El escándalo de los contratos de emergencia de Progen Industries LLC en El Salitral (Guayaquil) y Quevedo, que tiene a 21 personas en el banquillo de los acusados por presunto peculado y orden de prisión preventiva para 19, no nació en la Costa. El esquema de adjudicaciones a dedo, motores obsoletos y pólizas bajo sospecha se ensayó primero en la Sierra Sur del país: en la Central Termoeléctrica Catamayo, provincia de Loja.

Un informe de la Contraloría General del Estado (documento DNA4-SEyEP-0027-2025, aprobado el 31 de diciembre de 2025), al que Vistazo tuvo acceso, desarmó un contrato de USD 20,1 millones que, tras más de un año, dejó solo varillas oxidadas y cuatro generadores sellados que jamás produjeron un solo kilovatio de energía.

En abril-mayo de 2024, la crisis energética en Ecuador tenía los embalses en niveles críticos debido a la sequía, obligando a racionamientos de varias horas. Bajo esa presión, el 27 de mayo de 2024, la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) declaró la emergencia (Resolución N.° 038/2024) para incorporar entre 14 y 15 megavatios (MW) en la central de la novel parroquia Trapichillo, cantón Catamayo.

Los técnicos de la EERSSA sabían que las unidades de la central llevaban años dañadas: la Unidad 8 estaba fuera de servicio desde 2012 (12 años antes) y la Unidad 6 desde 2022. El Supervisor de la planta admitió que el informe de necesidad se redactó por una orden verbal de la máxima autoridad de la empresa. Para «agilitar los trámites» se utilizó la modalidad «llave en mano» (IPC), prohibida en el país si no se cuenta con ingeniería básica o conceptual aprobada.

El 16 de julio de 2024, la Comisión Técnica de la EERSSA fijó un presupuesto referencial de USD 19,3 millones e invitó a un solo proveedor a las 21h08: Progen Industries LLC, con sede en Mulberry, Florida.

Lo que ocurrió después es calificado por el organismo de control como una de las mayores anomalías del proceso:

A pesar de que la Comisión Técnica advirtió al día siguiente que el monto superaba el presupuesto referencial y recomendó declarar desierto el proceso, el contrato se adjudicó el 22 de julio por USD 20,1 millones.

Tres días antes de la adjudicación, altos funcionarios de la EERSSA recibieron un correo electrónico de Progress Rail (RPG), distribuidor exclusivo en Ecuador de los motores Electro-Motive Diesel (EMD) que Progen pretendía instalar. El mensaje advertía cinco puntos críticos:

Pese a que el Gerente de Operaciones admitió haber leído el correo y que se discutió en reuniones directivas, el proceso continuó. La Comisión calificó la oferta como si la advertencia no existiese.

Las inconsistencias saltaron de los papeles a las máquinas durante la inspección física en Houston, Texas (agosto de 2024). Las bases pedían un voltaje de 13,8 kV; Progen en la oferta prometía generadores de 4,16 kV con transformadores para subir a 13,8. Los motores listos para enviar marcaban 11 kV.

El consorcio fiscalizador alertó que el voltaje de 11 kV no estaba normalizado en las redes de la EERSSA y causaría problemas de mantenimiento. Aun así, el Administrador del Contrato firmó el acta de constatación omitiendo el problema, habilitando un desembolso correspondiente al 70% del valor contractual.

Días después, un viernes a las 22h31, se suscribió la Adenda 01. Este documento no solo eliminó la exigencia de entregar equipos totalmente nuevos, sino que autorizó a Progen a colocar sus propias placas en los motores, asumiendo el rol de fabricante.

El contrato otorgaba 90 días de plazo para que el oferente, Progen, se registrase ante la Superintendencia de Compañías. En septiembre de 2025, la entidad de control societario confirmó que Progen nunca obtuvo el permiso de operación. Es decir que, para el Estado ecuatoriano, la empresa no existía legalmente en el país.

Una inspección notarial realizada el 18 de julio de 2025 en la central de Catamayo constató el abandono de la obra tras 15 meses de vigencia del contrato (cuyo plazo original era de 180 días):

Hasta esa fecha, la empresa eléctrica lojana cuyo máyor accionista es el Ministerio de Energía, ya había desembolsado a Progen más de USD 18 millones. Aunque en agosto de 2025 la nueva administración de la EERSSA inició el trámite de terminación unilateral del contrato, el dinero sigue sin recuperarse. Igual que en El Salitral, igual que en Quevedo… Fuente: Vistazo

«Ahora, el gobierno, el Estado, está en control. Ya no cede espacios, no cede territorios ni entrega las cárceles para que se vuelvan universidades del crimen». Eso dijo el presidente Daniel Noboa, el jueves 14 de mayo, en la sesión protocolar del foro permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su viaje a Estados Unidos, el Mandatario acudió a distintos espacios para defender los resultados de la estrategia nacional de combate a la inseguridad y violencia en Ecuador. En su discurso, mientras otros gobiernos salían corriendo frente al problema, él se puso en la primera fila de combate.

La estrategia de toques de queda temporales asegura el control de lugares determinados, en horarios muy específicos. El gobierno defiende la efectividad de esta y otras medidas. Sin embargo, la percepción ciudadana podría no sintonizar con esta mirada. Una encuesta de la empresa Imasen, del mes de abril con un universo de 1.500 entrevistados, determina que la delincuencia y el narcotráfico son, en ese orden, el primero y el tercero de los mayores problemas que hoy enfrenta el país.

Entre abril de 2025, un mes antes de que arrancara el actual mandato presidencial, y abril de 2026, un año más tarde, el índice de preocupación por la delincuencia ha subido en tres puntos, según este estudio.

