Nacionales
Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado
El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.
«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.
De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».
Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.
Denuncia con nombres y apellidos
El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.
«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.
Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.
El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.
Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.
Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’
En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.
Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.
En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Inutilizan pista clandestina de 1.500 metros en Colimes que habría sido usada para vuelos vinculados al narcotráfico
La Policía Nacional, con apoyo de personal especializado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), inutilizó una pista clandestina localizada en el sector El Cacao, en el cantón Colimes (Guayas), que presuntamente podía ser utilizada para operaciones relacionadas con el transporte aéreo de drogas.
Según la información proporcionada por las autoridades, la pista tenía aproximadamente 1.500 metros de longitud y 15 metros de ancho, características que permitían el aterrizaje de aeronaves.
El hallazgo fue posible gracias a las labores desarrolladas por el Grupo de Operaciones de Inteligencia Aérea, que identificó la infraestructura y posteriormente confirmó sus características.
Una vez establecida su ubicación, equipos de la Policía y la FAE ejecutaron acciones para impedir que volviera a ser utilizada.
Para ello se realizaron detonaciones controladas y se colocaron montículos de tierra aproximadamente cada 200 metros a lo largo de la pista.
Auge del narcotráfico en Ecuador
Las autoridades presumen que la infraestructura podía estar relacionada con actividades de organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
La Policía señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las operaciones permanentes destinadas a detectar y neutralizar infraestructura que pueda ser aprovechada por estructuras criminales.
Ecuador se ha convertido en los últimos años en uno de los principales puntos de tránsito internacional de droga, afectado por su ubicación entre Colombia y Perú, la actividad de sus puertos y la economía dolarizada.
Nacionales
Caso «La Reina»: Fiscalía pone bajo la lupa movimientos financieros de funcionaria de Aquiles Alvarez
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos en el denominado Caso ‘La Reina’, una causa que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., quienes permanecen en prisión preventiva.
Según la información expuesta por Fiscalía, durante ese periodo se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al Sistema Financiero Nacional, además de USD 683.894,42 correspondientes a movimientos entre cuentas.
El Ministerio Público busca determinar el origen y destino de esos recursos y establecer si fueron incorporados al sistema financiero mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
Una brecha entre lo declarado y lo registrado en cuentas
Uno de los elementos que analiza la investigación es la diferencia entre los ingresos reportados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los valores registrados en cuentas del Sistema Financiero Nacional.
Los datos analizados muestran que la brecha comenzó a ampliarse especialmente desde 2022. Ese año, los ingresos declarados ante el SRI sumaron USD 33.039, mientras que los movimientos registrados como ingresos en el sistema financiero alcanzaron USD 376.525.
En 2023 se registró la diferencia más significativa de la serie analizada: frente a USD 40.488 declarados al SRI, las cuentas registraron ingresos por USD 440.781.
Aunque los valores disminuyeron posteriormente, la diferencia se mantuvo. En 2024 fueron USD 51.922 declarados frente a USD 182.267 registrados en el sistema financiero; mientras que en 2025 la relación fue de USD 30.071 frente a USD 224.853.
El vínculo con el Municipio de Guayaquil
La investigación también pone atención en la actividad de Navila D. B., quien ingresó al Municipio de Guayaquil en 2023, luego de la creación de la Dirección de Eventos Especiales, dependencia en la que habría trabajado.
A partir de ese periodo, según el análisis financiero incorporado a la causa, se observa un incremento en los movimientos económicos relacionados con los tres hermanos.
Fiscalía investiga además un presunto flujo de recursos que habría llegado a Navila D. B. a través de Ternape Petroleum S. A., empresa que estaría relacionada con Aquiles A. H., de acuerdo con los elementos expuestos en la investigación.
Los hermanos David y Farid D. B., por su parte, son señalados como personas que habrían movilizado e inyectado recursos cuya procedencia es actualmente objeto de investigación.
Además del presunto lavado de activos, el Ministerio Público analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Órdenes de prisión
El caso tomó un nuevo impulso el 5 de agosto de 2026, cuando Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y retenciones de vehículos.
Durante ese operativo, Navila D. B. no fue localizada.
En cambio, David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente llevados ante la justicia. En la audiencia correspondiente, un juez dictó prisión preventiva para ambos mientras avanza la investigación.
Nacionales
Caso Goleada: juez declara la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio
El juez Sebastián Cornejo, el nuevo magistrado a cargo del caso Goleada, resolvió la noche del domingo 23 de agosto de 2026 declarar la nulidad de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Goleada. El caso, que se tramita en la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, investiga un presunto lavado de activos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia.
La decisión se tomó apenas horas después de que Cornejo suspendiera la continuación de dicha audiencia, prevista para este lunes 24 de agosto, por conflictos en su agenda. Este juez asumió la causa después de la suspensión del juez Jairo García, por «manifiesta negligencia» en otro caso.
Esta resolución añade una nueva postergación a un proceso que ya acumula 193 días (seis meses y 12 días) estancado en esta misma etapa procesal. Fuente: Primicias
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