En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el precandidato a la Alcaldía del cantón Nangaritza, Ángel Lupercio, dio a conocer las motivaciones, lineamientos y propuestas que sustentan su participación en el proceso electoral previsto para noviembre de 2026.

Lupercio manifestó que su decisión de incursionar en la política no responde a una aspiración personal, sino el respaldo de sectores ciudadanos y actores comunitarios de localidades como Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso y Nankais, quienes han valorado su trayectoria de trabajo social y comunitario desde su llegada al cantón en el año 2004. “Esta participación nace desde el reconocimiento de un trabajo sostenido con organizaciones y comunidades, desarrollado de manera sencilla, honesta y comprometida”, expresó.

El precandidato señaló que una de las principales razones para postularse es el deterioro progresivo de la gestión pública en el cantón, así como la permanencia de actores políticos tradicionales. En este sentido, planteó la necesidad de transformar el enfoque de la administración municipal, promoviendo una representación más participativa.

Lupercio enfatizó que la autoridad no debe concebirse como un ejercicio de poder, sino como un rol de representación ciudadana.

“Quien llega a la alcaldía debe actuar como representante del pueblo y no como una autoridad que impone decisiones sin consulta”, puntualizó.

En cuanto al trabajo territorial, indicó que su equipo se encuentra en proceso de articulación en distintas parroquias del cantón, mediante visitas y diálogos con actores locales. Asimismo, confirmó que su precandidatura se impulsa a través de Sociedad Patriótica lista 3, partido político de carácter amazónico con alcance nacional.

Destacó además la importancia de integrar nuevos liderazgos, especialmente jóvenes y mujeres, con el objetivo de fortalecer una propuesta política renovada que priorice la transparencia y la participación.

Ejes de trabajo y prioridades de desarrollo
Entre las principales líneas de acción planteadas, Lupercio identificó áreas prioritarias como:
• Desarrollo social integral, con énfasis en atención a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad.
• Fortalecimiento del turismo local como motor económico del cantón.
• Impulso a la cultura, actualmente relegada según su diagnóstico.
• Mejoramiento de servicios básicos, destacando brechas en agua tratada (40%), alcantarillado (aproximadamente 60%) y cobertura eléctrica (alrededor del 90%).

Además, recordó su experiencia en proyectos sociales como el programa FODI (2004–2009), enfocado en atención integral a la infancia y apoyo comunitario, como base para futuras intervenciones.

Enfoque técnico y gestión pública
En relación con la administración municipal, el precandidato señaló la importancia de una gestión eficiente de recursos, especialmente en el contexto de las reformas normativas vigentes. Enfatizó que, más allá de las limitaciones presupuestarias, es fundamental fortalecer la capacidad de gestión y articulación institucional para garantizar resultados.

Finalmente, Ángel Lupercio hizo un llamado a la ciudadanía de Nangaritza a ejercer un voto consciente, libre y responsable, destacando que solo a través de una participación informada se puede exigir transparencia y rendición de cuentas.

“Un voto libre permite al ciudadano exigir resultados; un voto condicionado limita ese derecho. La democracia debe ser una herramienta de participación colectiva, transparente y honesta”, concluyó.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, Frank Ricardo Caamaño, informó que la provincia enfrenta actualmente un déficit de cinco jueces, situación que incide directamente en la carga laboral y en los tiempos de respuesta del sistema judicial.

De acuerdo con la autoridad, en condiciones normales la provincia debería contar con 22 jueces en funciones; sin embargo, actualmente operan con una reducción significativa: dos vacantes en la Corte Provincial, una en tribunales penales y dos en unidades judiciales. Estas vacantes se han generado principalmente por procesos de jubilación y traslados administrativos que no han sido cubiertos oportunamente.

Caamaño señaló que esta problemática no solo preocupa a la ciudadanía, sino también a los servidores judiciales, quienes enfrentan una creciente presión en la atención de causas. “Hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero la falta de personal se siente en el trabajo diario”, enfatizó.

Sobrecarga laboral y agenda saturada

En este contexto, explicó que, aunque regularmente se programan dos audiencias diarias, en la práctica los jueces deben atender entre cuatro y cinco audiencias por día, debido a la atención de casos urgentes como apelaciones a prisión preventiva y procesos relacionados con grupos vulnerables.

