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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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Paquisha conmemoró 45 años de la Gesta Heroica y fue sede del IX Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú

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El cantón Paquisha fue el escenario del acto solemne por la conmemoración de los 45 años de la Gesta Heroica de Paquisha (1981) y el 31 aniversario de la Gesta del Alto Cenepa (1995), evento que se desarrolló mediante una Ceremonia Civil y el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú, como símbolo de memoria histórica, reconocimiento y compromiso con la paz.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa encargada del cantón Paquisha, María Velásquez, autoridades civiles y militares, representantes de la Gobernación de Zamora Chinchipe, delegados del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, delegaciones de veteranos de guerra de Ecuador y del Perú, instituciones educativas, organizaciones de paz y ciudadanía en general.

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa encargada María Velásquez, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, destacó que la fecha “no es un día cualquiera”, sino un momento en el que la historia exige memoria, respeto y gratitud. Subrayó que Paquisha no solo representa un punto geográfico, sino un símbolo de dignidad, soberanía y amor profundo por la patria, reafirmando el compromiso institucional de preservar la memoria histórica y promover valores de unidad, justicia social y paz duradera.

Por su parte, el capitán Luis Eras, delegado del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y del teniente coronel Héctor Chimborazo Martínez, transmitió un mensaje de reconocimiento a los veteranos de las gestas de Paquisha, Mayaico, Machinaza y Alto Cenepa, resaltando el legado de patriotismo, disciplina y sacrificio que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones militares y civiles. En su intervención, enfatizó que la paz alcanzada es fruto del valor y la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante el acto, el coronel Guillermo Vélez, miembro del Comité Mundial de la Paz, realizó una reflexión histórica y humanista sobre el significado de Paquisha como territorio de patriotismo, progreso y reconciliación binacional. Recordó su participación en los acontecimientos de 1981 y resaltó que el mayor triunfo de los pueblos no es la guerra, sino la construcción de una paz basada en justicia, democracia y libertad. Asimismo, destacó el crecimiento y desarrollo del cantón como evidencia del valor de la paz consolidada.

En el marco del encuentro binacional, Jorge Acuña, obispo y representante de la delegación del Perú, señaló que este noveno encuentro bilateral forma parte de un proceso sostenido de integración iniciado en 2018, orientado a promover la amistad, la convivencia y el desarrollo entre Ecuador y Perú. Recordó que la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la Paz y al Premio Princesa de Asturias, como reconocimiento a su labor por la reconciliación y la paz.

A su vez, Emilio González, en representación de los veteranos de guerra, enfatizó el rol de los excombatientes como constructores de paz y guardianes de la memoria histórica, destacando que la historia de los conflictos de 1941, 1981 y 1995 debe ser comprendida desde una mirada ética y humana, orientada a evitar la repetición de la violencia. Subrayó que la verdadera victoria no se mide en territorios, sino en la capacidad de preservar la vida y fortalecer el diálogo entre los pueblos.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento público al señor Job Sarango, héroe civil de la provincia de Zamora Chinchipe, destacado por su apoyo y guía a las tropas durante la Gesta Heroica de Paquisha, resaltando el papel fundamental de la población civil en la defensa del territorio nacional.

El Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra ratificó el compromiso de Ecuador y Perú con la paz, la integración y la cooperación, dejando como mensaje central que recordar la historia no divide a los pueblos, sino que los fortalece, y que la memoria es una herramienta fundamental para construir un futuro de convivencia, desarrollo y esperanza para las nuevas generaciones.

¡Que viva Paquisha! ¡Que viva Zamora Chinchipe! ¡Que viva el Ecuador y la paz entre los pueblos!

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Minería en disputa: Zamora Chinchipe reivindica autonomía gremial frente al centralismo del sector industrial

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La Cámara de Minería del Ecuador (CME), organismo gremial con 47 años de trayectoria institucional, reafirmó públicamente su rol como entidad técnica y empresarial encargada de agrupar y representar a las empresas del sector minero industrial, promoviendo una actividad minera responsable, legal y en estricto apego al marco normativo vigente.

En su pronunciamiento oficial, la CME precisó que el ciudadano Paul Pineda, de la provincia de Zamora Chinchipe, no integra esta organización, por lo cual la institución no reconoce ni valida ninguna vocería, representación o declaración atribuida al sector minero industrial que provenga de personas u organizaciones ajenas a su estructura formal. En ese contexto, la Cámara Nacional reiteró que no avala manifestaciones realizadas a nombre de la industria minera por actores externos al gremio.

Posición institucional de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe

Frente a este comunicado, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ) emitió una aclaración pública dirigida a la ciudadanía y al sector minero nacional, en la que ratifica su constitución legal, su autonomía gremial y su ámbito legítimo de representación.

La CAMIZ explicó que su presidente, el Sr. Paul Pineda, ejerce su liderazgo exclusivamente en representación de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia, sin que exista pretensión alguna de representar a la minería industrial o transnacional, competencia propia de la CME. La organización enfatizó que su legitimidad se sustenta en la base productiva local, vinculada directamente al territorio y a la economía provincial.

