Nacionales
Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado
El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.
«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.
De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».
Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.
Denuncia con nombres y apellidos
El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.
«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.
Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.
El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.
Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.
Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’
En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.
Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.
En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas
El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 23 de marzo de 2026 problemas de comunicación con el Centro de Privación de Libertad Santa Elena. A través de su cuenta en X, afirmó que no han podido coordinar visitas con sus defendidos. Según indicó, esta situación ocurre pese a tener diligencias judiciales programadas en los próximos días.
García explicó que desde el día anterior han intentado enviar correos electrónicos a las direcciones proporcionadas por el centro penitenciario. Sin embargo, aseguró que todos los mensajes “rebotan” y no existe respuesta institucional. Esto ha impedido fijar un horario específico para reuniones legales urgentes.
El jurista advirtió que esta falta de comunicación afecta directamente el ejercicio del derecho a la defensa. En su pronunciamiento, sostuvo que no existe otra vía efectiva de contacto con el centro. La situación, dijo, los deja nuevamente en un escenario de indefensión frente al proceso.
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En su mensaje, García fue enfático al señalar: “No hay manera de comunicarse con el centro de privación de libertad Santa Elena”. La declaración refleja la preocupación de la defensa ante la imposibilidad de coordinar encuentros previos a audiencias. Estas reuniones son clave para preparar estrategias legales.
Además, detalló que “hemos tratado de enviar de diferentes correos a los correos que se nos han proporcionado oportunamente”. Pese a estos intentos, reiteró que todos los mensajes enviados han sido rechazados. Esto evidencia, según su versión, una falla persistente en los canales oficiales.
El abogado también subrayó que en esta semana existen varias diligencias pendientes, incluyendo una audiencia próxima. Según García, la imposibilidad de reunirse con sus defendidos limita la preparación adecuada del caso. Esto podría incidir en el desarrollo del proceso judicial relacionado con el denominado caso Triple A.
Pedido urgente a autoridades por derecho a la defensa
Ante este escenario, García hizo un llamado directo a las autoridades competentes. Solicitó que se tomen medidas inmediatas para restablecer los canales de comunicación. El objetivo, indicó, es garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la defensa.
“Por favor, a las autoridades solicitamos poner cartas en el asunto”, expresó el abogado en su publicación. La petición busca que se habiliten mecanismos efectivos para coordinar visitas legales. Esto permitiría cumplir con las diligencias previstas sin mayores contratiempos. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Unidad Popular y Construye cuestionan informe del CNE que busca cancelarlos por ‘no cumplir mínimo de afiliados’
El Consejo Nacional Electoral (CNE) difundió informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes: Unidad Popular y el movimiento Construye.
Según el organismo electoral, la medida se basa en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia, que establece la cancelación cuando el número de afiliados cae por debajo del 50% requerido para mantenerse en el registro oficial de organizaciones políticas.
En su comunicado, el CNE detalló que los informes recomiendan el inicio del procedimiento administrativo contra ambas agrupaciones.
Intentos fallidos en el pleno del CNE
La primera sesión para aprobar el informe sobre la cancelación de los partidos se realizó el 20 de marzo, pero no alcanzó los votos necesarios. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.
Ese mismo día, en una segunda convocatoria virtual, no hubo quórum en el pleno, ya que únicamente se conectaron Atamaint y Merino. Una nueva sesión convocada el domingo también fue cancelada.
Movilización de Unidad Popular
Este lunes 23 de marzo, militantes de Unidad Popular se movilizaron en rechazo al proceso impulsado por el CNE. Su director, Geovanny Atarihuana, acudió al organismo electoral junto a simpatizantes para solicitar la certificación de la base de datos de afiliaciones y desafiliaciones.
La organización pidió archivar el informe, al que calificó como “fraudulento”, y aseguró que el documento no ha sido aprobado por el pleno ni tiene sustento legal. Además, denunció la supuesta invalidación de cerca de 175.000 afiliados, a quienes califican como “afiliados desaparecidos”.
Unidad Popular advirtió que, de avanzar el proceso, acudirá al Tribunal Contencioso Electoral para ejercer su defensa.
Construye denuncia persecución política
Por su parte, el movimiento Construye emitió un pronunciamiento en el que cuestiona la actuación del CNE y del Gobierno. La organización sostiene que enfrenta una “arremetida” desde hace más de dos años y acusa al Ejecutivo de intentar su “extinción política”.
«El gobierno atacó a dirigentes y asambleístas, y utilizó el CNE —con Diana Atamaint a la cabeza— para intentar nuestra extinción política. Mientras unos asambleístas fueron intimidados, otros fueron cooptados con prebendas y pasaron a engrosar sus filas», apuntó Construye.
En su comunicado, también señala que existe un modelo de autoritarismo en el país, con falta de independencia de poderes, corrupción estructural y persecución a actores políticos, periodistas y organizaciones sociales.
Por último, Construye afirmó que se pronunciará oficialmente una vez que sea notificado formalmente y anticipó que ejercerá su derecho a la defensa. Fuente: Vistazo
En la mañana del lunes 23 de marzo, un avión Hércules del Ejército colombiano se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 110 soldados de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Selva 49, quienes se dirigían hacia el municipio de Puerto Asís.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:00, cuando el avión intentaba despegar de la pista. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó en el momento del despegue, provocando un siniestro de gran magnitud.
Ministro de Defensa de Colombia confirma el hecho
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la tragedia a través de una publicación en su cuenta de X. En su mensaje expresó: “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”.
El alto funcionario añadió que se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, además de la investigación correspondiente. También pidió evitar especulaciones hasta contar con información oficial.
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Rescate y atención médica
De manera preliminar, se conoce que 20 uniformados fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para recibir atención médica especializada.
Las autoridades continúan trabajando en el lugar del accidente para identificar el número total de víctimas y brindar asistencia a los sobrevivientes. El Ejército confirmó que unidades militares y equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para apoyar las labores de rescate. Fuente: Expreso.ec
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