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Entre 2011 y 2020, los municipios incumplieron la normativa ambiental en la gestión de residuos y desechos sólidos

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La falta de licencias ambientales, ausencia de auditorías de cumplimiento, falta de programas de mitigación, control y corrección de afectaciones al ecosistema, entre otros aspectos mandatorios de la normativa correspondiente, fueron las irregularidades recurrentes que se evidenciaron en el análisis de 28 informes de exámenes especiales, aprobados por la Contraloría General del Estado, entre 2015 y 2021.

El organismo de control, a través del Reporte de Control Público No. 4, señala que la inobservancia de la normativa ambiental, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y la inadecuada planificación de las operaciones fueron las falencias que caracterizaron la gestión integral de desechos y residuos sólidos, en los gobiernos autónomos descentralizados, entre 2011 y 2020.

Luego de analizar 165 conclusiones de auditoría, contenidas en 28 informes, se determinó que el 34,55 % de las irregularidades se derivaron de inobservancias de normativa técnica y legal, en el ámbito ambiental.

Los cabildos y empresas públicas municipales no gestionaron la obtención de licencias ambientales para la operación de escombreras y rellenos sanitarios, por lo que no contaron la autorización del Ministerio del Ambiente; y, en consecuencia, no contaron con un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos causados en los ecosistemas por estas actividades. 

Los proyectos que contaron con licencias ambientales también fueron observados, debido a que operaron fuera de las áreas delimitadas. En otros casos, se identificó la falta de implementación de los planes de manejo ambiental y de los programas de monitoreo y seguimiento. Tampoco aplicaron las políticas, los reglamentos y las ordenanzas para regular el manejo de desechos y residuos.

El estudio arrojó que los municipios no generaron campañas de capacitación para incentivar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recolección diferenciada de la basura, para su aprovechamiento y disposición final.

Por otra parte, se observaron falencias y falta de planificación en los cierres técnicos de botaderos a cielo abierto y la ausencia de controles sobre la calidad de los efluentes (líquidos residuales) de las plantas de tratamiento de lixiviados. Los líquidos, producto de la descomposición de los desechos y residuos, antes de ser descargados a fuentes hídricas naturales, rebasaron el límite máximo permitido para su descarga, establecido en la normativa ambiental.

En el caso de la gestión de desechos peligrosos, generados en las casas de salud, los municipios utilizaron vehículos y equipos que no fueron los apropiados para su traslado, desde los lugares de recolección, hasta los sitios de disposición final.

Tampoco se controló la entrega y uso de indumentaria de protección, poniendo en riesgo la seguridad del personal que ejecutó las tareas de barrido, recolección y transporte de residuos urbanos y desechos peligrosos.

Otras irregularidades recurrentes

El 15,15 %, del total de conclusiones, evidenciaron incumplimientos de las obligaciones contractuales y de las cláusulas de los convenios suscritos por las alcaldías, empresas públicas municipales y el Ministerio del Ambiente, con otras entidades, tanto estatales como privadas, para la gestión de los desechos y residuos.

Se detectaron retrasos en la ejecución de los contratos y concesión de prórrogas sin justificación. Por ejemplo, en las consultorías contratadas para gestionar los residuos sólidos, los contratistas no entregaron los informes de viabilidad técnica, retrasando el inicio del proceso de obtención de licencias ambientales.

Los contratistas no entregaron pólizas de responsabilidad civil, ni garantías técnicas y de buen uso de los recursos públicos; incumplieron la cantidad, perfil y experiencia de los profesionales dispuestos para el desarrollo de los contratos; no detallaron las características ni el volumen de los materiales que ingresaron en las áreas de disposición final de desechos y residuos sólidos. Estas omisiones dificultaron las acciones para el mantenimiento y utilidad efectiva de los espacios de las instalaciones

En el 8,48 % de las conclusiones se establecieron irregularidades en la planificación de las contrataciones, adquisiciones y operaciones. Se suscribieron contratos complementarios sin justificación técnica, para el servicio de recolección y transporte de basura, debido a que no se planificó el inicio de nuevos procesos de contratación, que garanticen mejores condiciones, en calidad y precio para las entidades.

Los informes de auditoría señalan que no se realizaron evaluaciones y controles a los programas de rutas de recolección, por lo que no se garantizó eficiencia y beneficio a la comunidad. Tampoco se ejecutó el seguimiento y registro de la cantidad de desechos peligrosos trasladados a los rellenos sanitarios. (I) Fuente: Contraloría

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«No hay lluvias, pero hay energía», sostiene la ministra Inés Manzano, mientras el embalse de Mazar cae de forma acelerada

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La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó, este 8 de enero de 2026, un riesgo de apagones en Ecuador, en medio de la preocupación por la falta de lluvias en el sur del país y la caída acelerada del embalse de Mazar.

«No hay ningún riesgo de apagón. Acordémonos, en 2024 no había lluvias, no había energía. 2026: no hay lluvias, pero hay energía», explicó la ministra en una entrevista con Radio Centro.

