Nacionales
Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado
El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.
«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.
De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».
Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.
Denuncia con nombres y apellidos
El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.
«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.
Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.
El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.
Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.
Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’
En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.
Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.
En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas
Nacionales
El ‘efecto Negro Willy’ | España condiciona la extradición de criminales a Ecuador por el estado de sus cárceles
Las extradiciones desde España hacia Ecuador se han convertido en un escenario complicado para la justicia. Los problemas detrás de este proceso quedaron expuestos con la reciente la aparición pública de William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willy’.
En una entrevista concedida al Diario El Mundo de España, William Alcívar se reconoció como cabecilla de Los Tiguerones y dijo abiertamente que quiere montar una red de peluquerías en Cataluña, mostrándose, además, agradecido con el Gobierno y la justicia de España tras quedar libre.
El criminal creó un peligroso precedente. Su defensa recurrió a los informes de organismos internacionales de derechos humanos, específicamente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar que su vida no estaría segura dentro de una cárcel ecuatoriana.
Por esta razón, pese a que la Audiencia Nacional de España concedió en un inicio su extradición por el asalto armado al canal TC Televisión, y por un caso de extorsión de USD 20.000, al final lo liberó de prisión el 29 de diciembre de 2025.
En los hechos, esa decisión se tomó porque Ecuador no mostró a tiempo las garantías carcelarias suficientes, dentro del plazo exigido de tres meses, para asegurar la integridad física del detenido en el país.
Ese proceso estuvo a cargo de la Corte Nacional de Justicia y de la Cancillería ecuatoriana; sin embargo, ninguna entidad del Estado ha aclarado públicamente de quién dependió el retraso o la respuesta insuficiente.

El caso de Mercedes Villarreal
La estrategia de la defensa de ‘Negro Willy’ no es un caso aislado. Mercedes Villarreal, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, procesada por corrupción judicial en el caso Purga, fue detenida el 30 de julio de 2024 en la ciudad de Lleida, cuando intentaba huir hacia Países Bajos y planeaba casarse con un ciudadano español.
Villarreal alegó ante los tribunales europeos que le aterra la idea de volver a Ecuador, argumentando tener miedo y ser víctima de persecución política. En el país, las autoridades la acusan de cambiar jueces para favorecer a líderes de una organización criminal y generar beneficios económicos por USD 4 millones.
PRIMICIAS constató que, ante el Poder Judicial de España, la exfuncionaria ya recurrió a informes de derechos humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hizo el abogado de ‘Negro Willy’.

Ante esta estrategia, España ha seguido exactamente el mismo camino que con el cabecilla de Los Tiguerones, ‘Negro Willy’: conceder la extradición de Mercedes Villarreal, pero condicionarla estrictamente a las garantías ecuatorianas.
Tal como ocurrió con William Alcívar, el Tribunal dio un plazo exacto de tres meses para que Ecuador demuestre acciones concretas para proteger su vida. Esto todavía está en proceso. El plazo para que Ecuador entregue las garantías concluirá a inicios de mayo de 2026.
¿Del ‘Negro Willy’ a ‘Pipo’?
Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, es el cabecilla de Los Lobos, grupo designado como terrorista por el Departamento de Estado. También fue detenido en España, el 16 de noviembre de 2025, y Ecuador ha anunciado que se buscará que responda por distintos crímenes.
Tras haber fingido su muerte por Covid-19 en 2021, ‘Pipo’ es requerido por la justicia ecuatoriana para cumplir los cinco años que le restan de una condena de 16 años por un asalto bancario en Cuenca, que dejó tres personas muertas. Además, está en la mira por la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.
El Gobierno de Ecuador indicó, a través del ministro del Interior, John Reimberg, que la cooperación internacional había funcionado y que hay un pedido de extradición de Estados Unidos hacia donde ‘Pipo’ sería enviado directamente.
Sin embargo, ese proceso aún no se ha formalizado ni comprobado. Las búsquedas en los registros electrónicos de las cortes de Estados Unidos no arrojaron ningún resultado y el Departamento de Justicia se abstuvo de hacer comentarios.
Mientras que los registros de Madrid muestran que el Consejo de Ministros de España ya acordó el 13 de enero de 2026 continuar con el trámite de extradición pedido explícitamente hacia Ecuador. En el que, más adelante, podría aparecer nuevamente el antecedente de ‘Willy’.
Extradiciones con España, complicadas
Los problemas con el sistema judicial español no son nuevos. Por ejemplo, está Enrique Portocarrero Castillo, alias ‘Chugo Porto’. Este otro narco ecuatoriano, considerado un eslabón fundamental en el lavado de dinero y aliado del Cartel de Sinaloa, fue detenido en Madrid el 22 de noviembre de 2022.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por delitos de narcotráfico, ‘Chugo Porto’ fue liberado en España gracias a un juez que le concedió la libertad condicional tras el pago de una millonaria fianza de 5 millones de euros.
Con esta maniobra legal, el cabecilla criminal esquivó su extradición a Estados Unidos, ya que, a pesar de tener la orden de presentarse periódicamente, simplemente faltó en dos ocasiones al juzgado, huyó de territorio europeo y se presume que regresó a sus operaciones ilícitas en Esmeraldas.
En medio de estos antecedentes, Ecuador insistirá en extraditar a alias ‘Negro Willy’. El ministro John Reimberg lo aseguró y no descartó viajar a España para lograrlo. Fuente: Primicias
Nacionales
Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?
