Nacionales
Christian Zurita señala a exasambleístas acusados por Villavicencio de planear un posible atentado
El periodista Christian Zurita, que asumió la candidatura a la Presidencia de Ecuador del asesinado Fernando Villavicencio, pidió este lunes respuestas a cinco exasambleístas a los que su colega denunció en abril pasado por presuntamente planear un posible atentado contra su vida mediante sicarios.
«Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando», dijo Zurita en un vídeo difundido en redes sociales por la formación política Gente Buena, de Villavicencio, en referencia a esta denuncia que el periodista y exasambleísta presentó a la Fiscalía de Ecuador el 13 de abril de este año.
De acuerdo a Zurita, los acusados por Villavicencio en esa denuncia fueron «Pablo Muentes, del conservador Partido Social Cristiano (PSC), y Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez, relacionados a la Revolución Ciudadana», el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La denuncia, según el candidato presidencial, «narra cómo Fernando Villavicencio se enteró, a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato, de esta condición y de esta planificación que realizaban».
Así, insistió en que «deben dar respuestas al país luego del crimen brutal de Fernando», acribillado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en Quito por un grupo de presuntos sicarios colombianos, de los que seis están en prisión provisional y uno falleció producto presuntamente por el intercambio de disparos con el personal de seguridad.
Denuncia con nombres y apellidos
El 13 de abril, Villavicencio informó a través de sus redes sociales de que estaba formalizando la denuncia con los nombres de al menos cinco asambleístas.
«He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con ‘sicarios’ que estarían preparando en mi contra y en contra de mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», escribía el ahora candidato presidencial asesinado.
Villavicencio presentó esta denuncia cuando ejercía de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), en un momento donde en esta se desarrollaba el juicio político contra el actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, que impulsaba la oposición, donde se encontraban el correísmo y el PSC.
El periodista, que actualmente mantenía una posición de centro, se configuró a lo largo de su trayectoria como uno de los acérrimos enemigos de Correa, a raíz de las investigaciones que realizó junto a Zurita y de las denuncias de corrupción que presentó contra la administración del expresidente.
Si bien tanto la familia como algunos seguidores de Villavicencio han señalado sin pruebas al exmandatario, Correa ha negado de manera rotunda en varias ocasiones estar detrás del crimen.
Villavicencio denunció amenazas de ‘Fito’
En los días previos a su asesinato, Villavicencio denunció además una serie de amenazas de muerte recibidas contra él y su equipo de seguridad que tenían como presunto origen Adolfo Macías «Fito», el capo de la banda criminal Los Choneros, una de las bandas más grandes dedicadas al crimen organizado y al narcotráfico en Ecuador.
Durante su campaña, Villavicencio había prometido una lucha frontal contra la corrupción y las mafias del narcotráfico, causantes según el Gobierno de la oleada de crímenes y violencia en la que está sumergido Ecuador, que cerró el año pasado con una tasa de 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia.
El sábado, «Fito», que cumple una condena de 34 años de cárcel, fue trasladado de prisión desde la Cárcel Regional de Guayaquil a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, lo que este lunes generó protestas de presos del complejo carcelario de Guayas que reclaman que retorne a su celda original por su seguridad.
En las investigaciones para resolver el crimen de Villavicencio está participando un equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que llegó el sábado a Ecuador a petición de Lasso, luego de que el Gobierno estadounidense le ofreciese «asistencia investigativa urgente». Fuente: Teleamazonas
Fuente: Ecuavisa
En 162 cantones los ciudadanos acumulan toda la basura en una sola funda o tacho porque no tienen la educación de reciclar residuos. Como no lo hacen, esos cabildos tampoco clasifican los desechos que terminan enterrados en rellenos sanitarios o en botaderos a cielo abierto.
Una práctica que contamina el aire, el suelo y los ríos. Ese problema revela el último informe ambiental del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Viviana Rocha, investigadora de Alianza Basura Cero Ecuador, señaló que muchos municipios tienen separada la dependencia de la recolección, el tratamiento, la educación ambiental. Por eso, no tienen un sistema diseñado acorde a sus necesidades y solo recogen la basura mezclada.
“hay pequeños esfuerzos, pero por ahora la mayoría de municipios tienen este problema porque la tasa de recolección no corresponde a los costos operativos que realmente se necesitan para poder tratar la basura a complejidad y con todos sus flujos”, Viviana Rocha
Cuenca es una de las 59 ciudades que está haciendo esfuerzos. Tiene un programa para recuperar residuos orgánicos en mercados y una planta de compostaje que es el proceso para transformar la basura orgánica en abono.
Desde el 2003, sus ciudadanos por ordenanza tienen la obligación de colocar lo orgánico en fundas negras y materiales reciclados en fundas celestes. En total en la capital azuaya, diariamente recolectan 530 toneladas que van al relleno sanitario en la parroquia Santa Ana y el gas que genera la descomposición de los residuos sirve para producir energía.
El presidente Daniel Noboa, acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y una delegación oficial, cumplirá una gira internacional por Europa con una agenda centrada en inversión extranjera, cooperación internacional y desarrollo sostenible.
La primera parada será en Davos, Suiza, donde el mandatario participará como expositor en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. En este espacio, Noboa mantendrá encuentros con jefes de Estado, representantes de organismos multilaterales y directivos de empresas globales, con el fin de promover al Ecuador como un destino atractivo para la inversión.
Según la agenda oficial, el país buscará generar interés en sectores estratégicos como energía, comercio, innovación y tecnología, además de identificar oportunidades para proyectos vinculados a sostenibilidad y transición energética. La presencia ecuatoriana también apunta a fortalecer el vínculo con el WEF en iniciativas relacionadas con crecimiento económico responsable y generación de empleo.
