Por Mario Paz.

Introducción 

La violencia contra la mujer es una herida profunda en el corazón de nuestras sociedades, una herida que no deja de sangrar y que solo podrá sanar si actuamos pronto y juntos. Cada 25 de noviembre, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mundo entero levanta su voz para visibilizar y enfrentar uno de los atentados más graves contra la dignidad humana. Esta fecha no es solo un recordatorio simbólico: es un clamor urgente por justicia, por memoria y por un cambio real.

Aunque se han logrado avances importantes en legislación, prevención y sensibilización, la violencia de género continúa amenazando la vida, la libertad y la integridad de millones de mujeres. Cada agresión, cada silencio impuesto y cada vida arrebatada nos recuerdan que esta problemática sigue profundamente arraigada en estructuras sociales, culturales y familiares que normalizan el abuso y justifican el control.

La violencia contra la mujer no solo golpea cuerpos: rompe dignidades, silencia sueños, fractura familias y debilita a comunidades enteras. Y, aun así, cada día millones de mujeres continúan resistiendo, levantándose en medio del dolor, esperando ser escuchadas, acompañadas y protegidas.

En este artículo exploraremos el origen y el significado de esta conmemoración, la realidad de la violencia contra las mujeres en Ecuador, las enseñanzas que ofrecen los valores cristianos sobre la dignidad femenina, y las acciones urgentes que deben emprender el Estado, la sociedad, la familia y cada mujer para erradicar este flagelo. Porque la violencia nunca es normal, nunca es justificable y jamás debe ser tolerada. Y porque solo cuando caminemos unidos podremos construir un país donde todas las mujeres vivan libres, seguras y respetadas.

Origen y significado del 25 de noviembre: memoria, justicia y compromiso global 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue oficialmente instituido el 25 de noviembre de 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 54/134. Esta fecha no fue escogida al azar: rinde homenaje a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) tres activistas dominicanas brutalmente asesinadas en 1960 por su firme oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su valentía y sacrificio se convirtieron en un poderoso símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia de género.

Al instaurar esta conmemoración, la ONU buscó visibilizar una realidad global que atraviesa culturas, clases sociales y generaciones, y que continúa cobrando vidas y vulnerando derechos fundamentales de mujeres y niñas en todo el mundo. El propósito central de esta fecha es generar conciencia, promover el debate público y exigir la implementación de políticas efectivas que prevengan, sancionen y erradiquen todas las formas de violencia de género.

Cada 25 de noviembre, gobiernos, organizaciones sociales, instituciones educativas y comunidades se unen para recordar que la violencia contra la mujer no es un problema aislado, sino una violación sistemática de derechos humanos que requiere acciones urgentes, coordinadas y sostenidas.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Ecuador: cifras que exigen acción inmediata

Las cifras más recientes revelan una realidad alarmante sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador y la urgencia de enfrentarla con políticas públicas efectivas y sostenidas. Solo entre enero y agosto de 2025, el país registró 510 mujeres asesinadas, una cifra que convierte a este periodo en uno de los más letales de la historia reciente. De estos casos, el 87,65% corresponde a muertes violentas y, dentro del mapa nacional, Guayaquil concentra 155 víctimas, es decir, cerca del 30% del total.

El año 2024 también dejó un panorama desgarrador: la Fundación Aldea documentó 274 feminicidios, incluyendo cinco mujeres reportadas como desaparecidas el año anterior. Las víctimas tenían un promedio de 36 años, aunque las edades oscilaron entre 1 y 81 años, lo que demuestra que la violencia no distingue etapas de vida. Entre ellas se encontraban 27 niñas y adolescentes y 79 mujeres que eran madres, dejando a 131 hijos e hijas en orfandad. En más de un tercio de los casos, el agresor mantenía una relación sentimental, presente o pasada, con la víctima, lo que evidencia el carácter íntimo y estructural de esta violencia.

Pero la violencia de género en Ecuador no se limita a las muertes. Según el INEC, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la más común y afecta al 53,9% de las mujeres, seguida de la violencia sexual, que alcanza al 25%. A ello se suma la violencia gineco-obstétrica, una forma menos visibilizada pero extendida, ya que 48 de cada 100 mujeres reportan haberla experimentado durante su atención en el embarazo, parto o posparto.

