Nacionales
Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado
El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.
«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.
De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».
Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.
Denuncia con nombres y apellidos
El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.
«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.
Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.
El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.
Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.
Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’
En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.
Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.
En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas
El riesgo país es un indicador relacionado con el riesgo de prestar o no dinero a un país. Desde octubre, este número ha venido cayendo en Ecuador hasta ubicarse el martes 6 de enero de 2026 en 462 puntos.
Las cifras constan en el Banco Central del Ecuador, en su última publicación general. Esto significa que hay una mejores probabilidades de que el país cumpla con sus obligaciones financieras ante los inversionistas extranjeros.
Esta cifra no se había visto desde el 2018. El 5 de febrero de ese año se registró 460, es decir, hace ocho años.
Pronunciamiento del Gobierno
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que Ecuador comienza el 2026 con cifras importantes. Una de ellas es la reducción del riesgo país que representa una baja de 1.448 puntos.
Asimismo, el incremento de las reservas internacionales alcanzó los USD 9.795 millones. Esta última es considerada la más alta de la historia. Es decir, USD 2.895 millones más que en diciembre de 2024.
Este indicador es importante porque representa un respaldo para los pagos del país; además se garantiza la liquidez del sistema financiero, confianza internacional, respaldo en depósitos del público y empresas.
“Menos riesgo país significa más acceso a financiamiento, más inversión y más estabilidad económica”, informó la cartera de Estado.
En un momento de alta tensión geopolítica por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó este martes 6 de enero de 2026 con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para agradecer la colaboración de Ecuador en la lucha contra el narcoterrorismo y fortalecer la coordinación en seguridad regional, informó el Departamento de Estado de EE. UU.
Agradecimientos y prioridades compartidas
Según el comunicado oficial divulgado por Washington, Rubio destacó “el compromiso de los Estados Unidos de continuar una estrecha coordinación para impulsar la seguridad regional”, y específicamente agradeció a Noboa la cooperación de Ecuador en el combate al narcoterrorismo y su contribución para fortalecer la seguridad en todo el hemisferio.
La conversación telefónica se centró en los esfuerzos regionales para promover la estabilidad en Venezuela y en la reciente operación de las fuerzas del orden que condujo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un evento que ha generado repercusiones diplomáticas y de seguridad en la región.
Contexto regional y seguridad hemisférica
La llamada se da en el marco de una fase de alta tensión geopolítica en América Latina tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro el 3 de enero, una acción liderada por fuerzas estadounidenses en Caracas con respaldo oficial de la Casa Blanca.
Rubio no solo agradeció la cooperación de Quito, sino que también conversó ese mismo día con el canciller de Argentina, Pablo Quirno, para reconocer la participación de ese país en iniciativas de seguridad hemisférica tras el operativo en Venezuela.
Reacción de Noboa y postura ecuatoriana
El presidente Noboa fue uno de los mandatarios que hizo pública su postura tras la captura de Maduro. En su cuenta de la red social X, afirmó que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y que la estructura de ese grupo “terminará de caer en todo el continente”.
Ese mensaje refleja la posición del Gobierno ecuatoriano sobre la crisis venezolana y su acercamiento en materia de seguridad con los Estados Unidos y otras administraciones que comparten objetivos similares.
Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, denunció que la institución liderada por Mario Godoy la dejó “a merced del crimen organizado”, ya que no le brindó protección pese a las múltiples amenazas contra su vida. De hecho, tuvo que salir del país.
Uno de los sucesos más perturbadores que enfrentó la exfuncionaria ocurrió el 22 de octubre del 2025, cuando sufrió un ataque armado mientras circulaba en un vehículo junto a su padre.
El arma con la que le apuntaron se trabó por lo que ella y su padre lograron salir ilesos, aunque el progenitor resultó herido.
En entrevista con Radio Sonorama, Lozada comentó que tuvo que trasladarse a Quito y que pidió una reunión con Mario Godoy para comentarle sobre el atentado, pero fue atendida por una asesora, que le recomendó que renunciara.
Agregó que, por amenazas previas, tenía cinco policías a disposición, pero sin un vehículo blindado.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Lozada, quien no interpuso la solicitud formal, sino que Godoy había pedido a todos los directores provinciales que pongan sus cargos a disposición semanas antes.
Agregó que envió cartas al mandatario Daniel Noboa y al Ministerio del Interior, pero no obtuvo respuesta favorable. La Presidencia le contestó que no era su competencia.
OTRAS AMENAZAS
Lozada también relató que desde que ingresó a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana recibió múltiples amenazas de alias ‘Topo’, considerado el segundo al mando de ‘Los Choneros’ y requerido por Estados Unidos.
En septiembre del 2024, por ejemplo, su hermano recibió un mensaje en el que se decía que en la noche cuando hubiera un corte de luz ingresarían los ‘Comandos de la Frontera’ a asesinarla y en caso de que lograra huir iban a matar a cada miembro de su familia.
Por ese hecho, también fue sacada de Orellana y tuvo apoyo de la Judicatura, pero con el tiempo ella misma asumió los costos de estadía y traslados en la capital.
“Esta situación de no poder visitar a mi familia, de no poder salir, no tener vehículos, afectó gravemente mi salud mental, al punto de que fui diagnosticada con ansiedad y depresión grave con estrés postraumático”, contó Lozada.
Agregó que solicitó a la Judicatura que suspenda al juez que liberó a alias ‘Topo’, pero la exfuncionaria dice que esa medida hasta el día de hoy no ha sido atendida.
JUDICATURA SE PRONUNCIA
Luego de que saliera a la luz este caso, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que afirma que las declaraciones de Lozada son “imprecisas”.
Añadió que “no existen denuncias oficiales ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado”.
Sobre el tema de la desvinculación, la Judicatura dice que “la exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades, la cual fue aceptada por el Pleno”.
Por su parte, Lozada solicitó a Godoy que exhibiera el documento de la renuncia al país. Fuente: Vistazo
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