Morona, Santiago — En una entrevista en un medio digital de Macas, la abogada Mónica Jaramillo, especialista en derecho electoral y defensa técnica de autoridades locales, informó a la ciudadanía sobre el proceso de remoción que enfrentan la vicealcaldesa y tres concejales del cantón Morona. El caso, activado a partir de denuncias ciudadanas y una acusación de supuesta arrogación de funciones en territorio perteneciente al cantón Sevilla Don Bosco, ha generado amplias reacciones en la provincia.

Según explicó la abogada Jaramillo, las denuncias que buscan la remoción de las autoridades municipales no fueron presentadas por el exconsejero destituido Juan Escobar Guarderas, como se ha difundido públicamente, sino por Jorge Paucar Heredia y por el GAD Municipal de Sevilla Don Bosco, en tres acciones distintas:

• Una contra los tres concejales.

• Otra contra la vicealcaldesa y los concejales.

• Y una tercera exclusivamente contra la vicealcaldesa.

El eje de las denuncias se basa en varias resoluciones adoptadas por el Concejo Municipal en noviembre de 2025, entre ellas, las resoluciones 9.16, 9.20 y 9.27— relacionadas con cupos y regulación de taxis en el cantón Morona.

Un proceso con tintes políticos y vicios de procedimiento

La defensa sostiene que el proceso presenta vicios sustanciales, especialmente en la convocatoria a la Comisión de Mesa, las excusas presentadas, la principalización de vocales, y elementos de procedimiento que son obligatorios conforme al artículo 336 del COTAD.

Jaramillo recordó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha sido claro en varias absoluciones de consulta entre 2023 y 2025: la mayoría de procesos de remoción en el país no han prosperado por fallas procedimentales y por su evidente carácter político.

“Macas es la nueva víctima de una narrativa de conmoción”

La abogada cuestionó la presencia en el cantón del exconsejero Guarderas, a quien señaló por “vender humo” y generar una narrativa que confunde a la ciudadanía, sin tener legitimidad ni participación formal en las denuncias.

“Una persona que no pertenece al cantón ni eligió a las autoridades no puede venir a imponer una agenda política. La remoción debe basarse en hechos verificables, no en espectáculos mediáticos”, afirmó.

Requisitos para la remoción y votación necesaria

Jaramillo precisó que la remoción no es lo mismo que una destitución y que únicamente puede concretarse mediante:

• Una denuncia ciudadana debidamente fundamentada y reconocida ante notario.

• La tramitación del proceso por parte de la Secretaría del Concejo Municipal y la Comisión de Mesa.

• La votación del Concejo Municipal, que requiere las dos terceras partes, es decir, cuatro votos.

En caso de que el Concejo apruebe la remoción, la abogada informó que se recurrirá al Tribunal Contencioso Electoral para solicitar una absolución de consulta, mecanismo que ha revertido múltiples decisiones en el país por incumplir garantías y solemnidades legales.

Expectativa jurídica

“Honesta y jurídicamente esperamos que estas denuncias no pasen de la Comisión de Mesa y sean archivadas. Si llegaran al pleno, sustentaremos con pruebas que no existe incumplimiento de funciones”, declaró.

Llamado a la ciudadanía

Para finalizar, Jaramillo exhortó a la comunidad a informarse con rigor jurídico y a no permitir que intereses externos afecten la institucionalidad del cantón:

“La remoción es un mecanismo ciudadano que debe ejercerse con legitimidad, fundamentos técnicos y responsabilidad democrática. Cuando hay tintes políticos y no bases jurídicas, estos procesos no prosperan y solo generan inestabilidad en la gestión pública.”

Katy Bustos, madre de dos de las víctimas del caso Malvinas, cuenta que su hijo Josué Arroyo, de 14 años, soñaba con ser militar y vestir el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Pero fueron los uniformados a los que admiraba los presuntos responsables de su desaparición, en medio de una serie de revelaciones sobre insultos racistas, golpes y disparos durante la detención.

