Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Siete médicos del MSP, detenidos por fingir que un narco albanés fuera del país seguía en Ecuador
Siete médicos y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) fueron detenidos durante la madrugada en Guayaquil, Quito y Macas. Según el ministro del Interior, John Reimberg, integraban una red que ayudó a Dritan Rexhepi, capo de la mafia albanesa, a aparentar que seguía en Ecuador, pese a que había salido del país en 2022.
La operación la ejecutaron la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, con 11 allanamientos. Cuatro de las detenciones se registraron en Guayaquil, tres en Quito y una en Macas. Los detenidos son investigados por presunta delincuencia organizada y por delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos, y perjurio.
«Cuello blanco o no, no hay impunidad. Todo siempre es cuestión de tiempo», afirmó Reimberg en rueda de prensa en el Cuartel Modelo de Guayaquil.
Un narco fuera del país que seguía «presentándose»
Rexhepi fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Sin embargo, no estaba en la cárcel, sino bajo la medida de presentaciones periódicas ante la justicia.
De acuerdo con el Ministro, el albanés salió del país por el puente internacional de Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, con una identidad falsa. En noviembre de 2023 fue detenido en Turquía. A inicios de 2025, fue extraditado a su natal Albania.
Aun así, en Ecuador seguían registrándose presentaciones a su nombre ante el SNAI, además de certificados médicos. Para justificarlas, la estructura habría usado documentos fraudulentos, firmas falsas, certificados irregulares y registros falsos de asistencia.
El elemento más llamativo del caso es un guante de látex con la huella dactilar de Rexhepi. «Con la vinculación de una persona del SNAI, tenían dentro de un guante de látex la huella dactilar de la persona para también hacer la presentación y así poder justificar que se encontraba aquí, cuando él seguía en actividades de narcotráfico», explicó Reimberg.
El funcionario del SNAI detenido sería quien facilitaba el uso del guante en el momento de cada presentación.
Un caso que estaba «en el cajón del olvido»
La investigación duró más de ocho meses. El Ministro aseguró que el expediente estuvo estancado hasta que la Policía pidió un cambio de fiscal. «Esta investigación estaba en el cajón del olvido, donde pensaban guardarlo hasta que esto se cierre», dijo. El caso pasó luego a una unidad especializada.
Sobre si hay funcionarios de la Fiscalía bajo sospecha, Reimberg indicó que aún se investiga quiénes permitieron que esto ocurriera. Añadió que los allanamientos también dejaron evidencias sobre otros posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública.
Tampoco se precisó cuántas veces se usó el guante desde 2022, ya que eso depende de la frecuencia de las presentaciones que había dispuesto el juez. Fuente: Vistazo
Nacionales
Tras la detención de Xavier Jordán, ¿quiénes siguen prófugos en los casos Metástasis y Fernando Villavicencio?
Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos por temas migratorios, los casos Metástasis y Fernando Villavicencio vuelven al centro del escenario.
En el caso Metástasis, Jordán fue señalado como uno de los supuestos administradores de los bienes del narcotraficante Leandro Norero (+). Tiene pendiente la audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada desde 2024.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que lo deportarán, aunque aún no hay una fecha para ello. Por su parte, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estimó que esto se daría en unos 15 días aproximadamente.
Ronny Aleaga
En el primer caso, Aleaga es acusado de actuar como el operador político de Leandro Norero y Xavier Jordán en la Asamblea Nacional. Según Fiscalía, él es alias El Ruso en las conversaciones que se encontraron en el celular del narcotraficante. Tras destaparse el caso Metástasis, salió del país a finales de diciembre 2023 rumbo a Colombia y el último paradero que se le conoció fue Venezuela.
En julio de 2026, el presidente subrogante encargado de la Corte Nacional de Justicia, Alejandro Arteaga, solicitó formalmente a Venezuela la extradición de Aleaga.
Mientras que en el caso Magnicidio FV, el exasambleísta habría fungido como un nexo para conectar la esfera política y financiera con la criminal.
Caso Metástasis
Además de Aleaga, en el caso Metástasis siguen prófugos seis personas más, uno de los cuales tenía un alto perfil mediático. Se trata del abogado Cristian Romero, quien defendía a Leandro Norero y sus familiares. Para lograr recursos favorables sobornaba a jueces.
Romero también lideraba una estructura criminal para liberar presos a cambio de dinero, pagando favores a funcionarios del sistema judicial. El caso se llama Plaga y tiene suspendido el juicio por presunta delincuencia organizada. Se desconoce su paradero. Fuente: Vistazo
Nacionales
Apagón voluntario en Ecuador: 150 industrias dejarán de producir un día a la semana
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales5 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales5 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas
