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Dirigentes del sur de Quito acudieron al Palacio de Gobierno

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La Secretaría de Comunicación manifestó que el proceso de diálogo convocado por el Gobierno Nacional continúa desarrollándose con la participación de las organizaciones sociales interesadas por aunar esfuerzos a favor del bienestar de los ecuatorianos. Es así como el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro con líderes del sur de la capital este sábado 18 de junio.

En el Palacio de Carondelet, dirigentes gremiales y barriales de Quito conversaron con las autoridades gubernamentales de las principales preocupaciones de este sector de la ciudad. Además, se sumaron a la premisa de que el diálogo es la mejor salida para delinear consensos por el bien del país.

El presidente Lasso recordó ante los participantes del encuentro que hace un año el país estaba sumido en una crisis económica, social y sanitaria profunda. Sin embargo, tras las acciones del Gobierno Nacional esta situación cambió: con un proceso de vacunación efectivo que permitió la reactivación económica, decisiones responsables para reducir el déficit fiscal; y la generación de otras medidas como la entrega de créditos al 1 % a 30 años plazo.

Sin embargo, el mandatario afirmó que reconoce que existen otras necesidades y causas justas que preocupan a la ciudadanía, como el desempleo, la inseguridad, el costo de los productos básicos, entre otros, provocados por la crisis mundial tras la pandemia. “Aquí estamos para solucionarlo”, dijo y, precisamente sensible con estas demandas de los ecuatorianos, ayer anunció algunas medidas para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Así, el presidente recordó ante los representantes del sur de Quito que se decidió: aumentar en un 10 % el Bono de Desarrollo Humano, para garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a insumos básicos; declarar en emergencia el sistema de salud pública, lo que se suma al próximo lanzamiento del mecanismo para acceder a medicinas desde cualquier punto del país y de forma gratuita; duplicar el presupuesto a la educación intercultural, y reforzarla; subsidiar hasta el 50 % al precio de la urea a pequeños y medianos productores; condonar los créditos vencidos hasta USD 3.000 de BanEcuador; e impulsar aún más el crédito agrícola de hasta USD 5.000 al 1 % y 30 años de plazo.

Además el presidente fue enfático al insistir en que no habrá alza del diésel, el gas y la gasolina extra y ecopaís; y tampoco ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Agregó también que se prevé que la próxima semana mantendrá una reunión con los industriales del aceite para evaluar acciones sobre el precio de este producto. Y, justamente en esta línea, recordó que días atrás se emitió el Decreto Ejecutivo para garantizar que se efectúen rigurosos controles de la especulación.

Guillermo Lasso insistió en que el paro solo genera más desempleo y más inseguridad. Por lo explicó que se ha visto obligado a decidir la declaratoria de estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, para precautelar el orden público“Hoy mi obligación como Presidente de la República es actuar como un buen padre, que protege a los ciudadanos y evita desmanes. Hoy, mi familia ya no es de 20 personas, sino de 18 millones de ecuatorianos”, aseguró.

Saida Uzhinia, ciudadana quiteña que vive en el sur de la ciudad, dio a conocer al Presidente algunas preocupaciones, y destacó su confianza en que el Gobierno atienda estas necesidades. “Paso duro y firme, señor presidente, porque lo que necesitamos es un Ecuador de paz”, aseguró. (I)

Ecuadorenvivo

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Hallan ocho cabezas humanas en Naranjal: víctimas eran de Manabí y Guayas

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La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.

Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.

El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.

Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.

La principal hipótesis policial apunta a que el hecho estaría relacionado con un conflicto entre grupos de delincuencia organizada por el control territorial y la venta de drogas. De acuerdo con los primeros indicios, el acto violento tendría como finalidad enviar un mensaje de intimidación a organizaciones rivales.

Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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