Los temas de seguridad también serán prioridad
Tras su participación en Davos, la delegación ecuatoriana se trasladará a Bélgica para cumplir una visita oficial orientada a reforzar las relaciones bilaterales y el diálogo con las instituciones de la Unión Europea. En esta etapa, uno de los temas centrales será la cooperación en seguridad y justicia, especialmente frente al avance del crimen organizado transnacional.
En este espacio el Gobierno ecuatoriano plantea difundir el potencial del país en áreas como pesca, acuacultura, agroindustria y logística portuaria, con énfasis en modelos de inversión sostenible. También se promoverán oportunidades en economía azul, energías limpias y desarrollo portuario.
Esta es la agenda que cumplirá el presidente en Suiza
Como parte e su ponencia en el World Economic Forum 2026, en Davos Suiza, el presidente Noboa participará de estas reuniones:
Martes 20 de enero
12h00 | Reunión con David Webster, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente de Riesgos, Cargill
14h15 | Reunión con Makhtar Diop, Director Gerente de la Corporación Financiera Internacional – Grupo BM
15h00 | Intervención en el Panel “Rebuilding Trust in Latin America”
16h00 |Reunión con la Sra. Kristalina Georgieva, Presidenta del Fondo Monetario Internacional
17h15 |Intervención en el Foro Transforming Latin America’s Investment Frontier
19h30|Apertura de la 56.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial – Davos 2026
Miércoles 21 de enero
08h30|Reunión con Alex Karp, CEO de Palantir Technologies
10h00|Reunión con Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
11h15|Reunión con Ryan McInerney, CEO de Visa
12h00|Almuerzo IGWEL (Informal Gathering of World Economic Leaders):
“Restoring a Spirit of Dialogue in a Divided World”
14h00|Reunión con Philippe Amon, CEO de SICPA
14h45|Reunión con José Raúl Mulino, Presidente de Panamá
16h00|Reunión con Isaac Herzog, Presidente de Israel
17h15|Reunión con Mike Henry, CEO BHP Group
18h15|Reunión con Jacob Safra, Presidente del Grupo Safra
20h15|Cena de trabajo de jefes de Estado latinoamericanos e invitados
“Delivering for Latin America”
Jueves 22 de enero
07h30|Sesión estratégica: “Meeting of the Gender Sprint Champions”
09h00|Reunión con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur
09h45|Intervención en el Foro:
“Leadership Reflections from Young Heads of State and Political Leaders”
11h45|Reunión con Sultan Ahmed bin Sulayem, Presidente y CEO de DP World
12h00|Reunión bilateral con Ajay S. Banga, Presidente del Banco Mundial
12h45|Reunión bilateral con Catherine De Bolle, Directora de Europol
La Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos” informó este 15 de enero sobre el incumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Constitucional del Ecuador, a más de un año de emitida la sentencia del caso Furukawa.
El fallo reconoció violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, entre ellas el trabajo forzoso, la servidumbre, el trabajo infantil, la falta de acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria, a la educación, a una vivienda adecuada, a la igualdad y a la no discriminación.
La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 5 de diciembre de 2024, determinó que el Estado ecuatoriano “no había impedido ni protegido contra estos abusos antes de 2018, permitiendo que persistieran durante décadas”.
Si bien el tribunal ordenó reparaciones integrales para las 342 víctimas -como el pago de más de USD 42 millones por daño inmaterial y material– la aplicación ha sido mínima, limitándose a una disculpa pública del Gobierno en mayo de 2025.
En una rueda de prensa que tuvo lugar en Quito, el pasado 15 de enero de 2026, los demandantes del caso señalaron que existe un incumplimiento prolongado y agravamiento de la crisis humanitaria.
De acuerdo a la asociación, la empresa Furukawa ha incumplido los plazos fijados por la Corte para el pago de las reparaciones. La compañía demandada debía realizar un primer pago en beneficio de las víctimas de esclavitud moderna en marzo de 2025, y hasta la fecha no ha cumplido esta obligación.
Javier Castillo, representante de la Asociación de Trabajadores Abacaleros “Caminando Juntos”, dijo que al menos nueve demandantes han fallecido sin ver cumplido su legítimo anhelo de reparación. La mayoría de los demandantes son personas adultas mayores, con problemas de salud, que viven en la pobreza y extrema pobreza.
Los abacaleros han realizado múltiples actos de protesta ante la Corte Constitucional sin obtener respuestas efectivas. Ante la falta de solución, algunos demandantes han realizado acciones de resistencia pacífica en el ingreso de una hacienda de la empresa, como medida de presión.
Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), expresó que esto sigue siendo una «herida abierta» de la responsabilidad del Estado ecuatoriano con los trabajadores. «Lo que más asombra es que, a pesar de que hay una decisión de la Corte Constitucional para la reparación, no hay quien haga respetar esa orden», apuntó.
La ONU se pronuncia
En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó que “la empresa Furukawa no solo ha sometido a las personas trabajadoras a una grave explotación laboral durante décadas, sino que también ha revictimizado a los supervivientes en lugar de reconocerlos y cumplir con sus obligaciones establecidas por la Corte Constitucional”.
La organización instó al Estado y a Furukawa a actuar sin más demora para garantizar la plena reparación, la protección de las víctimas y la adopción de políticas que impidan que se repitan estas graves violaciones de los derechos humanos.
“De no hacerlo, se podría producir una escalada de las tensiones actuales, poniendo en peligro la vida de quienes ya han sufrido durante décadas”, destacó.
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