Las cifras oficiales mencionan una reducción significativa en las tasas de homicidios intencionales. Según el presidente Noboa, bajaron en 14 por ciento, al comparar el primer trimestre de 2026 con 2025. Lo no dicho es que la estrategia de capturar a líderes de estructuras criminales condujo a una dinámica de atomización y aparecimiento de nuevas bandas.

Daniel Noboa se pronunció ante el foro de la OEA, el 14 de mayo. Allí explicó que su objetivo fundamental es combatir la violencia y que busca aliados. Adolfo Macías, ‘Fito’, líder de Los Choneros prófugo desde enero de 2024, fue capturado en junio de 2025 en un búnker de Manabí.

Fue enviado a prisión en Estados Unidos. Eso fue posible porque está vigente la extradición, figura viabilizada por la consulta popular de 2024, en el primer mandato del presidente Noboa.

La doctrina de guerra interna creó un estado de intervención uniformada que pone en segundo plano el respeto a los derechos humanos. Esta alarma la ha encendido la Corte Constitucional.

En diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras de personas desaparecidas, por riesgo en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada.

La construcción y puesta en funcionamiento de cárceles como El Encuentro pasó por un proceso poco transparente. No se conoce el estado real del sistema carcelario, pero hay indicios de que tras detenciones masivas en el contexto de allanamientos y operativos, la sobrepoblación carcelaria puede haber llegado a puntos críticos.

En su intervención ante el foro de la OEA, el presidente Daniel Noboa aseguró que tres de las más grandes estructuras criminales del país –Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones– tienen en conjunto, más de 80 mil integrantes armados, entre hombres y mujeres.

Y comparó esa cifra con el total de miembros de la fuerza pública: 56 mil policías y 37 mil militares. El crecimiento de miembros de las estructuras criminales, a partir de la cifra oficial, da cuenta de un fenómeno preocupante.

La política de seguridad no va de la mano con la política social, advierten analistas. El experto y catedrático Pablo Ospina Peralta señalaba, en el estudio «Autoritarismo y luchas sociales en el Ecuador de Daniel Noboa», que para octubre de 2025 había una «activa decisión del gobierno de Daniel Noboa de convertir casi toda su política pública en la concesión de una serie de bonos en efectivo». Estimaba que creó bonos por 755 millones de dólares, solo en 2025, la mayoría desembolsado en el período electoral del primer trimestre.

«Durante las épocas electorales, se priorizaron los bonos a jóvenes, mientras que durante el paro fueron decisivos los bonos a transportistas y agricultores. Noboa heredó la técnica de las campañas electorales de su padre». El estudio fue difundido por la plataforma Nueva Sociedad. Fue publicado luego del paro promovido por sectores indígenas. Hay matices. Su gobierno ha reconocido que debe enfrentar el problema de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes con un plan integral. Todavía se esperan resultados.

El Legislativo aprobó la Ley de Educación Dual, que permite a los jóvenes aprender haciendo. Incentiva a empresas privadas a contratar pasantes. Esta puede ser una alternativa para uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 24 años, que no acceden a estudio ni educación.

En una entrevista con la cadena CNN, el Mandatario afirmó a mediados de mayo que el índice de pobreza está en el punto más bajo en la historia de Ecuador. Y defendió que el país está creciendo en cuatro por ciento.

El esquema de bonos y transferencias genera gastos permanentes en el presupuesto, sin contar con ingresos permanentes.

Una política social basada en el clientelismo suele ser efectiva en términos de resultados electorales, pero no incentiva los procesos productivos. Fuente: Vistazo

Desde Cuenca, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 390 con el que establece nuevos precios para el combustible del sector eléctrico y ordena la emisión de permisos emergentes.

El documento fue emitido el pasado jueves, 21 de mayo, con el objetivo de reformar el reglamento codificado de regulación de precios de derivados de hidrocarburos.

Ocurrió justo en medio de una jornada de cortes de energía inesperados en varias provincias tras problemas de sedimentos en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por la crecida de los ríos que la alimentan. Actualmente, la operación volvió a la normalidad.

Reforma el Decreto Ejecutivo 308 del pasado 26 de junio para establecer nuevos valores del combustible que se utiliza para la generación eléctrica.

Noboa determinó que EP Petroecuador proveerá de derivados de hidrocarburos en sus refinerías, terminales o depósitos, de acuerdo con su disponibilidad, a las centrales de generación térmica públicas, mixtas o de propiedad de sociedades anónimas de capital 100% estatal.

Siempre y cuando esas centrales térmicas provean de energía al sistema público y participen conforme a los programas de despacho emitidos por el operador competente del sistema eléctrico.

Es así que el diésel para el sector eléctrico costará USD 0,8042 por galón, mientras que el Fuel Oil 4 tendrá un valor de USD 0,48 en la Refinería La Libertad y USD 0,62 en otros puntos de despacho.

Por otro lado, el nuevo Decreto Ejecutivo menciona que el Sistema Nacional Interconectado, los sistemas aislados o el Sistema a EP Insular notificará mensualmente Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) la lista actualizada de centrales de generación termoeléctrica habilitadas para la provisión del servicio público de energía eléctrica.

Noboa también dispone a la ARCH que emita un permiso de abastecimiento de combustible emergente a las centrales de generación o autogeneración termoeléctrica de capital privado, que actualmente se abastecen de combustible, el mismo que tendrá una validez de 30 días.

Durante este período, deberán obtener el catastro industrial con la ARCH.

El documento entra en vigencia desde este viernes 22 de mayo sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Fuente: Vistazo