Las imágenes de José Serrano, esposado y vestido de naranja, ingresando a la nueva cárcel del Encuentro, en Santa Elena, inundaron las redes sociales el 29 de agosto. La inesperada extradición del exministro del Interior del correísmo marca el inicio de una etapa que muchos creían que no llegaría.

La llegada a Ecuador del también expresidente de la Asamblea Nacional del morenismo lo enfrenta ahora a varios procesos penales, que permanecían en pausa desde su autoexilio a Estados Unidos, y a su soledad política, sin ningún aliado a la vista más que su familia.

Sin embargo, las ramificaciones que esa detención podría desencadenar provocan también expectativa e inquietud, tanto en sus anteriores aliados como en sus incontables detractores. Porque si hay algo que caracterizó la trayectoria política y pública de Serrano fue el haberse mantenido en el círculo íntimo del poder durante el correísmo y el morenismo.

Pero, desde el inicio de su declive, aquellos que compartieron tarima, bandera, palmadas y abrazos con él han ido marcado distancia, silenciosa o explícitamente, hasta convertirlo en la figura más aborrecida de la política contemporánea.

¿Cómo llegó José Serrano a ser el político más intocable y, posteriormente, rechazado del Ecuador?

El ascenso de la mano del correísmo
El abogado cuencano, José Serrano Delgado, empezó su vida pública en el gobierno de Alfredo Palacio, en el que también participó brevemente Rafael Correa. Pero su clímax político llegó seis años después, entre 2011 y 2016, cuando este último lo ascendió a Ministro del Interior.

José Serrano, exministro del Interior, junto al expresidente Rafael Correa, en la inauguración de la UVC de Ambato, el 24 de junio de 2014.Flickr / Ministerio de Gobierno

Para ese entonces ya había ocupado dos cargos secundarios y el entonces Ministerio de Justicia, abriéndose camino hacia la cúpula del gabinete correísta. Como titular del Interior, Serrano amenazó a jueces y lideró una profunda reestructuración de la Policía Nacional, la cuestionada desarticulación de bandas criminales y una potente estrategia mediática alrededor de la seguridad ciudadana.

A la vez, su administración estuvo caracterizada por señalamientos de abusos de poder, violaciones de derechos humanos, persecución a opositores y el uso extensivo de la inteligencia estatal para control político. Pero, pese a las críticas, se convirtió en una de las figuras más populares del gabinete correísta.

En ese entonces, el presidente Correa celebraba su gestión y lo mantenía cerca, como uno de sus más eficaces y leales ministros. En esa época, Serrano lideró la judicialización de cientos de adversarios políticos del régimen.

De esos años nacieron además las acusaciones en su contra sobre montajes de evidencias, secuestro, supuestos pactos con grupos criminales, creación de redes de espionaje, contrataciones irregulares, cobro de diezmos, tráfico de influencias y cohecho.

Un nuevo papel con Moreno
Con el fin de la década correísta y el traspaso de poder a Lenín Moreno, Serrano también aprovechó la reestructuración del poder para dejar el gabinete y ser el principal candidato por Alianza PAIS a la Asamblea Nacional. Así fue como llegó a ser el presidente del Legislativo en mayo de 2017.

Sin embargo, Moreno se distanció inmediatamente de Correa, en julio de ese mismo año, y lo acusó de haberle entregado el país con la economía en mal estado. A partir de esa polémica, Serrano tomó partido por Moreno y fue uno de los primeros en pedir la renuncia del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue vinculado a la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Inmediatamente Correa y todos sus acólitos los acusaron de traición y quebraron todos los puentes y vínculos con ellos. «Se vendió totalmente a Lenín Moreno y fue clave para la destrucción nacional», afirmó, abriendo una brecha irreconciliable.

Pero, el poder le duró poco. En febrero de 2018, se filtró un audio de una conversación que tuvo con Carlos Pólit, excontralor que estaba prófugo por sus nexos con el mismo caso Odebrecht. En esa conversación, hablaban de sacar de su cargo a Carlos Baca Mancheno, entonces fiscal general.

El presidente Lenín Moreno y el presidente de la Asamblea, José Serrano, festejan los resultados de la consulta popular, el 4 de febrero de 2018.Presidencia

La filtración terminó en su destitución de la Presidencia de la Asamblea, y aunque mantuvo su curul hasta mayo de 2021 y fue presidente de la Comisión de Justicia, su perfil bajó radicalmente.

Así pasó de ser un fiel operador de Moreno a caer en desgracia y convertirse en una especie de opositor dentro del bloque oficialista, controlando una mini bancada que operaba como independiente.

Y, pese a que sus antiguos compañeros de lista y bancada optaron por el hermetismo férreo y distanciamiento con cualquier faceta de Serrano, el Gobierno terminó asociándolo al caso Isspol, sobre el desfalco de USD 800 millones a los fondos de pensión policiales.

El autodestierro a Estados Unidos
Apenas terminó su periodo legislativo, sin respaldo político ni aliados en Ecuador y con una creciente lista de enemistades, el otrora poderoso Ministro del Interior viajó a Miami, en mayo de 2021, y solicitó asilo en octubre.

Ya sin una plataforma partidista ni un megáfono estatal, Serrano aparecía eventualmente en redes sociales, para criticar a las administraciones de Guillermo Lasso y Daniel Noboa en temas de seguridad.

Mientras tanto, con el asumido alejamiento de Serrano del poder, especialmente policial y judicial, en Ecuador las denuncias penales en su contra empezaron a multiplicarse y los casos emblemáticos del correísmo, a caerse.

Sin embargo, el exministro correísta continuó presumiendo públicamente de su nivel de influencia en las fuerzas policiales, manejando información privilegiada y reservada. Lo que le costó también una investigación al respecto.