Asimismo, informó que la agenda de audiencias de la Corte Provincial se encuentra copada hasta el mes de noviembre, lo que evidencia el alto nivel de acumulación de procesos. Esta situación se agrava por la implementación del sistema procesal civil vigente desde 2016, el cual obliga a resolver incluso trámites menores mediante audiencias, incrementando la carga operativa.

Multicompetencia y limitaciones estructurales

Una de las particularidades de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe es su carácter multicompetente, lo que implica que los jueces conocen materias civiles, penales, laborales, constitucionales y de niñez y adolescencia. Actualmente, la sala provincial está conformada por tres jueces, una secretaria y dos ayudantes judiciales, quienes atienden todas las causas de la provincia.

Esta realidad contrasta con otras jurisdicciones como Loja, donde existen tribunales especializados y mayor número de personal, lo que permite una distribución más eficiente de los casos.

Gestiones ante autoridades nacionales

El presidente de la Corte indicó que se han realizado múltiples gestiones ante la Dirección Provincial y la planta central en Quito, responsable de las contrataciones. En este sentido, anunció que se prevé un desplazamiento a la capital para exponer directamente la situación ante las autoridades nacionales y buscar soluciones concretas.

Aclaró además que la solicitud institucional no implica la creación de nuevas plazas, sino la restitución de al menos cinco jueces y cerca de 30 funcionarios de apoyo que fueron retirados desde el año 2020.

Impacto en los tiempos de respuesta

Como consecuencia del déficit de personal, los tiempos de resolución de causas han aumentado considerablemente. Mientras anteriormente las decisiones podían emitirse en aproximadamente un mes, actualmente el promedio se sitúa entre cuatro y cinco meses, lo que afecta el derecho ciudadano a una justicia oportuna.

Procesos disciplinarios y control judicial

En cuanto al ámbito disciplinario, Caamaño informó que durante el presente año se han tramitado varias declaraciones jurisdiccionales previas, mecanismo necesario para determinar posibles responsabilidades de operadores de justicia. Hasta la fecha, ha sustanciado cuatro casos, de los cuales algunos han sido remitidos al Consejo de la Judicatura para su análisis, mientras que otros han sido archivados por no cumplir los requisitos legales.

Llamado a fortalecer el sistema judicial

Finalmente, la autoridad reiteró la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial en la provincia, señalando que, pese al compromiso del personal existente, las condiciones actuales limitan una atención ágil y eficiente.

Por.: Lic. Mario Paz.

Introducción

La política no debería ser motivo de desconfianza, sino de esperanza. Sin embargo, en nuestra realidad, se ha convertido en sinónimo de decepción, promesas incumplidas y oportunidades perdidas. Cada elección despierta ilusiones, pero también arrastra el peso de errores pasados que han debilitado la fe de la ciudadanía en quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Y, sin embargo, la política (en su esencia más noble) no nació para dividir, ni para enriquecer a unos pocos, ni para sostener privilegios. Nació para servir. Para ordenar la vida en sociedad, proteger a los más vulnerables y abrir caminos de progreso para todos. Nació para dignificar la vida humana.

Hoy, más que nunca, urge recuperar ese propósito. Porque cuando la política se desvía de su camino, no solo fallan los gobiernos: fallan las oportunidades, se apagan los sueños y se posterga el futuro de generaciones enteras. No se trata únicamente de una crisis institucional, sino de una crisis de valores, de liderazgo y de responsabilidad colectiva.

El Ecuador atraviesa un momento crítico. La falta de preparación de muchos candidatos, los graves casos de corrupción y la desconfianza en los organismos electorales han llevado a un punto de quiebre. La ciudadanía ya no solo observa: cuestiona, exige y reclama una transformación profunda. No basta con nuevos rostros; se necesitan nuevas formas de hacer política, basadas en la ética, la capacidad y el compromiso real con la gente.

Este no es solo un llamado a quienes aspiran a gobernar. Es también una invitación a cada ciudadano a reflexionar, a asumir su rol y a entender que el futuro no se construye solo desde el poder, sino también desde las decisiones que tomamos como sociedad.

Porque rehabilitar la política no es una opción… es una necesidad. Y hacerlo implica volver a su esencia: servir, transformar y dignificar la vida de todos.