A nivel estructural, se observan patrones que aumentan la vulnerabilidad: el 59% de las mujeres víctimas de femicidio tenía solo educación básica o primaria, frente a un 5% con educación superior. Asimismo, en 8 de cada 10 casos, el agresor fue la pareja o expareja, y más de un 35% de las muertes violentas ocurrieron en el hogar, lo que reafirma que la violencia más peligrosa es, con frecuencia, la que ocurre en espacios que deberían ser seguros.

El aumento de esta violencia ha sido descrito por la ONU como una crisis nacional. En apenas cuatro años, los asesinatos de mujeres han aumentado un 350%, y se estima que una mujer es asesinada cada 26 horas en Ecuador. Estas cifras no solo alertan, sino que reclaman una respuesta inmediata y sostenida desde el Estado, la sociedad y las comunidades.

En conjunto, estos datos muestran que la violencia contra las mujeres en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural, persistente y profundamente arraigado, que requiere acciones urgentes, integrales y coordinadas.

Acciones integrales para erradicar la violencia contra las mujeres 

La eliminación de la violencia contra las mujeres exige un compromiso decidido desde todos los ámbitos de la sociedad. En Ecuador, el Estado ha dado pasos importantes al aprobar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), que establece mecanismos de prevención, atención, protección y reparación. A esto se suma el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (2021), orientado a fortalecer la institucionalidad, garantizar una respuesta oportuna y promover políticas públicas con enfoque de derechos.

Asimismo, campañas como “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni más” y la implementación de protocolos judiciales con enfoque de género buscan sensibilizar, prevenir y asegurar procesos judiciales más justos y accesibles para las víctimas.

La sociedad también desempeña un papel fundamental. Promover espacios de diálogo comunitario, impulsar campañas de sensibilización en medios y redes sociales y fortalecer el trabajo de organizaciones de mujeres, refugios y centros de atención contribuye a romper el silencio, desmontar mitos y brindar apoyo real a quienes enfrentan violencia.

El sistema educativo es clave para transformar patrones culturales. Incluir la educación en igualdad y derechos desde edades tempranas, capacitar al personal docente para identificar signos de violencia y desarrollar programas que involucren a familias y comunidades permite prevenir situaciones de riesgo y construir relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Finalmente, la familia constituye el primer espacio de aprendizaje y protección. Fomentar relaciones basadas en el diálogo, el respeto y el apoyo mutuo, enseñar a niñas y niños a reconocer su valor y a identificar conductas dañinas, así como mantener entornos seguros para que las víctimas puedan pedir ayuda, son acciones esenciales para erradicar la violencia desde la raíz.

El papel transformador de la mujer en la construcción de una vida libre de violencia

La lucha contra la violencia hacia la mujer requiere el compromiso de toda la sociedad, pero también implica reconocer el rol fundamental que cada mujer puede asumir en su propio proceso de empoderamiento y protección. Esto no significa trasladar la responsabilidad de la violencia a las víctimas (la violencia siempre es culpa del agresor), sino fortalecer las herramientas que permiten a las mujeres vivir con dignidad, seguridad y autonomía.

En primer lugar, el empoderamiento personal es esencial. Reconocer su valor, sus capacidades y sus derechos permite a cada mujer poner límites, pedir ayuda y denunciar cuando sea necesario.

La educación y formación continua, mediante talleres, espacios de reflexión o actividades comunitarias, contribuye a fortalecer la autoestima, la independencia emocional y su proyecto de vida.

Las redes de apoyo (familia, amigas, colectivos de mujeres, organizaciones sociales o comunidades de fe) son clave para compartir experiencias, obtener orientación y romper el aislamiento que muchas veces favorece la violencia.

Asimismo, la participación activa en movimientos sociales o espacios comunitarios brinda a las mujeres la oportunidad de promover cambios culturales y convertirse en líderes de transformación.

Conocer la legislación vigente, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ecuador, y los mecanismos institucionales disponibles (líneas de ayuda, casas de acogida, justicia especializada), fortalece la capacidad de protegerse y exigir el respeto a sus derechos.

Sin embargo, la erradicación de la violencia no depende únicamente de las mujeres. Los hombres deben asumir con responsabilidad la tarea de desaprender actitudes machistas, superar inseguridades, renunciar a la violencia y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Solo así se podrá caminar hacia una convivencia verdaderamente humana y justa.

La espiritualidad y la reflexión también ofrecen hermosos mensajes sobre la dignidad de la mujer. Desde una mirada simbólica, se recuerda que la mujer no fue creada para ser pisoteada ni dominada, sino para caminar al lado del hombre, ser amada, respetada y protegida. Esta visión resalta la igualdad esencial y el valor irrenunciable de cada mujer como ser humano.

