José Delgado, presentador de televisión, descartó oficialmente su participación electoral para ocupar una concejalía en la ciudad tras recibir una propuesta formal del equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa.

Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. «Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado», detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños. Fuente: El Expreso

El abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Julio César Cueva, respondió a las recientes declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre el caso Triple A. A través de su cuenta personal, sostuvo que la causa «no solo está caída, sino procesal y probatoriamente enterrada».

Cueva afirmó que la Fiscalía y los acusadores conocen el estado del proceso y cuestionó que el mandatario se haya pronunciado sobre el juicio. Según escribió, en su cuenta personal de X, «tan evidente es el naufragio de la acusación que ahora necesitan sacar al propio Presidente de la República a dar declaraciones, como si un pronunciamiento político pudiera darle oxígeno a un muerto jurídico».

El jurista también señaló que los procesos penales deben sustentarse en elementos probatorios y no en discursos públicos. «Los procesos penales se sostienen con prueba, no con micrófonos; con hechos, no con narrativa», manifestó en su publicación.

Además, criticó el trabajo de la Fiscalía dentro del caso Triple A y aseguró que el desarrollo del juicio ha evidenciado debilidades en la investigación. «Del embarazoso papel que ha hecho la Fiscalía en este caso será muy difícil volver. Cada día de juicio ha dejado más preguntas sobre la investigación que respuestas sobre el supuesto delito», escribió.

Las declaraciones del presidente sobre el juicio

Las declaraciones de Cueva se producen después de que el presidente Daniel Noboa rechazara que el proceso contra Aquiles Álvarez tenga motivaciones políticas. En una entrevista, el lunes 27 de julio de 2026, con Radio Sucre, el mandatario calificó esa versión como un «manotazo de abogado» y afirmó que el alcalde «nunca pensó que le iba a caer la ley».

Durante ese diálogo, Noboa sostuvo que el proceso debe seguir su curso en las instancias judiciales y afirmó que, de comprobarse las acusaciones, el perjuicio económico para el Estado superaría los $ 60 millones. Sus declaraciones se dieron mientras continúa el juicio contra Álvarez, quien durante su testimonio cuestionó la no comparecencia de la denunciante original del caso, Nicole Dixiana Bermúdez Peña, exfuncionaria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), en el juicio. Fuente: expreso.ec

El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió este lunes, 27 de julio de 2026, por hasta tres meses y sin remuneración a los tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de sus hermanos en el denominado caso Goleada.

La medida alcanza a los magistrados Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, integrantes de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Según la Judicatura, los jueces se habrían extralimitado en sus funciones al pronunciarse sobre aspectos de fondo de la causa cuando únicamente debían resolver la apelación contra la prisión preventiva. De esta forma, habrían incurrido en error inexcusable, tal como lo señaló la Corte Nacional de Justicia.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, aclaró que la suspensión tiene carácter preventivo mientras se desarrolla el sumario disciplinario. Agregó que la decisión no representa una sanción definitiva ni implica una determinación de responsabilidades.

De acuerdo con el procedimiento, la suspensión es un paso previo a la posible destitución de los magistrados.

El 2 de abril de 2026, la sala aceptó la apelación presentada por Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques, y ordenó dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en el caso Goleada. No obstante, el alcalde permaneció detenido porque pesaban sobre él otras dos órdenes de prisión relacionadas con el caso Triple A y el presunto incumplimiento del uso del grillete electrónico.

El 1 de junio el juez del caso Goleada, Jairo García, ordenó la captura de dos primos del alcalde Alvarez, para quienes el fiscal Dennis Villavicencio había pedido la prisión preventiva luego de vincularlos a esta investigación.

El caso Goleada investiga a 17 personas por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con la supuesta introducción al sistema financiero de recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte. Entre los procesados figuran varios familiares de Aquiles Alvarez, incluidos sus hermanos, su esposa, su madre y sus primos.

Tras la decisión del tribunal, de revocar la prisión de los detenidos en el caso Goleada, el fiscal general, Carlos Alarcón, había presentado ante la Corte Nacional una denuncia contra los jueces que actuaron en el caso Goleada.

Entre los razonamientos de la Corte Nacional consta que el “error” del tribunal de Pichincha al liberar a los detenidos “causa un daño a la administración de justicia, al desconocer el objeto de cada una de las etapas que componen el proceso penal”. Fuente: Primicias