprobadas por ADN -en su rol de colegislador- fue el presidente Daniel Noboa que desde el inicio del periodo legislativo envió 9 proyectos urgentes en materia económica y todos fueron aprobados.
Estas propuestas fueron:
- Ley de Solidaridad Nacional (declarada inconstitucional)
- Ley de Integridad Pública (declarada inconstitucional)
- Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas (con demandas en la Corte Constitucional)
- Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia (con demandas en la Corte Constitucional)
- Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD (con demandas en la Corte Constitucional)
- Ley para el Fortalecimiento para la Minería (con demandas en la Corte Constitucional)
- Ley de Transparencia Social (con demandas en la Corte Constitucional)
- Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Vivienda de Interés Social
- Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
- En diálogo con PRIMICIAS, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, descartó que haya sido el Ejecutivo el que haya marcado la agenda y el trabajo de la Función Legislativa.
«Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo es un colegislador y es el Ejecutivo el que ha presentado nueve proyectos de ley en materia económica urgente. Lo que corresponde es debatir esos proyectos que entran por ventanilla», explicó Olsen. Fuente: Primicias
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