Regularización minera y derechos constitucionales

En su pronunciamiento, la Cámara provincial advirtió sobre la necesidad de centrar el debate público en los procesos de regularización minera pendientes, señalando que la falta de cumplimiento estatal constituye un factor de inseguridad jurídica para miles de familias que dependen históricamente de esta actividad.

La CAMIZ recordó que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, así como la seguridad jurídica para quienes, por tradición productiva, han ocupado y trabajado el territorio. En este sentido, reiteró su oposición a cualquier iniciativa que implique desplazamiento o despojo territorial en favor de intereses económicos externos a la provincia.

Autonomía gremial y ética institucional

Desde una perspectiva jurídica, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe subrayó que el derecho de asociación, reconocido por el ordenamiento legal ecuatoriano, garantiza la independencia organizativa de los gremios, por lo que no existe relación de subordinación entre la CAMIZ y la Cámara Nacional.

Asimismo, la organización hizo un llamado a la ética institucional, instando a que el debate minero se conduzca con responsabilidad, evitando prácticas de desinformación o confrontación política que afecten la credibilidad del sector y la convivencia social en los territorios.

Compromiso con una minería justa y soberana

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reiteró su compromiso con una minería justa, soberana y socialmente responsable, orientada al desarrollo local, al respeto de la historia productiva de la provincia y a la defensa de los derechos de los pequeños productores.

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Estudiantes de derecho de la UTPL presentan el primer boletín jurídico del sur del país

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En una entrevista concedida al programa informativo de Diario El Amazónico, Gabriela Durán, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer los alcances, objetivos y proyección académica del Primer Boletín Jurídico del sur del Ecuador, una iniciativa inédita impulsada desde la comunidad estudiantil universitaria.

Durante su intervención, Durán explicó que este proyecto surge como resultado del interés de los estudiantes de Derecho por materializar ideas académicas generadas en espacios de reflexión, diálogo con docentes y trabajo colaborativo entre compañeros. El boletín tiene un doble propósito: constituirse en un aporte tangible a la sociedad y, a su vez, funcionar como una escuela de formación académica para futuros abogados y abogadas del país.

La entrevistada señaló que el boletín busca cubrir vacíos de información jurídica en la región sur, ofreciendo perspectivas estudiantiles sobre derecho, política y sociedad. Al tratarse de un proyecto “de estudiantes para estudiantes”, su enfoque se centra en brindar información actualizada, verídica, accesible y de alta calidad, dirigida no solo a jueces, fiscales y profesionales del Derecho, sino también a la ciudadanía en general.

Desde el ámbito formativo, Gabriela Durán destacó que el valor del boletín trasciende lo material, pues constituye un referente simbólico y académico, al ser una de las primeras iniciativas de este tipo en la región. Asimismo, subrayó que el proyecto demuestra que los estudiantes no deben esperar al ejercicio profesional para liderar propuestas de impacto, sino que pueden hacerlo desde su etapa universitaria, con el respaldo institucional correspondiente.

En cuanto al proceso editorial, Durán informó que para esta primera edición se recibieron alrededor de 150 artículos a nivel nacional, provenientes de estudiantes de Derecho de la UTPL en modalidad presencial y a distancia. Los criterios de selección se centraron en aspectos técnicos, estructura, argumentación jurídica y redacción, brindando además un acompañamiento personalizado a cada autor, lo que fortaleció el carácter formativo del proyecto.

Los contenidos del boletín abarcan diversas ramas del Derecho, entre ellas Derecho Constitucional, Penal, Ambiental y Derecho Comparado, así como análisis de coyuntura social y política internacional. Entre los artículos destacados constan trabajos sobre los derechos de la naturaleza, temática en la que Ecuador es referente mundial, y estudios comparativos sobre figuras jurídicas como el infanticidio y la cadena perpetua en Ecuador y Perú.

Gabriela Durán resaltó que los estudiantes cumplen un rol central como investigadores y protagonistas del boletín, lo que contribuye a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad analítica y el compromiso social desde la academia. En este sentido, enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento jurídico, promoviendo el acceso ciudadano a información que permita comprender y ejercer los derechos establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, la estudiante agradeció el apoyo brindado por las autoridades y docentes de la UTPL, quienes respaldaron el proyecto tanto en el ámbito técnico como logístico y presupuestario, posibilitando la publicación del boletín en formato físico y digital, disponible en las plataformas oficiales de la universidad, en la sección de novedades.

Al cierre de la entrevista, Gabriela Durán invitó a la comunidad académica, jurídica y a la ciudadanía en general a leer el boletín, señalando que este no está dirigido exclusivamente a especialistas, sino a toda persona interesada en la justicia y en la construcción de un país más informado. “Aquí el derecho deja de ser herencia para convertirse en porvenir”, concluyó.

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