«Tengo una niña de nueve años que todas las noches pasa llorando, me dice ‘mamá, ¿por qué los militares le hicieron todo eso a mis hermanos?’”, señaló Bustos tras una reciente audiencia por la revisión de un habeas corpus en la Corte Constitucional.

El caso deja una estela de dolor irreparable en las familias. “Nos han destruido la vida. Yo tampoco soy la misma de antes. Necesitamos saber la verdad, por qué lo hicieron”, agrega Bustos.

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron luego de ser interceptados -tras un supuesto robo- por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.

Las versiones recogidas en el proceso indican que habrían sido abandonados por los militares a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos fueron encontrados calcinados en un paraje aislado y de difícil acceso en esa misma parroquia rural de Naranjal, en la provincia del Guayas.

Entre actos de memoria y la reinstalación del juicio
Las familias y organizaciones de Derechos Humanos organizan una serie de actos de memoria al conmemorarse un año de la desaparición, que incluyen caminatas, marchas y vigilias en el barrio Las Malvinas y en el punto de aprehensión, la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.

En una ceremonia simbólica de reparación, a las 17:00, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado con el nombre de ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’. Se trata del parque donde las víctimas jugaron fútbol por última vez, antes de retomar el camino a casa, que terminó con su detención a las afueras de un conocido centro comercial del sector.

El primer aniversario de la desaparición de los menores coincide con el juicio contra 17 militares en su etapa final, cerca al veredicto tras el cierre formal de la etapa de prueba, y luego de 12 jornadas de audiencia desarrolladas a lo largo del último mes, desde el 5 de noviembre.

El Tribunal Penal de Guayaquil que conoce el caso convocó a la reinstalación de audiencia para este lunes 8 y martes 9, cuando se tiene previsto escuchar los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones-.

Pero se trata de un juicio que valora solo el presunto delito de desaparición forzada, mientras que el caso de secuestro con resultado de muerte sigue en etapa de sustentación en Fiscalía y registra poco avance a un año de los hechos, según Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.

Un año de investigaciones
El voluminoso expediente fiscal del caso lo integran 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas. Se trata de un acervo documental que recoge testimonios, reconstrucciones de hechos, informes antropológicos y forenses, videos de cámaras públicas y privadas, pericias sobre los restos, cuerdas y prendas parcialmente carbonizadas y declaraciones que muestran la secuencia de la detención.

Las pruebas documentales han sido matizadas y enriquecidas durante las declaraciones e interrogatorios a peritos, testigos y procesados durante las audiencias de juicio, iniciadas el 5 de noviembre de 2025. A continuación algunas de las principales revelaciones del proceso:

Ha pasado un año de que la empresa estadounidense Progen Industries LLC incumplió los plazos de los millonarios contratos de generación eléctrica que recibió de la empresa pública Celec. Los motores debían entrar en funcionamiento en noviembre de 2024, pero nunca llegaron a funcionar y, en cambio, se convirtieron en un problema que no se ha podido solucionar.

Progen Industries fue adjudicada con dos contratos, para la generación de 150 MW en total, en las centrales de Salitral y Quevedo. Ambos contratos suman USD 149,1 millones, y contemplaban el pago del 70% del monto contrato contra la presentación del packing list, el informe de inspección y la supervisión técnica de Celec.

Progen efectivamente presentó esos documentos y envió los motores a Ecuador, por lo que Celec llegó a pagar el 70%, que ascendía a USD 104 millones. Los pagos se hicieron hasta marzo de 2025, a pesar de que para ese entonces ya se había registrado atrasos e incumplimientos.

PRIMICIAS consultó el 2 de diciembre de 2025 a Celec y al Ministerio de Energía si se han ejecutado ya las garantías presentadas por Progen en ambos contratos, y cuánto se ha podido recuperar de lo pagado. Hasta las 18:30 del 4 de diciembre de 2025, no se recibió ninguna respuesta.

Sin embargo, PRIMICIAS ha logrado verificar que parte de las garantías sí se ejecutaron. La información consta en un proceso judicial en Estados Unidos, que sigue Seguros Confianza contra Progen Industries LLC, y que es público.

