Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana
El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.
Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.
El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.
También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.
Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.
La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.
El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.
Nacionales
Ministerio de Salud apuesta por plataforma de USD 240 millones para controlar medicinas y conectar hospitales
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de una plataforma de gestión hospitalaria que busca mejorar la atención a los pacientes y fortalecer el control de medicamentos e insumos.
El proyecto, cuyo plazo de ejecución será de siete años, busca integrar la información de los pacientes, avanzar hacia una historia clínica electrónica única y fortalecer el control de medicamentos e insumos en la red pública.
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
“Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Plataforma para atención de pacientes
Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos.
Por medio de este proceso, las autoridades buscan “conectar progresivamente” los establecimientos administrados por el Ministerio y mejorar la atención a los pacientes.
“Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico”, dijo Aveiga.
“Contaremos con Dedalus Group, uno de los sistemas más probados y utilizados en el mundo y uno de los mayores proveedores globales de software de salud y soluciones de sistemas de información hospitalaria e historia clínica electrónica”, manifestó el gerente de CNT.
Esta contratación se anuncia en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas que atraviesan los hospitales públicos y que el Gobierno del presidente Daniel Noboa no ha logrado solucionar.
Las autoridades han atribuido esta escasez a supuestas mafias enquistadas en los hospitales. Ante esta situación, Noboa también ha anunciado compras masivas de medicamentos para enfrentar el desabastecimiento. Fuente: Vistazo
Nacionales
Bajan 3 centavos de las gasolinas Extra y Ecopaís y diésel en septiembre de 2026, anuncia presidente Noboa
El presidente Daniel Noboa anunció una reducción de USD 0,03 por galón de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel a partir del 12 de septiembre de 2026.
Con el ajuste, las gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos, pasarán de USD 3,24 a USD 3,21 por galón. El diésel Premium bajará de USD 3,18 a USD 3,15. Este precio estará vigente hasta el 11 de octubre próximo.
Se trata de la tercera reducción consecutiva. En julio, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel bajaron cinco centavos por galón. En agosto, los tres combustibles volvieron a bajar USD 0,02 por galón: la Extra y Ecopaís pasaron de USD 3,26 a USD 3,24, mientras que el diésel Premium bajó de USD 3,20 a USD 3,18.
Gobierno anticipó nuevas reducciones hasta diciembre
El Gobierno ya había anticipado que las reducciones podrían continuar de manera gradual hasta diciembre de 2026, pese al repunte del precio del petróleo en el mercado internacional, marcada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, que comenzó el 28 de febrero de 2026.
El precio del petróleo WTI, referencia para Ecuador, cerró este martes 8 de septiembre con un alza de 1,7%, en USD 93,03 por barril, impulsado por los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.
Es el precio más alto desde el 24 de julio, cuando el crudo cerró en USD 89,31.
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los precios del petróleo y los combustibles han mostrado gran volatilidad. En marzo subieron con fuerza, pero bajaron en abril tras el alto el fuego. En junio volvieron a repuntar, ante las nuevas tensiones y las dificultades para mantener el acuerdo.
Ecuador siente este impacto porque los precios de los combustibles para el sector automotor (gasolinas de bajo octanaje y diésel) ya no están congelados ni subsidiados. Ahora cambian mensualmente bajo un sistema de bandas que toma en cuenta el precio internacional del petróleo junto a otras variables.
Este mecanismo comenzó a aplicarse en julio de 2024 para las gasolinas Extra y Ecopaís, y se incorporó al diésel en diciembre de 2025.
El sistema de bandas establece límites para los cambios mensuales: los precios pueden subir hasta 5% o bajar hasta 10% frente al período anterior.
Sin embargo, este año el Gobierno de Daniel Noboa modificó el mecanismo con el objetivo de reducir el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel, que habían aumentado de manera consecutiva desde enero. Con el sistema de bandas, cuando los precios del petróleo y los combustibles bajaron en abril, tras el alto al fuego, esa reducción no se trasladó al consumidor final.
Por ello, en julio, Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 444, con este se creó un mecanismo excepcional para acelerar las bajas cuando se cumplen determinadas condiciones. Luego, en agosto, el Decreto Ejecutivo 468 modificó ese esquema para que las reducciones del costo de importación se trasladen de manera gradual a los precios de los combustibles.
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