Por: Franco Tamay

En Zamora Chinchipe, al parecer, no solo se extrae oro; también se pagan “vacunas” para evitar sanciones del Estado.

La reciente difusión de un audio que involucraría a un funcionario de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en presuntos cobros ilegales no es un hecho aislado. Es la evidencia de algo más profundo, que el control estatal podría estar dejando de ser control para convertirse en un negocio.

Porque cuando un funcionario que debería fiscalizar termina cobrando por “dejar trabajar”, la línea entre legalidad e ilegalidad se desvanece. Ya no hay un Estado que controle, sino un Estado que negocia. Ya no existe regulación, sino intermediación. Y eso, en términos simples, tiene un nombre “corrupción institucional”.

Entiéndase bien; durante años se ha señalado a la minería ilegal como el gran enemigo. Y sí, lo es. Pero la minería ilegal no crece sola. Necesita condiciones, necesita tolerancia y, en el peor de los casos, necesita complicidad.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando quienes deben sancionar terminan cobrando? O, dicho sin rodeos, cuando terminan “vacunando”. ¿Qué pasa cuando los controles se convierten en tarifas informales? Lo que emerge no es un hecho aislado, sino un sistema.

Desde la política criminal, el enfoque ha sido cómodo: perseguir al eslabón más débil. El minero informal, el operador pequeño, el actor visible. Pero rara vez se mira hacia arriba, hacia las estructuras institucionales donde también se toman decisiones o se venden omisiones que permiten que todo esto funcione.

Porque la verdadera pregunta no es cuántos mineros ilegales existen en Zamora Chinchipe, sino cuántas de esas actividades han sido posibles gracias a funcionarios que, en lugar de impedirlas, habrían aprendido a lucrar de ellas.

La reacción institucional desvincular funcionarios y anunciar investigaciones es necesaria, pero insuficiente. En muchos casos, se trata de respuestas reactivas que no analizan el problema de fondo; la fragilidad de los mecanismos de control y la ausencia de sistemas efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

Si no se interviene de manera estructural, el mensaje es peligroso  “la corrupción no se elimina, se administra”.

Y cuando eso ocurre, el Estado deja de ser garante de la legalidad para convertirse en parte del problema.

Zamora Chinchipe hoy no solo enfrenta un desafío ambiental o económico. Enfrenta algo más profundo, una disputa por el sentido mismo de la autoridad. Porque si el ciudadano percibe que la ley tiene precio, entonces la legalidad deja de ser un principio y se convierte en una opción.

Y en ese punto, ya no estamos hablando únicamente de corrupción.

Estamos hablando de un Estado que corre el riesgo de haber sido capturado desde dentro

Zamora Chinchipe es una provincia construida con trabajo. Desde sus orígenes, la minería, especialmente la pequeña y artesanal, ha sido, es y será parte de la vida diaria de muchas familias, junto a la agricultura y el comercio. No es una actividad improvisada, sino una fuente histórica de sustento que ha dinamizado la economía local y ha generado empleo honrado.

Hoy, el país vive un momento político sensible. En medio de allanamientos, explosión de maquinaria, el Gobierno ha enviado a la Asamblea proyectos de ley urgentes que buscan cambiar reglas en minería, energía y en la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). No todo es negativo, pero sí es necesario analizar con responsabilidad lo que estas decisiones pueden significar para provincias como Zamora Chinchipe.

En minería, se habla de atraer inversión, generar empleo y combatir la ilegalidad. El riesgo está en que las facilidades beneficien principalmente a las grandes empresas, mientras la pequeña minería, la que sostiene a muchas familias amazónicas—, quede rezagada. Lo justo es que las leyes apoyen a todos: que los grandes aporten más, y que los pequeños mineros tengan acceso a regularización, capacitación, créditos y condiciones justas para trabajar y tributar.

Este no es un llamado a la confrontación, sino al diálogo. Las autoridades provinciales deben convocar a mesas de conversación con el sector minero y las comunidades. No podemos avanzar sin socialización ni tomar decisiones que nos lleven a un callejón sin salida.

Representantes del Gobierno: hoy es el momento de estar con el pueblo. Zamora Chinchipe necesita equilibrio, justicia y participación. La minería bien regulada puede seguir siendo una fuente de empleo y desarrollo para la provincia, siempre que sus beneficios lleguen a todos y no solo a unos pocos y que son las grandes transnacionales y un grupo de elites de Quito. Y que, además; quieren imponer desde sus escritorios, dejándonos sin oportunidades para quienes hacemos patria viva este cordón fronterizo del país.

Por: José Alexander González Quizhpe

Viví varios años en El Pangui y conozco de cerca lo que significa luchar por oportunidades. Aquí vi jóvenes con talento, con ganas, con disciplina… pero con un obstáculo enorme: la falta de una universidad completa que les permita formarse sin dejar su hogar.

Es cierto que en El Pangui ya funciona una extensión de la Universidad Estatal Amazónica. Y todos reconocemos el valor que ha tenido. Pero también sabemos que una extensión no reemplaza a una universidad completa: tiene oferta limitada, menos infraestructura, menos carreras, menos investigación y menos capacidad para recibir a todos los jóvenes que la necesitan. Quedarse solo con una extensión sería conformarnos con menos cuando esta comunidad merece más.

Y mientras tanto, varios cantones de la provincia exigen ser sede de la nueva universidad. Lo entiendo: todos quieren desarrollo. Pero si hablamos con honestidad y viendo la realidad de frente, El Pangui tiene argumentos sólidos que ninguna otra propuesta puede igualar en este momento.

Primero, ya existe un terreno técnicamente aprobado y listo para construir. No estamos hablando de ideas en papel; es un espacio real que evita años de retrasos, reubicaciones o conflictos administrativos.

Segundo, El Pangui tiene una ubicación estratégica que conecta parroquias, comunidades rurales y zonas productivas. Eso significa accesibilidad para estudiantes de varios sectores, sin que el costo de transporte sea una barrera que termine apagando sueños.

Tercero, aquí ya hay infraestructura instalada: servicios básicos, vías, energía y conectividad. Esto reduce costos y permite que la universidad empiece a funcionar sin esperar eternamente a que se construya lo esencial.

Y más allá de los argumentos técnicos, está lo humano. Lo viví, lo escuché y lo sentí: muchos jóvenes no estudian porque salir del cantón no es una opción. La distancia, el dinero, las responsabilidades familiares… todo pesa. Una universidad completa en El Pangui no sería solo un edificio; sería una oportunidad real para cientos de jóvenes que hoy ven la educación superior como un sueño distante.

La extensión de la UEA ha sido un paso, sí. Pero El Pangui está listo para dar el salto: pasar de ser un apoyo a convertirse en un verdadero centro de educación superior para toda Zamora Chinchipe.

Sé que el debate está encendido y que cada cantón defiende lo suyo. Pero esta decisión debe tomarse con criterios de viabilidad, impacto y capacidad real. Y El Pangui no solo cumple: sobresale.

Por lo que viví aquí, por lo que conozco y por lo que todavía falta por construir, estoy convencido de que la universidad debe quedarse en El Pangui. Porque aquí hay terreno, hay infraestructura, hay gente que la necesita… y hay una comunidad dispuesta a crecer con ella.