El verdadero propósito de la política: servir y transformar vidas 

Desde sus raíces más antiguas hasta la actualidad, la política tiene un propósito esencial: mejorar la vida de las personas. Ya lo planteaba Aristóteles al afirmar que el fin último de la política es alcanzar el bien común. Bajo esta idea se justifica la existencia del Estado: los ciudadanos cedemos parte de nuestra libertad individual, aceptamos normas, leyes y formas de gobierno, y contribuimos con nuestro trabajo y recursos, con la expectativa legítima de recibir algo a cambio: una vida mejor.

No tendría sentido limitar nuestra libertad si esa cesión de poder no se traduce en bienestar. Lo que buscamos, en esencia, es una vida más digna, segura y próspera. Por ello, la evaluación de cualquier autoridad no debería centrarse en ideologías o etiquetas, sino en una pregunta fundamental: ¿sus decisiones mejoran o empeoran la vida de las personas?

Cuando un gobierno descuida la seguridad, manipula la justicia en beneficio propio o prioriza gastos superficiales por encima de inversiones en educación, salud o infraestructura, el resultado es evidente: la calidad de vida se deteriora. La política, entonces, deja de cumplir su función y se convierte en un obstáculo para el desarrollo.

Un Estado verdaderamente comprometido con su gente debe actuar con justicia e imparcialidad, sin perseguir a quienes piensan diferente. Su tarea es construir condiciones equitativas para todos, donde el progreso dependa del esfuerzo y no de privilegios, influencias o afinidades políticas.

Para lograrlo, existen tres pilares fundamentales que todo gobierno debe garantizar:

• Seguridad, porque sin ella no hay desarrollo posible. Solo en un entorno seguro las personas pueden estudiar, trabajar, emprender y proyectar su futuro.
• Justicia, porque una ley que no se cumple pierde su sentido, debilita al ciudadano honesto y fortalece al que actúa al margen de la ley.
• Obra pública al servicio de la gente, que asegure acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación, agua potable, vialidad y conectividad, sin distinción de condición social.

En definitiva, la política consiste en generar las condiciones necesarias para que las personas puedan salir adelante. Cada decisión pública debería responder a una sola interrogante: ¿esto contribuye a que la gente viva mejor?

La verdadera política no se limita a administrar recursos ni a ejercer poder; es, ante todo, un servicio permanente orientado al bienestar colectivo. Su finalidad es reducir desigualdades, garantizar derechos y ampliar oportunidades, construyendo una sociedad más justa e inclusiva.

Cuando se aleja de este propósito, la política pierde su esencia y se transforma en un obstáculo para el progreso. Pero cuando se ejerce con ética, responsabilidad y compromiso, se convierte en una poderosa herramienta de transformación social.

Por ello, es plenamente posible superar el rezago que enfrenta nuestro cantón Zamora, nuestra provincia de Zamora Chinchipe y el Ecuador. El camino pasa por elegir líderes honestos, capaces y con propuestas viables, que no solo comprendan las necesidades de la gente, sino que tengan la voluntad y el liderazgo para impulsar cambios reales en beneficio de todos.

Autoridades con propósito: ética, compromiso y servicio al pueblo

Las autoridades elegidas mediante procesos democráticos no solo deben poseer capacidades técnicas, sino también una sólida formación ética y un profundo sentido de responsabilidad social. Gobernar no es simplemente administrar recursos: es orientar el destino de una sociedad con integridad, visión y sentido humano.

El perfil de un verdadero líder político se construye sobre principios firmes e irrenunciables: la honestidad y transparencia, como base de la confianza ciudadana; la vocación de servicio, priorizando siempre el bienestar colectivo; la capacidad de gestión, que convierte ideas en resultados; la empatía social, que permite comprender las necesidades reales de la población; la visión de futuro, orientada a un desarrollo sostenible; y la coherencia, que alinea las palabras con las acciones.

Un auténtico líder no busca el poder por ambición, sino por compromiso. No ve el cargo como privilegio, sino como responsabilidad. No se sirve del pueblo, sino que sirve al pueblo.

En este sentido, la política puede entenderse como una de las formas más elevadas de servicio a la sociedad, porque su propósito es el bien común. Sin embargo, este ideal no depende únicamente de quienes gobiernan, sino también de la ciudadanía. La corrupción no nace solo en el poder: también se alimenta cuando se normalizan prácticas como la compra de votos. Aceptar dinero o favores a cambio del voto no es un acto menor; es hipotecar el futuro. Quien compra conciencia difícilmente gobernará con honestidad, porque buscará recuperar lo invertido.

