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Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado

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El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.

«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.

De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».

Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.

Denuncia con nombres y apellidos

El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.

«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.

Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.

El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.

Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.

Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’

En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.

Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.

El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.

En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas

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Daniel Noboa expone fotos con precandidatos de ADN: «Como un buen encebollado, completos»

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El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió este viernes 24 de julio una serie de fotos con sus precandidatos para las elecciones seccionales en la provincia del Guayas.

A través de Instagram, el mandatario publicó unas imágenes en las que se lo observa compartiendo una comida junto a Cynthia Viteri, Niels Olsen, Francisco Andrés Cevallos y Andrés Guschmer.

Ellos correrán por las alcaldías de Guayaquil, Samborondón, Milagro, así como por la prefectura del Guayas, respectivamente.

En las imágenes se ve que todos comieron en un restaurante en compañía de un trío musical.

Como un buen encebollado: completos”, escribió Noboa al describir las fotos.

Esta reunión habría ocurrido previo a la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil.

$!Precandidatos de ADN junto a Daniel Noboa.

¿Por qué Noboa incorporó a Viteri a ADN?

Inicialmente, Cynthia Viteri iba a participar por la Alcaldía de Guayaquil junto al movimiento Centro Democrático, pero luego Acción Democrática Nacional (ADN), la organización del presidente, informó que la exfuncionaria se incorporá a sus filas.

Esto sucedió pese a que Viteri no participó en las elecciones primarias de ADN. De hecho, el Gobierno contemplaba poner a Niels Olsen, ahora el expresidente de la Asamblea participará para la Alcaldía de Samborondón.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Radio Centro, Noboa explicó que la elección de Viteri responde tanto a su posicionamiento político como a la necesidad de impulsar una administración coordinada con el Ejecutivo.

Creo que es una buena candidata, está en contacto con las necesidades de la gente y está lejos de la discusión de los políticos; está cerca de la discusión de la gente”, manifestó.

Agregó que, según las encuestas que maneja su organización política, Viteri es la aspirante con mayores opciones en Guayaquil. Fuente: Vistazo

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Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político contra Inés Manzano

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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó este viernes, 24 de julio de 2026, el informe que recomienda el archivo del juicio político contra la exministra Inés Manzano.

La mesa legislativa sesionó en Guayaquil para debatir el documento realizado tras las comparecencias y presentación de pruebas.

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acusa a la exfuncionaria por presunto incumplimiento de funciones alrededor del fallido contrato con Austral Technical Management (ATM).

“Existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política”, dice el documento.

Esta conclusión tuvo el apoyo de seis legisladores, mientras que otros cuatro votaron en contra. Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Correístas reaccionan al archivo

La bancada de la RC había advertido un día antes que la mayoría de la Comisión de Fiscalización pretendía archivar el juicio.

No les bastaron las pruebas presentadas, ni las inconsistencias de la exministra, ni el millonario perjuicio para el país”, manifestaron los correístas en contra de ADN.

Mientras tanto, Mónica Palacios, una de las proponentes, anunció que su grupo político “irá hasta las últimas consecuencias” para que Manzano y otros ministros del Gobierno “le den la cara a todos los ecuatorianos”.

“Ella sabía que el contrato tenía problemas y aceptó el pago de USD 71 millones a esta empresa”, denunció Palacios.

Mientras tanto, el informe aprobado dice que el contrato con ATM y el pago mencionado ocurrieron antes de que Manzano asuma su puesto como ministra de Energía. Fuente: Vistazo

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Partidos y movimientos calculan sus alianzas e inscripción de candidaturas para esquivar el riesgo de otra suspensión

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La sorpresiva suspensión del movimiento Amigo, que había decidido acoger a múltiples candidatos de la también suspendida Revolución Ciudadana, sacudió el tablero electoral. Y ahora las organizaciones políticas temen que haya nuevas acciones contra los partidos y movimientos o sus futuros candidatos.