Los nombres de eventuales candidatos empiezan a aparecer y también la conformación de los llamados binomios seccionales (duplas de candidatos a alcaldes de capitales y prefectos) como un motor electoral para el arrastre de votos de uno a favor del otro y viceversa. Una de estas duplas que empezó a sonar con fuerza al menos en los últimos días fue la de Marcela Aguiñaga para la prefectura del Guayas y Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, de la misma manera que nació también murió.
EXPRESO conoció por una fuente cercana a la Prefectura del Guayas que un eventual binomio electoral para las seccionales con la exalcalde de Guayaquil queda descartado. «Sería antinatural participar con alguien con quien no comparte una línea ideológica», comentó esta fuente, quien enfatizó que esto no significa que la prefecta del Guayas descarte participar para la reelección.
Aguiñaga reconoció públicamente en su momento acercamientos y conversaciones con Viteri. En un pasada entrevista con EXPRESO, de enero de este año, la prefecta del Guayas también recordó su paso por la Asamblea Nacional en el que coincidió con Viteri. «Mire, yo me llevo bien con todos, la verdad que con todos tengo relación. A Cynthia (Viteri) la conocí en la Asamblea, fue mi compañera de corredores en ese momento», señaló Aguiñaga en esa conversación.
Elecciones seccionales: el calendario avanza
El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones del 14 de febrero del 2027 que define los hitos importantes del proceso hasta la posesión de las nuevas autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales) y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Estos son algunos de los hitos importantes del calendario electoral:
- 1 de junio del 2026: Entrega del Registro Electoral a Organizaciones Políticas.
- 31 de julio al 14 de agosto del 2026: Procesos de democracia interna de las organizaciones políticas (primarias).
- 31 de agosto al 29 de septiembre: inscripción de candidaturas.
- 10 de enero del 2027: Lista definitiva de candidatos.
- 13 de enero al 11 de febrero del 2027: Campaña electoral.
- 14 de febrero del 2027: Día de la votación.
- 14 de mayo del 2027: Posesión de las autoridades.
Organizaciones en riesgo de no participar
Son, hasta el momento, tres organizaciones políticas las que están en riesgo de no participar en las elecciones del 2027. La Revolución Ciudadana está actualmente suspendida por nueve meses tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, a pedido del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Algunos dirigentes de la lista 5 son investigados por presuntamente haber recibido dinero del régimen venezolano para financiamiento electoral. La dirigente correísta ha inicio un proceso de demandas masivas en contra del fallo del juez.
Las otras dos organizaciones políticas en riesgo son Unidad Popular y Construye. Ambas, de acuerdo a sendos informes jurídicos del Consejo Nacional Electoral habrían pedido un número considerable de adherentes lo que los ubica en una posición legal de eliminación del padrón electoral. Fuente: Expreso.ec
Nacionales
Más de 500 jóvenes participarán en la VIII Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia en Ecuador
En entrevista concedida, la presidenta del Comité Organizador Nacional, Samantha Carrera, anunció la realización de la Octava Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril de 2026 en la ciudad de Manta.
El evento, organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, reunirá a más de 500 jóvenes líderes provenientes de aproximadamente 15 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Curasao y Ecuador, consolidándose como un espacio de formación, diálogo y articulación internacional enfocado en el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo juvenil.
Desde la provincia de Zamora Chinchipe participará una delegación de alrededor de 10 jóvenes, liderada por Jhomayra Segovia, directora provincial de la organización en territorio, quienes representarán a la provincia en este encuentro internacional.
La agenda académica contempla tres días de actividades intensivas, estructuradas en conferencias magistrales, espacios de networking y mesas de trabajo. Durante la jornada inaugural, prevista para el 24 de abril, se desarrollarán ponencias a cargo de líderes políticos, autoridades y expertos internacionales, destacando la participación confirmada de la consultora política paraguaya.
En el segundo día se llevarán a cabo 12 mesas de trabajo temáticas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en las que delegaciones de distintos países analizarán problemáticas actuales de la juventud y propondrán soluciones en ámbitos como emprendimiento, equidad de género, liderazgo y gobernanza democrática. Estas mesas permitirán la construcción de una agenda global de juventudes con proyección al año 2030.
El evento culminará con un acto de clausura en el que se reconocerá el liderazgo juvenil mediante la entrega del Premio Internacional de la Juventud, dirigido a destacar trayectorias e iniciativas de impacto social a nivel nacional e internacional.
Samantha Carrera resaltó que esta es la primera ocasión en que Ecuador es sede de esta cumbre internacional, lo que representa un hito significativo en el posicionamiento del país como referente en la formación de jóvenes líderes. Este logro ha sido posible gracias al trabajo articulado de un equipo nacional integrado por jóvenes de distintas provincias, entre ellos Yandri Sánchez, director nacional de la organización, así como representantes de Pichincha, Tungurahua y Bolívar.
Asimismo, se informó que se han coordinado acciones logísticas y de seguridad con autoridades de la provincia de Manabí, garantizando condiciones adecuadas para la recepción de las delegaciones internacionales.
En cuanto a la proyección institucional, la Red Mundial de Jóvenes Políticos anunció la realización de un Congreso Nacional de Juventudes en el mes de agosto en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, orientado a fortalecer el liderazgo juvenil a nivel nacional mediante el intercambio de experiencias, formación académica y construcción de agendas colaborativas.
Finalmente, los organizadores destacaron que la misión de la organización es formar nuevos liderazgos sin distinción ideológica, promoviendo la participación activa de la juventud en procesos sociales, políticos y comunitarios, así como en la gestión de proyectos y mecanismos de participación ciudadana.
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