Según la funcionaria, eso significa que «lo que hicimos todo el año pasado, mantener nuestro embalse Mazar, que es el más importante… y para eso son los embalses, cuando hay la época en que no hay lluvia, comienzas a utilizar la energía que está represada».

Debido a la falta de lluvias desde diciembre de 2025 en el Austro del país, donde se encuentra Paute-Molino, el complejo hidroeléctrico más grande de Ecuador, el nivel del embalse de Mazar ha empezado a caer más rápido.

El nivel máximo del embalse de Mazar es de 2.153 msnm, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace. Pero por la disminución de lluvias, este 8 de enero (con corte a las 10:00), el nivel del embalse se encuentra en 2.137 msnm.

Si el nivel del embalse cae por debajo de 2.115 msnm, lo recomendable, desde el punto de vista técnico, es que la hidroeléctrica Mazar salga de operación, para no sufrir daños en sus turbinas por el ingreso de sedimentos.

Inés Manzano añadió que el Gobierno ha realizado algunas inversiones en el sector eléctrico. «Este año tienen que entrar 300 megavatios de térmicas, que es la energía firme, y, adicionalmente, la energía solar».

Sin embargo, el sistema eléctrico de Ecuador aún es vulnerable. Hay un faltante de 866 megavatios de generación pendiente por instalar, de acuerdo con un informe del operador estatal Cenace.

Mientras tanto, en el Austro del país, los niveles de los ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico Paute y al embalse de Mazar siguen cayendo.

En Cuenca, por ejemplo, tres de los cuatro ríos que alimentan a Mazar se encuentran en niveles bajos este 8 de enero, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA. Fuente: Primicias

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CAL pide informe para avanzar con el juicio político contra Mario Godoy: ‘esta Asamblea no adelanta sentencias’

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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional pidió un informe técnico para avanzar con el procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Este jueves 8 de enero de 2026, se instaló la sesión presidida por el titular del Legislativo, Niels Olsen, los vocales Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri y Steven Ordoñez, para conocer y resolver la solicitud contra Godoy, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, acerca de presuntas presiones y amenazas para beneficiar un narco serbio.

Al inicio de la sesión, Olsen manifestó que “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia”, recalcó.

Asimismo, Olsen enfatizó: «esta Asamblea Nacional no adelanta sentencias, hace que le corresponde, cuando corresponde«.

Con 5 votos a favor, el Consejo aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual deberá ser presentado en el plazo máximo de 3 días.

En la misma sesión, los consejeros del CAL acogieron la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

Presuntas amenazas en la Judicatura

En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presuntas presiones desde la propia Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado por el delito de lavado de activos.

Según relató Serrano, su pesadilla comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando sentenció a 10 años de prisión a Srdan por lavado de dinero. Tras el fallo condenatorio, le fue retirada la protección policial, una decisión que —advirtió— lo obligó a abandonar el país ante las amenazas que habrían puesto en riesgo inminente su vida.

A las denuncias de Serrano se suma el caso de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien aseguró que la institución, bajo el liderazgo de Mario Godoy, la dejó “a merced del crimen organizado”, pese a haber recibido múltiples amenazas de muerte.

En su defensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones surgidas tras la denuncia del juez Serrano. En su intervención, sostuvo que la entidad que dirige “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales y no emite ni modifica fallos”.

Asimismo, Godoy advirtió sobre un supuesto plan político que buscaría afectar a todas las funciones del Estado y que, según afirmó, habría iniciado en su contra con el objetivo de apartarlo del aparato judicial. Fuente: Vistazo 

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Empresa vinculada con ‘El Turco’ Massuh vendió un software inservible a CNT por USD 4,5 millones

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El informe de la Contraloría fue publicado el 24 de diciembre de 2025. El documento revela presuntas irregularidades en un acuerdo comercial firmado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y una empresa no identificada, que causó un perjuicio de USD 4,5 millones. Pero detrás de dicho acuerdo, cuyos detalles se hacen públicos por primera vez, hay conexiones que se extienden más allá y llegan hasta el caso Encuentro.

La empresa que no es mencionada en el informe de la Contraloría es Milton Morris Partners & Co, una compañía ecuatoriana con sede en Samborondón, provincia del Guayas, y relacionada con Nain Massuh, ‘El Turco’, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana, cuyo último paradero conocido es Colombia, donde fue detenido y luego liberado.

Massuh es un personaje del que se conoce poco, pero cuyo nombre salió a la luz en los casos Encuentro y Metástasis. Es un empresario mencionado en las conversaciones entre Xavier Jordán y el fallecido narcotraficante Leandro Norero, aunque no está procesado en este caso.

Sí lo está en el caso Encuentro, en el que la Fiscalía lo señala de ser quien manejaría varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener «réditos económicos indebidos» para su socio y amigo, Clemente Icaza Morla, entonces gerente de la empresa pública CNEL.

