Nacionales
César Guerrero: es importante cambiar el futuro de Loja
El 14 de mayo de 2023, serán posesionadas las nuevas autoridades que se elegirán en las elecciones seccionales 2023. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la capital de la provincia de Loja, que, en el registro de datos del Consejo Nacional Electoral, reposa un número de 15 candidatos que terciarán por la silla principal del cabildo lojano.
Uno de los candidatos es Cesar Guerrero Cueva, un jurista lojano, quien, en esta oportunidad, se ha inclinado para buscar ser la autoridad principal del cantón Loja por el Partido Social Cristiano. Da a conocer que se encuentra trabajando arduamente para conocer principalmente los problemas más álgidos de la ciudad y posteriormente buscar soluciones inteligentes para cambiar su futuro.
La visión de Guerrero es adelantar a Loja a 30 años más, es decir, cambiar la estructura del municipio, por una administración más abierta, donde los trámites internos como los contratos puedan ser exhibidos y la ciudadanía pueda conocer de su proceso.
El candidato presenta a su equipo de candidatos a la concejalía urbana como lo son: Marlon Aguirre/ Distrito Norte y Polibio Vélez/ Distrito Sur
“Estamos preparados para aquello (…) tenemos la decisión y la firmeza de asumir una responsabilidad muy grande como la de administrar un municipio, en las condiciones en las cuales se encuentra actualmente”, destacó el candidato a alcalde de Loja.
Referencialmente, destaca que el presupuesto destinado al cantón, es de alrededor de 84 millones de dólares y de ellos, se destina 34 millones en gasto corriente, en pagos a empleados y trabajadores del municipio. Asimismo, deja entrever que, en la actualidad, el municipio ha tomado actividades que no le corresponden tal como las escuelas municipales, el Patronato de Amparo Social Municipal, que, según Guerrero, son instituciones que demandan un gran gasto, pero deben ser competencias exclusivas de los Ministerios de Educación e Inclusión.
En cuanto a la problemática de los constantes cortes de agua en la ciudad de Loja, el candidato enfatiza en que se debe realizar un plan emergente “para llegar al momento exacto cuando se produce un daño”. En vista que antes la estructura de su conducción era de acero y lo cambiaron por un material de plástico, añadió.
“Otro problema, es la conducción del líquido vital, ya cuando llega a la planta de Carigán, donde el 56.6% no llega a los hogares lojanos porque Loja siendo una ciudad antigua, no ha sido intervenida y, por lo tanto, las fugas existentes no permiten que el líquido vital llegue a su destino después del proceso”; por ello, están proponiendo un proyecto público-privada les permita cambiar las tuberías y el asfaltado. Los moradores constantemente han sufrido de cortes de agua, por varios días.
El tema de la vialidad de las calles y avenidas de los sectores periféricos y urbanos, denota la falta de mantenimiento y cada vez más se visibiliza daños en sus infraestructuras. Los transeúntes presencian daños en sus vehículos.
Un caso puntual, es la vía lateral de paso que une el norte con el sur. Donde tiene grandes complicaciones en su estructura, donde durante varios años, cada vez más es evidente las grietas y aberturas presentadas, y ninguna administración ha podido encontrar una solución en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que, pese a la advertencia de fallas geológicas, decidieron construirla ahí.
El candidato da a conocer que la vía Loja-Catamayo, una arteria vial destinada para cuatro carriles, será una realidad, misma que ya fue licitada por una compañía por el valor de 50 millones de dólares y el estado debe poner la contraparte. Se prevé la realización de su fase contractual en diciembre, en enero la firma de contratos y en febrero, se iniciarían con los trabajos de construcción.
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’, para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.
Esta petición se realiza después que ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera «incompleta» la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a ‘Pipo’ al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.
Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.
Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría «refuerza la sospecha» de un «interés político» del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.
Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español», advierte el abogado en su escrito de oposición.
Unos días después de la declaración del narco ‘Pipo’ en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.
Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos merece una investigación». EFE
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