Por eso, elegir bien no es solo un derecho: es una responsabilidad moral con el presente y con las generaciones futuras.

A lo largo de la historia, han existido líderes que demostraron que sí es posible ejercer la política con integridad y compromiso social. Nelson Mandela transformó Sudáfrica apostando por la reconciliación y la justicia; José Mujica, en Uruguay, fue símbolo de austeridad y coherencia; y Angela Merkel lideró Alemania con estabilidad y visión estratégica en momentos clave.

También encontramos ejemplos de líderes que impulsaron transformaciones profundas en sus países. Hamad bin Khalifa Al Thani fue el principal artífice de la modernización de Qatar, llevándolo a convertirse en una nación próspera y con altos niveles de desarrollo. Nayib Bukele, en El Salvador, ha liderado una transformación significativa en materia de seguridad y desarrollo, generando una notable reducción de la violencia y renovadas expectativas de progreso. Asimismo, Suharto impulsó en Indonesia un proceso de crecimiento económico sostenido, fortaleciendo sectores clave como la agricultura y la inversión extranjera.

Estos casos, desde distintas realidades y contextos, demuestran que cuando el liderazgo se ejerce con decisión, visión y enfoque en resultados, es posible mejorar la calidad de vida de millones de personas.

La gran lección es clara: la política no es el problema; el problema es cómo se ejerce. Cuando se practica con ética, responsabilidad y compromiso genuino, se convierte en una herramienta poderosa de transformación social.

Hoy más que nunca, se necesita recuperar el valor de la política como servicio. Y eso empieza con líderes íntegros… pero también con ciudadanos conscientes.

Porque el futuro de una sociedad no depende solo de quién gobierna, sino también de quién elige.

La política no es un negocio: es un compromiso con la gente 

El corrupto sigue ganando. No porque sea más capaz ni porque el sistema lo proteja siempre, sino porque, en muchos casos, la sociedad se ha acostumbrado a perder. Se ha normalizado elegir a quienes saquean lo público a cambio de beneficios inmediatos: una calle arreglada en época electoral, un subsidio oportuno, un contrato prometido. Así, el “roba, pero hace algo” termina siendo más aceptado que quien propone con honestidad.

Pero el problema no es solo el corrupto. Es también el votante que lo justifica, el empresario que financia campañas a cambio de favores y el ciudadano que se conforma con migajas. Cuando la corrupción deja de escandalizar, avanza; cuando se vuelve costumbre, se institucionaliza.

Hemos sido testigos de grandes avances tecnológicos y científicos, pero también de un preocupante deterioro de los valores éticos. La corrupción en distintos niveles de gobierno no solo frena el desarrollo, sino que deja un mensaje devastador a las nuevas generaciones: que todo tiene precio. Lo más grave es el conformismo social, al punto de considerar “normal” que se exijan porcentajes ilegales en contratos públicos y “extraño” que alguien actúe con honestidad.

No podemos esperar que quienes han convertido la política en un negocio sean quienes la dignifiquen. La responsabilidad recae en una ciudadanía consciente, capaz de unirse para cerrar el paso a los mercaderes de la política y abrir espacio a líderes honestos y comprometidos.

Uno de los mayores desafíos actuales es erradicar la idea de que la política es un medio para enriquecerse. La corrupción debilita las instituciones, destruye la confianza y profundiza la desigualdad. Frente a ello, es necesario recuperar el verdadero sentido de la política: la rentabilidad social.

Esto significa que toda decisión pública debe medirse por su impacto en la vida de las personas. No basta con evaluar cuánto cuesta una obra, sino cuánto mejora la educación, la salud, la seguridad y las oportunidades. Cuando los recursos públicos se administran con responsabilidad y transparencia, se convierten en motores de desarrollo; cuando se desvían para intereses personales, generan pobreza, inequidad y frustración colectiva.

Como advertía Voltaire, quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo cualquier cosa por dinero. Por ello, quien tenga un apego desmedido por lo material no debería participar en política, porque corre el riesgo de convertir el poder en un medio de beneficio personal.

La calidad de la política también depende de la calidad de nuestras decisiones como ciudadanos. Hay quienes votan con conciencia y visión de futuro, pero también quienes lo hacen por conveniencia, por resentimiento o por interés inmediato. Sin exigencia ciudadana no hay desarrollo; sin principios, las decisiones colectivas pierden rumbo.