Como sociedad, no podemos seguir tolerando la violencia en ninguna de sus formas. La violencia es siempre una expresión de miedo, de cobardía y de incapacidad para reconocer las virtudes y talentos de la mujer. Cuando fortalecemos su autoestima, cuando respetamos su voz y cuando reconocemos su humanidad plena, contribuimos a la paz, la armonía y el bienestar colectivo.

Una mujer es un reflejo del trato que recibe; una sociedad justa es aquella que la valora, la respeta y la protege. Por ello, comprometámonos a desterrar para siempre la violencia contra la mujer. Una humanidad en paz solo es posible cuando cada mujer vive libre, segura y digna.

#NuncaMásViolenciaContraLaMujer.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer y su impacto en la sociedad

La violencia contra la mujer no se limita al daño directo hacia la víctima: sus repercusiones se extienden hacia la familia, el entorno laboral, la comunidad y, en última instancia, toda la sociedad. Cada acto de violencia deja cicatrices visibles e invisibles que afectan el tejido social y la posibilidad de construir un futuro más justo.

En la crianza de los hijos, las consecuencias son especialmente graves. Los niños que crecen en entornos violentos pueden llegar a normalizar la agresión como una forma válida de relacionarse, perpetuando así ciclos de violencia intergeneracional. Este tipo de experiencias afecta su estabilidad emocional, generando inseguridad, ansiedad, estrés postraumático y baja autoestima.

Además, su desarrollo académico y social puede verse seriamente perjudicado: presentan dificultades para concentrarse, confiar en otros, expresar sus emociones o establecer relaciones saludables.

En el ámbito laboral, las mujeres que sufren violencia enfrentan barreras que afectan su desempeño y su autonomía económica. El ausentismo, el bajo rendimiento y el miedo constante limitan sus oportunidades de crecimiento profesional. Muchas veces pierden empleos o no pueden aspirar a mejores puestos debido al estrés, el control del agresor o la falta de apoyo institucional. Esta situación también repercute en las empresas y organizaciones, que asumen costos asociados a la salud física y emocional de sus colaboradoras, así como a la rotación y disminución de la productividad.

En su vida emocional y personal, la violencia deja huellas profundas. La depresión, la ansiedad, la culpa, la vergüenza y el aislamiento se convierten en cargas que la víctima lleva en silencio. El trauma psicológico puede requerir años de acompañamiento profesional y redes de apoyo para ser superado. Cuando el maltrato se prolonga, la mujer puede llegar a normalizarlo, perdiendo progresivamente la confianza en sí misma, en los demás y en la posibilidad de una vida sin miedo. Esto deteriora su calidad de vida, su salud integral y su capacidad de soñar y proyectarse hacia el futuro.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer no solo hieren a quien lo vive, sino que debilitan a la familia, frenan el desarrollo de las comunidades y comprometen el bienestar social. Reconocer este impacto es indispensable para comprender la urgencia de erradicar la violencia en todas sus formas y para construir un mundo donde cada mujer pueda vivir con dignidad, seguridad y libertad.

Conclusión 

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda que la violencia de género no es un problema individual, sino una realidad global que nos interpela a todos. Las cifras de femicidios y agresiones en Ecuador son un llamado urgente a la acción, y aunque existen leyes, planes y campañas, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la vida, la libertad y la dignidad de cada mujer.

Los valores espirituales, incluidos los transmitidos en la Biblia, nos recuerdan que toda persona posee una dignidad sagrada e irrenunciable. La violencia contradice por completo ese principio. Sin embargo, la espiritualidad por sí sola no basta: la erradicación de la violencia requiere decisiones valientes, políticas públicas firmes, instituciones que respondan con justicia, comunidades solidarias, familias que eduquen en igualdad y mujeres fortalecidas en su autoestima y autonomía.

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ineludible. Construir una cultura de cero tolerancias a la violencia implica educar desde la infancia, deconstruir prejuicios y comportamientos machistas, acompañar sin juzgar, creer en la palabra de las víctimas y ofrecerles caminos seguros para salir del ciclo de violencia. Significa también promover relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad emocional, así como cultivar en cada mujer la certeza de que merece vivir libre de miedo y llena de dignidad.