Celec recuperará poco, porque tiene los motores
De acuerdo con las liquidaciones económicas de los contratos, Progen debía devolver a Celec poco más de USD 30 millones, incluido el valor de las garantías. Este valor es apenas el 28% de lo pagado, dado que sí se reconoce una buena parte de la ejecución de los contratos.

El saldo se contabiliza así porque, según Celec, los contratos sí fueron ejecutados satisfactoriamente: en el caso de Salitral, consideran una ejecución del 73,58%, y en el caso de Quevedo, del 67,58%. Es decir, lo que se cobra son multas más garantías y repuestos, y Celec se queda con los motores que no funcionan.

En septiembre de 2025, la entonces vocera Carolina Jaramillo anunció que Celec se haría cargo de los motores y de ponerlos en funcionamiento. PRIMICIAS consultó a Celec y al Ministerio de Energía sobre los valores recuperados de los contratos con Progen Industries, y sobre si ya se ha tomado posesión de las obras y los motores. Sin embargo tampoco ha habido respuesta.

PRIMICIAS también contactó por correo electrónico a Progen y a Alberto Paredes, su apoderado en Ecuador. Este último respondió: «no manejo temas comunicacionales ni técnicos de la compañía Progen».

Progen enfrenta una demanda en EE.UU.
El 17 de noviembre de 2025, Seguros Confianza presentó una demanda civil contra Progen ante la Corte del Distrito Medio de Florida, en Tampa. La aseguradora ecuatoriana exige que la empresa estadounidense, con sede en Florida, reembolse los valores de las garantías ejecutadas por Celec, tras la terminación de los contratos.

Según los anexos a la demanda, que son públicos en el sistema judicial estadounidense, Seguros Confianza emitió las garantías para Progen y, después de la terminación unilateral de los contratos, ejecutó las garantías e hizo dos pagos a Celec, por USD 7,43 millones:

Un pago por USD 2,48 millones por el contrato de Quevedo.
Otro pago por USD 4,97 millones por el contrato de Salitral.
Seguros Confianza asegura que el acuerdo con Progen para la emisión de las garantías incluía una cláusula que establecía que, de ejecutarse las garantías, Progen debía reembolsar los valores en 24 horas, pero no lo había hecho. El caso sigue abierto hasta la publicación de esta noticia.

PRIMICIAS contactó Brett Divers, abogado de Confianza en Estados Unidos, para hablar sobre este caso, pero declinó cualquier comentario.

Las denuncias de Celec siguen en investigación previa
Celec ha presentado dos denuncias en contra de Progen Industries. La primera fue por el delito de estafa, interpuesta el 20 de junio de 2025, y la segunda por el delito de delincuencia organizada, el 31 de julio de 2025. Pero los casos no han avanzado.

Unos días antes de que Celec presente la segunda denuncia, la Fiscalía allanó las oficinas de dicha empresa pública y varias viviendas, en el caso Apagón. La Fiscalía anunció que se ingada el presunto delito de peculado, y entre los investigados estaba Fabián Calero, ex viceministro de Energía y exgerente de Celec.

El allanamiento se dio días después de que la Contraloría aprobó un informe de auditoría efectuado a los contratos de Celec con Progen. Según el examen, habría un perjuicio para el Estado de USD 100 millones por los pagos realizados a esta empresa: USD 70 millones corresponden a El Salitral, ubicado en Guayaquil, provincia de Guayas, y USD 30 millones a Quevedo, en Los Ríos.

Sin embargo, el caso sigue en investigación previa y no hay procesados. Según Celec, se solicitó una asistencia penal internacional a Estados Unidos en agosto de 2025.

Además, la ministra Inés Manzano anunció que el Gobierno de Ecuador impulsa un proceso contra Progen en Estados Unidos. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense no aparece ninguna denuncia a nombre de Ecuador contra Progen. Esto podría deberse a que el caso todavía esté como reservado.