El precandidato a la Prefectura de Zamora Chinchipe, Modesto Vega, oriundo del cantón Nangaritza, expuso un diagnóstico integral de la realidad provincial, así como sus principales propuestas en materia de vialidad, producción agropecuaria y fortalecimiento del sector minero, de cara a las próximas elecciones seccionales.

Durante el diálogo, Vega señaló que, tras más de 40 años de residencia en la provincia, ha logrado un conocimiento profundo del territorio. No obstante, reconoció que, luego de 12 años alejado de la actividad política, ha sido necesario retomar recorridos por los distintos cantones para actualizar el diagnóstico sobre las principales necesidades de la población.

En este contexto, afirmó haber visitado la mayoría de los cantones de la provincia, donde asegura haber recibido respaldo ciudadano, destacando la expectativa por la participación de “nuevos rostros” en la administración del Gobierno Provincial.

Vialidad: principal problemática estructural
Uno de los ejes centrales de su intervención fue el estado de la infraestructura vial. Vega describió una situación crítica, señalando que gran parte de las vías de la provincia corresponden a caminos de tercer y cuarto orden, con un alto nivel de deterioro.

Indicó que, salvo los tramos asfaltados bajo competencia del Gobierno Nacional, como la Troncal Amazónica, y algunos segmentos específicos a cargo del Consejo Provincial, la mayoría de carreteras presentan daños constantes debido a factores climáticos y a la falta de infraestructura complementaria, como cunetas y sistemas de drenaje.

Entre los casos específicos, mencionó la caída de un puente en el sector Los Geranios, en Nangaritza, que mantiene aisladas a comunidades como Sumayaku, así como daños en infraestructuras similares en sectores como Panguintza y el río Nangaritza. En este sentido, propuso declarar en emergencia estas obras para su reconstrucción inmediata y garantizar la movilidad y comercialización de productos agropecuarios.

Producción agropecuaria y reactivación rural
En materia productiva, Vega enfatizó la necesidad de fortalecer el sector agropecuario, al que calificó como abandonado en los últimos años. Señaló una reducción significativa en el potencial ganadero y una disminución en la producción agrícola, lo que ha provocado que la provincia deje de ser un importante proveedor de alimentos para regiones vecinas como Loja.

Como propuesta, planteó la organización de productores, el incremento de asistencia técnica mediante la contratación de más profesionales (agrónomos, veterinarios e ingenieros forestales), así como la dotación de insumos, herramientas y semillas para cultivos estratégicos como café y cacao, productos que cuentan con reconocimiento internacional.

Asimismo, destacó la necesidad de promover unidades productivas de mayor escala, mínimo dos o tres hectáreas, que permitan a los agricultores generar ingresos sostenibles y superar condiciones de subsistencia.

Juventud y acceso a oportunidades
El precandidato también abordó la problemática de la falta de interés de los jóvenes en actividades agropecuarias, atribuyéndola a la baja rentabilidad y a las dificultades de acceso a financiamiento. En este sentido, propuso incentivos productivos, capacitación y acompañamiento técnico como mecanismos para reactivar la participación juvenil en el campo.

Sector minero: propuesta de oficina de coordinación
En relación con la actividad minera, Vega propuso la creación de una oficina de coordinación dentro del Consejo Provincial, orientada a brindar asesoría legal y técnica para procesos de regularización y legalización de los trabajadores del sector.

Argumentó que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de acompañamiento institucional, especialmente ante la percepción de abandono y persecución que, según indicó, enfrentan los mineros. Además, resaltó su experiencia personal en esta actividad como un elemento que le permite comprender la realidad del sector.

Escenario político y posibles alianzas
En el ámbito político, Vega confirmó su participación por el movimiento MAS y señaló que se encuentran en proceso de diálogo para concretar alianzas estratégicas en distintos cantones de la provincia. Indicó que estas conversaciones incluyen acuerdos para candidaturas a alcaldías, concejalías y juntas parroquiales.

Entre los avances, destacó conversaciones con actores políticos en cantones como Zamora, Yantzaza y Chinchipe. En particular, mencionó que en Yantzaza existe un acuerdo consolidado con el joven precandidato Franklin Sozoranga, mientras que en otros territorios las negociaciones continúan en fase de definición.

Asimismo, señaló que, pese a la situación jurídica de ciertas organizaciones políticas a nivel nacional, existe respaldo de diversos sectores ciudadanos que han manifestado su apoyo a su candidatura.

Finalmente, Modesto Vega hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral, destacando la importancia de tomar decisiones orientadas al desarrollo de la provincia y del país. Subrayó la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad, salud y atención estatal, aspectos que considera fundamentales para el bienestar de la población.

El precandidato concluyó reiterando su compromiso de trabajar por el desarrollo integral de Zamora Chinchipe, basado en la planificación, la experiencia y el contacto directo con la ciudadanía.

Zamora, Ecuador. – Habitantes de comunidades rurales del cantón Zamora expresan una alarmante preocupación frente a recientes hechos delictivos y situaciones irregulares que evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad ciudadana, particularmente en sectores como La Saquea y la presencia de vendedores ambulantes en comunidad rurales.

