Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
El juez de la Corte Constitucional, Raúl Llasag Fernández, renunció a su puesto en medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría sobre el patrimonio de los magistrados en Ecuador. La decisión se conoció este 8 de abril de 2026, según fuentes del organismo.
La renuncia del juez Raúl Llasag Fernández -quien argumentó motivos de salud- debe ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, de acuerdo con el art. 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su reglamento.
Raúl Llasag Fernández se desempeña como juez titular de la Corte Constitucional del Ecuador desde julio de 2025, cuando fue posesionado para el periodo 2025-2028.
Para que su renuncia sea aceptada se requiere de mayoría calificada (2/3 de votos) en el Pleno de la Corte, en un procedimiento similar al que siguió el organismo cuando renunció la jueza Teresa Núques Martínez y fue reemplazada por Llasag.
Su salida ocurre en en momentos que la Fiscalía General del Estado adelanta una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
El 2 de abril, el contralor Mauricio Torres reveló que son examinados por este organismo seis jueces de la Corte Constitucional: tres ya completaron su revisión, tres están en proceso y tres más comenzarán en los próximos días.
El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito, en alusión al caso de Terán y Lozada.
A su vez, la Corte Constitucional emitió un comunicado el 1 de abril, en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial. Fuente: Primicias
Nacionales
La pareja de ‘Fito’, la ‘influencer vacunadora’ y la matricida: estas son las reclusas más peligrosas enviadas a La Roca
La pareja sentimental de alias ‘Fito’, Verónica Briones, la denominada ‘influencer vacunadora’ de Machala, Diana Carolina G., y Andreína L., la mujer acusada del asesinato y desmembramiento de su madre, figuran entre las privadas de libertad de alta peligrosidad trasladadas a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
Estas mujeres cumplen condenas por diversos delitos, entre ellos matricidio, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, sicariato e incluso casos de delincuencia de cuello blanco. Entre las internas también figura ‘La Barbie del Sur’.
“Una extensa lista de delitos que no entrarían en este post si los enumero”, señaló el ministro del Interior, John Reimberg, quien difundió los rostros de las mujeres incluidas en este grupo.
Reimberg informó este miércoles 8 de abril que un total de 61 mujeres fueron reubicadas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3, mejor conocido como La Roca, como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario.
El traslado se ejecutó entre el martes 7 y miércoles 8 de abril desde nueve centros penitenciarios del país.
“Bienvenidas a La Roca”, escribió Reimberg en sus redes sociales, en alusión al centro de máxima seguridad, cuyo uso para albergar a reclusas de alto perfil ya había sido anunciado días atrás.
Pareja de alias ‘Fito’
Verónica Narcisa Briones Z., conocida como pareja sentimental de alias ‘Fito’, fue llamada a juicio dentro del caso ‘Blanqueo Fito’, que investiga una presunta red de lavado de activos que operaba como un “clan familiar”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, esta estructura habría estado liderada por alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, quien actualmente se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, en Estados Unidos.
Según las autoridades, Inda Peñarrieta Tuárez, esposa de ‘Fito’, quien permanece prófuga de la justicia, junto con Verónica Briones habrían ingresado presuntamente alrededor de 2,4 millones de dólares al sistema financiero ecuatoriano.
La ‘influencer’ acusada de vacunar en Machala
La influencer Diana Carolina G. es acusada de formar parte de una red de extorsión o ‘vacunas’ relacionada con la banda criminal ‘Los Lobos’, según la Policía. La joven mostraba su vida cotidiana en Machala, pero en los últimos años sus publicaciones dieron un giro radical: viajes y lujos comenzaron a ser más frecuentes.
Su nombre salió a la luz luego de su captura en un operativo. “Los servidores policiales recibieron la denuncia por parte de una comerciante quien indicó que empezó a recibir mensajes y llamadas de carácter extorsivo. Los antisociales exigían la cantidad de 6.000 dólares, a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia”, dice el informe de la entidad.
