Nacionales
Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos
La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.
El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.
Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.
Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades.
Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.
El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.
Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.
En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.
Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.
Otras irregularidades recurrentes
El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.
Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.
Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones
En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.
Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría
Nacionales
Juez convoca a audiencia de habeas corpus a favor de Jorge Glas para este 26 de diciembre
Un juez penal de La Libertad convocó a una audiencia de habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, que se realizará este viernes 26 de diciembre, a las 11:00, en modalidad mixta y de carácter público, según informó su defensa.
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Defensa denuncia vulneración al derecho a la defensa
La defensa de Glas informó que el 24 de diciembre recibió dos notificaciones judiciales importantes. La primera corresponde a la convocatoria a la audiencia de habeas corpus y la segunda a la sentencia escrita del caso Reconstrucción de Manabí, cuya condena fue dictada de forma oral el pasado 30 de junio.
Audiencia será pública y con obligación de presentar a Glas
En su providencia, el juez dispuso la comparecencia obligatoria del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la Dirección del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Santa Elena y la Procuraduría General del Estado. También se ordenó notificar al centro de máxima seguridad La Roca.
El magistrado estableció el principio de “cuerpo presente”, por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de presentar a Jorge Glas en la audiencia, ya sea de forma física o telemática, bajo advertencia de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La audiencia se desarrollará a través de Zoom y desde el despacho judicial, con acceso presencial limitado para la ciudadanía por razones de seguridad.
Medidas cautelares y atención médica
De forma previa, el juez dictó medidas cautelares constitucionales inmediatas para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del exvicepresidente, en su condición de persona privada de la libertad.
En ese marco, se ordenó al Ministerio de Salud Pública, al SNAI y a las autoridades del CPL de Santa Elena coordinar todas las medidas necesarias para garantizar su atención.
La providencia establece que, si existe una necesidad médica debidamente justificada, Glas deberá ser trasladado a un hospital o centro de salud público, conforme a la recomendación del personal médico penitenciario.
Glas permanece en la cárcel del Encuentro. A inicios de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, recalcó que el exvicepresidente ha recibido más de cuatro visitas médicas y que cuenta con medicamentos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Aplazan para enero la imputación a líderes de Los Lobos por el asesinato de Fernando Villavicencio
La audiencia en la que la Fiscalía General del Estado tenía previsto formular cargos contra líderes del grupo criminal Los Lobos por la presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio fue aplazada nuevamente y se realizará el 28 de enero.
La diligencia estaba prevista para este viernes y debía incluir al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España, así como a otros dos cabecillas de la organización criminal.
El juez Giovanny Freire, recientemente asignado al proceso, tomó la decisión al señalar que se trata de un caso de “elevada complejidad fáctica y jurídica”, con múltiples procesados, que requiere una preparación jurisdiccional reforzada y disponibilidad plena del despacho.
Cambio de juez y antecedentes del proceso
Freire reemplaza temporalmente a la jueza titular María Ayala, quien fue suspendida por el Consejo de la Judicatura. Según el organismo, durante una audiencia previa, el 3 de septiembre, Ayala habría emitido comentarios que afectaron a la fiscal del caso, incurriendo en actos de intimidación.
No obstante, la sanción concluiría antes de la fecha fijada para la nueva audiencia, por lo que el proceso podría volver a manos de la jueza titular para finales de enero.
Esta es la segunda vez que se difiere la imputación de Pipo, Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal.
El primer aplazamiento ocurrió el 12 de diciembre, a pedido de Gordo Luis, quien se encuentra recluido en la nueva cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa. El procesado se negó a que se le asignara un abogado público y solicitó la presencia de un defensor privado.
Investigación por autoría intelectual del crimen
La fiscal Ana Hidalgo solicitó incluir a los líderes de Los Lobos tras recabar elementos que hacen presumir su participación en el asesinato de Villavicencio, ocurrido a la salida de un mitin político, pocos días antes de las elecciones extraordinarias de 2023.
Una vez formulados los cargos, los tres cabecillas se sumarían a los otros cuatro procesados en la causa: el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta Ronny Aleaga. Fuente: Vistazo
Nacionales
Dos sentenciados por asesinato de influencers fueron enviados a la Cárcel del Encuentro: ‘Aquí está su nuevo hogar’
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los dos hombres sentenciados por el asesinato de los hermanos e influencers de TikTok, Digner y Mayling Kutaitong Mendoza, de 28 y 26 años, respectivamente, fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
Luis Fernando Torres Matamoros y Oliver Jacinto Guerrero Torres, condenados a 26 años de prisión por su participación en el crimen, fueron recluidos este miércoles en el centro de máxima seguridad.
Reimberg publicó imágenes en las que ambos aparecen rapados y vistiendo un conjunto de ropa naranja, de rodillas junto a miembros de la Policía Nacional, y dentro de sus respectivas celdas.
El hecho violento ocurrió a mediados de junio del 2022. Según se reveló en la fase investigativa, ambas víctimas, oriundas de la ciudad de Quevedo, iban en un vehículo y fueron perseguidas por al seis sujetos armados, incluidos los sentenciados, quienes, al interceptarlos, les dispararon a quemarropa.
La Cárcel del Encuentro
El anuncio del traslado de ambos condenados fue emitido una semana después de que la Armada del Ecuador movilizó a 173 Personas Privadas de Libertad (PPL) del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas hasta la Cárcel del Encuentro, construida durante el Gobierno de Daniel Noboa e inspirada en el modelo penitenciario del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
“Con estas acciones, las Fuerzas Armadas del Ecuador reafirman su compromiso permanente con la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden interno y el apoyo al sistema de rehabilitación social del país”, declaró la institución.
La Cárcel del Encuentro empezó a operar el 10 de noviembre de este año con el traslado de 300 privados de la libertad, entre ellos figuras de alto perfil como el exvicepresidente Jorge Glas, el exlegislador Pablo Muentes condenado en el caso Purga o alias ‘Invisible’, involucrado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Fuente: Vistazo
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