No faltan quienes entienden la política como un espacio para la confrontación destructiva, la descalificación o el espectáculo. Sin embargo, gobernar no es improvisar ni experimentar: requiere preparación, liderazgo y, sobre todo, integridad. Los pueblos que continúan eligiendo populismo, dádivas y mediocridad, difícilmente superarán problemas como la inseguridad, el desempleo o la falta de servicios básicos.

La corrupción no solo se expresa en grandes escándalos; también vive en pequeñas acciones cotidianas: aprovecharse de un error para beneficio propio, irrespetar normas básicas, aceptar u ofrecer sobornos, difamar para obtener ventaja. Estas prácticas, por pequeñas que parezcan, erosionan los cimientos de la convivencia social.

Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser integral. No basta con exigir cambios en los gobernantes; es necesario también transformar nuestras propias conductas como sociedad. Debemos dejar de admirar la riqueza obtenida de manera ilícita y empezar a valorar la honestidad, el esfuerzo y la coherencia.

Es tiempo de unirnos para rehabilitar la política, entendida como un servicio al pueblo y no como un negocio. Solo así podremos construir una sociedad donde la dignidad no tenga precio y donde el poder esté verdaderamente al servicio del bien común. 

Realidades que duelen: los desafíos que el Ecuador y Zamora ya no pueden esperar 

El Ecuador atraviesa una crisis compleja que no solo es económica, sino también social y moral. A diario, la ciudadanía enfrenta una realidad marcada por la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y la pérdida progresiva de valores que sostienen la convivencia social.

La delincuencia ocupa titulares constantes, mientras fenómenos como la violencia contra la mujer, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y el subempleo reflejan profundas fallas estructurales. A esta situación se suma un problema adicional: la confrontación política estéril. En lugar de construir soluciones, ciertos actores políticos han optado por la descalificación y la violencia contra quienes piensan diferente, debilitando aún más la institucionalidad democrática.

Uno de los problemas más alarmantes del país es la desnutrición infantil. En el Ecuador, aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, lo que lo ubica entre los países con mayores índices en Sudamérica. Esta realidad no solo afecta el presente de miles de niños, sino que compromete el futuro del país.

La desnutrición tiene consecuencias profundas: limita el desarrollo cognitivo, reduce el rendimiento escolar y disminuye la productividad en la vida adulta. Además, genera importantes pérdidas económicas debido al aumento del gasto en salud, la repitencia escolar y la menor capacidad productiva de la población.

Este problema no depende únicamente de la alimentación. Está estrechamente vinculado al acceso a agua potable, servicios de salud, educación familiar y condiciones adecuadas de cuidado en los primeros años de vida. Es en esta etapa (especialmente hasta los dos años) donde se desarrolla la mayor parte del cerebro humano, lo que hace indispensable una intervención oportuna y sostenida.

Por ello, es urgente consolidar una verdadera política de Estado que enfrente la desnutrición infantil de manera integral, articulando esfuerzos entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el sector privado.

A nivel nacional, los principales problemas pueden resumirse en: deterioro de la vialidad urbana y rural, altos niveles de desempleo y subempleo, creciente inseguridad, elevados índices de pobreza y extrema pobreza, insuficiente inversión en obra pública y endeudamiento interno y externo desmesurado.

En el ámbito local, el cantón Zamora refleja muchas de estas problemáticas, pero también presenta desafíos específicos que requieren atención urgente. Entre los principales se encuentran: sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial obsoletos y en mal estado, vialidad urbana y rural deteriorada, aceras y bordillos destruidos, espacios públicos abandonados, falta de oportunidades de empleo, inseguridad creciente, deficiencia en el alumbrado público y altos niveles de pobreza y extrema pobreza.

Estos problemas no son únicamente cifras o diagnósticos técnicos; representan la realidad diaria de miles de ciudadanos que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo y bienestar.

Frente a este escenario, la política no puede seguir siendo indiferente ni superficial. Debe convertirse en una herramienta efectiva para identificar, priorizar y resolver estos desafíos con responsabilidad, planificación y compromiso social. Solo así será posible transformar estas realidades y construir un futuro más digno para todos.

Elegir con conciencia: el primer paso para cambiar la historia 

En la naturaleza, los grupos siguen a los más fuertes, a los más preparados, a quienes tienen la capacidad de proteger y guiar. Ninguna manada confía su destino a líderes débiles o incapaces. Sin embargo, los seres humanos, muchas veces, hacemos lo contrario.