La matricida de Sauces 9
Una pena máxima agravada de 40 años de prisión cumple Andreina L. S. por el asesinato de su madre, Marta Solís Cruz, en un caso que conmocionó al norte de Guayaquil por la forma en que el crimen fue cometido.
El hecho ocurrió en octubre de 2025 en una vivienda del sector Sauces 9, donde fue hallado el cadáver de la víctima, en estado de descomposición, oculto en una lavadora.
El crimen, en el que se determinó que Andreína L. S. actuó con alevosía y ensañameinto, fue reconstruído por la Fiscalía a partir de la denuncia por la desaparición de Marta Cecilia Solís Cruz, reportada el 5 de octubre de ese año.
La ‘Barbie del sur’ de Guayaquil
Simuy L. S., conocida por su alias como ‘Barbie del sur‘, cumple una pena privativa de libertad de 23 años 11 meses por la tentativa de asesinato cometida en contra de la modelo de televisión Angie Silva, el 28 de junio de 2015, a las afueras de una discoteca ubicada en la zona rosa en el centro de Guayaquil.
Además, durante su permanencia en prisión, fue nuevamente sentenciada por las lesiones causadas a una compañera de celda, en un hecho registrado el 3 de septiembre de 2018.
De acuerdo con las autoridades, esta medida busca concentrar a las internas consideradas más peligrosas en un solo recinto, con el fin de fortalecer el control estatal y la seguridad del sistema penitenciario. Fuente: Vistazo
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Maldonado, negó el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales de 2027 por un supuesto riesgo climático. Según Maldonado, el órgano electoral actuó de forma técnica y motivada.
De acuerdo con la sentencia, el CNE goza de atribuciones organizativas que incluyen la facultad de planificación estratégica de las elecciones, por lo que la actualización del calendario de las seccionales no constituye una reforma a la normativa electoral vigente, como impugnó el asambleísta y presidente del PSC, Alfredo Serrano, en su recurso.
Asimismo, el magistrado Maldonado determinó que la resolución adoptada por el CNE, con base al informe de la Secretaría de Riesgos, contiene una exposición clara de los hechos, identifica el marco normativo aplicable y establece un nexo causal coherente.
Cambio de fecha no altera periodos ni funciones
El juez Maldonado señala en su sentencia que la modificación del calendario electoral tampoco altera los periodos de funciones ni las fechas de posesión de las autoridades locales. De hecho, hizo dos precisiones sobre los términos:
- Sufragio es el momento de la expresión popular en las urnas.
- Elección es el proceso integral, que abarca desde la convocatoria a elecciones hasta la investidura de las autoridades electas.
«Si bien la jornada de sufragio se ha trasladado para el 29 de noviembre de 2026, la planificación técnica determinó que la fase de proclamación de resultados y entrega de credenciales concluirá el 13 de febrero de 2027. Este diseño cronológico garantiza de forma efectiva que el hito de posesión establecido en el precitado artículo 91 se mantenga incólume para el 14 de mayo de 2027″, señala la sentencia del juez Maldonado.
Juez dice que el CNE es «garante» de la democracia
En ese sentido, el magistrado concluyó que «el Consejo Nacional Electoral actuó como garante de la democracia al priorizar la protección de los derechos de participación frente a una situación debidamente documentada en informes técnicos. La reprogramación del calendario electoral se configura como una medida dirigida a proteger y maximizar el ejercicio del derecho al voto, asegurando su efectividad en todo el territorio nacional».
El origen del conflicto y procesos pendientes
El 27 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones de 2027 por un supuesto riesgo de un fuerte Fenómeno de El Niño alertado por la Secretaría de Riesgos. Las votaciones de las seccionales pasaron del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.
Además del recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Partido Social Cristiano (PSC) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que aún está pendiente de resolución.
Por otro lado, aunque el TCE inadmitió la impugnación presentada por el movimiento Revolución Ciudadana en contra del cambio de fecha de las seccionales, los asambleístas del correísmo anunciaron que también presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Fuente: Expreso.ec
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