Por: Alonzo Cueva Rojas

Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Segunda Enseñanza y Profesor de Educación Infantil (UTPL)

El último informe PISA desnuda una verdad incómoda: el sistema educativo ecuatoriano sufre un desmantelamiento estructural. Que apenas el 14,2% de nuestros estudiantes demuestre ser competente con sus conocimientos, entendiendo lo aprendido y sabiendo aplicarlo en la vida real, no es un accidente, sino el resultado directo del abandono fiscal crónico y la precarización sistemática de quienes sostienen las aulas.

Los profesionales de las Ciencias de la Educación formados para guiar desde la primera infancia hasta la enseñanza media, sabemos que esta crisis nace del desacato legal. Mientras la Constitución ordena destinar el 6% del PIB a la educación, el Estado programó en su proforma apenas USD 5.984 millones (4,3% de un PIB de USD 139.046 millones), abriendo una brecha ilegal de más de USD 2.350 millones que se agrava con una ejecución real que apenas roza el 3,8% del PIB.

Las consecuencias de este torniquete financiero destruyen el entorno escolar. PISA revela que el 51% de los estudiantes asiste a colegios con carencias de material educativo (textos, laboratorios e insumos) y el 47% sufre el deterioro de la infraestructura física (edificios, luz, sonido). Además, el 60,1% carece de recursos digitales adecuados; si el 52% de los jóvenes recurre a chatbots de IA, es por la resiliencia de una juventud que busca conectarse al mundo a pesar de la desconexión de sus escuelas. Esta asfixia económica profundiza la desigualdad: el 79,4% de los alumnos del estrato socioeconómico más bajo obtiene un rendimiento deficiente en ciencias (debajo del nivel 2), frente al 31,3% de los sectores más favorecidos, mientras que por género la brecha es del 61,5% en niñas y 59% en niños. El Ineval añade que apenas 2 de cada 10 alcanzan la competencia mínima en matemáticas.

El síntoma más grave se vive en la dignidad del magisterio. El Estado arrastra un déficit crónico superior a los 64.000 docentes, pero el sistema perdió 21.103 profesionales con nombramiento en el último quinquenio. Ese vacío fue parchado con contratos provisionales y de servicios ocasionales que estallaron de cifras marginales a más de 15.300 maestros (el 28,5% del magisterio fiscal). Estos profesionales de la enseñanza llevan muchísimos años bajo la zozobra de la renovación contractual, sin estabilidad, excluidos de los ascensos del escalafón de la LOEI y con salarios congelados.

Un maestro precarizado difícilmente puede contener el quiebre escolar. No es coincidencia que PISA reporte que el 53% de los alumnos llega tarde (frente al 20% en 2018), el 31% registre ausentismo (frente al 24% en 2018), el 21% declare que la indisciplina impide trabajar en el aula y el 27% que sus compañeros no escuchan, mientras 1 de cada 3 sufre privación social. Pese a esto, nuestros estudiantes superan el promedio de la OCDE en resiliencia, adaptabilidad y curiosidad (el 80% mantiene el deseo de aprender frente al 73% de la OCDE). Hay una juventud que quiere avanzar, pero un Estado que la empuja al rezago. Exigir el cumplimiento del 6% del PIB y la estabilidad docente es la última oportunidad antes de que las aulas se terminen de apagar.

La alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño debería ser, para las autoridades de Zamora Chinchipe, mucho más que una declaratoria administrativa. Debería convertirse en una señal inequívoca para pasar de la reacción a la planificación. El Gobierno Nacional informó el me de agosto la declaratoria de alerta roja y, en los últimos días, ha anunciado acciones de preparación frente al fenómeno.

La pregunta que corresponde hacer desde la provincia es sencilla, pero fundamental: ¿qué está haciendo Zamora Chinchipe para estar preparada si los efectos del fenómeno de El Niño golpean con mayor intensidad?

No basta con activar un COE cuando ya existen carreteras destruidas, comunidades aisladas, viviendas afectadas o familias que necesitan ayuda. La gestión de riesgos moderna exige anticipación, coordinación y preparación. Entonces ya debemos planificar.

Zamora Chinchipe conoce, además, las consecuencias que pueden producir los eventos naturales. Las lluvias de años anteriores han provocado inundaciones, desbordamientos y afectaciones a viviendas, cultivos y bienes. La propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado la activación del COE Provincial de Zamora Chinchipe para coordinar acciones frente a emergencias.

Por eso, el COE Provincial debe informarle a la ciudadanía. La población tiene derecho a conocer cuál es el plan de contingencia, qué instituciones están preparadas, qué recursos existen, cuáles son las zonas de mayor riesgo y qué protocolos se aplicarían ante una emergencia de gran magnitud.

¿Estamos preparados para lo peor?

Esta es la pregunta que las autoridades deberían responder antes de que ocurra una tragedia.

¿Existen equipos suficientes para atender inundaciones y deslizamientos? ¿Hay maquinaria disponible y estratégicamente ubicada? ¿Están identificadas las comunidades que podrían quedar aisladas? ¿Existen rutas alternativas? ¿Hay albergues previamente determinados? ¿Se dispone de alimentos, agua, medicinas y combustible para una emergencia prolongada?

Y hay otra infraestructura que merece ser incorporada seriamente a esta planificación: por ejemplo, el aeródromo de Cumbaratza.