Ese fue el principal tema que atravesó el extenso primer consejo consultivo, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, este 23 de julio de 2026. En la cita participaron representantes de Unidad Popular (UP), Sociedad Patriótica (PSP), Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Partido Social Cristiano (PSC), Avanza, Izquierda Democrática (ID) Partido Socialista (PSE), Pachakutik (PK), Futuro y Creo.

El gran ausente fue Acción Democrática Nacional (ADN), dirigido por la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert. Pero tampoco acudieron SUMA, Renovación Total (RETO), ni Centro Democrático. Mientras que RC y Amigo no fueron invitados, ya que después de la intervención de la Fiscalía General no pueden participar en las elecciones seccionales 2027, adelantadas para el 29 de septiembre de 2026.

El tema oficial de análisis iba a ser la inscripción de candidaturas y alianzas, a través del sistema del CNE. Sin embargo, la tónica la marcó el temor de las organizaciones políticas a que se repita la suspensión de un participante activo en el periodo electoral.

Eso se evidenció cuando Juan Fernando Flores, representante de Creo, se abstuvo de nombrar posibles aliados, candidatos y hasta jurisdicciones en sus ejemplos, porque «no voy a mencionar ninguna aquí, porque cuidado terminamos todos fuera».

El exasambleísta por la lista 21 advirtió, además, que el sistema del CNE impone un orden y continuidad en la inscripción de sus candidatos. Y explicó que esto es «sumamente delicado» porque eso implica que las delegaciones provinciales del Consejo y «otros interesados» conozcan de antemano a los postulantes y esto abra la puerta a que «los empiecen a bajar».

El punto de Flores fue que el movimiento Creo prefiere «jugar a carta tapada», para no exponer a sus candidatos. Rechazó que el sistema del CNE les impida a las organizaciones políticas mantener una estrategia de mantener en secreto los perfiles de sus candidatos definitivos. Y afirmó que esas listas deberían conocerse solo a partir del 17 de agosto, cuando termina el plazo de inscripción.

Este temor de quedar fuera de las seccionales a última hora, sea como organizaciones políticas o candidatos, también tuvo eco en los cuestionamientos y dudas de Pachakutik, Sociedad Patriótica, Futuro, Unidad Popular y el Partido Socialista.

«No puede utilizarse la Fiscalía ni la Función Electoral para eliminar adversarios políticos, eso no es democracia». Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular

Este último debido a sus negociaciones con el correísmo para ser el nuevo auspiciante de sus candidatos y a los comentarios del presidente Daniel Noboa de que la RC «se lancen con el partido que quieran, que haya cumplido con la legalidad», pero bajo la advertencia de que otros movimientos no habrían cumplido con sus primarias, presentación de cuentas y reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Al final todos los presentes concordaron en la petición de que el CNE elimine los limitantes para la libre inscripción de candidatos, sin obligaciones de continuidad, género, edad, lista, ni fechas. Así como la garantía de que el sistema de inscripción no colapsará el último día del plazo, ya que eso pondría en riesgo el derecho de participación de aquellos que guardarán la confidencialidad de sus listas hasta último momento.

¿Qué dice el CNE?
Dentro del CNE, las visiones son divididas. Los técnicos se encargaron de recordar a las organizaciones los artículos del Código de la Democracia que validaron la suspensión de la Revolución Ciudadana y, posteriormente, de Amigo. Reiteraron que se trata de decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y afirmaron que, «de momento», el Consejo «no está realizando ningún examen relacionado con las causales de cancelación» de agrupaciones.

La consejera Elena Nájera cuestionó el papel del TCE y comentó la posibilidad de que el pleno del Consejo debata «si tenemos que cumplir a rajatabla las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral», porque violentan el principio universal de la presunción de inocencia. Y lamentó que no haya habido una votación dentro del CNE para decidir el futuro de la suspensión de Amigo.

Mientras tanto, el consejero Enrique Pita compartió su inquietud por la «ligereza» de quienes afirman que el CNE podría estar por encima del TCE y no hacer caso a sus decisiones, menos aún con una simple votación del pleno del Consejo. «No es posible», afirmó. Fuente: Primicias

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