Con frecuencia confundimos el ruido con liderazgo, el espectáculo con capacidad y las promesas con resultados. Se aplaude al más carismático, al más “generoso” en campaña, al que enciende emociones, aunque carezca de preparación para administrar lo público. El resultado es predecible: comunidades con gran potencial, pero mal dirigidas, sin rumbo claro ni visión de futuro.

El problema no es únicamente de quienes aspiran al poder, sino también de cómo elegimos. Muchas decisiones electorales se toman desde la emoción, la necesidad inmediata o el enojo, y pocas desde la reflexión. Mientras esto no cambie, seguiremos entregando nuestro futuro a líderes que buscan el poder por interés personal y no por compromiso con su pueblo.

Equivocarse es parte de la condición humana; persistir en el error es lo que realmente nos perjudica. Permitir que gobiernen los menos capaces, los corruptos o los improvisados es renunciar, como sociedad, a nuestro propio desarrollo.

Elegir bien no es solo un acto político, es un acto de responsabilidad y de amor por nuestra gente: por nuestros hijos, por nuestros mayores y por el futuro de nuestra tierra. Cada voto es una decisión trascendental que define el rumbo de una comunidad.

Por eso, antes de elegir, debemos hacernos preguntas fundamentales:

¿Tiene este candidato la capacidad para administrar?

¿Ha demostrado integridad en su vida pública o privada?

¿Actuará en función del bien común o de intereses personales?

La calidad de los gobernantes está directamente relacionada con la calidad de las decisiones de los ciudadanos. En este sentido, la participación consciente e informada es clave para construir una verdadera política al servicio del pueblo.

De cara a los procesos electorales, es fundamental adoptar una actitud crítica y responsable. Algunas pautas esenciales incluyen:

• Investigar la trayectoria de los candidatos, más allá de su imagen de campaña.
• Evaluar propuestas concretas, realistas y viables.
• Analizar su coherencia entre discurso y acciones pasadas.
• Evitar el voto emocional basado en populismo o desinformación.
• Priorizar el bien común por encima de beneficios inmediatos.

Como bien señala José Mujica, quien ofrece regalos para obtener apoyo no actúa como líder, sino como un comerciante de la política. Aceptar dádivas a cambio del voto no solo compromete la decisión individual, sino también el futuro colectivo.

Es momento de actuar con conciencia. El voto no es un simple papel: es el timón que orienta nuestro destino. Elegir con responsabilidad implica rechazar la corrupción, la improvisación y el oportunismo, y apostar por la capacidad, la honestidad y el compromiso.

Solo cuando aprendamos a elegir con criterio, con dignidad y con visión de futuro, podremos construir una sociedad más justa, donde la política recupere su verdadero sentido: servir al pueblo y mejorar la vida de todos.

Conclusión

La política no está condenada a ser sinónimo de corrupción, engaño o fracaso. Está llamada a ser, por el contrario, una de las expresiones más nobles del compromiso humano con el bienestar colectivo. Cuando se ejerce con integridad, tiene la capacidad de cambiar destinos, cerrar brechas y abrir oportunidades donde antes solo había abandono.

Pero ese cambio no ocurrirá por inercia. No vendrá de discursos vacíos ni de promesas repetidas. Nacerá únicamente cuando exista una decisión firme (tanto de quienes gobiernan como de quienes eligen) de hacer las cosas de manera diferente.

Hoy tenemos dos caminos: seguir normalizando la mediocridad, la corrupción y el conformismo, o asumir con valentía la responsabilidad de transformar nuestra realidad. No hay punto intermedio. Cada voto, cada decisión y cada actitud suma o resta en la construcción del país que queremos.

Recuperar la política es, en el fondo, recuperar la dignidad. Es entender que el poder no es un privilegio, sino una responsabilidad sagrada con la gente. Es dejar atrás el interés personal para poner en el centro el bien común. Es construir, desde la ética y la conciencia, una sociedad donde el progreso no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos.

El futuro no está escrito. Se decide. Y se decide hoy. Que nuestras acciones estén a la altura de ese desafío. Que no volvamos a elegir desde la resignación, sino desde la convicción. Que no aceptemos menos de lo que merecemos como sociedad.

Porque cuando la política se pone verdaderamente al servicio del pueblo, no solo transforma gobiernos… transforma vidas.