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Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado

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El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.

«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.

De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».

Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.

Denuncia con nombres y apellidos

El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.

«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.

Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.

El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.

Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.

Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’

En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.

Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.

El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.

En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas

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El presidente Noboa cierra 29 viajes internacionales, ¿cuánto le asignaron en viáticos y cuántos informes de gestión presentó?

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Los gastos del presidente Daniel Noboa en sus viajes internacionales no son públicos hasta ahora. Con su última gira por España, Emiratos Árabes y Noruega, el Mandatario cierra el año con 29 desplazamientos desde que llegó al poder por primera vez.

Pero, desde el 23 de noviembre de 2023, el Jefe de Estado ha presentado solo una declaración de viáticos por esos traslados: cuando viajó a Madrid para la Feria de Turismo, en enero de 2024. El documento fue publicado en abril de ese año, pese a que la fecha del informe data del 31 de enero y el plazo para que este sea verificado y aprobado en el sistema de la Presidencia es de 30 días.

Esa comisión de servicios se efectuó entre el 23 y 27 de enero y el Mandatario viajó en el avión presidencial. Pero el único gasto declarado es una factura de 6.253 euros por hospedaje. Y el informe de actividades refleja una ajustada agenda con un promedio de 13 horas diarias.

En esa comitiva oficial se enumeró en el Decreto Ejecutivo No. 133 a: Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, la entonces asesora Diana Jácome y el Jefe de seguridad presidencial. Según sus propias declaraciones, las funcionarias viajaron con Noboa.

Otros tres servidores presidenciales tomaron vuelos comerciales un día antes: la Subsecretaria de Protocolo, un fotógrafo y un camarógrafo. Los viáticos de los ministros que estuvieron en la Feria Internacional de Turismo y sus comitivas, no se toman en cuenta porque son cubiertos por cada entidad.

Antes y después de ese viaje, no hay ningún informe de actividades ni resultados sobre los otros 28 viajes del presidente Noboa. Por lo tanto, más allá de los boletines de la Secretaría de Comunicación, nada se sabe de los objetivos, justificaciones y logros de cada desplazamiento.

El Reglamento de Viajes al Exterior de la Presidencia establece como obligatorio el registro de esa información en cada traslado, y la Ley de Transparencia, en su artículo 19, obliga a todos los funcionarios públicos a transparentar sus viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.

Aunque la Ley no prohíbe que el presidente Noboa o cualquier otro funcionario público cubra sus propios gastos, lo que también debería ser informado en cada traslado, esto no exime la responsabilidad de cumplir con los informes legales.

A esto se suma el creciente hermetismo sobre los desplazamientos internacionales. Viajes oficiales que después se transforman en personales, comitivas que no se mencionan en los decretos, y solamente se señala los países a los que va el Mandatario, pero nada sobre las ciudades y citas en las que participará.

Incluso, el Gobierno dijo que había clasificado uno de los últimos viajes del Mandatario a Estados Unidos, para supuestamente tratar temas comerciales y de seguridad. Ninguna entidad ha presentado la respectiva declaración de confidencialidad que existe la Ley de Transparencia.

En los datos de Carondelet sí aparecen otros 213 informes de viáticos internacionales, de 58 funcionarios presidenciales. La mayoría de ellos han formado parte de las comitivas que acompañan al Mandatario. Los que más lo han hecho son el director de Fotografía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y los subsecretarios de Protocolo.

PRIMICIAS consultó directamente a la Presidencia de la República sobre la información de viáticos del Mandatario, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Fuente: Primicias

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EEUU ofrece recompensa de hasta USD 5 millones por información sobre alias ‘El Churrón’

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La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca a la detención de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias ‘El Churrón’, líder de Los Choneros en el Ecuador.

‘El Churrón’ es acusado de participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros. Además, es conocido como un lugarteniente de alias ‘Fito’, máximo cabecilla de aquella banda delictiva.

Previamente, el sujeto junto a ‘Fito’ y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

Tanto ‘Topo’ como ‘Fito’ están bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia.

La oferta del Gobierno de Estados Unidos se enmarca en el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP), que busca desarticular organizaciones internacionales de tráfico de drogas en todo el mundo y llevar a los prófugos ante la justicia.

Si tiene información sobre alias ‘El Churrón’, puede contáctese con la DEA al +593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal), al Plan de Recompensas al 131 (en Ecuador), o por correo electrónico a ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.

LOS CHONEROS EN LA MIRA

Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas del Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína, según el Gobierno de Estados Unidos.

El 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado Rubio designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

En enero de 2024, el Gobierno del Ecuador también había designado a Los Choneros como una organización terrorista. Fuente: Vistazo

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Cruce de acusaciones en la Asamblea por el caso Chevron y la explosión en la Bahía de Guayaquil

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Fuertes intercambios se registraron este miércoles en la Asamblea Nacional entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), con respecto al reciente fallo del caso Chevron y la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, el pasado 3 de junio.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) afirmó que la Revolución Ciudadana es la principal responsable del reciente laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a Chevron.

Según el legislador, las actuaciones del correísmo en el proceso judicial vinculado al caso habrían derivado en que el tribunal internacional sancione económicamente al país.

“Lo que hoy enfrenta el Ecuador es gravísimo: estuvimos a un paso de una catástrofe económica (…) La verdadera mano negra no fue la de Chevron, sino la del correísmo, que una vez más intervino en la justicia”, declaró en una rueda de prensa.

Ordóñez aseguró que entre la década de los 70 y los 90 existió contaminación ambiental en la Amazonía por operaciones conjuntas entre Texaco y el Estado, pero que posteriormente se certificó que la petrolera había cumplido los procesos de remediación.

Según su versión, cuando el correísmo llegó al poder “vio la oportunidad de un juicio millonario” basado en una “narrativa populista”, y habría impulsado un proceso judicial plagado de irregularidades, entre ellas sentencias “fabricadas” y peritajes “amañados”.

El legislador sostuvo que, inicialmente, Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones, y que solo tras años de defensa se logró reducir la sanción al valor actual.

Afirmó que, aunque el monto es menor, continúa siendo “una carga que todos los ecuatorianos deberán pagar”.

Revolución Ciudadana vuelve a pedir respuesta en el «Caso Porsche»

Poro otro lado, el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, volvió a elevar cuestionamientos —antes difundidos por su organización política— sobre la explosión en junio del 2025 de un artefacto en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, en la Bahía de Guayaquil,, calificando el hecho como un “autoatentado”.

$!Fotografía que muestra a González exponiendo contradicciones entre versiones del csaso.

El legislador mencionó nuevamente el denominado “Caso Porsche”, asegurando que el vehículo involucrado estaría vinculado a la familia del mandatario, reiterando que fue observado a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos, en el sur de la ciudad portuaria.

“Fiscalía, una institución secuestrada por la función ejecutiva, no ha iniciado la investigación presentada el 15 de octubre de 2025”, afirmó. “Ese Porsche llegó a la casa de un terrorista. Ese Porsche pertenece a Industrial Molinera, es decir, a la familia del presidente”, dijo González. Fuente: Vistazo

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