Según el informe de la Contraloría, Milton Morris Partners & Co vendió una «solución tecnológica de gestión de procesos corporativos y de cumplimiento», por el que CNT pagó USD 4,5 millones. La idea era que CNT luego venda ese software a las instituciones públicas, y recupere lo «invertido». Pero eso nunca pasó, pues en realidad no había interés en las instituciones públicas en un sistema de ese tipo.

Las irregularidades en el acuerdo comercial
El acuerdo comercial entre CNT y Milton Morris se firmó el 27 de mayo de 2022, es decir en el tiempo que Ralph Suástegui se desempeñaba como gerente (entre agosto de 2021 y mayo de 2023). Según la Contraloría, el 21 de junio de 2022 CNT desembolsó los USD 4,5 millones.

Pero antes de firmar el acuerdo, CNT comenzó a ‘armar’ la necesidad de dicha contratación. La investigación de la Contraloría evidenció que, en realidad, no había interés de parte de las instituciones públicas en adquirir un «sistema de gestión de contratos».

Una segunda irregularidad que CNT halló es que originalmente Milton Morris había ofertado que el pago de los USD 4,5 millones era por «la acreditación (a CNT) como canal comercial exclusivo» de dicho software. Pero luego, el acuerdo comercial firmado, estableció que el pago de los USD 4,5 millones sería por el «soporte, mantenimiento y actualización de todas las licencias entregadas en comodato por tres años». Es decir, CNT recibió las licencias «en calidad de préstamo de uso».

Al final, la Contraloría encontró que, a 2025, CNT no recibió ni un dólar de ingresos por la reventa de este software, ni consiguió cerrar una sola venta. La «solución tecnológica» tampoco fue usada por todas las áreas de CNT, como estaba previsto. Es decir, que el perjuicio ascendió a USD 4,5 millones, el mismo valor pagado a Milton Morris.

PRIMICIAS consultó a CNT si el acuerdo sigue vigente y si se han hecho gestiones para recuperar algo de lo pagado. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota la tarde del 7 de enero de 2026 no ha habido una respuesta.

La «solución tecnológica» que CNT compró con el acuerdo comercial incluía módulos para gestión de contratos, de gobierno corporativo, de recursos humanos, gestión documental, «data room» y gestión de procesos y debida diligencia. Además, el uso de una aplicación llamada Proximit.

Massuh, detrás de Milton Morris
Milton Morris Partners & Co fue creada, en 2019, por Francisco y Raúl Marchán. Después de algunos movimientos en sus registros, la accionista principal de esta firma desde 2020 es Erna Aguirre Palacios, esposa de Nain Massuh. Es una empresa que, según su registro en la Superintendencia de Compañías, se dedica al desarrollo de software y tecnología.

Milton Morris & Partners también existe como empresa registrada en Delaware, Estados Unidos, aunque no es público el nombre de sus directivos o accionistas.

El nombre de la empresa aparece varias veces en el caso Encuentro. En ese expediente, constan las transcripciones de cientos de grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa de Massuh, en Samborondón, que se obtuvieron en un allanamiento. Aunque ningún contrato con CNT llegó a ser incluido en la acusación contra Massuh, pues las investigaciones se concentraron en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en su amistad con Antonio Icaza, exgerente de esa empresa

En las grabaciones obtenidas de la casa de Massuh (en las que no se identifica a los interlocutores), el nombre de la empresa Milton Morris aparece varias veces, al igual que múltiples menciones a CNT. Por ejemplo, en un archivo de diciembre de 2022 (después de la firma del acuerdo comercial), un hombre dice: «Acuérdate que Milton me compró a mí con CNT».

Los archivos del caso Encuentro
En otro archivo, de septiembre de 2022, el grupo aparentemente se refiere al acuerdo de Milton Morris con CNT:

– VM1: llego ayer a llorarme, que ayude, que ni sé, que con este man del Municipio, que le ayude con el software porque le puede vender. (Le) digo: bueno, está bien, véndelo el software, yo le pago comisión. No (v)es que yo soy el que vende el software. Yo hice un acuerdo con CNT y  CNT no vende.
VM2: Ah ya.
VM1: Y CNT es mi socio, es mi distribuidor autorizado. Entonces yo vendo en (USD) 5 millones, CNT se queda con 2 (millones) y yo con 3 (millones). Así 40-60.
VM2: No te creo.
VM1: Yo he vendido como pan caliente y en el Estado quieren.

En otra grabación, que corresponde a enero de 2023, un hombre dice: «Erna (la esposa de Massuh) administra 29 empresas, tiene certificaciones ISO9001, 37000, 36000. Adminases (otra empresa de Erna Aguirre) le da el servicio de administración a Milton Morris de Estados Unidos, Milton Morris Ecuador…».

Esto se menciona en el marco de una conversación en un grupo sobre un posible negocio con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Los participantes buscan usar el mismo modelo: llegar a proveer el servicio a través de un acuerdo comercial con CNT. «La intención es que el acuerdo comercial se firme entre la ANT y CNT y si es que nosotros como integradores estamos apagando el CNT para soportar esa consola», dice una parte de la conversación. Fuente: Primicias

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