Porque una sociedad que normaliza la violencia se destruye a sí misma; pero una sociedad que protege, escucha y actúa, florece. Sanar esta herida social es una tarea colectiva y urgente. Solo cuando toda mujer pueda vivir segura, valorada y respetada, podremos decir que avanzamos hacia una humanidad más justa, más pacífica y más humana.

Hoy y siempre reafirmamos:

No más silencio. No más indiferencia. No más violencia.

Sí a la dignidad, al respeto y a la justicia para todas las mujeres.

El pasado miércoles 12 de noviembre, la Tertulia Jurídica desarrolló una sesión académica especializada dedicada al análisis del tema “La justicia juvenil restaurativa y su aplicación en el Ecuador”, a cargo del doctor Pablo Ernesto Coloma Villacís, reconocido especialista en justicia juvenil restaurativa.

El Dr. Coloma es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, posee el título de magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con estudios avanzados en justicia juvenil realizados en la Universidad de Ginebra y el Instituto Internacional de los Derechos del Niño. Su trayectoria académica y experiencia en el ámbito jurídico lo posicionan como una de las voces más autorizadas en la materia dentro del país.

Un marco conceptual y normativo amplio
Durante su exposición, el especialista inició explicando la definición de justicia juvenil según el Comité de los Derechos del Niño, el cual establece que este sistema comprende instituciones, normas y políticas diseñadas para atender las infracciones penales cometidas por personas menores de 18 años, particularmente aquellas consideradas como adolescentes por la legislación ecuatoriana.

El sistema de justicia juvenil, indicó, responde de manera institucional y social a estas infracciones, abarcando el trabajo policial, la intervención de operadores de justicia, la actuación de la Fiscalía, la defensa técnica, y las instituciones encargadas del cumplimiento de las sanciones aplicadas por los jueces.

Asimismo, afirmó que este ámbito jurídico posee un marco normativo internacional amplio y robusto, que regula desde lineamientos para las funciones policiales hasta procedimientos judiciales especializados, así como las medidas aplicables a los adolescentes en conflicto con la ley.

Debates sobre la terminología y la evolución histórica
El doctor Coloma destacó que incluso la denominación del sistema genera debates doctrinarios. Mientras algunos prefieren el término “justicia juvenil”, utilizado en tratados internacionales, otros optan por expresiones como “justicia penal adolescente”. Señaló además que el término “menor”, todavía usado en ciertos países, ha sido desplazado por considerarse propio de un régimen jurídico superado.

Para comprender el modelo actual, el expositor realizó un recorrido histórico por los sistemas aplicados desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Explicó que, durante décadas, en el Ecuador rigió el régimen del derecho de menores, sustentado en el modelo tutelar, caracterizado por la institucionalización como única respuesta estatal a situaciones de abandono, peligro o infracción penal. Entre 1937 y 2003 el país tuvo cinco códigos de menores que operaban bajo este paradigma.

Bajo dicho modelo, señaló, “no existía distinción jurídica entre un niño abandonado, uno en situación de riesgo o un adolescente que hubiera infringido la ley; el proceso era cuasi administrativo, sin garantías del debido proceso y con un juez que determinaba la institucionalización como única medida”.

La Convención sobre los Derechos del Niño: un punto de inflexión
El especialista subrayó que el giro fundamental en la configuración de la justicia juvenil ocurre con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989) y su ratificación por parte del Ecuador en 1990, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. Desde entonces, se reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, titulares de la dignidad humana plena y del derecho a un debido proceso.

Este reconocimiento dio origen al modelo de responsabilidad, que exige procedimientos con garantías y sanciones diferenciadas, basadas en el principio de especialidad. El Dr. Coloma resaltó que este modelo reconoce que los adolescentes tienen capacidad para responder por sus actos, pero no idéntica a la de los adultos, lo que exige adaptar los procesos judiciales y la intervención estatal a sus características evolutivas y neuropsicológicas.

Procesos, sanciones y medidas socioeducativas
El expositor indicó que la justicia juvenil debe garantizar que los adolescentes comprendan los procesos en los que participan, debido a que ello incide directamente en los resultados reeducativos y restaurativos. Además, explicó que las sanciones aplicadas a adolescentes, denominadas medidas socioeducativas, según el artículo 77 numeral 13 de la Constitución, son sanciones penales que deben respetar principios del derecho penal como legalidad y proporcionalidad.

Diversas disciplinas como la psicología, la criminología y la neurociencia han demostrado los efectos negativos de la privación prolongada de libertad en adolescentes. Por ello, insistió en que las medidas deben ser proporcionales, educativas y orientadas a evitar la estigmatización.