Desde que dejó el Ministerio, Serrano estaba acostumbrado a divulgar información sobre asesinatos de fiscales, periodistas, investigados clave de la Fiscalía, escapes penitenciarios, entre otros.

Para agosto de 2024 intentó regresar a las contiendas electorales, como candidato presidencial de Centro Democrático, uno de los movimientos que han apoyado y auspiciado al correísmo. Sin embargo, la intención duró poco, Serrano afirmó que la inseguridad y la corrupción institucional le impedían regresar al país para participar.

Y en mayo de 2025 llegó, probablemente, la peor de las acusaciones en su contra: financiar el magnicidio de Fernando Villavicencio. Esto implicó una orden de captura y prisión preventiva, alerta de Interpol, y el llamamiento a juicio como autor mediato del crimen.

En medio de esas acusaciones, Serrano fue detenido en Estados Unidos el 7 de agosto de 2025, por una infracción migratoria. Desde entonces, Serrano estuvo en un centro de detención y su defensa intentó por todos los medio evitar su deportación a Ecuador.

La estrategia legal funcionó durante un año, hasta que, sorpresivamente, las autoridades estadounidenses lo enviaron de regreso al país, donde lo espera una larga lista de pendientes y acusadores. Y donde más de uno estará pendiente de lo que pueda decir o callar sobre los dos gobiernos en los que participó, sus funcionarios, sus conexiones y las presuntas relaciones con el crimen organizado. Fuente: Primicias

Aquiles Alvarez apelará a la sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A. Esta es la segunda condena de primera instancia que recibe el Alcalde de Guayaquil, después de la pena de tres años dictada en el caso Grillete.

Julio César Cueva, abogado de Alvarez, señaló este lunes 31 de agosto de 2026, durante una rueda de prensa en Guayaquil, que recurrirán el fallo, una vez que el Tribunal los notifique con la sentencia escrita.

«No estamos conformes porque la sentencia no refleja lo que pasó en el juicio”. Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

Sin embargo, la defensa de Alvarez no será la única que buscará cambios en la decisión del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la absolución de seis procesados.

El Tribunal declaró culpables, el sábado 29 de agosto de 2026, a nueve personas naturales y seis empresas. Cinco procesados, entre ellos Aquiles Alvarez, fueron considerados autores directos, mientras cuatro fueron sentenciados como cómplices.

Más de dos años pasaron entre el inicio de la investigación y la primera sentencia. El caso comenzó en julio de 2024, tras una denuncia de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía. El 23 de ese mes Fiscalía ejecutó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro.

Fiscalía apelará seis absoluciones en el caso Triple A
Durante el juicio, Fiscalía sostuvo que entre 2020 y 2024 existió un esquema para desviar combustible subsidiado destinado al sector automotriz y comercializarlo posteriormente en otros segmentos. Según la institución, se desviaron 22,7 millones de galones y el perjuicio alcanzó USD 61,5 millones.

Tras conocerse la sentencia, Fiscalía anunció que buscará revertir la decisión que ratificó el estado de inocencia de Fausto V., propietario de una estación de servicio en Loja; Rosa O., propietaria de una gasolinera en El Oro; y los contadores Gloria S., Juan Carlos A., María Elisa C. y Olga O.

La absolución de los seis procesados no fue una decisión unánime. El juez Víctor Barahona emitió un voto salvado respecto de Fausto V., Rosa O. y Gloria S., al considerar que existían elementos suficientes para condenarlos.

Entre los hechos que valoró estuvo la facturación de más de 40.000 galones de diésel a una camioneta que utilizaba gasolina. El juez enfatizó que un motor a gasolina se destruiría con diésel y calificó la transacción como falsedad ideológica deliberada para «vaciar el inventario» del combustible desviado.

Imagen referencial de una gasolinera afiliada de Copedesa ubicada en la vía Durán-Babahoyo, e inaugurada en diciembre de 2022. Según el alcalde Aquiles Alvarez, no vende combustible como comercializador hace casi dos años.Copedesa

Sobre la titular de un depósito en El Oro, el magistrado que salvó su voto señaló que poseía el dominio funcional del establecimiento y debió ser sentenciada como autora directa debido al desvío masivo de combustible. A través del informe de Contraloría, se demostró el desvío clandestino de 2 362 950,35 galones de diésel industrial (valorados en USD 3, 3 millones).

¿Qué dice la defensa de Alvarez?
Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, señaló que uno de los puntos que cuestionará la defensa es el cálculo de los USD 61,5 millones fijados como reparación integral al Estado, al considerar que no guarda relación con la conducta por la que fueron procesados.

A su criterio, calcular como perjuicio el valor completo del combustible equivaldría a asumir que este fue sustraído, pese a que los procesados fueron juzgados por comercialización ilegal de hidrocarburos y no por robo.

Julio César Cueva, abogado defensor de Aquiles Alvarez, durante una rueda de prensa sobre la sentencia del caso Triple A, en Guayaquil, el lunes 31 de agosto de 2026.PRIMICIAS

También señaló que ve una inconsistencia en responsabilizar a Alvarez por no controlar el destino del combustible y, al mismo tiempo, absolver a personas vinculadas con estaciones que recibían ese producto.

“Creo que hay contradicciones e incluso creo que hay una interpretación equivocada de ciertas normas”, sostuvo Cueva. El abogado insistió, sin embargo, en que esperará la sentencia escrita para determinar con precisión los argumentos y recursos que presentarán.

“Él sigue siendo Alcalde, sus derechos civiles y políticos todavía no están conculcados porque la sentencia no está ejecutoriada”. Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

Mientras el fallo no esté ejecutoriado, dijo Cueva, la condena todavía no produce todas sus consecuencias jurídicas sobre Alvarez. Fuente: Primicias

La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.