La información oficial de la Dirección General de Aviación Civil identifica a Cumbaratza como un aeródromo nacional administrado por el GAD Municipal de Zamora. Sin embargo, actualmente existe un NOTAM que registra al aeródromo como cerrado definitivamente.

Precisamente por ello, la propuesta debe plantearse con responsabilidad: que las autoridades analicen técnicamente si es posible recuperar y habilitar esta infraestructura, con las autorizaciones aeronáuticas correspondientes, como parte de una estrategia de emergencia y apoyo humanitario.

No se trata simplemente de abrir una pista. Se requiere evaluar condiciones de seguridad, infraestructura, comunicaciones, servicios de emergencia, capacidad operativa y coordinación con la autoridad aeronáutica. Pero si técnicamente puede convertirse en un punto estratégico para evacuaciones, traslado de insumos o ayuda humanitaria, ¿por qué no empezar a trabajar desde ahora?

Esperar a que las carreteras estén bloqueadas para recién preguntarnos cómo ingresará la ayuda sería repetir el viejo error de ser reactivos.

La ciudadanía también debe ser parte de la planificación

El COE Provincial no debería trabajar únicamente entre autoridades y oficinas. Debe convocar a la ciudadanía, organizaciones sociales, cuerpos de emergencia, transportistas, comunidades, barrios, sector privado y medios de comunicación.

Hay conocimiento en el territorio que puede resultar fundamental para construir un verdadero plan provincial de contingencia.

La población conoce qué caminos se vuelven intransitables, qué comunidades quedan aisladas, qué puentes son vulnerables y qué lugares pueden servir como puntos de encuentro o evacuación.

Planificar no significa anunciar que estamos preparados. Significa demostrarlo.

Significa tener protocolos escritos, responsables definidos, equipos disponibles, comunicación establecida y ejercicios de simulación que permitan detectar las fallas antes de que ocurra la emergencia.

Zamora Chinchipe tampoco debería esperar a que la naturaleza nos dé otra lección para empezar a organizarnos.

El mensaje para nuestras autoridades es claro: no esperemos el desastre para activar el COE.

La alerta roja debe ser una oportunidad para demostrar que aprendimos de las emergencias anteriores.

Y si finalmente el fenómeno de El Niño no provoca en nuestra provincia los escenarios más graves, habremos ganado algo igualmente importante: una provincia mejor preparada para la próxima emergencia.Porque en gestión de riesgos, esperar a que ocurra la tragedia para actuar no es prudencia.

Es improvisación.

Zamora Chinchipe necesita autoridades que planifiquen hoy para no lamentar mañana.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por: Alonzo Cueva Rojas

El retiro de Gisella Bayona expone la mutación de la censura en Ecuador: cuando el poder no puede destruir los argumentos del periodista, asfixia su entorno más íntimo.

Esta asfixia indirecta no es un hecho aislado, sino la consolidación de un patrón. Meses atrás, el país presenció un escenario idéntico cuando el periodista Hernán Higuera suspendió una investigación por seguridad. La respuesta del poder fue quirúrgica: desvinculación fulminante de su esposa de un cargo público y afectación al internado médico de su hijo. Romper la estabilidad familiar ya no es un daño colateral, sino el método predilecto para forzar el silencio.

El ensañamiento contra Bayona responde a un pecado imperdonable para el relato oficial: darle voz al dolor de las calles. Al visibilizar el desabastecimiento hospitalario y las carencias que sufren miles de madres y pacientes, ejerció el rol fiscalizador innato de su profesión. Responder a la denuncia ciudadana con discursos intimidatorios demuestra una profunda desconexión con las urgencias sociales y una alarmante intolerancia a la crítica.

Este panorama ha provocado una alineación forzada dentro del gremio por temor a represalias, expandiendo la autocensura. Frente a esto, Bayona expresó con dureza su asombro ante la metamorfosis de la prensa, cuestionando cómo comunicadores que antes cumplían su trabajo con rigor hoy han abdicado de su independencia para convertirse en dóciles «alfombras del poder», dedicados a aplaudir al gobierno de turno.

Bajo estas reglas del juego, la existencia de cualquier voz crítica queda en riesgo latente. Espacios informativos frontales como los del periodista Fabricio Vela, quien permanentemente expone la crisis de seguridad nacional y confronta las verdades oficiales, se vuelven vulnerables ante una maquinaria que no tolera los matices. Si la prensa libre que incomoda es arrinconada, el peligro ya no es individual, sino colectivo.

Frente a esta marea de sumisión nacional, es urgente hacer un exhorto firme al periodismo de Zamora Chinchipe. Las voces objetivas de nuestra provincia, aquellas que conocen de cerca la realidad de las comunidades, la gestión de los recursos y las necesidades locales, no pueden claudicar ni dar un paso atrás. Ceder ante el temor o alinearse por conveniencia significa dejar a la ciudadanía en absoluta indefensión informativa. El periodismo amazónico debe sostenerse con valentía como el último contrapeso frente a los discursos oficiales.

Abrazar la dignidad de quienes prefieren retirarse antes que quebrar sus principios es necesario, pero insuficiente. Si la sociedad civil normaliza la persecución familiar y el servilismo mediático, el silencio dejará de ser una elección y se convertirá en complicidad. Hoy, la solidaridad con el periodismo independiente debe transformarse en una resistencia colectiva contra el vaciamiento de la verdad.