De acuerdo con información proporcionada por moradores, durante la madrugada del pasado domingo, aproximadamente a las 03h30, se registraron asaltos a al menos tres ciudadanos en el sector de La Saquea, presuntamente perpetrados por individuos que se movilizaban en motocicleta. Este hecho ha generado alarma en la población, no solo por la violencia del acto, sino también por las condiciones estructurales que facilitarían este tipo de delitos.

Entre los principales factores de riesgo identificados por la ciudadanía se encuentran la falta de iluminación pública adecuada, la ausencia de sistemas de videovigilancia y el limitado patrullaje policial en horarios críticos, elementos que configuran un entorno de vulnerabilidad para quienes transitan o residen en estos sectores.

A esta situación se suma la preocupación reportada en la comunidades de las parroquia Guadalupe, San Carlos de las Minas y Cumbaratza, donde habitantes alertan sobre la presencia de personas desconocidas que recorren viviendas bajo la modalidad de comercio ambulante, ofertando herramientas y productos varios. Según los testimonios, estos individuos no serían originarios del sector ni ecuatorianos, tienen acento Venezolano. Una experiencia nos cuenta a este medio un ciudadano de un barrio de Guadalupe, que 4 individuos  habrían ingresado al patio de su casa para vender cuchillos y otras piezas, mostrando actitudes insistentes e incluso prepotentes. También por el trayecto Nambija Bajo – San Carlos de las Minas, recorren vendiendo mercadería y son prepotentes cuando no se les compran dijo un ciudadano del sector.

Los moradores consideran que este tipo de comportamientos podría estar vinculado a posibles acciones de reconocimiento territorial con fines delictivos, lo que incrementa la percepción de inseguridad y genera un ambiente de tensión en las comunidades. Ante esta situación, varios ciudadanos manifiestan su decisión de reforzar medidas de control comunitario para evitar el ingreso de personas desconocidas y advierten que harán justicia comunitaria si las autoridades de seguridad no toman acciones.

En este contexto, hacen un llamado a las autoridades competentes para implementar acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad de la población.

Entre las principales demandas ciudadanas se destacan:

• Incremento del patrullaje policial en zonas rurales
• Instalación de sistemas de iluminación pública
• Implementación de cámaras de seguridad
• Coordinación efectiva entre autoridades y comunidad

Un expolicía que trabaja en su finca dijo que coinciden con los habitantes en que la falta de intervención oportuna podría derivar en un escalamiento de violencia, afectando la integridad de los habitantes y la estabilidad social de las comunidades.

Finalmente, los ciudadanos reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, pero enfatizan la necesidad de respuestas concretas y oportunas que permitan restablecer la tranquilidad en el territorio.

El Gobierno de Ecuador formalizó el 17 de abril la recepción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, una década después de su entrada en funcionamiento en 2016, tras años de retrasos por fallas estructurales y miles de fisuras detectadas en la obra construida por la empresa china Sinohydro.

El gerente del proyecto Coca Codo Sinclair de Sinohydro, Sheng Mingzhong, y el subgerente del proyecto de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Pedro Luis Rodríguez, firmaron el acta de recepción definitiva, un acto que, según el Ejecutivo, «destraba un proceso histórico».

Coca Codo Sinclair: El Estado recibe la obra pese a las 17.600 fisuras y advertencias de Contraloría
Sin embargo, resta un detalle pendiente: la devolución de las garantías entregadas por Sinohydro como parte del contrato y que tendrían que liberarse, una vez se ha concretado la recepción de la obra.

Sinohydro tiene derecho a recibir más de USD 200 millones en garantías entregadas al Estado ecuatoriano, entre ellas, una que cubre defectos de los distribuidores de agua de la central, que por años ha sido el punto de conflicto entre las partes, pues estos equipos tienen más de 17.000 de fisuras.

Pero la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció el 19 de abril que «el pago (de esas garantías) no se libera hasta que esta importante hidroeléctrica funcione correctamente». Aunque no aclaró si se refiere a todas las garantías o la que específicamente cubre los defectos en los distribuidores.

La historia de una obra polémica
Coca Codo Sinclair está ubicada entre Napo y Sucumbíos y fue construida durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), con una inversión de 2.000 millones de dólares.

Entró en funcionamiento a finales de 2016, pero nunca fue recibida totalmente por el Gobierno debido a fallas detectadas desde su construcción.

La recepción de Coca Codo Sinclair se concretó en cumplimiento de un laudo por acuerdo de las partes, que fue notificado por la Corte Internacional de Arbitraje el 3 de abril pasado.

El Gobierno actual de Daniel Noboa señaló que este acuerdo, que calificó como un «hito», no implica «la cesión de la hidroeléctrica ni una pérdida de control del Estado».

«Por el contrario, Ecuador mantiene la rectoría, supervisión y defensa de sus intereses sobre Coca Codo Sinclair, infraestructura fundamental para la seguridad energética nacional», ya que las garantías de buen funcionamiento y ausencia de defectos en los distribuidores se mantendrán en custodia de Celec.

Ahora el Ejecutivo traspasará su operación, mantenimiento y el 100 % del riesgo a la empresa PowerChina, que se encargará de reparar las fisuras y los defectos detectados por la Contraloría, según informó la Celec. Fuente: Primicias