Noticias Zamora
Delegación provincial del CNE realiza monitoreo ante acciones de campaña anticipada
Las miradas de la opinión pública durante los 6 últimos meses del año, se han volcado ante el contexto electoral, para conocer las eventualidades que se presenten frente a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, próximas a celebrarse el 05 de febrero de 2023.
Andersson Silva, director provincial del CNE en Zamora Chinchipe, manifestó que se encuentra realizando un arduo trabajo para controlar y evitar que se susciten acciones de ‘proselitismo político’ de parte de los candidatos y organizaciones. “Hemos iniciado una etapa vital dentro del proceso electoral y es la actividad proselitista que se ejecute. Los movimientos y candidatos empiezan a tener un despunte para posicionar sus perfiles”. Eso ya empieza a ser un trabajo para el ente de control, el CNE, según lo menciona su principal.
De la misma manera, se hace hincapié, que, a nivel nacional se está ejecutando un proyecto piloto denominado, ‘red interinstitucional’, mismo que faculta a diversas instituciones públicas (Unidad de Análisis Financiero y Económico, Servicio de Rentas Internas, entre otras), agruparse para analizar la información que las organizaciones políticas proporcionan. En vista que, con las Reformas del Código de la Democracia que están vigentes desde el 2020, con los cuales, las organizaciones están obligadas a presentar el monto de gastos electorales de manera quincenal. Mediante los datos recabados por el CNE, las demás instituciones podrán verificar el origen y el monto destinado durante el proceso electoral.
Desde el inicio de los controles, el 24 de agosto pasado, han recibido una denuncia de ‘campaña fuera de contexto’ dentro de Zamora Chinchipe, por el cual están realizando el debido procedimiento. El delegado provincial informa que han enviado tres informes a nivel de dirección y fiscalización de control de gasto electoral que es la instancia que se encarga de analizar todos estos aspectos.
Se han recogido aproximadamente cerca de 100 evidencias de campaña anticipada en todos los 9 cantones, esto a través del recorrido ejecutado por parte de funcionarios de esta dependencia.
En ciertas parroquias, han imputado, es decir, están ejecutando acciones de sanción preliminar, de un monto de $1790.85 ctvs. Dentro de este ámbito constan las siguientes organizaciones políticas: RETO (El Pangui y Centinela del Cóndor); la Alianza Provincial Compromiso y Progreso (Zamora, Yanzatza, El Pangui y la candidatura a la Prefectura), donde como ente de control, han percibido una notable cantidad de publicidad y artículos promocionales; como también del Frente de Unidad por la Equidad y la Renovación de Zamora Chinchipe.
El trabajo articulado entre instituciones, en los próximos días, tendrá la presencia de comisarios municipales para retirar pancartas o vallas publicitarias, en el caso de que se encuentren ubicadas dentro de espacios públicos. Silva, indica que para determinar si existe una acción proselitista, se debe identificar la fecha, nombre del candidato, dignidad a la que aspira y el tipo de infracción que está realizando (meeting, reunión etc.).
En cuanto a los candidatos a la reelección, el funcionario indica tienen la obligación de tramitar una licencia sin remuneración por el tiempo de campaña que comprende desde 2 de enero hasta el 3 de febrero de 2023. En este aspecto, se destaca que los candidatos a reelección pueden estar presentes en eventos públicos, pero no en la entrega o inauguración de obras, la cual está considerada como una acción de precampaña, misma que se puede constituir como una infracción electoral.
CALIFICACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hay 19 proveedores de medios registrados. Al momento ya hay un medio calificado en su totalidad. 16 medios que se encuentran en proceso de subsanación: 13 radios, 3 de prensa escrita, 1 de radio por internet y dos medios escritos digitales; son 2 que no culminaron su registro por falta de información.
De igual forma, tienen casi el 70% a nivel de la provincia en cuanto a la notificación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Los cantones con mayor avance son Centinela del Cóndor, Yacuambi, Nangaritza y Palanda. LM
Noticias Zamora
Habilitan la vía en el sector La Florida en la vía Zumbi-Paquisha, tras varios días de trabajo
Un trabajo coordinado entre operadores de maquinaria, trabajadores e instituciones públicas y privadas permitió avanzar en la limpieza y retiro de material en el sector La Florida, logrando restablecer la movilidad en esta zona.
Desde las 17:00 de este martes 21 de julio, el paso vehicular fue habilitado de manera controlada, permitiendo recuperar la conectividad para los usuarios de esta vía.
Las autoridades exhortan a conducir con precaución debido a las lluvias constantes y posibles riesgos en la carretera. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante condiciones climáticas adversas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
Noticias Zamora
CNE conforma Junta Electoral de Zamora Chinchipe para comicios 2027
CNE designa integrantes de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe para las Elecciones Seccionales y del CPCCS 2027
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a las y los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales que estarán a cargo de la organización, administración y vigilancia de las actividades correspondientes a las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Estas instancias electorales cumplen un rol fundamental dentro del sistema democrático ecuatoriano, al ser responsables de garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales en cada jurisdicción provincial, bajo principios de transparencia, imparcialidad, legalidad y participación ciudadana.
Para la provincia de Zamora Chinchipe, el CNE designó como integrantes de la Junta Provincial Electoral a:
- Diego Israel Aldean Jaramillo
- Ligia Zoraida Punina Chela
- Efrén Joselito Ruiz Valdivieso
- Mariana del Rocío Seminario Ramón
- Galo Patricio Mena Pérez
Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de acompañar las diferentes fases del proceso electoral, entre ellas la planificación, coordinación y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el organismo electoral nacional, garantizando que las próximas elecciones se desarrollen con apego a la normativa vigente.
La conformación de las Juntas Provinciales Electorales constituye un paso previo dentro de la preparación institucional hacia los comicios de 2027, en los que la ciudadanía ecuatoriana elegirá autoridades seccionales y participará en la renovación de representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
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