La justicia juvenil restaurativa como modelo vigente
Finalmente, el Dr. Coloma explicó que el modelo actualmente adoptado en el Ecuador y en gran parte del mundo es el de la justicia juvenil restaurativa, que busca reparar el daño, promover la responsabilidad y favorecer la reintegración social del adolescente, evitando respuestas punitivas desproporcionadas y priorizando el diálogo, la mediación y las soluciones consensuadas.

Concluyó señalando que la comprensión histórica y normativa del sistema permite entender por qué la justicia restaurativa es hoy el marco más adecuado para atender las infracciones juveniles, respetando los derechos humanos y promoviendo la rehabilitación integral.

Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte (FDN), la primera mina de oro subterránea a gran escala en Ecuador, y su aliado estratégico Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador), firmaron el tercer convenio de colaboración para la implementación del Programa de Conservación de la Biodiversidad en el área de FDN.

Con una duración de cinco años y una inversión de USD 1,9 millones, este nuevo acuerdo consolida el modelo cocreado de conservación con un enfoque de alianzas para paisajes sostenibles. Basado en la conservación del patrimonio natural, la producción sostenible, el fortalecimiento de la gobernanza local y la comunicación y educación ambiental con una visión que promueve la participación comunitaria desde la equidad e inclusión. El Programa abarca un paisaje de intervención de alrededor de 64.000 hectáreas, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, una de las zonas más biodiversas del planeta.

“Desde el inicio quisimos demostrar que la minería responsable puede coexistir con la conservación. Este nuevo convenio refleja una decisión valiente y un voto de confianza mutuo. Hemos logrado resultados que pocas empresas e instituciones han alcanzado en conjunto en el país, desde la protección de bosques hasta la participación de las comunidades en su propio desarrollo sostenible”, señaló María Cristina Acosta, directora de Ambiente y Permisos de Lundin Gold.

Durante casi una década de trabajo conjunto, Lundin Gold y CI-Ecuador han impulsado la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS), a través de la implementación de acciones que promueven la gestión territorial integral y la articulación entre actores locales, asistencia técnica, investigación y participación de expertos. Los resultados lo demuestran:

• Cerca de 1.500 hectáreas de bosque nativo, gestionadas con mecanismos de conservación.
• Aumento en la efectividad de manejo del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, del 68% al 79%, gracias a la asistencia técnica de CI y un aporte directo anual de 33.000 USD de Lundin Gold, durante 3 años.
• Mejoramiento de las prácticas agroforestales en 76 hectáreas productivas, a través de la implementación de planes de manejo integral de fincas que vinculan la producción con la conservación y restauración.
• Procesos de reforestación cofinanciados junto a aliados como Hewlett-Packard (HP).
• Más de 750 estudiantes capacitados en el curso virtual Educación para la conservación y la acción ambiental, fortaleciendo capacidades y promoviendo la conciencia ambiental de las y los jóvenes en comunidades cercanas a FDN.
• Conformación del comité para la gestión del paisaje sostenible, con la participación de actores locales clave para articular y complementar acciones en el área de intervención.
• Más de 60 productos edu-comunicacionales en conservación, uso eficiente de recursos y prácticas sostenibles.
• Mas de 130 personas beneficiadas con talleres y capacitaciones en producción sostenible, cadenas de valor, bioemprendimientos, sistemas de información geográfica, riesgos naturales entre otros.

El trabajo conjunto entre Lundin Gold y CI-Ecuador ha impulsado políticas locales sostenibles, y ha fortalecido la capacidad de gestión de los gobiernos locales y organizaciones comunitarias, aportando a la consecución de los objetivos de la estrategia nacional de biodiversidad y la agenda 2030.

“Esta alianza se ha construido con confianza, diálogo y una visión compartida. Desde el inicio vimos un compromiso genuino por parte de Lundin Gold. Hoy iniciamos una tercera etapa de cinco años con la meta de amplificar el impacto positivo alcanzado, fortalecer la gobernanza local y asegurar que la conservación trascienda generaciones”, expresó Carolina Rosero, vicepresidenta y directora ejecutiva de CI-Ecuador.

Para Lundin Gold, el Cuidado del Ambiente es uno de sus tres principios fundamentales, junto con el Trabajo con Seguridad y el Respeto, que guían su política de minería responsable y su estrategia de sostenibilidad. Con esta nueva fase, la compañía reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad, integrándola como un pilar fundamental de su gestión ambiental.